Por Jacquelin Hormazábal, académica de Psicología UNAB.

Hablar de salud mental es cada vez más común, sin embargo, raramente mencionamos algo tan básico como el dormir bién. Vivimos en una época donde descansar pareciera ser un lujo, y quedarse despierto/a hasta tarde trabajando o mirando el celular se celebra como un signo de compromiso y productividad. Desde la Psicología sabemos que un sueño reparador es uno de los pilares fundamentales para el bienestar emocional y mental. 

En el marco del Día Internacional del Sueño, que se conmemora un 13 de marzo, es prudente señalar que dormir bien no es solo “no estar cansado”, es un proceso biológico esencial en el que el cerebro limpia información innecesaria, organiza recuerdos y regula nuestras emociones.

Durante el sueño profundo, especialmente en sus fases REM y no REM, se activan mecanismos que depuran la información acumulada durante el día. Este procesamiento nocturno actúa como una especie de “higiene mental”, permitiéndonos integrar aprendizajes, gestionar el estrés y estabilizar el estado de ánimo. Las personas que duermen mal presentan mayor irritabilidad, dificultad para concentrarse y una menor tolerancia a la frustración, síntomas que, sostenidos en el tiempo, pueden abrir la puerta a trastornos afectivos y ansiosos.

Desde la terapia psicológica, también observamos cómo el insomnio puede ser tanto un síntoma como una causa. Las preocupaciones, el exceso de pensamiento rumiativo o una hiperactivación emocional suelen alterar el ciclo circadiano, pero, a su vez, la falta de descanso agrava la vulnerabilidad emocional, generando un círculo difícil de romper. 

Por ello, intervenir en los hábitos de sueño —a través de la psicoeducación, la higiene del sueño y la regulación emocional— constituye una herramienta terapéutica de primer orden.

Dormir bien no es solo cerrar los ojos. Implica establecer una rutina estable, desconectarse de pantallas, respetar nuestros ritmos internos y concederse el derecho a descansar sin culpa. En tiempos donde el cansancio se normaliza y la ansiedad se multiplica, reivindicar el sueño como acto de autocuidado es, paradójicamente, una forma de resistencia psicológica. Quizás la próxima revolución por la salud mental comience, simplemente, por volver a dormir bien.

La ceremonia de juramento del nuevo Mandatario se produjo frente a unos 1.150 asistentes en el Salón de Honor del Senador, en el Congreso Nacional. En horas de la mañana, previo a su asunción, el exdiputado cumplió su compromiso y renunció a su militancia al Partido Republicano.

“Sí, juro.

A las 12:28 horas, tras recibir la piocha de O’Higgins por parte de su antecesor Gabriel Boric y la banda presidencial de la nueva mandamás del Senado, Paulina Núñez (RN); con estas palabras José Antonio Kast asumió como Presidente de Chile (2026-2030).

El aterrizaje del exdiputado en La Moneda marca un cambio de signo político radical en el poder luego de la administración de cuatro años del frenteamplista nacido en Magallanes. Y si bien tiene entre sus filas a integrantes de la derecha que se alternó con la ex-Concertación en la dirección de los destinos del país los 22 años anteriores, liderará un gobierno con una fuerza distinta a la que encabezó Sebastián Piñera en dos oportunidades.

Solo horas antes de la ceremonia de transmisión de cambio de mando, en el Salón de Honor de la Cámara Alta del Congreso Nacional, en Valparaíso, Kast presentó -de manera online- su renuncia al Partido Republicano, tienda a la que ingresó cuando él mismo la fundó el 10 de junio de 2019.

El nuevo presidente, también previo a su asunción, estuvo en el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar, donde se tomó la primera foto con su gabinete de ministros, compuesto por las figuras que lo acompañarán durante -al menos- la primera parte de su mandato.

El nacido políticamente en la UDI -antes de la gestación de su propia tienda- llega a habitar la máxima magistratura del país con el desafío de sacar adelante las promesas de lo que -ha dicho- será un “gobierno de emergencia”.

En su campaña para llegar al poder y luego de resultar electo, su mensaje apuntó que Chile vive una crisis de seguridad y económica, a lo que luego se sumó además el reto de la reconstrucción por los incendios forestales en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. No pocas veces desde su sector acusaron que el país se cae a pedazos.

La ceremonia de juramento -iniciada con un leve retraso a las 12.17 horas- se realizó frente a más de1.150 personasque asistieron para presenciar el hito republicano. Entre ellos, los más de 200 diputados y senadores que juraron o prometieron este mismo miércoles, así como también una delegación de autoridades internacionales, entre ellas el Rey Felipe VI de España y el presidente de Argentina, Javier Milei, además de los presidentes de Bolivia, Ecuador, Paraguay o Uruguay, entre otros. Como parte de las actividades que Kast tenía proyectadas para la mañana estaba una bilateral con el líder trasandino, sin embargo, no ocurrió por temas de agenda.

Una vez concluido el traspaso de mando, como dicta la tradición, Boric dejó el Congreso en calidad de ex jefe de Estado, acompañado de su gabinete. Así, luego se dio paso al proceso de juramento de los ministros con lo que Kast arriba a La Moneda.

Emergencia por carabinero: “Las cosas van a cambiar”

El cambio de mando de este 11 de marzo, el noveno desde el retorno a la democracia, estuvo marcado por el ataque con arma de fuego al sargento segundo de la Primera Comisaría de Carabineros de Puerto Varas, Javier Figueroa Manquemilla (36).

El uniformado acudió a eso de las 6 de la mañana a un procedimiento de rutina, quien al llegar al lugar tuvo que enfrentar a los sujetos, quienes se encontraban armados. Uno de los delincuentes, aún no detenido, percutó dos disparos, impactando al funcionario.

Según fuentes policiales, Figueroa recibió un impacto de bala en su cráneo, lo que lo hirió de gravedad. Una vez que sus compañeros fueron alertados de lo sucedido, rápidamente fue trasladado al Hospital Base de Puerto Montt, donde actualmente se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, con un diagnóstico de extrema gravedad, con muerte cerebral y con actividad cardíaca.

De manera inédita en las jornadas de cambio de mando, luego de la foto oficial con su gabinete en Cerro Castillo -todavía como presidente electo-, Kast entregó una declaración a los medios de comunicación, en que condenó el hecho y aseguró que en su gobierno “las cosas van a cambiar”.

“Si bien hoy es un día de celebración para nuestra Patria, no podemos mantenernos al margen de comentar la trágica noticia del ataque que sufrió el sargento primero, Javier Figueroa Manquemilla, en la comuna de Puerto Varas”, señaló.

Luego advirtió que “a partir de hoy las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos nosotros, y les prometo que los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, a juzgar y a encerrar”.

Además, desde los equipos del nuevo gobierno se confirmó que la entrante ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, viajará a Puerto Varas este mismo miércoles.

Durante décadas, el debate sobre la minería en Chile ha girado en torno a una pregunta esencial: cómo asegurar que la riqueza generada por esta actividad estratégica se traduzca en desarrollo real para los territorios donde se produce.

Se debe construir un modelo de minería responsable, capaz de generar valor económico y, al mismo tiempo, traducir ese valor en bienestar tangible para las regiones y comunas del país.

Patricio Cartagena D./Presidente de CAMMIN, Abogado, Ex VPE Cochilco

En ese contexto, la implementación de la Ley N°21.591 de 2023 (“Ley sobre Royalty a la Minería”) constituye probablemente el cambio institucional más relevante en la política minera chilena de los últimos años. Su importancia no radica únicamente en haber establecido un nuevo esquema de tributación para la gran minería del cobre, sino también en haber incorporado de manera explícita una dimensión territorial en la distribución de los recursos que genera la actividad minera.

La lógica es simple, pero estructuralmente significativa: una parte relevante de la renta minera se redistribuye hacia regiones y municipios, fortaleciendo su capacidad de inversión pública y desarrollo local. 

Un nuevo ciclo en la política minera

Los primeros resultados comienzan a evidenciarse. En 2024 se concretó la primera transferencia de recursos a los municipios mediante un mecanismo transitorio, distribuyéndose más de $93 mil millones a 307 comunas del país, lo que constituyó una de las mayores inyecciones de recursos directos al sistema municipal en los últimos años.

A partir de 2025 el sistema comienza a operar plenamente. Ese año se proyectó una distribución superior a $218 mil millones entre más de 300 comunas, beneficiando a cerca del 90% de los municipios del país y a millones de personas a lo largo del territorio nacional.

En términos estructurales, el sistema contempla distintos instrumentos de distribución territorial, entre ellos el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras. En conjunto, estos mecanismos canalizan aproximadamente US$450 millones anuales hacia regiones y gobiernos locales, fortaleciendo su capacidad de inversión pública y planificación territorial. Las estimaciones fiscales indican que el sistema podría generar del orden de US$2.000 millones anuales de recaudación, dependiendo del ciclo del cobre.

Gobernanza territorial del royalty

Este rediseño institucional introduce un elemento particularmente relevante en la política minera chilena: avanzar hacia una gobernanza territorial de la minería. Durante décadas, uno de los principales cuestionamientos al desarrollo extractivo en diversas partes del mundo ha sido la distancia entre el valor económico generado por los recursos naturales y la percepción de beneficios en las comunidades cercanas a las operaciones productivas.

El royalty avanza precisamente en cerrar esa brecha. Permite vincular de manera más directa el desarrollo de la minería con el financiamiento de infraestructura pública, desarrollo urbano, equipamiento social y proyectos de inversión que impacten de manera concreta en la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, como ocurre con toda política pública relevante, el verdadero desafío no se encuentra únicamente en el diseño de la norma, sino en la calidad de su implementación.

El verdadero desafío: gestión y transparencia

En este escenario, el paso siguiente consiste en optimizar la forma en que estos recursos se gestionan en los territorios. La experiencia comparada muestra que los mecanismos de redistribución de rentas provenientes de recursos naturales logran consolidarse cuando se orientan hacia proyectos bien diseñados, con impacto real en el desarrollo local y ejecutados bajo altos estándares de gestión pública.

En primer lugar, será fundamental que los gobiernos regionales y los municipios orienten estos recursos hacia iniciativas con efectos estructurales en los territorios. Infraestructura habilitante, conectividad, recuperación de espacios públicos, infraestructura hídrica, equipamiento urbano, desarrollo productivo local o innovación territorial son ejemplos de proyectos capaces de generar beneficios sostenibles para las comunidades. 

En este esfuerzo, los esquemas de colaboración público-privada pueden transformarse en herramientas relevantes para fortalecer la capacidad de ejecución local. Un ejemplo es el acuerdo de cooperación suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda y la Cámara Minera de Chile, que establece un marco de colaboración técnica e institucional para impulsar el desarrollo económico, social, educativo y cultural de la comuna, aprovechando de manera eficiente los recursos del royalty que recibe la comuna.

En segundo término, resulta indispensable consolidar altos estándares de transparencia y rendición de cuentas en el uso de estos recursos públicos. La legitimidad de este instrumento —y, en parte, del propio desarrollo minero— dependerá de que la ciudadanía pueda conocer con claridad cómo se asignan y ejecutan los fondos provenientes del royalty. En esta materia, el rol del Consejo para la Transparencia será particularmente relevante para asegurar que la información sobre el destino de estos recursos sea pública, accesible y verificable.

Precisamente allí se juega una parte importante del éxito de esta política pública. Si los recursos del royalty se traducen en proyectos bien concebidos, ejecutados con eficiencia y gestionados con plena transparencia, el país habrá dado un paso significativo hacia un modelo de minería responsable, en el que el desarrollo del sector se vincule de manera directa con el bienestar de los territorios.

Las buenas políticas públicas en minería —aquellas que logran equilibrar crecimiento económico, desarrollo territorial y legitimidad social— deben, además, trascender los ciclos políticos. 

El sistema de royalty abre una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección: financiar proyectos que generen impacto real en los territorios y hacerlo bajo estándares exigentes de transparencia y rendición de cuentas. Si esos principios se consolidan, Chile no solo habrá incorporado un nuevo instrumento fiscal, sino que habrá dado un paso sustantivo hacia una verdadera gobernanza territorial de la minería, donde el valor generado por la actividad minera se traduzca de manera visible en desarrollo para las comunidades.