Home » Noticia País » Borrador de comisión investigadora da razón a Contraloría en conflicto con Codelco
La instancia legislativa recomienda una ley para dar autonomía y un mayor poder fiscalizador a Cochilco, así como fortalecer la normativa interna de la estatal. Además, remarca que debe regirse bajo la Ley de Compras Públicas.

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Tras más de seis meses de trabajo, y luego de una serie de acusaciones cruzadas entre la estatal Codelco y Contraloría, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de analizar los contratos entre partes relacionadas al interior de la minera durante los últimos 17 años finalmente tiene un primer borrador con sus conclusiones.

En un documento de 34 páginas al que tuvo acceso PULSO, los parlamentarios fueron lapidarios con la empresa pública comandada por Oscar Landerretche. En resumen, no sólo concuerda con Contraloría y asegura que este organismo tiene facultades para ejercer el control sobre Codelco, junto con permitirle la autonomía presupuestaria. Además, también zanja la discusión de fondo entre si la estatal debe regirse por la Ley de Sociedades Anónimas o por la Ley de Compras Públicas, estableciendo que debe hacerlo por este última, descartando la necesidad de un estatuto interpretativo para aclarar las normativas bajo las cuales debe regirse la cuprífera, como había solicitado el presidente del directorio,

La comisión investigadora llegó a 16 conclusiones. Entre ellas, que al momento de realizar contratos, Codelco debe recurrir a la licitación pública por sobre los concursos privados y las asignaciones directas. En forma excepcional, agrega que si se debe incurrir en una asignación directa, se debe -como indica la Ley de Compras Públicas aplicables a empresas de Estado- informar a la Cámara de Diputados y a la Contraloría.

Además, se indica que “no existe discusión” acerca de que los organismos que deben fiscalizar a la minera son la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Contraloría y la Cámara de Diputados. “(Se) ha arribado al consenso que, si bien la empresa está sometida a la fiscalización de distintos organismos, cada uno de ellos se aboca a distintos ámbitos, los cuales no se superponen entre sí”, se indicó en el borrador.

Adicionalmente, si bien destaca los controles internos que se han incluido al interior de Codelco -como la norma para personas políticamente expuestas o relacionadas- sostiene que estas sólo son una primera línea de control; y que es necesario que organismos externos como Cochilco tengan un rol activo en la fiscalización, y en casos excepcionales, se haga parte la Contraloría. Además, recomienda fortalecer a Cochilco, aunque -se plasma en el borrador- existe consenso en que se deben revisar las facultades fiscalizadoras de Cochilco respecto a la estatal.

Las principales medidas para Codelco
Considerando lo anterior, desde la comisión plantean cuatro conclusiones. La primera hace referencia a materias relacionadas con la información obtenida en el dictamen 900 de Contraloría, el que cuestionó una serie de operaciones entre partes relacionada. Así, propone que la estatal haga suyas las observaciones realizadas por Contraloría, y -en línea con las conclusiones- se privilegie la contratación a través de licitaciones públicas, al tiempo que se descarta la necesidad de una norma interpretativa.

Un segundo punto busca la mejora en las operaciones de Codelco. Al respecto, se propone fortalecer la Ley de Gobierno Corporativo; regular en detalle las extensiones de contratos mediante asignaciones directas, estableciendo asimismo causales específicas y calificadas. También se aconseja establecer un registro digital especial actualizado sobre los contratos y contrataciones de Codelco, para facilitar la labor fiscalizadora de Cochilco y demás entes fiscalizadores.

Un tercer punto se refiere al fortalecimiento de Cochilco, para lo cual sería necesario una nueva ley. Al interior de dicha normativa se deberá incluir una modificación de la designación de los integrantes del Consejo Superior de Cochilco, el que actualmente es presidido por el ministro de Minería e integrado también por el ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas, entre otros. “Es necesario acotar la participación de los colaboradores directos del Presidente de la República únicamente al ministro de Minería”, se indicó.

Además se propone ampliar su poder sancionatorio, permitiéndole aplicar multas en caso de infracciones, y se aconseja entregar herramientas para que Cochilco pueda contar con ayuda externa para llevar adelante su fiscalización, como la contratación de auditores externos.

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Fuente: Pulso
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