Opinión
Medir para seguir mejorando: El impacto social de la minería en Chile
Anita Marambio, presidenta de Compromiso Minero.
Existe una máxima ampliamente aceptada en gestión: lo que no se mide, difícilmente se puede gestionar. Durante años, la minería chilena ha desarrollado iniciativas sociales relevantes, que han sido medidas y cuantificadas, pero sin contar con un marco comparativo que permitiera dimensionar su impacto frente a otros sectores productivos.
El reciente Índice de Impacto Social Empresarial 2025, elaborado por BSponsor, viene a llenar ese vacío. El estudio analizó las memorias de 75 grandes empresas de sectores como la banca, el retail, forestal, entre otros, evaluando la cantidad de iniciativas sociales, pero sobre todo su intensidad, calidad y efectos causales. Sus resultados posicionan a la minería como el sector que genera el mayor impacto social positivo en Chile.
Según el informe, la minería concentra el 24,5% del impacto social generado por todas las empresas analizadas, a través de 156 iniciativas que han beneficiado directamente a más de 131 mil personas. Más aún, desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo, el 90% del impacto social medido corresponde al ecosistema minero. Se trata de una señal clara del rol que el sector cumple en territorios donde el desarrollo económico y social están profundamente entrelazados.
Desde Compromiso Minero, vemos que estos resultados ponen en valor el trabajo planificado y de largo aliento que se ha ejecutado en esta materia, pero también refuerzan la dirección de estas acciones y, por lo tanto, nos invitan a seguir profundizando la forma en que la minería se relaciona con las comunidades, impulsa a los proveedores locales y contribuye a la formación de talento regional.
El índice reconoce, además, el desempeño de empresas adherentes de Compromiso Minero, entre ellas Antofagasta Minerals (que lidera el ranking) y otras como BHP, Teck, Candelaria, CMP, Codelco, El Abra, Gold Fields y Kinross. Este resultado refleja un esfuerzo colectivo de la red por integrar el desarrollo social como una dimensión estratégica del negocio.
Detrás de cada cifra hay personas, comunidades y territorios que conviven día a día con la actividad minera. El que podamos comparar sus impactos con otras industrias, nos permite seguir avanzando con más foco y mayor impacto positivo para proyectar un desarrollo que se construya junto a los territorios en beneficio de las personas y el país.
Carta de /Anita Marambio, Presidente de Compromiso Minero Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
Por Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO
El inicio de un nuevo año siempre invita a mirar el futuro con perspectiva. En el caso de la minería chilena, esa mirada no puede ser neutra ni complaciente: estamos frente a una industria que sigue siendo estratégica para el desarrollo del país, pero que enfrenta desafíos estructurales que exigen decisiones oportunas, visión de largo plazo y una conversación pública mejor informada.
Chile llega a este nuevo ciclo con fortalezas indiscutidas. Lideramos la producción mundial de cobre, contamos con décadas de experiencia minera, capacidades técnicas reconocidas a nivel internacional y un rol insustituible en la transición energética global. Sin embargo, ese liderazgo no es automático ni garantizado. Competimos en un escenario global cada vez más exigente, donde la inversión es móvil, los estándares ambientales y sociales son más altos, y la certeza regulatoria se ha vuelto un factor decisivo.
En este contexto, desde CESCO hemos insistido en la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción. Las 21 Propuestas para una minería competitiva y sostenible, elaboradas a partir del diálogo con actores públicos y privados, buscan precisamente contribuir a ese tránsito. No se trata de un listado técnico ni de una agenda sectorial cerrada, sino de una hoja de ruta que aborda temas claves para el futuro de la minería chilena: el fortalecimiento institucional, una simplificación de los procesos de permisos, la atracción de inversión en exploración, el desarrollo de capital humano, la innovación tecnológica, la relación con los territorios y la inserción de Chile en las cadenas de valor globales.
Estas propuestas nacen de una convicción profunda. La minería puede y debe seguir siendo un motor de crecimiento económico, pero también un espacio de transformación productiva, social y ambiental. Una minería que genera valor no solo a partir de sus recursos naturales, sino también desde el conocimiento, la colaboración y la confianza.
El año que comienza se abre además bajo una nueva administración, lo que representa una oportunidad relevante para renovar acuerdos, alinear prioridades y avanzar en políticas públicas que otorguen señales claras al sector. El desafío es compartido, que es construir un marco que permita destrabar proyectos, acelerar inversiones y, al mismo tiempo, elevar los estándares de sostenibilidad y participación. La minería requiere reglas claras, instituciones sólidas y una visión país que entienda su rol estratégico en el desarrollo de Chile.
Desde CESCO seguiremos aportando evidencia, análisis y espacios de diálogo para enriquecer esta conversación. Nuestro compromiso es contribuir a una minería que no solo responda a las demandas del presente, sino que se prepare activamente para los desafíos del mañana.
Porque una minería que transforma es, en definitiva, una minería que piensa el futuro del país.
Fuente/ Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO/CESCO
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Por: Patricio Cartagena D.
Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
Abogado, Ex Director Nacional Sernageomin.
Los primeros 100 días de un nuevo gobierno no están llamados a agotar la acción pública, sino a ordenar prioridades, fijar rumbo e ingresar los proyectos de ley que estructurarán el ciclo político. La noción de los primeros 100 días no es una consigna comunicacional: es una tradición política consolidada desde la experiencia histórica del New Deal de 1933, entendida como la ventana inicial para demostrar conducción, control de agenda y capacidad real de impulsar reformas estructurales.
En esa lógica, la señal más relevante en esta etapa no es la ejecución inmediata, sino la decisión política de ingresar iniciativas legislativas bien diseñadas, con diagnóstico compartido y alta viabilidad de tramitación. La pequeña y mediana minería (PM y MM) cumplen plenamente con esos criterios. Se trata de un sector con legitimidad histórica, fuerte anclaje territorial y un consenso político transversal en el Congreso.
En ese contexto, esta columna busca aportar insumos técnicos y propuestas concretas para la construcción de una agenda minera del próximo ciclo de gobierno, un ámbito que hasta ahora ha tenido escasa explicitación pública, pese a su relevancia estratégica para el desarrollo productivo y territorial del país.
Estas propuestas resultan particularmente oportunas en un escenario de precios del cobre y balance de mercado estructuralmente favorables para los próximos años, lo que abre una ventana concreta para mejorar la captura de valor de la PM y MM, aumentar producción efectiva, formalizar actividad y maximizar el retorno económico y fiscal del ciclo minero. No actuar a tiempo implica, simplemente, dejar pasar renta minera disponible por falta de adecuación institucional y normativa.
- Ley Marco de Fomento Productivo para la PM y MM
La primera iniciativa debiera ser el ingreso de una Ley Marco habilitante de Fomento Productivo para la Pequeña y Mediana Minería, orientada a rediseñar de manera estructural la relación del Estado con este sector.
No se trata de una ley de beneficios puntuales ni de subsidios coyunturales, sino de un marco jurídico que ordene y articule financiamiento, regulación proporcional (permisos y autorizaciones), sostenibilidad ambiental, desarrollo territorial y fomento productivo bajo una sola arquitectura normativa. En términos de política pública, supone transitar desde una aproximación fragmentada y asistencial hacia una relación estratégica, coherente y permanente entre el Estado y la PM y MM.
Por su carácter habilitante, esta Ley Marco debe preceder las reformas institucionales específicas, particularmente la reforma al gobierno corporativo de ENAMI actualmente en tramitación. Definir primero el modelo y luego ajustar las instituciones no es solo una opción técnica, sino una regla básica de buena gobernanza.
- Modificar el régimen de patente rebajada por trabajo efectivo de la Ley N°21.420
Una segunda iniciativa legislativa prioritaria es perfeccionar el régimen de amparo y patente rebajada por trabajo efectivo introducido por la Ley N°21.420, con el objeto de ampliar su cobertura y simplificar sustantivamente su aplicación. Si bien el principio del amparo por actividad minera va en la dirección correcta, su diseño actual introduce exclusiones y sobrecargas injustificadas para actores que operan en la misma escala productiva, en gran medida por exigencias formales y por un nivel de discrecionalidad administrativa que no se condice con la naturaleza del instrumento.
La corrección propuesta es directa: transitar hacia un sistema de acreditación objetiva de la condición de productor de baja escala, basado en criterios simples y verificables —como la inscripción en los padrones de proveedores de ENAMI u otros registros equivalentes—, evitando la evaluación caso a caso de proyectos y faenas por parte de Sernageomin. Este ajuste permitiría alinear la norma con su finalidad original: incentivar la explotación efectiva de las concesiones, reducir la especulación, otorgar certeza regulatoria a la pequeña y mediana minería y favorecer la inversión productiva y el empleo local, sin alterar el equilibrio fiscal de la medida.
- Modificar la Ley N°19.719 para modernizar la patente minera especial
Como complemento inmediato, resulta necesario ingresar una modificación a la Ley N°19.719, que regula la patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, hoy claramente desalineada con la realidad productiva del sector.
La propuesta es directa y razonable: ampliar los límites de superficie (hoy limitada el beneficio a 50 y 100 hectáreas), actualizar los criterios de elegibilidad y extender el beneficio a las formas societarias efectivamente utilizadas por la PM y Minería Artesanal en la actualidad. Esta corrección normativa permitiría mejorar la formalización, reforzar el trabajo efectivo y devolverle sentido a un instrumento que hoy presenta un impacto marginal.
- Modernizar la Ley N°19.137 para liberar propiedad minera ociosa
Finalmente, una medida de alto impacto territorial y bajo costo fiscal es ingresar una modificación a la Ley N°19.137, con el objeto de simplificar y hacer efectiva la liberación de pertenencias mineras no explotadas de Codelco hacia ENAMI y, a través de esta, hacia la pequeña minería, en forma obligatoria y sujeta a indicadores de cumplimiento.
Reducir cargas administrativas innecesarias, radicar decisiones en los directorios de las empresas públicas y dotar a ENAMI de un mandato claro para facilitar el acceso real de la PM y MM a estos activos, incluso mediante esquemas de transferencia condicionada o asociatividad productiva, permitiría activar inversión local y exploración vía explotación utilizando recursos ya disponibles del Estado.
Liderazgo para convertir diagnóstico en acción
Estas cuatro iniciativas no parten de cero. Existen diagnósticos, análisis técnicos y propuestas desarrolladas desde el ámbito gremial y académico. El desafío ya no es conceptual ni regulatorio, sino político y estratégico: traccionar esta agenda con liderazgo, decisión y una adecuada secuencia legislativa.
Ingresar estos proyectos de ley en los primeros 100 días permitiría aprovechar un consenso transversal, capturar valor en un ciclo de precios favorable y ordenar la relación del Estado con un sector clave para el desarrollo territorial.
La pequeña y mediana minería requieren decisiones oportunas, bien diseñadas y ejecutadas con sentido de Estado. El momento político ofrece esa oportunidad.
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Patricio Toledo, Technical & Execution Director, Arcadis.
La industria minera se encuentra en un proceso de transformación progresiva, impulsado por desafíos operacionales, ambientales y sociales cada vez más complejos. A la necesidad de mantener altos niveles de productividad y seguridad, hoy se suman exigencias crecientes en materia de sostenibilidad, resiliencia y eficiencia en el uso de los recursos. En este contexto, la ingeniería cumple un rol fundamental como articuladora de soluciones que permitan a la minería adaptarse y evolucionar, enfrentando los distintos desafíos y manteniendo la competitividad en los mercados.
Históricamente, la ingeniería aplicada en la minería se enfocó en asegurar la factibilidad técnica y económica de los proyectos. Sin embargo, la complejidad actual de las operaciones ha permitido avanzar hacia una ingeniería más integrada, no sólo con una visión de la solución técnica particular, sino actualmente es capaz de incorporar desde las etapas tempranas variables como comunidades, enfoque territorial, eficiencia energética, gestión del agua, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Esta evolución no busca reemplazar los enfoques tradicionales, sino complementarlos con una mirada de largo plazo.
El avance de las herramientas digitales ha sido un apoyo relevante en este proceso. Tecnologías como el modelado 3D, gemelos digitales, el manejo de los datos, la inteligencia artificial y la automatización de sus procesos, permiten evaluar escenarios, optimizar diseños y mejorar la toma de decisiones en escenarios cambiantes. En minería, estas capacidades sin duda también contribuyen a fortalecer la seguridad, mejorar el desempeño operacional y reducir incertidumbres.
Ámbitos como la gestión de relaves y del manejo del agua y la infraestructura energética que permitan una operación más “amigable con el medio ambiente” muestran con claridad cómo la ingeniería está incorporando criterios de sostenibilidad de forma cada vez más transversal. Más que un cambio abrupto, se trata de una evolución gradual de hace algunos años que busca fortalecer la confiabilidad de las operaciones y su relación con el entorno, anticipando riesgos y respondiendo a escenarios futuros.
En este contexto, junto a la incorporación de nuevas herramientas, la experiencia técnica, el conocimiento del contexto local y la colaboración en los proyectos siguen siendo esenciales para el éxito de los mismos. Una ingeniería efectiva es aquella que combina innovación con criterio técnico, entendimiento territorial y diálogo con los distintos actores involucrados en los proyectos.
Chile cuenta con condiciones favorables para seguir avanzando en esta dirección. La trayectoria minera del país, junto con marcos regulatorios más exigentes y la necesidad de avanzar en la transición energética, han impulsado una reflexión profunda sobre cómo diseñar y operar infraestructura minera de manera más sostenible y resiliente.
Desde Arcadis, con 45 años de presencia en Chile y más de 136 años de experiencia a nivel global, hemos acompañado esta evolución poniendo énfasis en una ingeniería que agrega valor real a los proyectos, integrando estándares internacionales y criterios de sostenibilidad en el largo plazo con la realidad específica de cada operación. Esta combinación permite desarrollar soluciones técnicas sólidas en el ámbito de la ingeniería, alineadas con los desafíos actuales de la industria.
La minería continúa siendo un pilar clave para el desarrollo del país. Acompañar su evolución mediante una ingeniería sostenible, rigurosa y progresiva es fundamental para fortalecer su competitividad, su relación con el entorno y su proyección de largo plazo.
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Por: Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN/Abogado, Ex Fiscal de Enami
Análisis técnico sobre los avances en gobernanza corporativa y las brechas pendientes en la definición de la política pública de fomento minero
La reciente aprobación en general, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) constituye un hito relevante en la discusión sobre el rol del Estado en la minería chilena. Existe consenso en que la empresa requiere una actualización institucional profunda: profesionalizar su directorio, fortalecer los mecanismos de control, elevar los estándares fiduciarios y reducir espacios de discrecionalidad.
Ese diagnóstico es correcto y compartido. Sin embargo, precisamente porque el momento legislativo es relevante, resulta indispensable distinguir entre una reforma necesaria y una reforma suficiente. Y en ese punto, el proyecto deja abiertas más preguntas de las que resuelve.
ENAMI frente al desafío de una minería 2050
La minería chilena enfrenta un cambio estructural. La agenda de minería 2050 no se limita a mayor producción o eficiencia operativa; incorpora exigencias crecientes en sostenibilidad ambiental, trazabilidad, innovación tecnológica, productividad, economía circular y agregación de valor.
En ese contexto, ENAMI no puede seguir siendo pensada únicamente desde su rol histórico del Siglo XX (ver DFL N°153 de 1960). El debate de fondo es si la empresa ante los nuevos desafíos de la minería 2050 está llamada a:
- apoyar activamente a todos los segmentos de la minería artesanal, mediana minería y proveedores mineros, más allá del ámbito tradicional de la pequeña minería;
- traccionar capacidades en proveedores mineros, innovación y servicios tecnológicos, como espacio privilegiado para pilotar proyectos y escalar a nivel industrial;
- desempeñar un rol en etapas tempranas de exploración, donde el mercado presenta fallas evidentes;
- abrirse a nuevos minerales, en un enfoque polimetálico, como el litio u otros críticos para la transición energética;
- liderar proyectos de minería secundaria, reprocesamiento de relaves y economía circular;
- asumir, si así se decide, un mandato explícito en fundición y refinación, como parte de una política industrial y estratégica.
Ninguna de estas definiciones aparece resuelta en el proyecto de ley ni en el marco normativo vigente. Y sin ellas, es difícil evaluar con propiedad qué tipo de ENAMI necesita el país hacia las próximas décadas.
Una reforma correcta en la forma y en los instrumentos
Dicho con claridad, el proyecto acierta en el plano instrumental. La nueva composición del directorio, la incorporación del sistema de Alta Dirección Pública, la creación de comités especializados, la separación contable entre fomento y operaciones, y la aproximación a estándares de la OCDE representan avances reales y necesarios.
Desde la perspectiva del gobierno corporativo, se fortalece la rendición de cuentas, se profesionaliza la toma de decisiones y se dota a la empresa de una arquitectura institucional más robusta. No se trata de una reforma meramente cosmética.
Sin embargo, una buena arquitectura de gobernanza no puede suplir la ausencia de un mandato claro. La forma, por sí sola, no resuelve el fondo. El principal nudo crítico del proyecto radica precisamente en este déficit estructural: gobernanza sin política pública explícita.
Sostenemos que la modernización del gobierno corporativo de ENAMI se impulsa sin que exista una política pública vinculante y explícita para la pequeña y mediana minería, idealmente contenida en una ley marco que defina con precisión objetivos, beneficiarios, instrumentos, alcances y fuentes de financiamiento.
En términos simples —y muy propios de nuestra tradición institucional—, se vuelve a poner la carreta delante de los bueyes.
Una ley marco de fomento productivo debe definir materias tales como: las funciones concretas del fomento productivo minero, los beneficiarios efectivos de ese fomento, el alcance de la intervención estatal en la cadena de valor minera, los instrumentos habilitados y el financiamiento explícito y sostenible de esos mandatos.
Sin todo lo anterior, ENAMI seguirá operando con un mandato difuso, tensionada entre exigencias de desempeño empresarial, expectativas sectoriales y objetivos de política pública que no siempre son compatibles entre sí.
En ese escenario, incluso un directorio profesionalizado queda expuesto, no por falta de capacidades técnicas, sino por la inexistencia de un marco normativo que ordene y jerarquice sus decisiones estratégicas.”
El rol del Ministerio y el límite de lo programático
Durante los últimos años, el Ministerio de Minería ha avanzado en la definición de una política de fomento a la pequeña minería, principalmente mediante la revisión y sistematización de instrumentos vigentes (ver Documento de Política de Fomento, 2025). Ese esfuerzo es valioso y contribuye a ordenar la discusión.
No obstante, es importante ser precisos: se trata de un marco programático no vinculante, que no reemplaza —ni puede reemplazar— una definición legal de política pública. Pretender que ese instrumento administrativo habilite, por sí solo, una reforma estructural de ENAMI, es pedirle más de lo que institucionalmente puede entregar.
Una invitación a completar la reforma
Esta reflexión no busca cuestionar la necesidad de modernizar el gobierno corporativo de ENAMI. Por el contrario, reconoce ese avance como imprescindible. Pero advierte que no puede ser el punto de llegada.
Si el país aspira a una ENAMI coherente con los desafíos de la minería 2050, el paso siguiente es ineludible: definir explícitamente la política pública que la empresa debe ejecutar. Solo a partir de ese mandato será posible evaluar, con rigor y responsabilidad, si la estructura de gobernanza propuesta es la adecuada.
Modernizar la forma es necesario, definir el fondo es impostergable.
Columna de Opinión/Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN/Abogado, Ex Fiscal de Enami Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
Cristián Cifuentes, analista senior de CESCO
En los últimos meses, la conversación sobre el futuro minero de Sudamérica ha estado marcada por una inquietud recurrente: ¿está Argentina creando las condiciones para desplazar a Chile en la carrera por el capital global del cobre? El RIGI, la simplificacPor ión regulatoria y la promesa de estabilidad por tres décadas han encendido alarmas y titulares. Sin embargo, cuando se mira el cuadro completo, lo que surge no es una disputa frontal entre vecinos, sino la posibilidad de transformar la Cordillera de los Andes en la plataforma minera integrada más relevante del hemisferio.
Es cierto que Argentina ha dado un paso que durante años parecía impensado. La garantía de horizontes tributarios y cambiarios estables por 30 años es un giro estructural. A esa promesa se suma una cartera mineral que ya no puede calificarse de potencial abstracto: al menos siete proyectos cupríferos de talla mundial y un estimado de 116 millones de toneladas de cobre fino aún subexplotadas. Frente a eso, es válido preguntar si Chile, Perú o incluso Canadá deberían percibir esto como un factor de preocupación o simplemente como un cambio que requiere mayor atención estratégica.La respuesta, al menos desde la evidencia, debiese ser más matizada. Si bien Argentina está acortando distancias, Chile sigue ofreciendo algo que en minería pesa muchas veces más que un incentivo puntual que es la estabilidad institucional, logística consolidada, proveedores experimentados y un grado importante de inversión. En una industria donde una mina vive tres décadas, esa estabilidad es una moneda que no se devalúa.
En este contexto, el error sería caer en la metáfora del juego de suma cero. Que parte de la inversión marginal, sobre todo en exploración greenfield, mire con más atención a San Juan, Salta o Jujuy no significa que esos recursos se “pierdan” para Chile. El país enfrenta hoy costos en ascenso, mayor complejidad en permisos y restricciones hídricas, por lo que es lógico que los inversionistas diversifiquen sus decisiones. Pero diversificar no es reemplazar. De hecho, la propia estructura de los proyectos binacionales en la frontera entre San Juan y las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso muestra una realidad distinta: si ambos países coordinaran marcos e instrumentos, tal como lo destacamos recientemente en el trabajo desarrollado con Fundar “Una cordillera compartida: oportunidades de integración minera Argentina-Chile en la transición energética”, la cordillera podría aportar más de un millón de toneladas adicionales de cobre al año, equivalente a la brecha de oferta proyectada hacia 2040. Esa cifra no surge de la competencia, sino de la complementariedad.
Incluso cuando el mineral se extrae del lado argentino, una parte significativa del valor agregado —servicios especializados, logística, puertos, ingeniería e incluso fundiciones— puede generarse en Chile. Es lo que ya empieza a ocurrir en proyectos como Filo del Sol, Josemaría o Los Helados/Lunahuasi, donde los encadenamientos productivos cruzan la frontera con naturalidad. La cordillera, lejos de ser un muro, es un sistema de vasos comunicantes.
Esta lógica también aparece cuando se examina qué pesa realmente en la toma de decisiones inversionales. Los incentivos fiscales ayudan, sí, pero no reemplazan lo esencial: estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y relaciones predecibles con comunidades. En ese plano, Chile importa más por su trayectoria que por cualquier reforma coyuntural. Mantener calificaciones soberanas en rango A/A2 y registros institucionales sólidos es un activo que los inversionistas conocen bien y valoran más de lo que reconocen públicamente. Argentina ha impulsado el RIGI para reforzar la estabilidad requerida por los proyectos estratégicos, complementando los avances que ya viene realizando en materia institucional. Y ese diseño, lejos de ser un desafío para Chile, puede convertirse en un complemento eficaz.
El mensaje es claro. Una cordillera integrada es más poderosa que una fragmentada. Pensar en términos de competencia entre Chile y Argentina es una mirada simplista, frente a la magnitud de la transición energética global. La verdadera oportunidad yace en asumir que ambos países tienen ventajas que, en conjunto, pueden convertirlos en un bloque minero estratégico.
Esto requiere actualizar los instrumentos de integración existentes, planificar infraestructura compartida hacia el Pacífico y desarrollar cadenas de proveedores que funcionen como un corredor andino de valor. Si la región avanza en esa dirección, el flujo de capital no se desplazará: se ampliará. El empleo no se redistribuirá, sino que crecerá. El riesgo no aumentará, se diluirá.
Al final, la pregunta no es si Argentina puede superar a Chile, sino si ambas naciones serán capaces de abandonar la lógica del espejo y pensar la minería como un proyecto común. Porque, en esta carrera global, el futuro del cobre no se define país contra país. Se define región contra región. Y en ese escenario, si Chile y Argentina actúan como socios y no como rivales, no compiten. Lideran.
Columna de Opinión/Cristián Cifuentes, analista senior de CESCO Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
Medir para seguir mejorando: El impacto social de la minería en Chile
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