María Elina Cruz recalca que el vicepresidente del organismo tiene “apoyo directo” del Presidente Piñera.

Intensos han sido los últimos días para María Elina Cruz. La abogada que hace unos días estaba en el estudio Baraona Fischer Spiess a cargo de los temas de libre competencia y del derecho del consumidor, entre otros, llegó a Corfo el lunes 28 de mayo para liderar la oficina fiscal del organismo estatal. Todo un hito para la también economista con un PhD de la Universidad de Bristol, Inglaterra, ya que es la primera mujer en tener esa responsabilidad en los 79 años de vida de la Corfo.

Pero también es todo un desafío en el ámbito personal, porque desde que llegó a las oficinas ubicadas en calle Agustinas, no ha salido de ellas antes de las 11 de la noche. Horario que, incluso, se intensificó la semana pasada, luego de conocerse el arribo de Julio y Eugenio Ponce como asesores estratégicos a SQM y los mails que revelaron que Eduardo Bitran visó que los hermanos Ponce Lerou pudieran cumplir ese rol al interior de la minera no metálica.

“Seremos un perro fiscalizador y fiscalizar, fiscalizar y fiscalizar”, adelanta respecto del cumplimiento del contrato suscrito el 17 de enero pasado entre la minera y Corfo. Agrega que “tengo orden presidencial” para realizar esa labor.

“La prioridad número uno es fiscalizar el contrato con SQM para que no se incumpla ni una coma”, recalca la abogada de la estatal.

¿SQM incumplió el contrato que cerró con la Corfo al permitir el arribo, nuevamente, de Julio Ponce a la compañía como asesor?

-Obviamente que no me gusta que Julio Ponce sea asesor de SQM. Su nombramiento es una falta de prudencia. Sin embargo, fue la intención y el espíritu del contrato dejar eso así y esto en el siguiente contexto: la cláusula que se logró cerrar en el acuerdo es muy rara, porque es muy difícil sacar a un dueño de una empresa de cualquier atribución que este quiera ejercer. Es una cláusula excepcional que está muy bien hecha. Pero el contrato lo que dice es -y así está establecido por la autoridad anterior- que Ponce Lerou no puede actuar como director ni ejecutivo de SQM y SQM Salar. Solo a eso se limita el contrato. Esa es la responsabilidad que se tomó contractualmente y cualquier otra cosa queda fuera de la órbita de mi quehacer.

La Corfo está solicitando los contratos y actas donde se aprobó la llegada de los hermanos Ponce a SQM. ¿Qué acciones podrían tomar?

-La legalidad dice que ellos no pueden ser directores ni ejecutivos, por lo tanto, su asesoría de facto tampoco puede significar eso. Nosotros vamos a fiscalizar muy detalladamente el contrato. Seremos un perro fiscalizador y fiscalizar, fiscalizar y fiscalizar. En esta función de fiscalizador, el vicepresidente (Sebastián Sichel) tiene apoyo directo del Presidente de la República, Sebastián Piñera. La prioridad número uno es fiscalizar el contrato con SQM para que no se incumpla ni una coma.

José Ramón Valente dijo que acá hay una violación del espíritu del acuerdo, y el propio Eduardo Bitran habla de una actuación de mala fe que abre el espacio para aplicar un artículo del Código Civil. ¿Existe el espacio para iniciar acciones contra SQM?

-Pienso que no, porque si bien en este contrato el Estado está actuando como ente privado, también está suscrito por el Estado a través de la Corfo y, por lo tanto, el contrato se rige, en parte, por el Derecho Civil y también por el Derecho Administrativo y por otras normas. Segundo, no se puede hablar de que la empresa está actuando de mala fe, cuando se pactó expresamente, de acuerdo a las comunicaciones a las que hemos tenido acceso, que Julio y Eugenio Ponce podían ser asesores de la compañía. Entonces, malamente se puede decir que acá ha habido un espíritu que se violó. La verdad es que no le veo la mala fe, porque en el minuto en que el exvicepresidente (Eduardo Bitran) le instruye a nuestro abogado (Felipe Bulnes) como Corfo que sí pueden ser asesores, ¿cómo se puede decir que está violando el espíritu del acuerdo?

Lo que dice Bitran es que él se refería a Eugenio Ponce, que solamente él podía ser asesor.

-Acá hay una mala idea de echarles la culpa a los abogados, profesionales que, además, son muy buenos. Se habla de que esto estuvo mal redactado o que lo pactado no estuvo de acuerdo con las instrucciones que se les entregaron y eso no es así. Eso, además, quedó de manifiesto con los mails de Felipe Bulnes. El espíritu del contrato se demuestra con los antecedentes que muestran qué es lo que querían las partes, y lo que querían era dejar claro que la voluntad de Corfo -manifestada a través del exvicepresidente- era que la familia Ponce sí podía ser asesora, entonces, difícilmente se viola el espíritu del acuerdo.

¿Es imposible que la Corfo pueda rescindir de la conciliación?

-Según mi visión legal, eso no es aplicable y es lo que ha quedado de manifiesto con toda la información que ha salido en estos días. Ahora, cuando se habla de rescindir del contrato, lo que eventualmente se podría hacer, aunque no le veo forma bajo ninguna causal en este momento, es rescindir solo la modificación al contrato, pero no el contrato base. Es decir, volveríamos a los contratos originales que igualmente rigen hacia el año 2030 y 2043. No se pueden eliminar los contratos anteriores, porque no tenían estas causales de objeción.

¿Cuándo comenzará a trabajar el comité?

-Lo tenemos casi listo, pero lo tiene que aprobar el consejo directivo de la Corfo. Debería ser aprobado el 11 de junio (mañana) y la idea es que sea un organismo colegiado para que dé cierta independencia y que sea un organismo técnico.

¿Cuánta gente lo integrará?

-Tenemos que verlo con el consejo, pero la propuesta inicial es que esté compuesto por cinco personas. Además, estará apoyado por una unidad técnica especializada en litio para que ayude a fiscalizar ciertos aspectos del contrato y esto no significa que le vamos a quitar al consejo su facultad de fiscalizar, significa que las cosas técnicas sean analizadas por personas especializadas y no políticas. Queremos despersonalizar lo más posible de las caras políticas, porque eso lo único que hace es enredar las cosas jurídicas. Y la idea es que estén, por ejemplo, un representante de Minería, Economía y alguien de Corfo, que puede ser el gerente legal. Además de una o dos personas que sean independientes y que no ejerzan cargos públicos y sean expertos en la materia.

¿Haber personalizado el proceso en Eduardo Bitran lo perjudicó?

-Bitran hizo una renegociación de estos contratos y él sabe mejor que nadie cuáles son las cláusulas que tiene el contrato y lo que se puede o no se puede hacer.

¿Le quieren quitar la responsabilidad que tiene la Corfo en esto?

-Los contratos que suscribió la Corfo, tanto con SQM como con Albemarle, terminan el año 2030 y 2043, entonces la verdad es que en esto nosotros participamos en lo que nos toca. Efectivamente, la administración anterior le ha dado mucha importancia a esto y lo urgente quita espacio a lo importante. Creo que esto ha generado mucho ruido y se entiende, porque a nadie le gusta que Julio Ponce esté de vuelta en SQM, pero desde el punto de vista jurídico, lo que espero es que este escándalo termine y nos volvamos a la legalidad, es decir, nos centremos en el contrato que está bien hecho, en el sentido de que manifiesta lo que las partes querían en ese momento. Por eso espero que este escándalo no interfiera con eso.

Fuente: La Tercera 
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