Acera, el principal gremio de las empresas de energía renovable, envió a varios de los senadores de la Comisión de Energía una carta pidiendo rechazar cambios al mecanismo que buscaba aliviar los desbalances financieros de las firmas del sector. Por su parte, Acciona y Mainstream Renewable Power enviaron misivas al Ministerio de Energía y a las embajadas de la Unión Europea, Japón, Irlanda, Noruega y España.
Contra el tiempo y ad portas del cierre de la votación en particular del proyecto de transición energética, las empresas de energía renovable activaron acciones al más alto nivel para frenar posibles modificaciones al proyecto que promueve el Ejecutivo, acusando que dichos cambios afectarían a las firmas del sector.
Se trata de un nuevo mecanismo de reasignación de ingresos tarifarios, una de las polémicas propuestas que incorpora la iniciativa, que originalmente estaba centrada en aspectos para mejorar la posición del segmento de la transmisión para enfrentar los desafíos que supone migrar a una matriz carbono neutral, pero que también incorporó medidas para aliviar la situación financiera de las empresas renovables, afectadas por los desacoples de precios en el Sistema Eléctrico Nacional, que valorizan a costo cero las inyecciones de las firmas eólicas y solares.
Cabe recordar que dicho tipo de tecnologías ya superan el 40% de la generación eléctrica en Chile, pero conviven con una serie de dificultades: casi el 20% de la energía que generan se pierde, y de la que sí logran inyectar, su remuneración se ve afectada por el modelo del mercado eléctrico chileno, ya que en el horario solar el costo marginal de la energía baja a US$0 MWh. Esto genera desacoples en sus balances, situación que ha llevado a empresas a enfrentar reorganizaciones de sus deudas con bancos e inversionistas extranjeros.
Pese a que originalmente la propuesta del Ejecutivo buscaba realizar una reasignación de ingresos tarifarios en forma extraordinaria, dicha fórmula generó rechazo de otros actores del sector eléctrico, reclamos que han sido recogidos por varios de los senadores de la Comisión de Energía, principalmente de oposición. Ello llevaría al Ministerio de Energía a acotar a sólo 3 años la aplicación del mecanismo, para luego migrar a un sistema de subastas.
Esta idea llegó a oídos de las empresas del sector, e hizo saltar todas las alertas. Este miércoles, la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), el principal gremio del sector, envió una carta a todos los integrantes de la instancia parlamentaria. En ella advierte que modificar dicho punto de la propuesta iría “en contra del propósito original que busca aliviar los críticos desbalances financieros de compañías de energías renovables, originados principalmente por las restricciones de transmisión del sistema” y califican de “retroceso” el nuevo diseño para la reasignación de ingresos tarifarios.
De hecho, remarcan que la propuesta original “considera un mecanismo accesible, y que se activa solamente frente a las situaciones que originan desacoples graves de precios en el sistema eléctrico nacional –hidrologías secas y altos precios de combustibles fósiles”.
Así, en la misiva enviada por la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas, se afirma que “para muchas de las compañías de energías renovables es esencial para su sobrevivencia que se respete la propuesta original”, defendiendo el respaldo técnico que le habían entregado entidades como el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI). “Cualquier otra alternativa, además de no haber sido estudiada, desvirtúa el sentido y objetivo que dieron origen a esta propuesta”, agregan.
Alertas a las embajadas
Las empresas del sector también tomaron cartas en el asunto y este jueves, a menos de 24 horas de que sesione nuevamente la comisión de Energía del Senado. Acciona, firma de capitales españoles y que cuenta con seis proyectos, envió un carta dirigida al ministro Diego Pardow, con copia al embajador de la Unión Europea en Chile, Josep Borrell, y al embajador de España en Chile, Rafael Garranzo García, alertando por la misma situación.
La misiva, firmada por el director general de Acciona Energía Chile, Miguel Arrarás, asegura que migrar a un sistema “mixto” de reasignación de ingresos tarifarios “dejarían expuestos a significativos riesgos a los contratos de energías renovables que abastecen a los clientes regulados, y a los financiamientos a largo plazo, que permitieron la construcción de nuevos proyectos de energía renovable”.
En esa línea, cuestiona la idea de limitar el mecanismo original un período corto de tiempo, asegurando que “va en contra del espíritu original con el que fue presentada la propuesta del proyecto de ley y traería como consecuencia directa una limitación en la participación precisamente de las compañías de energías renovables, las cuales, como es de su conocimiento, se ven fuertemente afectadas por los desacoples de precios”.
Agrega que modificar el diseño original del proyecto “sería completamente regresivo en materias de competencia y un duro golpe en contra de las compañías de generación renovables, lo que además podría conducir a una reconcentración de mercado y a un incremento de los precios de la energía para los consumidores finales”.
Enfatiza además que el sector renovable “hoy está experimentando una situación crítica, debido a una legislación discriminatoria con las tecnologías renovables mientras que la nueva propuesta tiende a consolidar un sistema que prioriza a las empresas generadoras que operan con combustibles fósiles”.
En la misma línea, el gerente general de Mainstream Renewable Power Chile, Manuel Tagle, envió una misiva al secretario de Estado y a los embajadores de la UE, Japón, Irlanda y Noruega en Chile. Allí sostiene que “una propuesta mixta de tales características significaría exponer a los contratos de energías renovables, y a los financiamientos de largo plazo -que posibilitaron la construcción de proyectos ERNC-, a riesgos serios y significativos”.
Subraya que “se afectará de manera relevante el mercado de las energías renovables, consolidando la concentración económica del mercado eléctrico y aumentando las tarifas para los consumidores finales. Además, sería regresivo para los nuevos competidores que ingresaron al mercado, precisamente, para dar mayor competencia al sector, poniendo en riesgo sus inversiones”.
