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Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

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El Primer Tribunal Ambiental acogió una reclamación del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida contra el SEA por un proyecto aprobado de BHP de US$ 2.351 millones. Acusan que la iniciativa no se ajustó a las legalidades «destinadas a velar por la protección de la salud de las personas».


Hay un conflicto interno en Escondida. En marzo de 2025, la minera Escondida de BHP, el yacimiento que más produce cobre del mundo, ingresó un proyecto a evaluación ambiental por US$ 2.351 millones para hacer adecuaciones en la respectiva faena.

La iniciativa, que fue aprobada a fines de septiembre del mismo año y recibió su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a mediados de octubre, tiene el objetivo de mantener los niveles aprobados de producción de la mina.

El Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida, que reúne a más de 2.300 trabajadores según su sitio web, interpuso por este proyecto un reclamo contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el que está a cargo del director ejecutivo Arturo Farías. Los trabajadores piden que tanto la RCA de la iniciativa junto a un recurso administrativo que ingresaron ante el SEA contra el mismo proyecto, y que fue rechazado, sean anulados.

El nombre del proyecto en cuestión es “Modificaciones Operacionales en Planta Concentradora Laguna Seca y Nueva Línea Eléctrica Asociada, al Interior de Minera Escondida”. Su objetivo es la implementación de adecuaciones de diseño e ingeniería en la planta Concentradora Laguna Seca, a través de nueva infraestructura vinculada a procesos de molienda, chancado y flotación de gruesos y finos.

“No fue legalmente tramitado”

Los trabajadores alegan contra la resolución aprobada que no fueron considerados “debidamente” en el proceso de participación ciudadana. El escrito, presentado ante el Primer Tribunal Ambiental el 12 de junio y acogido este miércoles, reclama que el proyecto debió ingresar como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y no como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Las DIA son presentadas cuando no existen ciertos impactos. Algunos de estos efectos dicen relación con recursos naturales; reasentamiento de comunidades humanas; cercanía a poblaciones, recursos y áreas protegidas; y riesgo para la salud de la población, a causa de la cantidad de efluentes, emisiones y residuos. La totalidad de esta lista se encuentra en el artículo 11 de la Ley 19.300.

“La evaluación ambiental del proyecto no fue legalmente tramitado, no se aplicaron las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes destinadas a velar por la protección de la salud de las personas por los impactos ambientales y concretamente no se dio respuesta fundada a las observaciones formuladas como se ha hecho ver”, afirma el escrito.

En el documento se agrega que “en la evaluación ambiental no se presentaron los antecedentes necesarios para establecer evidencia suficiente y razonable para justificar que el proyecto descarte la generación de efectos, características y circunstancias del artículo 11 literal a) de la Ley 19.300 y del artículo 5° literal a) del DS 40, todo ello bajo el predicamento que simplemente no había receptores humanos de interés”.

El sindicato ya había reclamado esto anteriormente. El 14 de noviembre del año pasado, el sindicato presentó una reclamación administrativa ante el director ejecutivo del SEA, que en ese momento era Valentina Durán. El sucesor al cargo, el actual director, Arturo Farías, rechazó el reclamo el 28 de abril de este año.

En esa decisión el SEA argumentó que “no resulta procedente exigir el cumplimiento de normas primarias de calidad ambiental en los pabellones, áreas de descanso y recreación evaluados en el presente Proyecto, toda vez que dicha normativa está diseñada para la protección de la población general expuesta en condiciones permanentes, y no para el entorno ocupacional”. Y que “las observaciones ciudadanas relacionadas a este punto fueron debidamente consideradas”.

BHP: “Fue evaluado conforme a la normativa”

Desde la gigante BHP, vía comunicado, defienden que el proyecto se evaluó bajo la normativa ambiental vigente, “a través de un proceso técnico y reglado liderado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en el que se analizaron sus características y potenciales efectos”.

“Dicho proceso concluyó con una recomendación favorable del SEA y su posterior aprobación unánime por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Antofagasta. Confiamos en que las instituciones pertinentes ponderarán debidamente los antecedentes técnicos expuestos durante el proceso de evaluación y que tuvieron como resultado la aprobación del proyecto”, señaló la minera.

Material particulado

El alegato del sindicato contra el SEA dice que si se mantiene la RCA, “se permitirá el aumento significativo de PM10 en la zona en que se emplazan los campamentos mineros, los que ya se encuentran en una zona excedida de los límites de concentración de este contaminante, sin que se prevea ninguna medida de protección, control o mitigación ambiental que evite poner en riesgo la salud de miles de trabajadoras y trabajadores”.

Con ello, argumentan que el proceso está amparado por el Decreto Supremo 593/1999, y que este no considera ninguna norma de calidad primaria del aire exterior de los campamentos mineros subyacentes al proyecto.

Por ello, acusan que “se trataría de un grupo de personas que quedan huérfanas de normativa ambiental del aire cuando realizan actividades diarias en dichos campamentos. Ellos, renunciando a su libertad personal, deberían permanecer enclaustrados exclusivamente en sus tiempos de descanso al interior de las instalaciones, pese a que ellas también evidencian una contaminación excedida de PM10″.

El sindicato concluye argumentando que con esta situación “los trabajadores que ocupan estos campamentos sería un grupo de seres humanos, que por el sólo hecho de laborar en faenas mineras adyacentes, no tienen derecho a la debida protección ambiental”.

 


Fuente/Pulso/La Tercera
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DÍA DEL MINERO Y LAS MINERAS DE CHILE

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De San Lorenzo a la ley de la República

La celebración tiene raíces profundas. Desde el siglo XVIII, en el territorio que hoy corresponde a la Región de Tarapacá, los mineros conmemoraban la “Fiesta de la Trascendencia a lo Espiritual” de San Lorenzo, patrono de los mineros, cuya festividad católica se celebra el 10 de agosto. La tradición cuenta que San Lorenzo, diácono en la Roma del siglo III, administraba los bienes de la Iglesia y, ante la persecución, ocultó bajo tierra esos tesoros sin revelar su ubicación, incluso bajo tortura. Ese gesto de resguardo y valentía resonó entre los mineros, quienes lo adoptaron como su protector.

Con el auge del salitre, la peregrinación a Tarapacá en esta fecha se volvió una tradición regional que, con el tiempo, trascendió lo religioso para convertirse en símbolo del orgullo por el trabajo bajo tierra. Fue en 2009 cuando el Estado chileno reconoció formalmente esta conmemoración al promulgar la Ley 20.363, que establece el 10 de agosto como el Día Nacional del Minero, cerrando un ciclo de reconocimiento social y legal largamente reclamado por el gremio.

La minería no es solo un sector productivo en Chile; es un motor económico que sustenta empleo, inversión, exportaciones y desarrollo territorial. En un país que ha construido su historia en torno a la extracción de cobre, litio y otros minerales, la minería representa una parte esencial de la identidad nacional y de la capacidad de proyectarse en un mundo que demanda recursos para la transición energética.

Para Chile, este día es una ocasión para evaluar el pasado y trazar el futuro: recordar que la prosperidad no puede lograrse a costa de la vida de quienes la hacen posible, y que la minería debe avanzar hacia operaciones más seguras, eficientes y sostenibles. Es también un momento para reafirmar que la actividad minera es estratégica para el desarrollo sostenible del país, tal como lo establece la Política Nacional Minera 2050.

El “territorio minero” en Chile no se limita a las faenas: incluye campamentos, caminos, plantas, salares, localidades rurales y pueblos indígenas que conviven con la industria. En esas geografías, el Día del Minero se vive con un sentido comunitario muy particular: se honra a quienes se levantan antes del amanecer para bajar a la mina, a quienes operan maquinaria gigante, a quienes diseñan procesos, a quienes cuidan la seguridad, a quienes sostienen la vida familiar en zonas de clima extremo.

Para la gente de estos territorios, la fecha es un reconocimiento a su cotidianidad y a su aporte silencioso. Es también un espacio para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la minería moderna: la necesidad de integrar mejor a las comunidades locales, de respetar los derechos de los pueblos indígenas, de cuidar el agua y el medio ambiente, y de generar empleo de calidad que fije población en las regiones.

Para los mineros y las mineras, este día es un homenaje a su esfuerzo físico y mental, a su capacidad de trabajar en condiciones extremas, a su disciplina y a su compromiso con la seguridad. La minería chilena ha sido testigo de hazañas que han conmovido al mundo, como el rescate de los 33 mineros en 2010, pero también de tragedias que han dejado un dolor profundo en las comunidades. En ese equilibrio entre el riesgo y el logro, el Día del Minero se convierte en un recordatorio de que cada vida cuenta, y que la prevención y la tecnología deben seguir avanzando para proteger a quienes trabajan bajo tierra.

Para la ciudadanía en general, esta efeméride es una oportunidad para tomar conciencia de que gran parte de lo que usamos cada día —desde los cables que llevan electricidad hasta los dispositivos electrónicos y los vehículos eléctricos— tiene su origen en el trabajo minero. Reconocer a los mineros es también reconocer el valor de un trabajo que, aunque muchas veces invisible, sostiene la economía y el bienestar del país.

Al mismo tiempo, el Día del Minero invita a la ciudadanía a participar en el debate sobre cómo queremos que sea la minería del futuro: más limpia, más inclusiva, más integrada a los territorios y más alineada con los desafíos climáticos globales.

El futuro de la minería en Chile está ligado a la capacidad de transformar la actividad en un motor de desarrollo sostenible. Esto implica avanzar en tecnologías que reduzcan el consumo de agua y energía, en procesos que minimicen el impacto ambiental, en relaciones más justas y transparentes con las comunidades, y en cadenas de valor que agreguen más valor dentro del país.

La minería del futuro también debe ser una minería que genere empleo de calidad, que fomente la formación técnica y profesional, y que permita a las regiones mineras desarrollar economías diversificadas y resilientes. En este sentido, el Día del Minero no es solo un homenaje al pasado, sino una invitación a construir un futuro en el que la minería sea un motor de desarrollo sostenible para Chile y para el mundo.

El 10 de agosto, Chile celebra a sus mineros y mineras con un sentimiento de reconocimiento, importancia y relevancia. Es un día para recordar que la minería ha sido, es y puede seguir siendo un motor de desarrollo del país, pero también para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta y el futuro que queremos construir.

En un mundo que demanda minerales para la transición energética, Chile tiene la oportunidad de liderar con ejemplo: mostrando que es posible extraer recursos con responsabilidad, con respeto por las comunidades y con una visión de largo plazo. El Día del Minero es, en ese sentido, un llamado a la acción: a seguir trabajando por una minería más segura, más sostenible y más justa, que honre el sacrificio de quienes han dedicado sus vidas a esta actividad y que asegure un futuro próspero para las generaciones venideras.

 


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Biministro Daniel Mas anuncia simplificación de permisos en minería con foco en agilizar inversiones

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Durante la Cuenta Pública ministerial, autoridad informó que modificación al reglamento de Seguridad Minera ingresó a Contraloría con propuesta de simplificar 55 autorizaciones sectoriales en 13 permisos y 18 técnicas habilitantes alternativas (THA) que operarán como declaraciones juradas.

En Iquique, el secretario de Estado abordó los avances del período y las medidas que implementa el ministerio para consolidar el liderazgo minero del país con reglas claras, procedimientos más eficientes y foco en destrabar y acelerar inversiones sin reducir estándares medioambientales y de seguridad.


Como parte de las medidas definidas por el Ministerio de Minería para avanzar en la modernización regulatoria, simplificar la tramitación de proyectos y agilizar inversiones en el sector, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dio a conocer hoy lunes, el ingreso a la Contraloría General de la República de modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera, adecuándolo a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

Las modificaciones van a permitir simplificar 55 autorizaciones sectoriales en 13 permisos y 18 técnicas habilitantes alternativas (THA), que operarán como declaraciones juradas.

El biministro Mas enfatizó que estas modificaciones, “constituyen un importante avance para la minería en reducción de burocracia para la obtención de permisos, mayor certeza y claridad regulatoria junto con procedimientos más simples y eficientes para el desarrollo de nuevas inversiones, manteniendo plenamente los estándares de seguridad minera y protección ambiental”.

El secretario de Estado agregó que “más inversión y más proyectos en minería es sinónimo de más y mejores empleos, desarrollo regional y mejores condiciones de vida para miles de compatriotas”.

El anuncio fue realizado esta mañana en Iquique, donde el biministro encabezó, junto al subsecretario Álvaro González, su primera Cuenta Pública como máxima autoridad de la cartera, y entregó un balance de su gestión y los principales desafíos institucionales para los próximos años.

La medida es parte de los tres ejes del plan de gobierno para la minería 2026-2030, que presentó el biministro Mas durante el balance institucional: generar mejores condiciones para invertir y entregar mayor certeza jurídica, modernizar la regulación para reducir tiempos de tramitación; y fortalecer la institucionalidad minera para que responda con mayor eficiencia a los desafíos del sector.

Estas prioridades -de acuerdo con lo expuesto por la autoridad- responden al objetivo claro del gobierno del Presidente José Antonio Kast de “consolidar a Chile como una potencia minera a nivel mundial, recuperando la inversión, reactivando el crecimiento económico y la generación de nuevos empleos. En definitiva, mejorar la calidad de vida de los chilenos, sobre todo en nuestras regiones”, subrayó.

Adicionalmente, el secretario de Estado destacó que -fruto de un trabajo conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente- se han propuesto modificaciones al Reglamento de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente con el objetivo de modernizar la regulación de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y facilitar el desarrollo de proyectos mineros.

En este marco, el pasado 31 de julio se publicó el proyecto de modificación a este reglamento y se abrió un espacio de consulta pública, que cierra el próximo 11 de septiembre, previo a su ingreso a Contraloría para la toma de razón.

Plan “Minería en Marcha”

El biministro abrió la Cuenta Pública 2026 del Ministerio de Minería, informando sobre el lanzamiento del plan “Minería en Marcha”, una iniciativa de coordinación público-privada entre el Estado, la industria minera y los gobiernos regionales, dirigida a entregar medidas y acciones de apoyo a la pequeña y mediana minería afectada por el sistema frontal que golpeó con especial fuerza a las regiones de Coquimbo y Atacama.

“El plan ‘Minería en Marcha’ contempla tres ejes de trabajo muy concretos: en primer lugar, el acceso a las faenas mineras y la habilitación de los caminos; en segundo lugar, la correspondiente inspección de la seguridad de las faenas afectadas; y en tercer lugar, la reactivación de la operación. Estamos liderando este esfuerzo y trabajando en conjunto con Sernageomin, ENAMI, Banco Estado, Corfo, las Delegaciones Presidenciales, los Gobiernos Regionales, el Ministerio de Obras Públicas y los mineros, todos con un gran objetivo: que las faenas vuelvan a operar lo antes posible”, subrayó la autoridad.

Primeros 120 días de gobierno

Entre los logros alcanzados, el secretario de Estado destacó la rápida tramitación en el Congreso que ha tenido el primer proyecto de ley minero presentado por el gobierno para simplificar el régimen de patentes mineras, la reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina, y el nuevo ciclo de proyectos mineros que ha despertado la confianza de los inversionistas a partir del 11 de marzo.

Sobre este último punto, el biministro Mas subrayó que “un hito del periodo son los 15 proyectos mineros por un total de US$ 24 mil millones ingresados a tramitación ambiental al SEIA. Esta cifra constituye un récord desde que el SEIA tiene registro”.

Asimismo, destacó que los principales avances de estos primeros meses de gobierno, “demuestran que nuestro plan 2026 – 2030 para el sector ya se está traduciendo en acciones concretas con el propósito de generar las condiciones para que el sector minero desate todo su potencial”, afirmó el biministro Mas.

Próximos desafíos sectoriales

La Cuenta Pública 2026 del ministerio concluyó con la exposición de las prioridades para el segundo semestre de 2026 y año 2027 presentadas por el subsecretario de Minería, Álvaro González, entre las que abordó la pronta aprobación del proyecto de ley de simplificación de patentes mineras, actualmente en segundo trámite legislativo. “Es una prioridad inmediata: impulsaremos su pronta aprobación en el Senado para que la pequeña y mediana minería cuente cuanto antes con un sistema de patentes más simple, que incentive la exploración y la producción”, señaló.

Al finalizar el balance, el subsecretario llamó a todos los actores de la industria a trabajar de manera colaborativa. “Esta agenda no la ejecuta solo el ministerio. Necesitamos de todos. A las compañías les digo: inviertan con certidumbre y ambición; a los gremios: participen en soluciones; a las comunidades: acompáñennos en procesos transparentes donde el beneficio sea tangible; a la academia: únanse a nosotros en formación y ciencia aplicada”, concluyó la autoridad.

 


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Biministro Daniel Mas lanza plan ‘Minería en Marcha’ para acelerar recuperación de faenas afectadas por recientes temporales

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El Ministerio de Minería, Sernageomin, ENAMI y BancoEstado desplegarán apoyo técnico, equipos, monitoreo especializado e instrumentos de financiamiento para facilitar el retorno seguro y lo más rápido posible a las operaciones.

 

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, presentó el plan ‘Minería en Marcha’, una iniciativa destinada a acelerar la recuperación de la pequeña y mediana minería afectada por el reciente sistema frontal, mediante una coordinación público-privada entre el Estado, la industria minera, la banca y los gobiernos regionales.

El plan contempla tres ejes de acción con foco en las regiones de Coquimbo y Atacama: habilitar el acceso a faenas, seguridad y reactivación operacional, e incluye apoyo técnico, monitoreo especializado e instrumentos de financiamiento para facilitar el retorno seguro a las operaciones.

Los recursos serán gestionados y puestos a disposición por el Ministerio de Minería, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), ENAMI y BancoEstado, incluyendo además el programa equipos y maquinaria facilitados por 23 compañías de la gran y mediana minería.

El anuncio se realizó durante un encuentro con asociaciones de pequeños mineros en la Región de Coquimbo, donde junto al biministro Mas participaron también el subsecretario de Minería Álvaro González; el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Juan Carlos Sáez; el director nacional (S) de Sernageomin, Mauricio Lora; y el gerente del área MiPyme de BancoEstado, Emilio Vélez.

Durante el encuentro, se dio a conocer el detalle de las medidas de apoyo a los pequeños y medianos productores, y se abordaron las principales necesidades del sector.

El biministro Daniel Mas destacó que “la minería representa empleo, desarrollo y oportunidades para miles de familias, especialmente en las regiones del norte afectadas por los recientes temporales. Por eso estamos implementando con sentido de urgencia este plan de reactivación de la pequeña y mediana minería, que coordina las capacidades del Estado, la industria y los territorios para acelerar la recuperación de las faenas afectadas, resguardar la seguridad de las personas y entregar herramientas concretas para que los productores puedan retomar su actividad lo antes posible”.

El subsecretario de Minería, Álvaro González, explicó que “el Plan Minería en Marcha establece una hoja de ruta clara: recuperar el acceso a las faenas, asegurar un retorno seguro a las operaciones y facilitar la reactivación mediante instrumentos concretos de apoyo”.

El delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, señaló que “este plan representa un paso concreto para apoyar la recuperación de la pequeña minería tras el sistema frontal. Nuestro compromiso es trabajar coordinadamente para que las familias que dependen de esta actividad puedan volver a desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad y en el menor tiempo posible”.

Los tres ejes del plan

El primer eje del plan ´Minería en Marcha´ busca recuperar el acceso a las faenas mediante la habilitación de caminos e infraestructura crítica. Para ello se elaborará un catastro de faenas afectadas, se priorizará la recuperación de accesos, se articulará el apoyo de la iniciativa Mineras por Chile, que dispone de 974 recursos entre maquinaria, equipos y profesionales facilitados por compañías mineras para la emergencia, y se coordinará el trabajo con el Ministerio de Obras Públicas.

Asimismo, ENAMI y BancoEstado pondrán a disposición instrumentos especiales para apoyar la rehabilitación de caminos, facilitar el acceso a las faenas y respaldar la continuidad operacional de los productores afectados.

El segundo eje busca garantizar un retorno seguro a las operaciones. Para ello, el Ministerio de Minería coordinará el despliegue de profesionales de ENAMI y Sernageomin para apoyar la evaluación de riesgos asociados a la emergencia.

Mientras Sernageomin reforzará los catastros, las inspecciones técnicas, el monitoreo mediante imágenes satelitales y radar SAR, además del uso del Visor Público de Remociones en Masa, ENAMI dispondrá del programa Apoyo a la Producción Segura (APS) para financiar acciones destinadas a restablecer condiciones seguras de operación.

El tercer eje está orientado a acelerar la reactivación operacional de las faenas mediante el fortalecimiento de los instrumentos de apoyo de ENAMI y BancoEstado, el análisis de reasignaciones presupuestarias para fortalecer los programas de fomento del Ministerio de Minería y el trabajo conjunto con los gobiernos regionales para impulsar programas especiales de reactivación minera.

El Ministerio de Minería continuará desplegando este plan en coordinación con los servicios públicos, la industria minera y las asociaciones gremiales para apoyar una recuperación segura, gradual y oportuna de la pequeña y mediana minería en las regiones afectadas.

 

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SMA investiga deslizamiento de material en Los Pelambres y AMSA descarta impacto en operaciones

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«La información que entregan las dos estaciones de monitoreo del estero, que se encuentran en línea con la Dirección General de Aguas (DGA), muestran que este vertimiento controlado prácticamente no generó cambios en la calidad ni cantidad de sus aguas”, sostuvo la minera.


La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) comenzó una investigación para recabar antecedentes acerca de contingencias ocurridas en la minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del grupo Luksic.

La compañía comenzó la operación de su sistema interno de evacuación de aguas desde una de las piscinas colectoras de drenajes, las que se deslizaron al Estero Pupío, “indicando como causa un deslizamiento de material desde las laderas de los cerros aledaños producto del sistema frontal”, planteó la superintendencia.

Al respecto, la minera dijo que “en el caso puntual del tranque El Mauro, las inspecciones realizadas tanto por la compañía como por el experto independiente, confirman que se encuentra estable y de acuerdo con sus parámetros de diseño y seguridad, sin presentar riesgos para las personas ni para el entorno”.

Añadió que “durante este evento climático se activó temporalmente el sistema de evacuación controlada de dos piscinas ubicadas aguas abajo del muro, las que son parte de su sistema de manejo de agua, incluyendo las precipitaciones que caigan en el sector”.

El sistema frontal, que ha afectado a diferentes regiones del país y especialmente en las zonas cordilleranas y precordilleranas, sorprendió a la empresa tras una acumulación promedio de 350 milímetros de agua en el valle del Choapa y 413 milímetros en Caimanes en comuna de Los Vilos, donde se ubican operaciones de la mina.

“Como parte de esta evacuación controlada, una parte del agua de las piscinas se condujo al estero Pupío, cuyo caudal se ha incrementado considerablemente en los últimos días debido a las lluvias. La información que entregan las dos estaciones de monitoreo del estero, que se encuentran en línea con la Dirección General de Aguas (DGA), muestran que este vertimiento controlado prácticamente no generó cambios en la calidad ni cantidad de sus aguas”, sostuvo un comunicado de AMSA.

La SMA está en coordinaciones con el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la DGA, mientras la firma está en diálogo con las autoridades y comunidades del territorio.

 

Fuente/Pulso/La Tercera
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Solenor comienza a operar nueva planta de residuos mineros

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Con una inversión de $4.000 millones, el complejo puede procesar hasta cuatro toneladas de residuos por hora, reduciendo la peligrosidad del arsénico  y recuperando metales de alto valor comercial.


Solenor anunció la apertura oficial de la primera planta privada de lixiviación de cenizas de fundición. En términos sencillos, el proyecto promete reducir la peligrosidad de los residuos provenientes de la pequeña, mediana y gran minería a su mínima expresión y recuperar metales que destacan por su valor comercial, como cobre, plomo, zinc y níquel,

Con esta apertura, la empresa busca posicionarse como una pieza clave en la fase más delicada de la cadena productiva, que es precisamente el tratamiento de residuos sólidos industriales peligrosos, como lo son los polvos con altas concentraciones de arsénico para la industria minera.

Según explica Sebastián Pérez,  gerente general de Solenor, la única instalación con capacidades similares es la estatal EcoMetales, filial de Codelco en Antofagasta: “este complejo dota a Atacama de una alternativa que evita el traslado de carga peligrosa hacia otras zonas del país, disminuyendo de forma drástica los riesgos logísticos de la actividad minera”.

De la disposición a la neutralización definitiva

En la actualidad, la disposición final es la solución más común, y consiste en confinar los residuos en infraestructuras autorizadas denominadas “celdas de seguridad”, que si bien evitan su dispersión inmediata, no suprimen la peligrosidad química a largo plazo. De ahí que requieran supervisión exhaustiva y constante.

En contraste, la apuesta de Solenor es la inertización por vía húmeda, un proceso que transforma el arsénico presente en cenizas de fundición en un compuesto insoluble y químicamente estable.

En el ámbito regulatorio, obtener el permiso específico de funcionamiento y operación sanitaria se tradujo en una tramitación que se extendió por casi cuatro años. Desde la compañía señalaron que el proceso finalizó formalmente este año, cuando la propia Seremi de Salud de Atacama autorizó su apertura.

Frente a este riguroso proceso, Pérez valoró el trabajo realizado por la autoridad ministerial: «esta resolución confirma que el proyecto cumple estrictamente con la normativa vigente, asegurando que el buen funcionamiento de este proyecto va de la mano con el respeto irrestricto al bienestar de la comunidad, el entorno regional y la seguridad de nuestros equipos de trabajo». La gestión de los pasivos ambientales ha sido uno de los principales desafíos que ha enfrentado la Gran Minería. Un estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) advierte que el norte de Chile concentra el 82% de los depósitos de relaves del país. Aunque la mayor parte corresponde a roca estéril, existe un 1% compuesto por metales pesados altamente complejos, llamados Compuestos de Connotación Ambiental (CCA), como el arsénico, el plomo y el mercurio. Sin una intervención técnica preventiva, estos componentes constituyen un peligro toxicológico debido al riesgo de dispersión hacia los recursos hídricos y ecosistemas colindantes.

 

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