Diego Hernández considera que no se puede «minimizar» la aprobación, en general, de la nacionalización de la minería en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, y señala que «las expectativas de una Constitución para todos están hoy en duda».

Hay que revalorar a la minería como una actividad que puede ser sostenible y valiosa para el desarrollo del país, asegura Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) -gremio empresarial que agrupa al sector-, quien se manifiesta preocupado por el curso de la discusión y decisiones en la Convención Constitucional.

A su juicio, la aprobación de la nacionalización de mineras, aunque en general en una comisión, entrega señales negativas que podrían conducir a la paralización de inversiones y no responde a la que se supone es la preocupación mayor: el tema medioambiental. Adicionalmente, considera importante mantener el otorgamiento de concesiones en el poder judicial.

¿Qué evaluación hacen en la Sonami del trabajo desarrollado por la Convención Constitucional hasta este momento?

-La Convención Constituyente una vez que ganó el Apruebo y que se eligieron los convencionales, recibió el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. Se creó toda una expectativa y ahora que comenzó a funcionar parte de esas expectativas ha ido desapareciendo, particularmente estas últimas dos semanas con la votación de iniciativas. Prácticamente el mensaje que han mandado es que están enamorados de sus posiciones individuales y con poca propensión de llegar al centro, de negociar, de conversar. A algunos sectores le rechazan cualquier cosa que presentan, siendo que esos sectores también representan parte de la ciudadanía. Las expectativas de una Constitución para todos están hoy en duda.

Nosotros somos un sector importante desde el punto de vista económico. La minería representa el 14% del PIB y con el PIB inducido llegamos al 20%, es decir un quinto de la economía, mientras que en el norte del país somos la principal y, en algunos casos, la única actividad económica, por lo que ahí también jugamos un rol social y cultural. Juntas, desde Compromiso Minero, más de 90 organizaciones, incluidos gremios, empresas, ONGs y universidades, discutimos una iniciativa popular de norma que consiguió más de 22.000 firmas en un esfuerzo enorme y lo que queremos es que la minería siga contribuyendo con Chile.

Hay una nueva etapa hoy día, con una minería sustentable, verde, con energía renovable, en lo que hemos avanzado bastante. Tenemos la gran oportunidad de seguir produciendo e invirtiendo en cobre y litio, dos materiales fundamentales para la mitigación del cambio climático. Lo único que necesitan es seguridad jurídica y es lo que está en juego hoy día.

Todavía hay posibilidades de enmendar rumbos, pero hay un poco de dudas de si seremos capaces de tener una Convención lo suficientemente madura como para entender cuál es el rol que tiene que jugar la minería en este periodo histórico.

¿Qué les está generando ruido?

-Por ejemplo, que hay una iniciativa de nacionalización de toda la minería que fue aprobada. Ese tipo de señales son muy negativas para todo el entorno minero. La respuesta que algunos dan es que se está en una primera etapa y que probablemente no va a fructificar. Pero esto no es una psicoterapia de grupo, una psicoterapia constitucional, esto es la construcción de una nueva Constitución en plazos limitados. Entonces, cuando mandas este tipo de señales al mercado lo que haces es paralizar las inversiones para esperar a ver el resultado.

Mal que mal no se puede minimizar que en una comisión de la Convención Constituyente se haya aprobado la nacionalización, es una institución del Estado que está encargada de hacer la nueva Constitución, no es cualquier declaración de un organismo no institucional.

Pero, precisamente, al ser una nueva Constitución, ¿ven espacio para modificaciones en relación a lo actual, o debiera quedar todo tal cual en materia minera?

-Como funciona hoy está relativamente bien en términos legales. La minería tiene que volver a ser reconocida por la ciudadanía como una actividad compatible con el cuidado al medioambiente. Nosotros creemos que lo es, se ha avanzado mucho y podemos demostrarlo con hechos concretos para que finalmente se reconozca que esta es una actividad legítima, valiosa para el Estado de Chile, que hay que preservarla y exigirle que se desarrolle dentro de un marco de sustentabilidad.

Entre otras de las iniciativas que hemos visto aprobadas está, por ejemplo, una de los pueblos originarios en la que la propiedad minera sería anulada, dando un plazo de dos años para definir qué minas están en territorio de pueblos originarios, porque eso no está definido, y después las empresas tendrían que negociar con estos pueblos originarios para llegar a algún acuerdo y seguir desarrollando la actividad.

Por otro lado está la iniciativa de nacionalización, que en el fondo lo que persigue es que el Estado aumente su porcentaje en la apropiación de la renta económica minera y otros que proponen que el Estado tiene que ser el que explote las minas y no el privado.

Cuando vemos todo esta crítica, no hay ninguna crítica ambiental. La crítica ambiental es más bien un eslogan. Entonces, desacreditan la minería por temas ambientales, pero lo que quieren es apropiarse de la renta minera. De alguna manera, eso comprueba que la preocupación ambiental no es tan importante como se dice y que lo hay son intereses económicos.

¿Qué proponen concretamente en la iniciativa popular de norma que impulsaron desde Compromiso Minero?

-Es una iniciativa en la que pedimos que en la Constitución quede cierta institucionalidad que nos dé la seguridad jurídica a los inversionistas para seguir creciendo. Eso es un código de minería donde la propiedad minera se le solicita y la entrega el poder judicial, como es hoy día y ha sido históricamente en Chile. Que la autoridad administrativa sea la que mantiene el catastro de la propiedad minera y haga los controles que haya que hacer, y que la propiedad minera se garantice por pago de patentes, con los resguardos que hay que tener para que pueda tener más circulación de titulares de propiedad minera de la que tiene hoy día.

En el futuro y a partir de ahora es necesario garantizar a los clientes que el cobre y litio fueron producidos con una huella de carbono baja. Por eso se inventó esto del cobre verde y muchas mineras ya están con contratos de energía renovable, también con avances en el tema de la eficiencia de agua, al bajar su consumo específico de agua y hoy representamos menos 3,5% de los derechos consultivos de agua. Se han desarrollado las plantas desaladoras. El sector está preparado para la nueva etapa de la minería global. Esta es una nueva oportunidad para Chile, para que podamos seguir invirtiendo en minería en los próximos 30 años, contribuyendo con el desarrollo del país.

¿Qué opinan del debate en torno al derecho de propiedad? ¿Es importante que se detalle en la nueva Constitución lo relativo a expropiación?

-Estoy de acuerdo con el argumento de que la Constitución actual se hizo cargo de un problema que se generó con la nacionalización del año 1971, dado el pago bajo y arbitrario. Más adelante el país quiso volver a crecer económicamente y una de las condiciones era volver a atraer a las empresas mineras. Para eso el Estado tuvo que establecer ciertas garantías, algunas de las cuales están en la Constitución, como el tema de la expropiación, o como el DL600. Demoró muchos años el restablecimiento de la confianza y Chile logró ganarse una reputación, decidiendo eliminar el DL600, porque era innecesario.

Chile demostró ser un país serio que cumple sus compromisos. Quién en ese momento iba a pensar que una Convención Constituyente iba a aprobar en una comisión la nacionalización y, vuelta a atrás, arriesgamos empezar todo el ciclo de nuevo. Si destruimos esas confianza vamos a demorarnos muchos años en poder restablecerlas.

Claramente Chile, desde el Estado, es incapaz de hacer todas las inversiones, particularmente en este periodo especial donde tenemos la oportunidad de participar con producción de cobre y litio en esta nueva etapa de mitigación del cambio climático. En la Constitución debemos dar la seguridad jurídica que necesita la minería para poder aprovechar esa oportunidad.

¿Esa certeza jurídica en la Constitución se juega en lo relativo a la expropiación o en lo que se verá en el estatuto minero?

-Yo creo que la legislación, la institucionalidad, es más fuerte cuando es general, cuando se aplica a toda la economía. Cuando empiezas a tener legislaciones específicas para la minería, o para la minería del litio, las cosas se complican. No es bueno que para el desarrollo de un proyecto minero este tenga ciertos estatutos especiales que no se aplican al resto de las actividades o a otras empresas mineras. Cuando empiezas a individualizar y tener una legislación que sea para casos puntuales, primero todo se complica y no se desarrollan los mejores proyectos, sino los que tienen las mejores condiciones contractuales con el Estado y eso no es sano para una economía, abre la puerta para la corrupción, para la arbitrariedad y para una serie de efectos negativos.

En ese mismos sentido, en la Convención se debate quién otorgará las concesiones mineras. ¿Ahí sí deberían persistir las diferencias para la minería, dejando esa responsabilidad al poder judicial en lugar de otorgarla a una administración del Estado, como en otras actividades?

-En minería siempre el poder judicial es el que ha otorgado los derechos mineros. Trasparencia Internacional hizo un estudio años atrás de legislación minera comparada entre distintos países mineros y sobre Chile. Al tener estas características, se señalónque es un sistema que ha funcionado muy bien y que había que preservarlo por temas anticorrupción.

Si fuera la autoridad administrativa la que otorgara la propiedad minera, tendría que ser el Sernageomin, al que siempre le han sumado funciones adicionales, pero siempre con el mismo presupuesto. Y si le preguntas a un minero, sobre todo a uno pequeño, qué contraparte prefiere, la respuesta es que no quiere a la autoridad administrativa, porque a veces tiene criterios distintos dependiendo de la región y dependiendo de la persona que está a cargo, interpretando de manera distinta, por ejemplo, el reglamente de seguridad.