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Según la última medición del estudio Ómnibus de Cadem, 70% promedio de las personas informadas sobre el acuerdo lo evalúa positivamente durante los últimos tres meses, destacando su potencial económico y estratégico para el país.

El acuerdo para la producción de litio en el Salar de Atacama continúa generando apoyo transversal. Según la última medición del estudio Ómnibus de Cadem (junio 2025), 67% de quienes están informados sobre el acuerdo considera que éste es positivo para Chile, principalmente por su impacto en la economía, la creación de empleos y la consolidación de una posición de liderazgo global.

Las razones más mencionadas por las personas encuestadas incluyen la capacidad del acuerdo para reactivar o mejorar la economía (45%), generar nuevas oportunidades laborales (28%) y facilitar la explotación sustentable de un recurso estratégico como el litio (17%).

Además, 55% de la ciudadanía considera que el próximo gobierno debería concretar este acuerdo para asegurar el liderazgo de Chile en el mercado mundial del litio, frente a 36% que prefiere su reevaluación.

“Este acuerdo marca un antes y un después para Chile. Por primera vez, una empresa estatal, a través de una potente asociación público-privada liderará la producción de litio en el Salar de Atacama, con el expertise privado acumulado durante 30 años, una gobernanza pública robusta, con criterios de sostenibilidad y un modelo que asegura que el valor de este recurso estratégico se quede en el país. Estamos muy orgullosos de este paso histórico y, también, profundamente felices de que los chilenos y las chilenas lo reconozcan y lo sientan como un logro propio”, resaltó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

Estos resultados refuerzan el respaldo ciudadano a una alianza que representa no sólo una decisión empresarial, sino una apuesta por el desarrollo sostenible, la soberanía sobre los recursos naturales y el bienestar de las futuras generaciones. Chile no puede seguir esperando: la ventana de oportunidad del litio es ahora para transformarnos en líderes en la producción de los minerales críticos de la transición energética global.

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El Tribunal Constitucional rechazó la contienda de competencia presentada por el Comité de Ministros contra el Primer Tribunal Ambiental, validando la actuación de este último en el caso del proyecto Dominga. Fallo fue por cuatro votos a uno.

El Tribunal Constitucional rechazó la contienda de competencia impulsada por el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental a raíz del proyecto minero-portuario Dominga.

El Tribunal Constitucional rechazó el reclamo del Comité de Ministros que preside la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas y que integran los ministros de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería.

El TC concluyó que no hubo una invasión de competencias, ya que el tribunal ambiental actuó dentro del marco de la ley al asegurar el cumplimiento de una sentencia definitiva. Explicó que no se trataba de una interferencia ilegítima ni de una sustitución del criterio del Comité, sino de una medida necesaria para hacer cumplir lo que ya había sido decidido judicialmente.

“Las consideraciones anteriores nos llevan a concluir que ante nosotros no se ha presentado una verdadera contienda de jurisdicción de carácter positivo o negativo, ni constitutiva de una invasión o interferencia de funciones, que este Tribunal Constitucional deba dirimir, sino que el problema planteado dice relación con cuestiones de legalidad interna del proceso judicial, que cabe resolver en la sede ordinaria, por los mecanismos procesales habilitantes para ello y, adicionalmente, ya utilizados por el reclamante”, dice el dictamen.

El fallo se adoptó por una mayoría de cuatro votos contra uno. La presidenta del TC, Nancy Yáñez, nombrada bajo la actual administración, estuvo por acoger el requerimiento.

El conflicto surgió a raíz del proyecto minero-portuario Dominga, presentado por la empresa Andes Iron hace más de una década. Ubicado en la Región de Coquimbo, la iniciativa consiste en la extracción de concentrados de hierro y cobre, la construcción de un puerto para embarcar la producción y la posterior exportación, y considera una inversión de US$2.300 millones.

Fue sometido desde 2013 a evaluación ambiental, lo que generó múltiples reclamaciones por parte de ciudadanos y organismos. Luego de una serie de decisiones administrativas, anulación de resoluciones y revisiones judiciales, el Primer Tribunal Ambiental dictó una sentencia el 9 de diciembre de 2024, ordenando al Comité de Ministros que emitiera una nueva resolución sobre las reclamaciones ciudadanas, pero cumpliendo ciertos criterios y en un plazo determinado.

El Comité de Ministros, en enero de 2025, dictó una nueva resolución rechazando el proyecto, pero basándose también en dos nuevas razones que no habían sido parte del juicio anterior: observaciones de Conaf sobre biodiversidad y deficiencias en el plan de contingencias. El Tribunal Ambiental consideró que esas nuevas razones excedían lo ordenado en su sentencia anterior, por lo que el 17 de febrero de 2025 anuló parcialmente la nueva resolución del Comité y ordenó al Comité de Ministros emitir otra ajustada estrictamente a lo fallado.

Ante esto, el Comité de Ministros reclamó ante el Tribunal Constitucional, acusando al tribunal ambiental de haberse entrometido en facultades exclusivas del Comité, que tiene decisiones discrecionales sobre los impactos ambientales de los proyectos. Sostuvo que el tribunal no podía decirle cómo resolver, ni mucho menos imponer criterios. Ese fue el origen de la contienda de competencia que el Comité presentó y que finalmente el Tribunal Constitucional rechazó, validando la actuación del tribunal ambiental.

La causa permanecía en acuerdo desde el día 30 de mayo. Los abogados que litigaron por las partes fueron Yordana Mehsen por el Tribunal Ambiental de Antofagasta y Gonzalo García, ex integrante del TC, por el Comitè de Ministros.

Contradictorio

El Tribunal Constitucional en su sentencia advirtió una contradicción en la forma en que actuó el Comité de Ministros. Por un lado, acusó al Primer Tribunal Ambiental de haberse entrometido en sus competencias al dictar una resolución sobre el proyecto Dominga, pero, al mismo tiempo, el propio Comité presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones por esa misma resolución, pidiendo que fuera revocada con los mismos argumentos que luego usó en el reclamo constitucional.

El fallo subrayó que se produce una contradicción insalvable, porque no se trata solo de que existan recursos ordinarios en abstracto, sino de que el propio Comité utilice el recurso ordinario disponible, en vez de alzarse simplemente contra la competencia y, todavía, que en la apelación plantee los mismos puntos argumentales con los que luego quiere construir el asunto de competencia.

Es esa misma parte la que, afirma el fallo, ha reconocido y otorgado competencia a la Corte de Apelaciones para decidir esos precisos puntos. Y por ello advierte que, si se acogiera el reclamo, se configuraría una situación doblemente insostenible, ya que esa misma parte que pidió a la Corte revisar la resolución, lograría que se anule por falta de competencia del tribunal que la dictó.

“Se produce una contradicción insalvable, porque no se trata de que la existencia en abstracto de recursos ordinarios contra una resolución impida reclamar la incompetencia del tribunal que la dicta, razonamiento que quiere llevar el asunto al extremo de sostener que entonces contra un tribunal inferior jamás podría deducirse contienda, ya que sus resoluciones en general serán reclamables por vía de apelación, casación o ambas”, consignó el laudo.

“De otro lado, al actuar así inevitablemente estaríamos fallando la excepción de pago, aunque fuera indirectamente, porque no se comprende qué otro resultado puede tener dicha excepción, o cómo pueda resolverse nuevamente siquiera, si aquello que motivó su parcial rechazo fuera removido, por estimarse incompetente al Tribunal para pronunciarse del modo en que lo hizo”, concluyó.

El fallo tiene 68 páginas, y 16 de ellas corresponden al voto en contra de la ministra Nancy Yáñez.

Fuente/Pulso/LaTercera
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Uno de los datos destacados en la presentación del estudio, que contó con la participación de ACADES y la CChC, es que al 2034, el agua de mar abastecerá el 66% de la demanda hídrica de la minería del cobre.

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) presentó hoy la actualización de su estudio “Proyección de Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2024-2034”, el cual revela un importante avance de la industria minera hacia un uso más sostenible del agua, priorizando fuentes no convencionales como el agua de mar por sobre el agua fresca.

De acuerdo con el informe, la demanda total de agua de la minería del cobre alcanzará los 22,1 metros cúbicos por segundo (m³/s) en 2034, con un crecimiento promedio anual de 1,5%. Sin embargo, la gran transformación vendrá de la mano de la reducción del consumo de agua continental, que disminuirá un 36,7% respecto a 2023, y del notable aumento de uso de agua de mar, que se incrementará en un 113,2% para 2034, alcanzando los 14,5 m³/s.

La cifra refleja que al 2034, el agua de mar abastecerá el 66% de la demanda hídrica de la minería del cobre. Este cambio responde a la transición de la industria hacia minerales de sulfuros, que requieren procesos de flotación más intensivos en agua, así como a la caída en las leyes del mineral, que obliga a procesar mayores volúmenes para obtener cobre fino.

El informe también devela que para la próxima década el consumo de agua continental en la región de Tarapacá disminuya un 57%, en Antofagasta disminuya en un 25%, en Coquimbo un 80%, Valparaíso un 40%, la Metropolitana un 100% y O´Higgins en un 18%, respecto del consumo del 2023.

Además, el estudio detalla que el 58,7% del agua requerida provendrá de proyectos en operación, un 14,7% de iniciativas en ejecución, 20,1% de proyectos en fase de factibilidad y 6,5% de aquellos en etapa de prefactibilidad.

Cabe recordar que según el catastro de ACADES, hoy existen en Chile 24 plantas desaladoras de agua de mar de tamaño industrial, con una capacidad superior de producción de agua más de 20 litros por segundo, que, en total, suman una capacidad instalada de 10,5 metros cúbicos por segundo (m3/s), de los cuales aproximadamente el 85% pertenecen a la industria minera. Asimismo, de acuerdo a ACADES y CBC, hay 41 proyectos con una inversión de USD 22.159 MM, y la utilización y transporte de más de 45 metros cúbicos por segundo (m3/s). La minería seguirá siendo la gran protagonista de este tipo de desarrollos, pero este gremio espera que en los próximos años tomen más relevancia las plantas multipropósito y las desaladoras promovidas por el Estado, en beneficio de los grandes consumidores como el sector agrario. 

“Las empresas mineras están realizando una contribución significativa a la sostenibilidad hídrica del país mediante una creciente inversión para el desarrollo de plantas desaladoras y de uso del agua de mar. Es importante seguir avanzando hacia una minería que optimice sus procesos y que se comprometa activamente con la eficiencia en el uso del agua. La colaboración entre distintas operaciones mineras y otros sectores productivos para el desarrollo de obras hídricas puede mejorar la eficiencia, reducir costos y minimizar impactos en los ecosistemas”, señaló la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez.

«Estas proyecciones confirman que Chile está avanzando con decisión hacia la seguridad hídrica, usando el agua de mar, reutilizando y reduciendo la presión sobre las fuentes continentales. Como ACADES, valoramos esta transición, impulsada por el desarrollo de plantas desaladoras, proyectos de impulsión de agua de mar y reúso de aguas y por ello, se hace más necesario que nunca fortalecer la inversión en infraestructura -junto al marco jurídico- que la ampara y simplificar la tramitación de proyectos para garantizar agua y crecimiento para todos los sectores productivos, no solo el minero», afirmó Cristina Pardo de Vera, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES).

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, sostuvo que “en los últimos años, la industria minera ha mostrado un permanente compromiso en materia de sustentabilidad, y en ese sentido, ha realizado grandes esfuerzos por diversificar su matriz hídrica, incorporando agua de mar en sus operaciones y/o reutilizando agua de descarte de los procesos mineros. Sin embargo, el desafío de reducir el uso de agua continental se mantiene latente y, en ese contexto, creemos que es necesario que existan incentivos a la infraestructura multipropósito, además de facilitar la tramitación de proyectos de esta índole y la mejora en la coherencia de las normativas e instituciones vinculadas a esta temática. En este sentido, sería deseable más flexibilidad para el uso de algunas instalaciones hoy dedicadas a proyectos específicos y que podrían entregar propósitos distintos”.

En tanto, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, indicó: “Las cifras que entrega Cochilco a través de este estudio validan el impulso decidido de la gran minería en Chile por una gestión responsable del agua, tanto desde su reutilización y reciclaje como desde la incorporación en sus procesos de agua de mar desalada y sin desalar. No obstante, seguir avanzando en estas materias implica también abordar otros desafíos, especialmente los relacionados al costo de la energía eléctrica necesaria para incrementar el uso de agua de mar en el sector, y sus impactos en la competitividad de la minería chilena”.

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La universidad de Harvard, la Usach y Enel X serán parte fundamental de esta iniciativa que  contribuirá a mejorar la calidad del aire de la ciudad. 

Reemplazar cerca del 70% de los calefactores a leña existentes en la Región Metropolitana es el desafío  que se ha propuesto Anglo American en el marco del Programa de Compensación de Emisiones de su  proyecto Los Bronces Integrado (LBI), a través del cual compensará el 150% de las emisiones de material  particulado que este genere -cifra superior al 120% requerido por la normativa ambiental- y que, junto a  otras iniciativas, generará beneficios estimados en unos US$290 millones al año, como ahorros en salud  pública. 

“Hemos asumido un compromiso inédito en materia de compensación de emisiones, que refleja la manera  en que, en Anglo American, incorporamos la sostenibilidad en el desarrollo de nuestros proyectos como un  eje central. El proyecto Los Bronces Integrado es el fruto de más de diez años de estudios científicos y fue  diseñado priorizando la sostenibilidad por sobre criterios técnico-económicos, evitando impactos en  glaciares, sin utilizar más agua fresca e incorporando importantes medidas en materia de conservación de  flora y fauna”, destacó Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de 

Anglo American. 

Un camino que la compañía minera no recorrerá sola, pues selló una alianza estratégica con Enel X, empresa que cuenta con una vasta experiencia en este tipo de recambios y que estará a cargo del proceso  de implementación. 

“Una de las experiencias más exitosas que nuestra empresa ha llevado a cabo en el último tiempo es el  programa de recambio de estufas a leña por equipos de aire acondicionado. Gracias a ella, hemos  contribuido a disminuir emisiones contaminantes, beneficiando a 28 mil hogares que han logrado aprovechar el uso de energías limpias en sus viviendas. Estamos orgullosos de esta nueva alianza con  Anglo American, que nos permitirá ampliar nuestro alcance y seguir generando un impacto positivo, tanto  en el medio ambiente como en la calidad de vida de las personas”, señaló Karla Zapata, gerenta general  de Enel X. 

Además, se suman dos prestigiosas entidades académicas. Esto, pues Anglo American generó un convenio  de investigación con el laboratorio de Ciencias Ambientales de la Escuela de Salud Pública T.H.Chan de la  Universidad de Harvard -que dirige el Dr. Petros Koutrakis-, institución con la mayor experticia y  reconocimiento internacional en materias ambientales, para llevar a cabo mediciones de calidad del aire  que den cuenta de los cambios positivos esperados en la disminución de contaminantes atmosféricos, tanto  en los hogares intervenidos como a escala regional. Para ello, expertos de dicha institución desarrollarán  un estudio, que considera la disposición de equipos de monitoreo, análisis químicos y procesamiento de  datos antes y después de las reconversiones. A esto se sumará el soporte logístico por parte de la  Universidad de Santiago de Chile (Usach), lo que permitirá dejar capacidades instaladas en el país. 

“Cada vez está más claro que comprender tanto las fuentes como las vías de los contaminantes  atmosféricos es esencial para proteger la salud pública. Las tecnologías y métodos desarrollados en mi  laboratorio pretenden captar el impacto de la exposición humana y la eficacia de las intervenciones. La 

aplicación de nuestra investigación a programas del mundo real -como este- proporcionará la perspectiva  y las herramientas necesarias para establecer y evaluar soluciones”, comentó el Dr. Koutrakis de Harvard. 

En tanto, el rector de la Usach, Dr. Rodrigo Vidal, sostuvo: “Para nuestra Casa de Estudios es un orgullo  ser parte de este acuerdo que reafirma nuestro compromiso con la investigación y la sostenibilidad. Este  proyecto no solo aborda un desafío crítico ambiental como la contaminación y la calidad del aire en  Santiago, sino que también nos posiciona como referentes en la innovación y desarrollo de conocimiento  científico que impacta positivamente en las condiciones de vida de las personas de nuestro país. Además,  refleja la importancia del trabajo colaborativo entre el mundo privado e instituciones internacionales para  impulsar soluciones concretas a los grandes desafíos actuales”. 

Puesta en marcha en terreno 

En un hogar de la comuna de Colina se dio inicio al programa. Aquí se reunieron las distintas entidades  que serán parte de este proceso, con el objetivo de instalar equipos de medición que permitirán, a Harvard  y a la Usach, estudiar la trazabilidad de beneficios en calidad del aire producto del recambio masivo de  calefactores a leña. El compromiso considera más de 57 mil hogares beneficiados, en base a un  cronograma aprobado por la autoridad, en un plazo de siete años. 

El proceso considera el retiro del calefactor a leña del hogar, el cual posteriormente será convertido en  chatarra. En su reemplazo, se instalará -de forma totalmente gratuita- un equipo climatizador no  contaminante. Esta iniciativa busca reducir las emisiones de material particulado respirable, puesto que la  quema de leña es considerada la principal fuente de contaminación en la capital, especialmente durante el  invierno. 

Jorge Cáceres, director del Centro de Medio Ambiente y Energía de SOFOFA, entidad que elaboró la  metodología de compensación de emisiones mediante el recambio de calefactores a leña por sistemas  eléctricos, señaló que “este instrumento de gestión ambiental, actualmente operativo en Santiago y otras  regiones al alero de planes de prevención y de descontaminación atmosférica, se inspira en experiencia  internacional exitosa y es un ejemplo de que es posible armonizar la aprobación de nuevos proyectos de  inversión con una mejora neta en las condiciones ambientales de las zonas en que se emplazan. En este  caso, el proyecto Los Bronces Integrado hará una contribución significativa a la descontaminación de la  Región Metropolitana, con todos los beneficios que ello conlleva”. 

Durante el primer año del programa, el objetivo es reemplazar más de once mil calefactores, concentrándose en las provincias de Chacabuco, Cordillera, Talagante, Melipilla y Maipo. No obstante,  todas las personas que vivan en la Región Metropolitana y tengan una estufa a leña instalada y en uso pueden postular para ser parte de este recambio. Posterior a la postulación, Enel X realizará una revisión  técnica para asegurar la factibilidad de cada vivienda. 

Para garantizar la efectividad de la reducción de emisiones, los calefactores de reemplazo deben cumplir  con dos criterios claves: alta eficiencia energética y una relación costo-efectividad adecuada, por lo que se  optó por equipos eléctricos Split Inverter, que son más eficientes, silenciosos y ahorran energía. 

Otras medidas del Programa de Compensación de Emisiones de LBI 

El recambio de calefactores forma parte de un conjunto más amplio de medidas, que incluye también un  Plan de Manejo para el Santuario de la Naturaleza Los Nogales (SNLN). 

La implementación de este plan, que abarca 11.025 hectáreas, incluye acciones de reforestación y  restauración que brindarán múltiples beneficios a los habitantes de Santiago, como la regulación de la  temperatura, purificación del aire, mitigación de la escorrentía y conservación de la biodiversidad. 

El proyecto Los Bronces Integrado -cuya inversión está estimada en unos US$ 3.300 millones- considera, además, otras acciones en materia de calidad del aire, como la pavimentación de caminos locales en los 

alrededores de la ruta G-21 y ruta de acceso a Los Bronces (G-245), el aspirado de caminos, y el reemplazo  de buses de combustión interna por eléctricos, para el traslado de trabajadores. 

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