El secretario de Estado revela que tras el rechazo al polémico proyecto, varias empresas lo llamaron para apoyarlo. Se define “procrecimiento” y declara que el legado ambiental de Bachelet es “insuperable”.

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El tema Dominga está cerrado”. El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena (42 años, ingeniero civil químico, doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa y posdoctorado del MIT), responde así cuando se le pregunta sobre su evaluación personal del polémico proyecto minero-portuario de US$ 2.500 millones, rechazado en el Comité de Ministros de Medio Ambiente, con Luis Felipe Céspedes, en ese entonces secretario de Economía, que pidió aplazar la decisión. El episodio gatilló la mayor crisis ministerial desde el retorno a la democracia, con la renuncia del gabinete económico en pleno, y evidenció una profunda fractura del Gobierno. Mena dice que no se siente más poderoso tras el episodio. Y aclara que si bien el proyecto Dominga está muerto, puede reformularse y eventualmente aprobarse. Eso sí, moviendo el puerto de su emplazamiento original, aledaño a la Reserva Pingüino Humboldt.

-Debido a Dominga salió todo el equipo económico. ¿Cómo le afectó este hecho?

“La Presidenta siempre tiene la prerrogativa de poder elegir quién es parte de su gabinete. Y hoy el gabinete está completamente alineado en función del objetivo que la Presidenta ha puesto en cada una de las carteras”.

-¿Había una tensión entre Medio Ambiente y el equipo económico, que quería crecimiento?

“Nunca he visto que esa tensión exista. Al contrario, hemos demostrado como país que esa tensión no es necesaria y que actué (en Dominga) basado estrictamente en aspectos técnicos. Yo soy un ministro eminentemente técnico”.

-El anterior titular de Economía, Luis Felipe Céspedes, pidió aplazar el Comité de Ministros donde se definía Dominga para poder leer y evaluar correctamente los informes. ¿No era mejor postergarlo?

“No, porque había 14 informes a la vista, muchos de los cuales eran de los mismos servicios propios que uno tutela. Por ejemplo, el informe de Sernapesca, que depende de Economía y era bastante lapidario, estuvo disponible tres semanas antes de que sesionara el comité de ministros. Por eso la mayoría de los ministros consideró que estaban los antecedentes técnicos para poder votar y votaron en consecuencia”.

-El puerto de Dominga (Totoralillo) es similar al que tiene CAP, Cruz Grande, y este último está más cerca de la reserva Pingüino Humboldt. ¿Por qué se aprobó ese y no el de Dominga?

“Tienes que tener proyectos que tengan línea de base adecuada. Las principales falencias de los proyectos hoy, por ejemplo, de aquellos que han tenido problemas con la Superintendencia de Medio Ambiente, es que no han tenido líneas de base adecuadas y, por lo tanto, si no se sabe qué es lo que hay, qué se puede afectar, difícilmente se puede determinar si las medidas son suficientes para evitar los impactos ambientales. Sernapesca, Conaf, Medio Ambiente, SAG y otros determinaron que no estaba esa información. Bastaba que uno de ellos tuviera esa misma posición, pero fueron varios que sostuvieron que la línea de base era insuficiente”.

-¿Por qué lo era?

“Es un proyecto que en 2016 recién reconoce que tiene un impacto en el medio marino, que después de tres años de trámites, recién incorpora estos aspectos en la evaluación ambiental y eso demuestra que el proyecto tuvo vicios de procedimiento importantes. Además, los servicios se pronunciaron respecto de que el proyecto no se hacía cargo de los aspectos sinérgicos, es decir, que no es Dominga por si solo sino que es Dominga más Cruz Grande”.

-¿Se le penalizó por llegar después que Cruz Grande?

“Es importante ver los aspectos sinérgicos. Cada uno de los proyectos por sí solos puede no tener impacto ambiental, pero la totalidad tiene que evaluarse porque es el efecto acumulativo el que muchas veces causa el impacto”.

-Pero con esa lógica, el primero que llega tiene la ventaja…

“Posiblemente, y por eso es necesario tener planificación territorial, de manera que los proyectos se emplacen donde tengan el mínimo impacto ambiental. Pero, sinceramente, bastaba con la ausencia de la línea de base y la insuficiencia de las medidas de mitigación para lograr el rechazo, pero como me lo pregunta, Cruz Grande más Dominga no eran compatibles por los efectos sinérgicos que se evaluaron”.

“La mayor falencia del proyecto es que no había voluntad de analizar formas de variar la localización del puerto. El proyecto Pelambres inicialmente tenía contemplado su puerto en Pichidangui y se modificó porque era incompatible ese emplazamiento con la vocación turística de la comuna. En este caso, hay que tener en cuenta que hay un estándar y un rigor que se requiere para poder emplazar un puerto que puede causar los efectos que el mismo proyecto declara”.

-Si Dominga cambia el puerto a otro lado, ¿puede ser viable?

“Sí. El proyecto que conocemos como Dominga ha sido rechazado por el Ejecutivo y no tiene más instancias con nosotros. Sin embargo, puede reformularse como otro proyecto y entrar a evaluación ambiental nuevamente. Eso se puede hacer y es importante que se haga, porque sabemos que estos yacimientos van a estar ahí y es necesario que su explotación sea con el mínimo impacto ambiental y un emplazamiento portuario acorde”.

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“Perfectamente, con buena voluntad del titular, el proyecto puede ser más compatible con el medio ambiente y aprobarse en una nueva evaluación”.

-¿Qué alternativas económicas y de empleo puede tener la comuna de La Higuera, que quería el proyecto?

“Hay alternativas. Puede ser un proyecto nuevo que se pueda presentar, pero que sea compatible con el emplazamiento único que estamos hablando (Reserva Pingüino Humboldt) y con la mirada de largo plazo. Este proyecto tenía un horizonte de 30 años y nosotros queremos un desarrollo sustentable para siempre”.

-En Dominga, ¿pesaron razones extraambientales para su rechazo, como la posición controladora de la familia Délano o la cercanía con terrenos de la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon?

“Absolutamente nada. Hay 14 informes independientes, técnicos, que todos los chilenos pueden ver, sobre los cuales se basa el acuerdo del Consejo de Ministros. Es absurdo aducir razones políticas para rechazar Dominga cuando yo soy un ministro técnico. El Comité de Ministros que me ha tocado presidir ha actuado siempre con criterios técnicos, no hemos tenido consideraciones políticas. Y la prueba de eso es que de los fallos del Comité de Ministros que han sido judicializados (van al Tribunal Ambiental) solo una parte muy pequeña se ha perdido en sede judicial”.

El año 2013 este proyecto debió rechazarse por falta de información

-Para los empresarios, el rechazo a Dominga fue un golpe a la confianza porque las autoridades regionales habían recomendado aprobar el proyecto. ¿Cómo recuperar esa confianza?

“Quiero aclarar algo: este proyecto fue rechazado a nivel regional y rechazado a nivel recursivo (en el Comité de Ministros). El informe consolidado de evaluación (donde se recomendaba aprobar el proyecto) ha sido cuestionado por funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo, por lo cual el SEA ha instruido una investigación sumaria, porque se ha dicho que el año 2013 este proyecto debió rechazarse por falta de información y el informe favorable del año 2017 también tuvo cierto nivel de intervención”.

“El proyecto Dominga no fue aprobado en ninguna instancia y rechazado en todas”.

-¿Pero cómo recuperar la confianza del sector privado?

“Hay dos garantías que tiene que dar el Gobierno y que nosotros lo hemos hecho: sesionar y tomar decisiones. Y así lo hemos hecho: nosotros no postergamos HidroAysén tres años como el gobierno anterior, demoramos solo dos meses en resolver, y así muchos casos más”.

“Por último, quiero aclarar que luego del rechazo a Dominga, varios titulares de proyectos mineros me manifestaron en privado que cuando un proyecto es malo, debe ser rechazado, porque los desprestigia como sector”.

“Tras Dominga, hemos aprobado proyectos mineros por más de US$ 9 mil millones, ya sea en el Comité de Ministros o en las RCA (Resolución de Calificación Ambiental)”.

Relleno sanitario en Til Til: “Algunas veces nos toca tomar decisiones que no son aprobadas por la ciudadanía”

-¿Heredaron muchos postergaciones del gobierno anterior?

“Sí. En este Comité de Ministros hemos sesionado más de 30 veces y el gobierno pasado, seis veces. Este Comité de Ministros ha resuelto casos que debieron haberse visto en el gobierno de Sebastián Piñera, como Mediterráneo, Río Cuervo e HidroAysén. Fueron decisiones que se postergaron y que tuvimos que tomar. Vamos a dejar el plato limpio, vamos a dejar muy pocos proyectos por resolver y aquellos proyectos que no resolvamos, será porque están judicializados”.

-Respecto de la planificación territorial, ¿qué hacer con esos lugares donde se emplazan proyectos polémicos, como los rellenos sanitarios?

“Algunas veces nos toca tomar decisiones que no son aprobadas por la ciudadanía. El compromiso del gobierno regional metropolitano es revisar este plan regulador, que permite depositar los residuos solo en las comunas de Til Til y Lampa y no en otros lugares”.

-¿Qué puede esperar Til Til, que está harta de basura?

“Probablemente, una modificación del plan regulador que diga que no se pueden hacer más proyectos nuevos”.

-¿Es partidario de terminar con el Comité de Ministros, dado que existe una instancia posterior como los tribunales ambientales?

“No. Hoy el Comité de Ministros ha tomado decisiones que son fundadas. Paradójicamente, el movimiento ambiental es quien ha querido removerlo y no los grupos productivos. Pero bien aplicado, hemos demostrado que somos una instancia recursiva necesaria para dar garantías de una evaluación ambiental completa”.

-¿Qué hacer para acabar la discrecionalidad en materia ambiental?

“Hacer mejores normas. En la medida que tengamos una legislación técnica más precisa, menor es el arbitrio y menor discrecionalidad. Hoy, el sector termoeléctrico está muy bien regulado, pero hay otros sectores donde hay que avanzar más, por ejemplo, estamos haciendo normativas para hidroeléctricas pequeñas; normar el ruido en las generadoras eólicas, etc.”.

-Los mineros se quejan de que para un proyecto deben lograr más de 500 permisos, lo que atrasa y encarece las inversiones. ¿Cómo solucionarlo?

“Las modificaciones reglamentarias que estamos impulsando son para mejorar la tramitación ambiental. Recientemente aprobamos Cerro Casale con más de US$ 5 mil millones de inversión; la expansión BHP Spencer, de más de US$ 2.500 millones; Candelaria 2030, con una RCA a firme, y siguen avanzando otros proyectos”.

“La agenda ambiental está impulsando una demanda por más cobre, debido a la electromovilidad y las energía renovables. Chile se beneficia de la economía del cambio climático, que promueve los autos eléctricos, la energía solar y eólica, y nos permite desarrollar la minería del cobre, el litio, el cobalto”.

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Fuente: Economía y Negocios
www.chilemineria.cl