El ingreso de proyectos de inversión a trámite ambiental experimentó un significativo impulso durante el primer bimestre del gobierno de José Antonio Kast, lapso que abarca desde el 11 de marzo hasta el 11 de mayo de 2026.
En estos dos primeros meses de gestión, los montos asociados a los proyectos presentados ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) anotaron su cifra más alta desde el retorno a la democracia para igual lapso de las administraciones anteriores.
Según los datos proporcionados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entidad dirigida por el abogado Arturo Farías y responsable de coordinar la tramitación de estas inversiones, durante los primeros 61 días de la administración Kast ingresaron a evaluación 65 proyectos. En conjunto, estas iniciativas totalizan una inversión histórica de US$ 22.258 millones.
Para dimensionar la magnitud de esta cifra, basta con observar el comportamiento acontecido en los gobiernos previos.
Si bien el número de proyectos que ingresaron al sistema durante este periodo (58) es menor al registrado en los arranques de las administraciones de Gabriel Boric (109 iniciativas) o en el primer mandato de Sebastián Piñera (228 iniciativas), el volumen de capital involucrado marca una diferencia sustancial.
Hasta antes de este récord, el mayor monto de inversión ingresado para un primer bimestre de gobierno lo ostentaba la primera administración de Piñera, en 2010, con US$ 6.369 millones, seguida por la gestión de Boric, en 2022, con US$ 5.835 millones.
El dinamismo no solo se observó en el ingreso de nuevas iniciativas, sino también en el avance de las tramitaciones ya en curso. En cuanto a los proyectos que lograron luz verde por parte de la autoridad ambiental en este mismo lapso, los datos del SEA revelan que se aprobaron 36 proyectos.
Estas inversiones visadas durante los primeros dos meses del gobierno de Kast suman un total de US$ 8.655 millones. Al igual que en el caso de los ingresos, este monto de aprobación se posiciona como el más alto en los registros para un inicio de mandato, superando los US$ 5.331 millones aprobados en igual periodo de la administración anterior y los US$ 3.871 millones visados al inicio del segundo periodo de Michelle Bachelet, en 2014.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, explicó en el Chile Day, en Toronto, que “estamos eliminando ineficiencias del proceso de manera seria, responsable, con instituciones sólidas y, por sobre todo, resguardando nuestros estándares ambientales. Para este gobierno, el crecimiento económico, la seguridad jurídica y la sustentabilidad son una misma agenda, y el compromiso de la actual administración es reducir en al menos un 30% el tiempo de evaluación ambiental de los proyectos, los que están excedidos por distintos motivos”.
Por su parte, Arturo Farías, director ejecutivo del SEA, sostuvo que “vemos como un desafío, pero también como una oportunidad muy relevante, el ingreso de montos históricos para la evaluación ambiental. El trabajo serio y la expectativa sobre una mayor eficiencia en los procesos llevaron a que nos acerquemos al ingreso de más de US$ 22 mil millones al SEIA en solo 2 meses. Por otra parte, este nuevo ciclo ha traído aparejada la aprobación de la cifra más alta en los primeros dos meses de cualquier administración con más de US$ 8.500 millones. Esto ha sido en base al mandato claro que tenemos como institución, que es agilizar la evaluación ambiental, pero sin reducir las exigencias que nuestro marco legal nos ha dado”
¿Riesgos?
Entre expertos y asesores de grandes proyectos de inversión existe posiciones divergentes sobre si existen riesgos en esta búsquieda de acelerar fuertemente la tramitación de proyectos de inversión.
El exministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, estima que “el principal riesgo es que exista un aumento de reclamaciones judiciales. Si no se procesan adecuadamente las observaciones que legítimamente puedan tener los servicios públicos o la comunidad, puede generarse un espacio para pedir que la justicia vuelva al normal cauce la evaluación ambiental de un proyecto. Los tribunales ambientales son garantía para resguardar esos procesos y que se respete el cumplimento de la ley en las materias ambientales por sobre el propósito del Ejecutivo”.
En cambio, el socio del área de Derecho Público de Garrigues, Felipe Riesco, estima que “la celeridad yo creo que no constituye ningún riesgo. Menos si es cumpliendo plazos legales. Y los riesgos eventualmente asociados, respecto a una eventual falta de ponderación de variables por falta de tiempo, están resguardados por el control judicial de legalidad”.
“La garantía del control judicial es suficiente para conjugar esos eventuales riesgos”, concluye.
Paulina Riquelme, socia de EeLaw, en tanto, cree que “el principal riesgo surge cuando se intenta acelerar la tramitación sin adoptar medidas de gestión y fortalecimiento institucional asociadas. En esos casos, podría generarse un aumento de la judicialización ante los Tribunales Ambientales, particularmente mediante reclamaciones interpuestas por observantes del proceso de participación ciudadana (PAC), fundadas en eventuales déficits de motivación, análisis o consideración de observaciones”.
Mayores proyectos
En el inicio del gobierno de José Antonio Kast, la inversión ambiental se ha concentrado en cinco megaproyectos que suman cifras históricas, principalmente en los sectores de minería y energía.
A la cabeza se sitúa la Continuidad Operacional de Minera El Abra, que con una inversión de US$7.500 millones busca integrar una planta concentradora y desalinización de agua. Le sigue la expansión de Minera Escondida, con un presupuesto de US$5.150 millones, destinado a nuevas obras eléctricas y de concentración.
En el ámbito del litio, Albemarle destaca con el proyecto TED (Transición hacia Extracción Directa), valorado en US$3.100 millones. Finalmente, la lista se completa con el proyecto aurífero Lobo Marte (US$1.500 millones) y el complejo tecnológico de NorQuim, en Antofagasta (US$900 millones).
