El secretario de Estado destacó la agenda del gobierno para recuperar la inversión y competitividad de la minería, y llamó a fortalecer la innovación, la tecnología y el desarrollo de proveedores desde la región de Tarapacá. En tanto, el subsecretario de Minería, Álvaro González, abordó medidas concretas para agilizar proyectos y reimpulsar la exploración.

En la inauguración del Congreso Internacional de Minería de Tarapacá (CIMIT) en Iquique, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, entregó un mensaje claro a inversionistas y actores del sector: el Gobierno está acelerando trámites, simplificando marcos normativos y entregando certezas para recuperar la confianza y promover nuevas inversiones en la minería chilena.

Mas destacó que la reactivación del sector requiere decisiones concretas y medidas de fondo. En ese sentido, puntualizó acciones ya en curso para reducir los tiempos de aprobación de permisos y eliminar barreras administrativas que generan incertidumbre, buscando compatibilizar los estándares ambientales y sociales con la eficiencia requerida para atraer capital y tecnología.

El secretario de Estado subrayó además el compromiso del Ejecutivo con la seguridad jurídica y la previsibilidad, mediante una agenda orientada a avanzar hacia normas claras, procesos más ágiles y decisiones oportunas.

La actividad contó con la presencia del subsecretario de Minería, Álvaro González; el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal; la delegada presidencial regional, Adriana Tapia; y la seremi de Minería de Tarapacá, Denisse Barahona; además de parlamentarios, alcaldes, representantes de compañías mineras, proveedores, gremios, academia y actores vinculados al desarrollo productivo regional.

Durante su discurso inaugural, Mas planteó la necesidad de recuperar el dinamismo y la competitividad de la industria. “Estamos acelerando permisos, simplificando regulaciones y entregando certezas para volver a invertir. Hemos impulsado una agenda económica que busca recuperar la competitividad, premiar al que emprende y devolverle a Chile la ambición de crecer”, señaló el biministro.

Mas puso también especial énfasis en la innovación, la incorporación de tecnología y el desarrollo de proveedores como parte del nuevo ciclo de crecimiento de la minería.

“Tenemos que ayudar a nuestros proveedores a crecer, innovar, incorporar tecnología, aumentar su productividad y, sobre todo, internacionalizarse. Queremos que desde Tarapacá nazcan más empresas capaces de transformarse en proveedores globales, empresas que comiencen atendiendo una faena minera de esta región y terminen compitiendo en los principales distritos mineros del planeta”, afirmó.

Medidas concretas en marcha

Durante un conversatorio realizado en el marco de CIMIT2026, el subsecretario de Minería, Álvaro González, aterrizó las principales medidas que impulsa el Gobierno y, en particular, el Ministerio de Minería para recuperar competitividad, facilitar nuevas inversiones y aumentar la exploración.

Entre éstas, mencionó la reducción del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria a proyectos de inversión contenidos en el proyecto de Reconstrucción Nacional; las modificaciones a los reglamentos de Seguridad Minera y Cierre de Faenas, que permitirán transformar aproximadamente 18 permisos críticos en declaraciones juradas ó Técnicas Habilitantes Alternativas (THA) y absorber otras 20 autorizaciones un permiso de mayor envergadura, acelerando la tramitación y obtención de las autorizaciones necesarias para los proyectos; y las modificaciones al Reglamento de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente con el objetivo de modernizar la regulación de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y facilitar el desarrollo minero. Todo ello sin afectar estándares ambientales ni de seguridad.

También destacó el proyecto de ley para simplificar y dar mayor certeza al proceso de pago rebajado de patentes mineras; y las iniciativas para reimpulsar la exploración de nuevos proyectos (greenfield).

“Sin exploración no hay descubrimientos; sin descubrimientos no hay nuevos proyectos; y sin nuevos proyectos no hay minería futura. Las minas que necesitaremos en 15 o 20 años tenemos que comenzar a descubrirlas hoy”, sostuvo González.

Desarrollo regional

El subsecretario vinculó esta agenda con el desarrollo de las Región de Tarapacá: “La verdadera pregunta no es solamente cuánto de la actividad minera queda en Tarapacá, sino cuánto desarrollo somos capaces de construir a partir de ésta. Queremos una minería que no solamente produzca en Tarapacá, sino que crezca con Tarapacá”.

La minería representa cerca del 26% del PIB regional y Tarapacá aporta alrededor del 8% del PIB minero nacional. Hacia 2034 se proyecta además una demanda de más de 2.700 nuevos técnicos y profesionales para responder al crecimiento operacional del sector.

Plan de apoyo a Tarapacá

Asimismo, durante su visita a la región, las autoridades conocieron los alcances del plan extraordinario de apoyo a Tarapacá de minera Collahuasi, que busca contribuir a la recuperación de la zona tras las afectaciones provocadas por el reciente frente climático.

La iniciativa -que considera una inversión cercana a $3.000 millones- incluye acciones de mejoramiento en salud, infraestructura vial y espacios públicos, procurando incorporar capacidades locales en su ejecución.

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En seminario organizado por Marsh y Aprimin, Karlfranz Koelher destacó nuevas medidas para impulsar la inversión minera, entre ellas incentivos a la exploración, devolución anticipada de IVA, depreciación acelerada y nuevas líneas de financiamiento para la pequeña y mediana minería.

Desde Marsh, Armando Fernández advirtió que los proveedores mineros enfrentan riesgos que pueden trascender su propia operación y comprometer contratos, cadenas de suministro, continuidad de faenas y relaciones con sus mandantes.

“Necesitamos que la minería vuelva a liderar aquí el carro motor de Chile”. Con esta definición, el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koelher, planteó la necesidad de recuperar el rol de la industria minera como uno de los principales motores del crecimiento del país. Esto en el marco del seminario “Desarrollo de proveedores mineros: Riesgos y desafíos del ecosistema con visión del Gobierno”, organizado por Marsh, líder global en riesgo, reaseguro, capital, personas, inversiones, y consultoría de gestión;  y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin).

Ante proveedores, ejecutivos y representantes del sector, Koelher presentó las principales medidas que el Gobierno está impulsando para reactivar la inversión minera, con especial énfasis en destrabar nuevos proyectos y fortalecer el desarrollo de la pequeña y mediana minería. Entre ellas mencionó un crédito fiscal para la exploración de proyectos greenfield, (diseñados y construidos desde cero) la devolución anticipada de IVA en determinados casos, mecanismos de depreciación y amortización acelerada, incentivos y créditos para grandes operadores y nuevas líneas de financiamiento para proyectos de pequeña y mediana minería.

El subsecretario también destacó los cambios que se buscan introducir al sistema de patentes mineras, eliminando su escala progresiva, junto con una agenda más amplia orientada a reducir los tiempos de tramitación y facilitar la inversión. El objetivo, señaló, es avanzar hacia un entorno que permita transformar proyectos que hoy permanecen en etapa de idea en iniciativas concretas y productivas.

En este escenario, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, puso el foco en el papel que cumplen los proveedores dentro de la industria. “No se entiende la minería sin proveedores”, afirmó, destacando que por cada empleo generado en la gran minería se crean 2,5 puestos de trabajo en el ecosistema proveedor. Actualmente, este sector genera más de 300 mil empleos directos y enfrenta una oportunidad de crecimiento especialmente relevante en regiones mineras.

Villarino también abordó el potencial que existe para ampliar el gasto de las compañías mineras en proveedores locales. De acuerdo con las cifras que presentó durante el encuentro, en la Región de Antofagasta este gasto podría más que duplicarse hacia 2030, pasando desde los actuales US$2.700 millones a US$6.600 millones, siempre que se logren cerrar brechas relacionadas con financiamiento, certificación y capacitación.

La discusión se trasladó luego desde las oportunidades de crecimiento hacia los riesgos que acompañan la operación de este ecosistema. Para Armando Fernández, Advocacy Leader de Marsh Chile, los proveedores mineros ya no pueden evaluar sus riesgos únicamente desde la perspectiva de la eficiencia técnica, sino que deben considerar su capacidad de mantener la operación y responder financieramente frente a interrupciones.

“Uno de los principales desafíos está relacionado con las condiciones climáticas. Eventos como lluvias e inundaciones pueden generar mayores costos de mantenimiento, afectar las condiciones de los contratos y tensionar la capacidad de respuesta de las empresas”, señaló el ejecutivo. Para Fernández, esto obliga a los proveedores a revisar anticipadamente sus escenarios de exposición y contar con planes de contingencia que les permitan responder frente a interrupciones de sus actividades.

A esto se suma la exposición de activos operativos y equipos móviles críticos. Un incendio o daño en uno de estos activos puede detener las funciones de un proveedor e impedirle cumplir con sus mandantes, pero también generar un efecto sobre toda la cadena de suministro. Por eso, el ejecutivo destacó la importancia de identificar dónde están las principales concentraciones de riesgo y cuánto tiempo tomaría reponer equipos o stock en caso de una interrupción.

“Otro frente está en los accidentes y daños a terceros. Un siniestro no solo puede generar consecuencias para las personas afectadas, sino también derivar en paralizaciones de faenas, conflictos comerciales con los mandantes y daño reputacional”, expresó Fernández. En este contexto, llamó a fortalecer los protocolos y el gobierno corporativo como parte de una gestión de riesgos que permita anticiparse a este tipo de situaciones.

Finalmente, Fernández puso especial énfasis en la exposición a ciberataques, un riesgo que, a su juicio, ninguna empresa puede considerar ajeno. Un ransomware o malware puede impedir la facturación y paralizar operaciones, como también comprometer información de clientes. Frente a este escenario, destacó la necesidad de mantener controles básicos de seguridad, como la autenticación multifactor y mecanismos de doble validación.

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La operación fue distinguida en la categoría Gran Minería por su desempeño durante 2025. El reconocimiento destaca un trabajo sistemático que combina la gestión de riesgos fatales, el liderazgo visible en terreno y el aprendizaje organizacional.

 El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) reconoció a Lundin Mining Caserones por su gestión de seguridad durante 2025, en la categoría Gran Minería. La distinción releva el trabajo permanente de la operación por fortalecer una cultura preventiva, en la que el cuidado de las personas constituye un valor esencial y una responsabilidad compartida por toda la organización.

Este resultado refleja el compromiso cotidiano de trabajadores, dirigentes sindicales, empresas colaboradoras y líderes de la operación, quienes contribuyen desde sus distintos roles a identificar y controlar los riesgos, aprender de la experiencia y desarrollar cada tarea de manera segura.

“Este reconocimiento pertenece a todas las personas que forman parte de Caserones. Es el resultado de un trabajo sostenido, del compromiso de nuestros equipos y de una cultura que pone la seguridad en el centro de cada decisión. Distinciones como éstas nos impulsan a seguir aprendiendo, fortaleciendo nuestros controles y cuidándonos mutuamente para que todos regresemos sanos y seguros a nuestros hogares”, señaló Marcelo Maccioni, gerente general de Lundin Mining Caserones.

Por su parte, el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, se refirió al sentido del reconocimiento: “lo que queremos hacer es incentivar y premiar para que sean referentes para el resto de la industria, aquellos que en diferentes categorías abordan el tema de la seguridad de los trabajadores de la mejor forma posible”. Agregó que “es un honor ser quien determina, premia, señala y magnifica el impacto que tiene para aquellos que reciben este premio, tanto para su sector como para la industria en general”.

La gestión de Caserones se sustenta en el modelo de seguridad de Lundin Mining, que integra tres pilares fundamentales: la gestión de riesgos fatales, para asegurar la implementación de controles críticos; el liderazgo visible en terreno, que promueve una participación activa y cercana de los líderes; y el aprendizaje organizacional, orientado a compartir experiencias e incorporar mejoras de manera continua.

Este enfoque reconoce que la seguridad se construye diariamente y requiere la participación de toda la organización. Más allá del cumplimiento de estándares y procedimientos, implica mantener conversaciones abiertas, anticiparse a los riesgos y actuar con responsabilidad frente a cada tarea.

La distinción de Sernageomin se suma a al reconocimiento que entregó Coresemin Atacama a Caserones en 2025 como la “Empresa con Mejor Gestión de Seguridad 2024”, valorando el compromiso transversal de sus equipos y la incorporación sistemática de la prevención en la gestión operacional.

Estos reconocimientos refuerzan el compromiso de Lundin Mining Caserones con una minería segura, responsable y sostenible, y con una cultura en la que cada persona tiene un papel fundamental en el cuidado propio y de quienes la rodean.

Imagen : Manuel Lorca, director nacional (s) de Sernageomin; William Henott; director de Operaciones, y Flavia Rojas, directora de Seguridad y Salud Ocupacional, ambos de Lundin Mining Caserones; Juan Andrés Morel, vicepresidente ejecutivo y COO de Lundin Mining; y diputado Ignacio Urcullú.

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Durante la Cumbre de la Minería 2026 de SONAMI, que contó con la participación del Presidente de la República, José Antonio Kast, el biministro destacó medidas para simplificar permisos, impulsar la exploración y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

“Si no descubrimos nuevas reservas, la producción futura se ahogará”, advirtió el secretario de Estado e hizo una invitación al sector a “arriesgar, explorar y producir con la certeza de que este Gobierno estará a su lado desatando el potencial de nuestra minería”.

Acelerar la inversión, recuperar la exploración y aumentar la producción minera son los principales objetivos de la agenda que impulsa el Gobierno para fortalecer el liderazgo de Chile como potencia minera. Así lo planteó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante la inauguración de la Cumbre de la Minería 2026 de SONAMI, encuentro que contó con la participación del Presidente de la República, José Antonio Kast.

Ante representantes de la pequeña, mediana y gran minería, ejecutivos, autoridades y delegaciones internacionales, Mas señaló que el sector enfrenta enormes desafíos: “Nuestros yacimientos envejecen y sus leyes caen. Si no descubrimos nuevas reservas, la producción futura se ahogará”, dijo.

En este contexto, hizo una invitación al sector minero a “arriesgar, explorar y producir con la certeza de que este Gobierno estará a su lado desatando el potencial inagotable de nuestra minería”.

Mas afirmó que “tenemos todo para llegar a un nuevo récord de producción en este ciclo favorable para el cobre, y por eso queremos normas y un Estado que se haga cargo de la recuperación del ecosistema minero, que es un imperativo estratégico para el desarrollo económico de todo Chile”.

Medidas para impulsar la minería

Entre las medidas que lleva adelante el Ministerio de Minería para reducir trabas, entregar mayor certeza y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos mineros, mencionó la modificación del Reglamento de Seguridad Minera, que permitirá pasar de 55 autorizaciones a 13 permisos y 18 técnicas habilitantes, junto con ajustes al Reglamento de Cierre de Faenas, en el marco de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Estas medidas apuntan a reducir los tiempos de tramitación de proyectos entre 30% y 70%.

Asimismo, resaltó que la cartera trabaja junto al Ministerio del Medio Ambiente para modificar los umbrales de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para proyectos de extracción desde 5.000 a 40.000 toneladas, y para exploración desde 40 a 160 plataformas.

A lo anterior se suma la reforma al amparo minero, que busca eliminar la patente progresiva, simplificar los pagos y ampliar las causales de patente rebajada para aliviar la carga de los pequeños y medianos mineros e incentivar la exploración.

La autoridad destacó el papel de los pequeños y medianos productores en la apertura de nuevas fronteras geológicas y el desarrollo de nuevos yacimientos, junto con el aporte de la gran minería a la inversión y a los encadenamientos productivos regionales.

Mas abordó además el impulso a una mayor participación privada en el desarrollo del litio, mediante el perfeccionamiento de contratos y una regulación que facilite el desarrollo de depósitos.

Más empleo y mayor desarrollo para las regiones

El biministro sostuvo que el objetivo final de la agenda no se limita a incrementar las cifras de inversión o producción, sino a que el crecimiento de la minería se traduzca en empleo formal, mejores oportunidades y mayor desarrollo en las regiones.

Por ello, reiteró el llamado al sector a aprovechar las condiciones favorables del ciclo del cobre, recuperar la exploración y avanzar en nuevos proyectos que permitan ampliar la capacidad productiva del país.

“Queremos más exploración. Queremos más explotación. ¿Por qué? Porque no nos conformamos con administrar el estancamiento ni con crecer al 2%. Queremos más exploración y más explotación porque hay miles de familias chilenas que necesitan un trabajo formal, digno y estable”, afirmó Mas.

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Con una inversión estimada en US$ 70 millones, Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) con Quiborax permitirá el desarrollo de un proyecto pionero para producir hasta 20 mil toneladas de carbonato de litio a partir de la recuperación de residuos mineros bajo un modelo de economía circular.

“Necesitamos que los particulares tengan un marco normativo que dé garantías para que haya un interés por desarrollar esta industria” declaró el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante la suscripción del contrato en instalaciones de planta El Águila.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, firmó esta mañana en la Región de Arica y Parinacota, el primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que el Estado suscribe exclusivamente con privados. El convenio faculta a Quiborax S.A., para desarrollar un innovador proyecto de procesamiento y beneficio de litio que incorpora criterios de economía circular, a partir de la valorización y recuperación de mineral contenido en ripios históricos depositados en planta El Águila, donde la compañía procesa ulexita extraída del Salar de Surire.

La ceremonia, que habilitó el primer CEOL otorgado bajo la actual administración, contó con la presencia del delegado presidencial de Arica y Parinacota, Cristián Sayes; el delegado presidencial de Parinacota; Sebastián Huerta; el gobernador regional, Diego Paco Mamani; y el gerente general de Quiborax, Allan Fosk.

“Desde el gobierno hemos estado analizando diferentes alternativas para dinamizar el desarrollo de la industria del litio y atraer inversión privada para explorar y explotar este recurso clave para la transición energética, en beneficio de todos los chilenos. El gobierno del Presidente Kast en este asunto tiene una visión clara: Chile tiene que prepararse para aprovechar el siguiente ciclo del litio, porque el anterior no se aprovechó”, afirmó el biministro Mas al momento de la suscripción del acuerdo.

Y agregó que “las oportunidades no se traducen automáticas en progreso sin una institucionalidad sólida y predecible que entregue certezas jurídicas a los inversionistas. Necesitamos que los particulares tengan un marco normativo que dé garantías para que haya un interés por desarrollar esta industria”.

Asimismo, el secretario de Estado destacó que con foco en reforzar la certeza jurídica y los alcances de la extracción y comercialización a inversionistas que quieren impulsar proyectos de litio, el ministerio trabaja una agenda para agilizar el desarrollo de la industria. “Creemos que hay poca inversión, que ha sido engorroso el proceso y lo que diagnosticamos es que faltan certezas, por eso estamos trabajando con titulares de los CEOLes representados por Contraloría para que puedan corregirse y llegar a puerto. Lo que queremos es que se explote la mayor cantidad de salares posibles para que generen empleo y mejoren las condiciones de vida, precisamente a los chilenos”, subrayó el titular de la cartera.

Alcances del primer CEOL con privados

La firma del CEOL con Quiborax, una de las mayores productoras de ácido bórico del mundo, marca uno de los primeros avances regulatorios orientados a extraer litio desde pasivos industriales, ampliando la diversificación productiva más allá de la explotación convencional de salares a la recuperación de recursos desde fuentes secundarias y modelos de economía circular. De esta manera, permitió visibilizar el trabajo conjunto entre el Estado de Chile y la empresa privada en la promoción de iniciativas que integran criterios de sostenibilidad, innovación, eficiencia en el uso de los recursos y relacionamiento responsable con el territorio.

El contrato se extenderá hasta que se procese y comercialice un volumen cercano a 20.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), o hasta el 31 de diciembre de 2046, dependiendo de cuál condición ocurra primero. Asimismo, durante la etapa inicial, Quiborax deberá determinar reservas efectivas, factibilidad económica y técnica, además de gestionar permisos ambientales y sectoriales. El CEOL habilita exclusivamente el procesamiento de litio existente en pasivos históricos de la empresa y no contempla exploración ni explotación de litio en salares. Igualmente, excluye futuros descartes mineros generados tras el inicio del contrato y apertura de nuevas faenas extractivas.

Posterior a la suscripción del CEOL, el proyecto podrá entrar en fase de ingeniería, evaluación ambiental y construcción, en un plazo de cinco años, lo que implicaría un aumento de más del 20% de la dotación de mano de obra de Quiborax y una inversión estimada en US$ 70 millones.

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