La titular de Minería sostuvo que para obtener más recursos desde el sector minero tienen que decidir si utilizarán el camino de la reforma tributaria o el proyecto de royalty que está en el Congreso.

La ministra de Minería Marcela Hernando manifestó que el royalty -proyecto que puso en tabla durante su último año como diputada- o una reforma tributaria son los caminos que estudia el gobierno para aumentar la recaudación fiscal desde el sector minero. Y aunque esta definición primero tiene que acordarse con el resto de los ministerios y el jefe de Estado, Hernando aseguró que “lo importante es el resultado, recaudar más recursos para las reformas que quiere emprender el gobierno del presidente Boric, sin que eso signifique ahuyentar la inversión en la industria minera”.

La exparlamentaria radical por Antofagasta dijo que las críticas que recibió el proyecto de royalty fueron exageradas, ya que el objetivo nunca fue hacer que Chile fuese un país menos atractivo para la inversión. Y por ello aclaró que “los impuestos se pagan sobre las utilidades después de ver cuáles son los ingresos y gastos, mientras que el royalty es el pago por acceder a un derecho y es equivalente al concepto de los medieros en agricultura”.

Sobre la norma de nacionalización de la minería que está en pleno desarrollo en la Convención Constitucional, Hernando sostuvo que la nacionalización de las empresas privadas mineras no está dentro del programa del presidente. Sin embargo, señaló que, como gobierno, tienen que “obedecer, acatar y hacer respetar la Constitución” y por el momento no pueden hablar de un mandato que todavía no se concreta.

En su última etapa como diputada puso en tabla el proyecto de royalty minero. ¿En qué está ahora esa iniciativa en el Congreso?

Está en el Senado en el segundo trámite. Ya lo revisó la comisión e hicieron varias indicaciones y está bastante cambiado respecto de lo que salió de la Cámara de Diputados, tiene que ser visto en la sala del Senado y luego volver a la cámara.

El exsubsecretario de Minería Edgar Blanco manifestó en varias oportunidades que ese proyecto tal como salió de la Cámara de Diputados sería una mala noticia para el país y que no es la única forma para conseguir un impacto en las zonas donde operan las mineras. Incluso Diego Fernández, presidente de la Sonami, dijo que era un “proyecto suicida”. Como ministra ¿Qué le parecen esas críticas?

Son exageradas las críticas y hay que morigerar el diálogo. Nadie, ni los autores ni quienes estábamos de acuerdo en ese minuto con el proyecto de ley queríamos “esquilmar” a las empresas mineras, ni tampoco subir excesivamente los impuestos de tal manera que no fuera atractiva la inversión en Chile. Sin embargo, quiero hacer una distinción de lo que es un royalty -discusión antigua en nuestra región- de lo que es un impuesto para desmitificar, porque no se trata de una carga impositiva. Los impuestos se pagan sobre las utilidades después de ver cuáles son los ingresos y gastos, mientras que el royalty es el pago por acceder a un derecho y es equivalente al concepto de los medieros en agricultura. Es importante hacer esta distinción y el proyecto original, lo que plantea es el 3% por pago de este derecho y un porcentaje sería variable de acuerdo con el precio del dólar en el mercado. El pago de ese derecho habría que apartarlo de los cargos por impuesto.

Ahora, como gobierno, comenzaremos a discutir una reforma tributaria y ahí veremos los impuestos en una conversación que todavía no se ha dado en el comité económico de los ministerios sobre cuál es el camino para seguir, si es a través de la reforma aumentar la recaudación de fondos desde la minería con esa ley o, mediante el royalty. Aquí hay varias consideraciones porque también se deben tomar en cuenta los tiempos políticos y las legítimas aspiraciones que tendrán los autores de ese proyecto.

¿El gobierno debe apoyar el proyecto de royalty en el Congreso o resolver el tema con la reforma tributaria?

Está en evaluación y es un trabajo en conjunto para mirar desde diferentes aspectos, nadie es dueño de la verdad y nosotros como Ministerio de Minería llevaremos una mirada, pero los ministros de Hacienda y de Economía tienen otra y el presidente también tiene sus propias opiniones. En ese contexto buscaremos el mejor camino y lo importante es el resultado, recaudar más recursos para las reformas que quiere emprender el gobierno del presidente Boric, sin que eso signifique ahuyentar la inversión en la industria minera.

En la Convención Constitucional se están discutiendo normas que eventualmente nacionalizarían la minería ¿Cuál es su postura frente a esa idea y qué impacto tendría aquella medida en la práctica?

La nacionalización de las empresas privadas mineras no está dentro del programa del presidente Gabriel Boric. Ahora, como gobierno, tenemos que obedecer, acatar y hacer respetar la Constitución que nos rige. Hoy es una la Constitución y se está discutiendo otra que, en teoría, será entregada en julio y que todavía sus propuestas tienen que ser analizadas en el pleno, no sabemos cuál será la propuesta final que además tiene que ir a un plebiscito y que luego tiene que ser transformada en ley. Por lo tanto, pasará un tiempo antes de que podamos hablar de ese supuesto mandato. Nosotros estamos obligados a acatar, pero todavía falta mucho para que exista ese mandato y mientras tanto no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar a ver qué pasa en la convención.

Zona minera

A nivel regional siempre se ha discutido el impacto de los turnos 7×7 en la minería, pues genera que Antofagasta sea una ciudad de paso para quienes vienen desde otras zonas a trabajar. ¿Cree que ese sistema de turnos debe ser modificado?

En este minuto no está entre las prioridades y tampoco ha sido presentado por los sindicatos o federaciones con las que me he reunido. Todavía no tengo reuniones con todos los gremios y tal vez alguno de ellos lo presenta como un problema o lo reflota, pero en este momento no es una de las prioridades.

¿Cuál es su evaluación del impacto tanto positivo como negativo de Codelco en Calama? ¿Cómo se puede entender que una comuna que genera tanta riqueza no tenga la misma retribución de una empresa de ese tamaño administrada por el propio Estado?

Codelco tiene sus propias normativas que muchísimas veces impiden tal vez ser mucho más colaborativa e integrada al territorio. Me parece que ese rol tiene que jugarlo el Estado completo y Hacienda y también tiene un rol fundamental en capturar la riqueza que se genera en nuestra región y en la provincia de El Loa para redistribuirla en el país de acuerdo con el juicio que tenemos todos quienes vivimos en Antofagasta.

¿Ahora que es parte de la alta administración del Estado puede tener incidencia en que parte de esos recursos se destinen a Calama?

Es la primera vez que tendremos la oportunidad de poner estos temas en la mesa, en el sentido de hacer ver cuáles son nuestras necesidades como región y representar la urgencia de que se compense todo lo que significa ser una zona minera.

Litio

¿Qué trabajo realizarán con el litio, considerando la licitación que está pendiente para explotación?

A nivel del ministerio estamos reponiendo el grupo de expertos que trabajará en eso y tiene varias tareas por delante. Una de ellas es definir cuál será la institucionalidad de empresas del litio y gobernanza de los salares. Hay que trabajar interministerialmente con Medio Ambiente en un marco de crisis hídrica, hablamos de racionamiento en algunos lugares. En ese contexto vamos a trabajar con el litio y esperaremos que desde el punto de vista jurídico se resuelvan algunas de las varias presentaciones que están en la justicia respecto de la licitación que hizo el gobierno anterior.

¿Es partidaria de generar una industria nacional en torno al litio? ¿Cómo podría ser verdaderamente competitiva y avanzar a la velocidad que hoy requiere el mercado internacional?

Estamos partiendo con un retraso de más de diez años respecto de tener claridad sobre las tareas y las etapas del litio en el país. Como partimos atrasados difícilmente en este periodo lograremos transformarnos en una industria o una empresa que sea líder mundial. Seguimos siendo los segundos exportadores, pero de carbonato de litio principalmente y la idea es no perder competitividad y al mismo tiempo comenzar a desarrollar algunas potencialidades con el litio. En ese contexto nos interesa de sobremanera que exista una institucionalidad definida participativamente. Hoy, gracias a un acuerdo firmado en el segundo gobierno de Bachelet, a manos de Codelco en el Salar de Maricunga, está lo que el Estado hace a través del litio. Lo demás es parte de los famosos ceoles (contratos de operación). Con Codelco es una de las posibilidades, con Enami es otra y la fundación de una nueva empresa del litio también es una opción. Son todas alternativas a evaluar.

¿Es el momento de sentarse con las empresas a conversar sobre la situación del agua de manera formal, ya que lo visto en la región son esfuerzos individuales de las grandes compañías?

De hecho, hay cambios en la normativa con algunas leyes que aprobamos cuando era diputada y que apuntan a que todas las mineras utilicen agua desalada. No obstante, tampoco es que nos llenemos de desaladoras en toda la costa de las regiones productoras. Hay que buscar sinergias entre las propias empresas, en la industria, para que entre ellos puedan establecer flujos y coordinaciones en la inversión de plantas desaladoras. Esto también porque una planta provoca impacto y si sumamos muchas generará más impacto en el medio ambiente.

¿Qué proyección realizan con el precio actual del cobre?

Las proyecciones indican que el próximo año estará en torno a 3,8 de dólares la libra de cobre. Pero ha sido muy volátil, con tendencia al alza y de todas maneras nos parece que es un precio tremendamente ventajoso para Chile y hay que aprovecharlo con mucha flexibilidad y bastante ojo, porque esto tiene que ver con cómo se valoriza el dólar, la incidencia de la guerra y la variación de los inventarios en las bolsas metaleras. Esto influye bastante en cómo los países buscan establecer una especie de colchón de seguridad.