El proyecto de ley que moderniza al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ya está listo. La iniciativa, que ingresaría esta semana al Congreso, obliga a los privados a realizar una participación ciudadana anticipada y protocoliza el acta de acuerdos que sirve de base para el futuro Estudio de Impacto Ambiental que entre al sistema.

Mayor certidumbre y una línea de acción mucho más definida tendrán las empresas que quieran invertir en Chile. Por lo menos eso es lo que persigue el proyecto de ley que modifica la norma 19.300 y que busca modernizar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), iniciativa en la que ha estado trabajado el Ministerio de Medio Ambiente y cuyo proyecto de ley ya está listo.

El documento de 20 páginas hoy está en manos de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para unos ajustes que, según conocedores del proceso, serán menores. Por eso se espera que la iniciativa ingrese esta semana al Congreso para iniciar una discusión que se espera será larga e intensa.

Y según se detalla en el proyecto de ley, al que tuvo acceso Pulso, uno de los elementos novedosos es la participación ciudadana anticipada, diálogo que será la antesala del proceso de conversación social que está reglado en la tramitación ambiental de los proyectos de inversión, que es conocida como PAC.

Este proceso de conversación anticipado tendrá una vigencia de hasta 18 meses previo al ingreso del Estudio de Impacto Ambiental y tendrá como objeto “generar un proceso de diálogo temprano entre comunidad y proponente, con la finalidad de generar un acta y eventuales acuerdos como resultado de dicha participación, todo lo cual deberá ser incorporado en un documento denominado Términos de Referencia Ambiental”.

Añade el texto que “una vez expresada por el proponente la decisión de sometimiento a la etapa de participación ciudadana anticipada, la realización será obligatoria”. Y que la forma en que se ejecutará será explicada a través de unas guías por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

Lo importante de esto es que el acta que se obtenga de la participación debe ser protocolizada y además debe ser elevada en consulta al tribunal ambiental correspondiente para su autorización. “Una vez autorizado, el documento protocolizado y la copia autorizada de la resolución del tribunal ambiental deberán ser presentados ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para su registro y conocimiento, el cual se publicará en el Diario Oficial”, dice el documento.

Además se destaca que una vez realizados esos pasos, la empresa o “proponente” tiene un plazo máximo de dos años para ingresar el estudio de impacto ambiental a tramitación ambiental.

Para la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, estos cambios permitirán corregir las asimetrías con las que hoy se relacionan las comunidades y los privados al momento de invertir en un lugar determinado.

“El Presidente Piñera nos pidió elaborar un proyecto de modernización del SEIA que tenga como uno de sus ejes fundamentales el fortalecimiento de la participación ciudadana. Incorporar un diálogo temprano previo al ingreso al SEIA permitirá empezar a corregir la asimetría con que hoy se relacionan las comunidades con los titulares de los proyectos”, explica.

Detalla, además, que si el proceso de participación temprana es bien realizado, “se facilitará mucho la Participación Ciudadana (PAC) que se realiza dentro de sistema” y también aclara que las conversaciones relacionadas con la comunidad indígena y que están dentro del acuerdo de la OIT “siguen exactamente igual”.

Las dudas de los privados

El mundo privado celebra la iniciativa y pese a no conocer el documento final, valoran los esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo para perfeccionar la forma en que se tramitan los grandes proyectos de inversión. “Una buena reforma al SEIA debería generar mayor certidumbre a los inversionistas, lo cual es positivo y muy necesario en estos momentos”, destaca el director de Políticas Públicas de la CPC, Javier Irarrázaval.

Añade que “la reforma al SEIA es una iniciativa fundamental y cuyos cambios se encuentran pendientes desde hace mucho tiempo”.
Para la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), “si la ley resultante revierte las debilidades del actual sistema, efectivamente debería generar mayor certidumbre”, señala su gerente de estudios, Javier Hurtado.

Una visión más crítica tiene el Consejo Minero. El presidente ejecutivo del gremio que reúne a las grandes mineras que operan en el país, Joaquín Villarino, señala que “la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente va en línea correcta al hacerse cargo de la necesidad de una mayor participación ciudadana, pero nos parece que la fórmula prevista requiere revisión y es necesario profundizar en alguna solución”.

Añade que es una buena noticia que el gobierno tenga identificado el problema, caso que “ya lo habíamos tratado en profundidad en la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del SEIA”, recuerda Villarino. “Sin embargo, no hay un acuerdo generalizado sobre las soluciones que hay en la mesa. Aquí, evidentemente, va a haber una discusión en el Congreso”, dice.

Para Álvaro García, presidente ejecutivo de Valor Minero, instancia que ha diseñado varios de los puntos que hoy están incluidos en el proyecto de ley, señala que si bien “la participación temprana es el principal cambio positivo que este proyecto trae”, existen dudas. Una de ellas es “¿quién asegurará que la participación temprana ocurra bajo condiciones que generen la confianza en todas las partes para que participen y honren los compromisos que de ellos surjan”, dice. Añade que “el SEIA ya parece sobrepasado por las actuales consultas ambientales, y la ciudadanía, con razón, estima que no existen condiciones simétricas para su participación respecto de los titulares del proyecto”.

En tanto, la Sonami valora la intención de la ministra Cubillos de hacer más eficientes los plazos de evaluación ambiental, pero, “de la misma forma, nos preocupan algunos temas que han trascendido, como es poner un plazo de 18 meses a la participación ciudadana anticipada, ya que ello iría contra el espíritu que se persigue, de hacer más eficiente la tramitación de los proyectos de inversión”, señala el gremio.

Pese a estas dudas, el sector inmobiliario mira con buenos ojos el que el gobierno este impulsando un diálogo previo con la ciudadanía, y de hecho, indican que “somos partidarios de una oportuna y efectiva participación ciudadana, pues por esta vía se mejoran y legitiman los proyectos”, señala Javier Hurtado.

Tema no menor, ya que en el caso de sus proyectos de inversión, los que ingresan al sistema como Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el proceso de participación ciudadana anticipada es voluntario, pero la industria estaría dispuesta a comenzar a implementarla para legitimar sus inversiones. “Si la experiencia es buena, lo que significa que se puedan llevar a cabo procesos de participación ciudadana reglados y que, además, concluyan con el respaldo del tribunal ambiental, efectivamente puede motivar a las industrias del sector a optar por este camino”, indica.

Ventanilla única

Otro de los temas relevantes es la designación del SEIA como ventanilla única en relación al otorgamiento de los llamados permisos mixtos, los más complejos de obtener por parte de los privados y que demoran mucho más tiempo en su tramitación, dificultando la ejecución de los proyectos de inversión.

Por eso el proyecto de ley, en su primera página hace mención al artículo 8, donde se señala que todos los permisos sectoriales serán otorgados por la Comisión de Evaluación Macrozonal, “mediante la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, quedando exenta de tramitación posterior”.

Para el Consejo Minero, esta idea “robustece” el proyecto de ventanilla única medioambiental y debería contribuir a disminuir los plazos de tramitación de los proyectos. Sin embargo, en relación a los permisos mixtos, indica que la iniciativa generará un enorme desafío para que los servicios puedan cumplir esta indicación. “Respecto de los permisos anteriores que no solo tienen un componente medioambiental sino también técnico-sectorial (mixtos), significará un enorme desafío para las empresas y para los servicios involucrados el poder otorgarlos dentro de los plazos y el procedimiento de la evaluación ambiental”, detalla Joaquín Villarino.

Para Javier Irarrázaval, de la CPC, la ventanilla única para la tramitación de los permisos ambientales sectoriales en el marco del SEIA “parecer ser una buena apuesta”, y en ese sentido, indica, “es interesante reforzarla”.

“Se esperaría que ayude a descongestionar el sistema en la medida en que se trate de permisos cuyos contenidos sean compatibles con el conocimiento técnico del SEIA. El desafío que enfrentaría la implementación de esta ventanilla única es la modernización de los servicios sectoriales y su necesaria coordinación”, señala.

Macrozonas

El documento también detalla cómo estarán conformadas macrozonas, instancias que reemplazarán a la Comisión de Evaluación Ambiental Regional y también al Comité de Ministros.

La idea ya había sido adelantada por la cartera, pero en el documento se indica que existirán tres macrozonas: Antofagasta, Santiago y Concepción, y detalla también que la instancia será presidida por el director macrozonal correspondiente e integrada por el intendente regional respectivo, el secretario regional ministerial de Medio Ambiente y también de Economía de la región donde se ejecutará el proyecto. Además, lo integrará un profesional del área de las ciencias y un abogado, ambos nombrados por Alta Dirección Pública, y también contará con un integrante nombrado por el Presidente de la República.

En el proyecto de ley, además, se especifica que cada miembro deberá “motivar adecuadamente su voto”, el que debe estar basado en “consideraciones técnicas y ambientales relacionadas con las causales establecidas en los artículos 16 y 19 de la ley, esto es relacionado con las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido del Estudio de Impacto Ambiental que se estimen necesarias.

Fuente/LaTercera
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