A fin de año la autoridad espera fijar la obligación de monitorear los 101 tranques que están activos y generar alertas tempranas, para evitar una tragedia como la de hace unos días en Brasil. Inicialmente se estima que a la industria esto podría llegar a costarle hasta US$ 900 millones.

Con el ritmo actual de producción minera en Chile, cada 36 horas se depositan relaves equivalentes a un cerro Santa Lucía. Un volumen anual de 600 millones de toneladas -estimado con datos a 2014- ubica al país como el tercer mayor acumulador de estos desechos tras China y Estados Unidos. La proyección de incremento de la producción podría implicar que a 2035 la cantidad de relaves se duplique.

Este aumento que es inevitable preocupa a mineras y autoridades porque además se da en un ambiente de rechazo creciente por parte de las comunidades a este tipo de depósitos. El daño que podría provocar el colapso de una de estas estructuras alimenta los temores y la suspicacia. Tragedias recientes, como la de la mina de cobre Mount Polley en Canadá el 2014 -donde el vertimiento afectó severamente a dos lagos- o la de un año después en Brasil, donde la liberación de material residual de hierro de una operación de la minera Samarco (BHP y Vale) en el distrito de Mariana cobró 19 víctimas, en nada ayudan a mejorar la percepción social, pese a que la minería a nivel global resintió el impacto de estos sucesos. Las compañías revisaron sus tranques y contrataron asesorías para mejorar sus estándares de manejo y monitoreo de seguridad, comenta el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández.

De más está decir que el colapso hace unos días de otra instalación ligada a la brasileña Vale, el tranque Brumadinho, en Belo Horizonte, pone una nueva cuota de incertidumbre.

Como principal productor de cobre, Chile no se quedó al margen. Empresas de la gran minería en forma individual y en conjunto con entidades como la Fundación Chile, el programa Alta Ley o Corfo tienen planes para elevar y en alguna medida estandarizar sus sistemas de seguridad y alerta ante este tipo de emergencias. Lo complejo es que estas iniciativas apuntan a los 101 tranques que están activos, lo que representa solo el 14% de un total de 740.

Pese a que entre los 639 depósitos restantes que están inactivos (469) y abandonados (170) están los que potencialmente podrían ser más riesgosos, hasta ahora es poco lo que se ha hecho. Con esto en mente, el año pasado el Ministerio de Minería lanzó una iniciativa para agrupar en una política nacional todas las acciones en materia de relaves que están en ejecución para, eventualmente, en el mediano y largo plazo tratar de aplicarlas a todos los depósitos, sin importar su estado.

El ministerio sacará al mercado los relaves abandonados

Un primer paso fue identificar que entre los relaves abandonados, es decir, los que no tienen propietario identificado, hay 37 -distribuidos entre las regiones de Tarapacá y Valparaíso- que según explica el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, revisten “a lo menos un riesgo significativo” para la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente y actividades económicas, ya sea porque están muy cerca de zonas pobladas, son muy antiguos o evidencian inestabilidad (ver mapa).

El Gobierno está caracterizando estos depósitos, lo que implica establecer su nivel de riesgo, ubicar a sus dueños, aclarar su estatus de permisos y determinar el volumen y los minerales que contienen. En paralelo, dice Terrazas, preparan cambios normativos para elevar las atribuciones de la autoridad para exigir a los propietarios que se hagan cargo de sus desechos y los contengan. Para esto se considera, incluso, la vía judicial a través del Consejo de Defensa del Estado.

El ajuste en evaluación permitiría también que el Estado pueda “poner en el mercado” los relaves que definitivamente no tienen dueño identificado. Esto implica, por ejemplo, simplificar los permisos para el traspaso o el traslado de estos materiales.

Esta última es la parte más novedosa del plan, añade el subsecretario, porque todas las ideas que se han planteado para remediar estos pasivos ambientales han chocado con la falta de recursos públicos. Esto será diferente ahora, dice Terrazas, porque el plan es que sean los privados quienes financien esta limpieza, reprocesando los relaves para sacar los metales que contienen y trasladando lo que quede a depósitos que cuenten con permisos.

La otra alternativa, para la que ya habría dos importantes mineras disponibles, es una fórmula al alero del Sistema de Evaluación Ambiental que permitirá a las empresas que tramiten proyectos compensar parte de sus emisiones por la vía de remediar algún relave abandonado que esté en la misma región del proyecto. Tras varias prórrogas, el convenio entre el ministerio y el Servicio de Evaluación Ambiental se firmaría en marzo, y ahí se liberarían las guías que establecerán las equivalencias entre emisiones y volúmenes de relaves.

“Este sistema no implica una carga mayor de recursos para la industria, porque se sustituyen otras compensaciones que se han vuelto más complejas, como la compra de terrenos para hacer reservas naturales, pero tampoco será un costo mayor para el Estado”, asegura Terrazas y añade que no fijarán de antemano lo que las empresas podrán hacer con estos relaves, sino que “dependerá mucho de la creatividad o de las distintas fórmulas que desarrollen las empresas”.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dice que la industria rescata el espíritu de estas propuestas con miras a avanzar hacia el mejoramiento continuo en materia de relaves. “Estamos disponibles para trabajar en conjunto”, adelanta, mientras que el titular de la Sonami asegura que la opción de remediar relaves abandonados como forma de compensación para proyectos nuevos “puede ser una iniciativa inteligente”, aunque plantea que no en todos los casos será posible reprocesar o dar otro uso a los desechos, y ahí es importante que entre las alternativas se considere el financiamiento de obras para estabilizar los tranques y habilitar monitoreo para reducir el riesgo asociado.

Programa piloto para futura norma de monitoreo costó casi US$ 10 millones

Otro de los ejes de la Política Nacional de Relaves es hacer obligatorio el monitoreo de la estabilidad física y química de los tranques y el acceso de la población a esos datos, para lo cual se realizará una nueva modificación al decreto que hace cuatro décadas regula la construcción de estos tranques.

La normativa surgió tras el colapso de seis tranques de relaves producto del terremoto de magnitud 7,4 Richter que en 1965 tuvo epicentro en La Ligua. El vertimiento provocó la muerte de 200 personas. Entre ese año y 2010 el país tuvo diez episodios. El último fue en El Maule y dejó cuatro muertos.

La base de este plan de medición e información es el denominado “programa Tranque”, iniciativa diseñada por la Fundación Chile con la colaboración de empresas, organismos públicos y otras entidades especialistas del sector, y funciona a partir de una plataforma centralizada que dependerá del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y recibirá la información, que será procesada para mejorar y agilizar las decisiones de operación y la reacción ante eventuales emergencias, explica Cecilia Vidal, subdirectora del programa.

El piloto de la iniciativa está en el tranque de relaves El Mauro de la mina Los Pelambres, faena propiedad de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic. Se optó por este depósito, porque ya contaba con instalaciones adecuadas para estos fines.

Según datos del Ministerio de Minería, la habilitación de este sistema tuvo un costo cercano a los US$ 10 millones. Si se considera que, según Cecilia Vidal, solo 23 de los tranques de relaves activos tendrían instrumentos de un nivel más desarrollado, porque pertenecen a faenas de la gran minería, en un escenario de obligatoriedad la inversión para instalar este tipo de monitoreo en los 101 depósitos que están activos podría acercarse a los US$ 900 millones, de acuerdo con estimaciones iniciales de la industria.El subsecretario Terrazas agrega que estas pruebas en condiciones y escala real tomarán todo este año e irán a la par del ajuste normativo que preparan.

Entre 1965 y 2010 hubo 10 accidentes de tranques de relaves en el país. Seis fueron consecuencia del terremoto de 1965. Después de eso la construcción de estas estructuras se reguló.

Fuente/Economía y Negocios
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