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Tiempo de tramitación ambiental de proyectos de inversión sube 60% en cinco años

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Abogados critican que en el SEIA se generan retrasos por observaciones excesivas y criterios aplicados como soft law, mientras que la directora del SEA, Valentina Durán, atribuye las demoras a extensiones pedidas por los titulares y a mayores exigencias ambientales, subrayando que el organismo cumple con los plazos legales.


En medio de los esfuerzos del gobierno por mostrar avances en la tramitación de grandes proyectos de inversión, los tiempos de revisión siguen en aumento en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) evidencian esa tendencia. En 2020, su tramitación demoraba en promedio 256 días; hoy alcanza los 410, según el portal estadístico del SEA actualizado al 27 de agosto de 2025, lo que equivale a un alza de 60% en cinco años. Si la comparación se extiende a 2015, cuando el promedio era de 296 días, el incremento llega a 38,5%.

Una revisión realizada por las abogadas Paulina Riquelme y Sofía Costa del estudio jurídico Eelaw detalló que las regiones de Ñuble, Aysén y Magallanes presentan elevados tiempos de tramitación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Desde 2024, el promedio de días totales de tramitación de una DIA en Ñuble es de 390, en Magallanes de 265, y en Aysén alcanza los 917 días.

Desde 2014 se observa un aumento sostenido de los plazos en Aysén, lo que se atribuye a su gran extensión territorial, baja densidad poblacional, dispersión de la población, dificultades de acceso, concentración de ecosistemas prístinos y áreas protegidas, condiciones climáticas extremas, proyectos de gran envergadura y sensibilidad social elevada. Además, la limitada dotación de personal especializado en servicios públicos regionales contribuye a la lentitud en la revisión de los expedientes.

 

Riquelme explicó a Pulso que “los plazos de tramitación en Aysén reflejan la complejidad de operar en una región con características geográficas, ambientales y sociales tan particulares. No se trata solo de burocracia, sino de la necesidad de asegurar un análisis ambiental riguroso que proteja ecosistemas únicos y responda a la alta sensibilidad social frente a los proyectos. Los datos muestran que la tramitación requiere un equilibrio entre eficiencia y exhaustividad técnica, considerando los recursos disponibles y las exigencias de la ciudadanía y los organismos competentes”.

Más directo es el análisis el abogado Felipe Riesco, socio de Barros Silva Varela & Vigil. “Yo creo que ya se agotó la evaluación ambiental coordinada por el SEA. La verdad que el SEA no coordina ni filtra las observaciones de los servicios. Los servicios piden múltiples cosas fuera de lugar, y pasa tb que los titulares, con tal de sacar su RCA están dispuestos a concederlas, en vez de reclamarlas. Entonces se genera un círculo vicioso, que es difícil de romper”, acotó el ex subsecretario del Medio Ambiente entre 2028 y 2020.

El exministro del Medio Ambiente del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Javier Naranjo, explica que “los tiempos excesivos en la evaluación a la DIA, en general, creo que se deben a dos factores: el primero, malos proyectos y, en definitiva, mayores de tiempos de suspensión en la tramitación. Esto a su vez, es curioso, dado que, si el proyecto carece de información, lo que debió ocurrir es que se dé término anticipado a la evaluación; y, segundo, por un problema de gestión del SEIA”.

“Es importante que el SEA, como administrador del SEIA, otorgue la mayor celeridad y certeza posible, dado que los proyectos son necesarios para el desarrollo sostenible del país”, señaló el socio de Jara Del Favero Abogados.

Entre los abogados que asesoran grandes proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) existe una crítica recurrente: las guías e instructivos del SEA se consideran soft law. No son normas obligatorias —hard law—, pero en la práctica se aplican como si lo fueran. Para estos expertos, lo único realmente vinculante es el reglamento del SEIA y la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Lo que sí ha cambiado -creen- son los criterios que orientan las evaluaciones. Algunos aparecen en las guías; otros no, pero igualmente influyen en la tramitación de los proyectos. En este contexto, los plazos de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) han seguido aumentando por múltiples factores.

Causas

Sobre las causas, la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, explicó a Pulso: “El SEA siempre cumple con los plazos legales, sin excepción”. Según indicó, los retrasos se deben principalmente a extensiones solicitadas por los titulares de los proyectos, motivadas por la necesidad de adaptarse a las exigencias del Decreto Supremo N° 40 del Ministerio del Medio Ambiente de 2013, que estableció contenidos mínimos para las DIA y los EIA. También influye el aumento de suspensiones para responder preguntas de los servicios y de la ciudadanía, en el marco del Acuerdo de Escazú.

Durán añadió que los proyectos que se rechazan suelen pedir más extensiones que los que se aprueban. “Las industrias que presentan proyectos sólidos y cumplen con las exigencias tienen plazos menores. Por ejemplo, en la última semana se aprobaron siete proyectos de energía en menos de un año, con plazos cerca de un 30% menores al promedio anual”, dijo.

Para reducir los plazos, el SEA ha implementado modernizaciones electrónicas y automatización de procesos, como la sistematización de observaciones ciudadanas. “Hoy tareas que antes tomaban meses se hacen en pocos días. Además, como secretaría técnica del comité de ministros, logramos que ya no haya proyectos que esperen más de 13 meses para ser revisados, frente a administraciones anteriores, donde era habitual esperar dos, tres o hasta cinco años”, concluyó la directora.

Diferencias

Durán explicó que los proyectos que ingresan hoy al SEIA tienen impactos más complejos que hace diez años, lo que requiere análisis más profundos y coordinados. Esto asegura que se cumpla la normativa ambiental y que los impactos se enfrenten con transparencia, permitiendo la participación informada de la ciudadanía. Chile enfrenta una triple crisis ambiental, que ha elevado las exigencias legales y políticas, y ha llevado al país a asumir mayores compromisos internacionales frente a la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la emergencia climática, sin descuidar la competitividad. Además, la ciudadanía actual exige más participación, indicó.



Fuente/Pulso/LaTercera
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Biministro Daniel Mas lanza plan ‘Minería en Marcha’ para acelerar recuperación de faenas afectadas por recientes temporales

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El Ministerio de Minería, Sernageomin, ENAMI y BancoEstado desplegarán apoyo técnico, equipos, monitoreo especializado e instrumentos de financiamiento para facilitar el retorno seguro y lo más rápido posible a las operaciones.

 

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, presentó el plan ‘Minería en Marcha’, una iniciativa destinada a acelerar la recuperación de la pequeña y mediana minería afectada por el reciente sistema frontal, mediante una coordinación público-privada entre el Estado, la industria minera, la banca y los gobiernos regionales.

El plan contempla tres ejes de acción con foco en las regiones de Coquimbo y Atacama: habilitar el acceso a faenas, seguridad y reactivación operacional, e incluye apoyo técnico, monitoreo especializado e instrumentos de financiamiento para facilitar el retorno seguro a las operaciones.

Los recursos serán gestionados y puestos a disposición por el Ministerio de Minería, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), ENAMI y BancoEstado, incluyendo además el programa equipos y maquinaria facilitados por 23 compañías de la gran y mediana minería.

El anuncio se realizó durante un encuentro con asociaciones de pequeños mineros en la Región de Coquimbo, donde junto al biministro Mas participaron también el subsecretario de Minería Álvaro González; el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Juan Carlos Sáez; el director nacional (S) de Sernageomin, Mauricio Lora; y el gerente del área MiPyme de BancoEstado, Emilio Vélez.

Durante el encuentro, se dio a conocer el detalle de las medidas de apoyo a los pequeños y medianos productores, y se abordaron las principales necesidades del sector.

El biministro Daniel Mas destacó que “la minería representa empleo, desarrollo y oportunidades para miles de familias, especialmente en las regiones del norte afectadas por los recientes temporales. Por eso estamos implementando con sentido de urgencia este plan de reactivación de la pequeña y mediana minería, que coordina las capacidades del Estado, la industria y los territorios para acelerar la recuperación de las faenas afectadas, resguardar la seguridad de las personas y entregar herramientas concretas para que los productores puedan retomar su actividad lo antes posible”.

El subsecretario de Minería, Álvaro González, explicó que “el Plan Minería en Marcha establece una hoja de ruta clara: recuperar el acceso a las faenas, asegurar un retorno seguro a las operaciones y facilitar la reactivación mediante instrumentos concretos de apoyo”.

El delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, señaló que “este plan representa un paso concreto para apoyar la recuperación de la pequeña minería tras el sistema frontal. Nuestro compromiso es trabajar coordinadamente para que las familias que dependen de esta actividad puedan volver a desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad y en el menor tiempo posible”.

Los tres ejes del plan

El primer eje del plan ´Minería en Marcha´ busca recuperar el acceso a las faenas mediante la habilitación de caminos e infraestructura crítica. Para ello se elaborará un catastro de faenas afectadas, se priorizará la recuperación de accesos, se articulará el apoyo de la iniciativa Mineras por Chile, que dispone de 974 recursos entre maquinaria, equipos y profesionales facilitados por compañías mineras para la emergencia, y se coordinará el trabajo con el Ministerio de Obras Públicas.

Asimismo, ENAMI y BancoEstado pondrán a disposición instrumentos especiales para apoyar la rehabilitación de caminos, facilitar el acceso a las faenas y respaldar la continuidad operacional de los productores afectados.

El segundo eje busca garantizar un retorno seguro a las operaciones. Para ello, el Ministerio de Minería coordinará el despliegue de profesionales de ENAMI y Sernageomin para apoyar la evaluación de riesgos asociados a la emergencia.

Mientras Sernageomin reforzará los catastros, las inspecciones técnicas, el monitoreo mediante imágenes satelitales y radar SAR, además del uso del Visor Público de Remociones en Masa, ENAMI dispondrá del programa Apoyo a la Producción Segura (APS) para financiar acciones destinadas a restablecer condiciones seguras de operación.

El tercer eje está orientado a acelerar la reactivación operacional de las faenas mediante el fortalecimiento de los instrumentos de apoyo de ENAMI y BancoEstado, el análisis de reasignaciones presupuestarias para fortalecer los programas de fomento del Ministerio de Minería y el trabajo conjunto con los gobiernos regionales para impulsar programas especiales de reactivación minera.

El Ministerio de Minería continuará desplegando este plan en coordinación con los servicios públicos, la industria minera y las asociaciones gremiales para apoyar una recuperación segura, gradual y oportuna de la pequeña y mediana minería en las regiones afectadas.

 

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Cámara de Diputados aprueba el primer proyecto de ley minero del gobierno del Presidente José Antonio Kast

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“Esta es una buena y esperada noticia para los pequeños y medianos mineros, especialmente de las regiones del norte y centro del país que se han visto afectados por un sistema frontal sin precedentes”, afirmó el biministro Mas.

 

Por una amplia mayoría -107 votos a favor, 20 abstenciones y 2 en contra- el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que simplifica el sistema de postulación y pago de patente minera rebajada para concesiones de explotación. De este modo, la primera iniciativa legislativa de carácter minero del gobierno del Presidente José Antonio Kast avanza ahora a la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde proseguirá su discusión en segundo trámite constitucional.

El proyecto de ley -ampliamente esperado por los pequeños y medianos productores mineros- propone modificaciones al sistema de patentes establecido en el Código de Minería con el propósito de hacer más simple el régimen mediante la eliminación del aumento progresivo de las patentes y los requisitos de 500 hectáreas, parentescos y tipos societarios para la pequeña minería.

Además, incorpora una nueva causal de rebaja por exploración minera para que el productor no tenga que postular todos los años a este beneficio, y busca también conservar el monto del pago de la patente proporcional en el caso de las pertenencias mineras y mantenerlo hasta el primer año de constitución en una décima de unidad tributaria mensual.

“Esta es una buena y esperada noticia para los pequeños y medianos mineros, especialmente de las regiones del norte y centro del país que se han visto afectados por un sistema frontal sin precedentes. Si queremos hacerle la vida más fácil a este sector, que es fundamental para el desarrollo y el empleo, necesitamos que las reglas sean claras, estables y razonables. Y esto es precisamente el énfasis de este proyecto de ley”, afirmó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Junto con valorar la celeridad del trabajo parlamentario para sacar adelante el proyecto, la autoridad destacó que la propuesta “apunta a contar con un esquema regulatorio que incentive también la inversión en exploración, otorgando herramientas que flexibilizan el cumplimiento normativo de la pequeña minería, segmento que es tan relevante para decenas de comunas, especialmente las del norte del país”.

Tras la votación, el subsecretario de la cartera, Álvaro González, subrayó que la iniciativa contribuye a mejorar la situación de los pequeños mineros: “En primer lugar, facilitamos el acceso al eliminar el parentesco que les era exigido a los pequeños mineros al momento de postular a este trámite y los tipos societarios que impedían a muchos acceder al beneficio. Segundo, eliminamos la patente progresiva a quienes no han podido desarrollar actividad. Y como tercer punto, se amplían los beneficios. No sólo el concesionario podrá postular, sino también arrendatarios y quienes exploten legítimamente la mina”, comentó.

Una vez aprobado el proyecto en el Senado, la actividad minera dispondrá de un régimen general de patentes más beneficioso, con causales de rebaja bien delimitadas, alineando el sistema con los objetivos de desarrollo minero del país.

 

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Jorge Gómez inicia despliegue en terreno con foco en seguridad y disciplina operacional para fortalecer la gestión de Codelco

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En su primera visita a una división como presidente ejecutivo, recorrió El Teniente para revisar los avances en seguridad tras los accidentes de 2025, conocer directamente la operación y reunirse con trabajadores, dirigentes sindicales y equipos ejecutivos.


En su primera visita a terreno desde que asumió como presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez inició un despliegue por las divisiones de la Corporación con un mensaje claro: fortalecer la seguridad, estabilizar las operaciones y recuperar la credibilidad mediante una gestión cercana a la operación, basada en la disciplina operacional y el cumplimiento riguroso de los planes.

En la División El Teniente revisó los avances implementados tras el accidente fatal de julio de 2025 y sostuvo encuentros con trabajadores, dirigentes sindicales y equipos ejecutivos para conocer directamente los principales desafíos operacionales.

«El futuro de Codelco se construye en terreno. Las mejores soluciones muchas veces nacen junto a quienes enfrentan los desafíos en la faena. Nuestro rol como líderes es estar presentes, generar las condiciones para que todos puedan contribuir y avanzar, con sentido de urgencia, en fortalecer la seguridad, reducir la variabilidad operacional y sentir orgullo por los resultados que somos capaces de alcanzar entre todos», señaló Gómez.

Durante la visita, que incluyó recorridos por Maitenes, la Mina Sub 6 y la sala de telecomandos, Jorge Gómez revisó los avances en materia de seguridad implementados tras el accidente fatal de 2025, conoció en terreno los principales procesos operacionales y controles de riesgos críticos, analizó junto a los equipos los desafíos productivos y el desarrollo de la minería profunda, y sostuvo encuentros con trabajadores, dirigentes sindicales y ejecutivos para recoger sus visiones y fortalecer el trabajo conjunto en torno a las prioridades de la división y de la Corporación.

«La seguridad es la condición que hace posible producir bien y de manera sostenible. Cuando fortalecemos nuestros controles, aprendemos de cada experiencia y trabajamos con disciplina operacional, protegemos a las personas y construimos la confianza que Codelco necesita recuperar», señaló el presidente ejecutivo.

Con esta visita, Jorge Gómez inicia un despliegue en terreno que lo llevará a conocer progresivamente todas las divisiones de la Corporación, en una etapa que busca fortalecer la seguridad operacional, escuchar a los equipos y evaluar la estrategia hacia el futuro.

 


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Asuntos Corporativos

Directorio de Codelco encarga a KPMG auditoría externa de los reportes de producción 2024 y 2025

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La directora y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), Tamara Agnic, realizó una presentación ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados en la que explicó detalles de las decisiones adoptadas por el directorio tras la auditoría interna que detectó los errores de diciembre de 2025.


 

La directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), Tamara Agnic, detalló hoy a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que la Corporación encargó a KPMG una auditoría externa independiente para revisar los reportes de producción correspondientes a los años 2024 y 2025.

Durante su presentación ante la instancia, Agnic explicó que esta revisión fue instruida por el directorio como parte de las medidas adoptadas tras la auditoría interna que detectó inconsistencias en el reconocimiento de 26.875 toneladas de cobre reportadas como producción terminada durante diciembre de 2025. Estas incluyeron, además, la corrección de los reportes de producción, la revisión de procedimientos, el recálculo de incentivos variables, la aplicación de sanciones administrativas y la entrega de los antecedentes al Ministerio Público para que determine la eventual existencia de responsabilidades penales.

“La respuesta responsable frente a un hecho de esta naturaleza no es minimizarlo, sino investigarlo con independencia, establecer los hechos, determinar responsabilidades, corregir la información y fortalecer permanentemente los controles”, afirmó Agnic.

Explicó, además, que la auditoría interna se focalizó en las 26.875 toneladas que fueron objeto de revisión durante la investigación administrativa. Con el fin de ampliar el análisis y reforzar la revisión independiente de la información reportada, “y para mayor tranquilidad de la Corporación y, por supuesto, de todos los chilenos, el directorio estableció la revisión de los años 2024 y 2025”, señaló Agnic.

“La verdadera prueba de la gobernanza no termina con esta investigación. Terminará cuando podamos verificar que las medidas fueron implementadas, que los controles operan efectivamente en la práctica y que el Directorio recibe aseguramiento suficiente sobre su funcionamiento”, indicó Agnic, quien agregó que el seguimiento de las medidas correctivas permanecerá bajo supervisión del Comité de Auditoría y del directorio de la empresa.

En su presentación, Agnic explicó que Codelco opera con un sistema de control basado en tres líneas complementarias: las áreas operativas, las funciones de supervisión y gestión de riesgos, y la Auditoría Interna, que actúa con independencia de la administración y reporta directamente al Comité de Auditoría. Según indicó, este modelo incorpora controles sucesivos que permiten detectar y corregir oportunamente eventuales desviaciones.

 


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Chile será sede del principal encuentro sobre infraestructura para IA en Latinoamérica

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El crecimiento de la IA está impulsando una demanda sin precedentes por centros de datos, energía crítica y sistemas de enfriamiento. El tema será uno de los ejes de Data Center & AI Infrastructure LATAM 2026, que se realizará los días 9 y 10 de julio.


El crecimiento de la inteligencia artificial ya no solo está cambiando la forma en que operan las empresas. También está transformando la infraestructura que hace posible esa revolución tecnológica. La demanda por centros de datos, capacidad de procesamiento, energía y sistemas de enfriamiento crece a un ritmo sin precedentes, impulsando inversiones y nuevos desafíos para países que buscan posicionarse en la economía digital.

En ese contexto, Santiago será sede de Data Center & AI Infrastructure LATAM 2026, encuentro que reunirá los días 9 y 10 de julio a operadores de centros de datos, proveedores de servicios en la nube, empresas tecnológicas, autoridades, inversionistas y expertos de toda la región para analizar cómo América Latina se prepara para el avance de la inteligencia artificial.
 
El evento llega en un momento en que Chile busca consolidarse como un actor relevante en infraestructura digital. El crecimiento del mercado de centros de datos, la disponibilidad de energías renovables, la conectividad internacional y el aumento de las inversiones en servicios cloud e inteligencia artificial han posicionado al país como uno de los mercados con mayor potencial para el desarrollo de infraestructura tecnológica en la región.
 
Entre los temas que marcarán la agenda destacan la construcción de infraestructura preparada para inteligencia artificial (AI-ready infrastructure), la expansión de centros de datos, la disponibilidad energética, la integración de energías renovables, el desarrollo de infraestructura para proveedores de nube e hyperscalers, la conectividad regional y los desafíos regulatorios que enfrenta la industria.
 
El programa contempla además paneles dedicados a algunos de los principales desafíos que enfrenta la industria, como las oportunidades de inversión en infraestructura para IA, el crecimiento de la demanda energética de los centros de datos, el diseño de instalaciones capaces de soportar cargas de trabajo de inteligencia artificial y los cuellos de botella asociados al acceso a energía, permisos y conectividad. Entre los participantes figuran representantes de empresas como Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Tesla, Atlas Renewable Energy, Hitachi Energy, además de ejecutivos de operadores de centros de datos y organismos públicos vinculados al desarrollo energético y digital de la región.
 
Uno de los sectores donde este fenómeno ya comienza a evidenciarse es la minería. Considerada históricamente como el «sueldo de Chile», la industria está incorporando inteligencia artificial para automatizar procesos, operar equipos de manera remota y anticipar fallas mediante análisis predictivo. Esa transformación depende de plataformas capaces de procesar información en tiempo real y mantener la continuidad operacional incluso en condiciones extremas.
 
«La inteligencia artificial está cambiando la forma en que operan industrias críticas como la minería, pero su éxito depende de contar con infraestructura preparada para responder a una demanda creciente de procesamiento, almacenamiento y conectividad», explica José Medina, Sales Account Manager de Vertiv Chile.
 
Según el ejecutivo, el desafío ya no pasa únicamente por desarrollar nuevos algoritmos, sino por asegurar que exista una infraestructura capaz de sostener su funcionamiento de manera continua.
«No basta con implementar aplicaciones de inteligencia artificial. También es necesario asegurar energía confiable, sistemas de enfriamiento, capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos que permitan operar de manera continua y sin interrupciones».

 


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