La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Chilena de Cobre (Cochilco), Claudia Rodríguez, abordó este viernes el escándalo en Codelco a raíz de la sobreestimación de la producción de la estatal, lo que motivó el despido de un alto ejecutivo y obligando incluso a presentar una denuncia ante la Fiscalía.

La cuprífera reconoció que 26.875 de las toneladas, alrededor del 2% de su producción, que se reportaron como “producidas” el año pasado aún no se encontraban tratadas, por lo que “debieron mantenerse registrados como productos en proceso”.

El anuncio de la estatal generó irritación en el gobierno y el propio ministro Daniel Mas (un crítico de la gestión de Máximo Pacheco) reaccionó a través de redes sociales y una declaración pública, condenando los hechos.

En conversación con radio Pauta, Rodríguez fue consultada específicamente si es que Cochilco estaba enterada y había alertado sobre estos niveles de sobreproducción, a lo que respondió:

“Para ser bien honesta, el riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones en la producción. Ese es el riesgo que se observó y eso es lo que lleva a que amerite que se haga una auditoría al respecto”, afirmó la funcionaria.

Rodríguez explicó que, en base al seguimiento que hacen, todos los años Codelco estima cuánto va a producir.

“Nosotros revisamos que efectivamente ese presupuesto que ellos hacen de lo que van a producir, se cumpla o no se cumpla. Y si no se cumple vemos si los controles asociados fueron los correctos. Esto puede ser a la baja o al alza. Y en este caso al ponerlo en, por decirlo de alguna forma coloquial, en la juguera de todos los antecedentes que consideramos, salió como un riesgo alto”, dijo Rodríguez.

Consultada particularmente de si la alerta advertida por Cochilco fue lo que motivó la auditoría de Codelco, Rodríguez dijo que, hasta donde sabía, esta nació de una denuncia y de manera específica para las 20 mil toneladas.

“Independiente de que nosotros en febrero de este año remitimos a la compañía y a la administración de Codelco, el oficio donde dábamos cuenta del inicio de esta auditoría también. Ellos estaban en conocimiento, pero no quiero atribuirme que es Cochilco el que dio lugar a esto, porque efectivamente es a través de una denuncia que se hizo interna en Codelco”, comentó.

Sin embargo, Rodríguez afirmó que si no hubiera existido esa esa denuncia, de igual modo “en nuestra auditoría habría salido el tema”

En esta línea, la vicepresidenta del órgano fue consultada sobre la necesidad de aumentar las facultades sancionatorias de Cochilco, ante lo cual aseguró que “independiente de este caso en particular, nosotros hace bastante tiempo ya hemos venido trabajando y revisando una modernización de la legislación de la Comisión”.

La regulación actual de Cochilco data de 1976, y su misión es la “fiscalización, evaluación de proyectos, la asesoría técnica al Gobierno y la elaboración de información confiable y oportuna”. Sin embargo, ha sido tema de debate la falta de atribuciones para sancionar irregularidades.

“Codelco está fuera de control”

Tras la publicación de la sobreestimación de producción en Codelco, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró en un mensaje difundido a través de su cuenta de X que “Codelco está fuera de control”.

Al respecto, Rodríguez aseguró que si bien en Cochilco “comparten la preocupación del ministro” no se puede “por un hecho aislado que involucra alrededor de siete personas poner a toda la compañía en el mismo saco”.

Además, aseguró que Cochilco es un organismo técnico, por lo que “no les corresponde determinar si una empresa está o no fuera de control”.

En cambio, apuntó a la necesidad de robustecer los controles, dotar a instituciones como Cochilco de mayores recursos y mejores herramientas, al igual que en el propio gobierno corporativo de Codelco.

Ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, el biministro Daniel Mas expuso la urgencia de avanzar en simplificación de trámites, el fortalecimiento de instrumentos de fomento y la modernización de la Empresa Nacional de Minería con el propósito de destrabar el estancamiento productivo del sector.

Una hoja de ruta estructurada en cuatro ejes con foco en reactivar y fortalecer el desarrollo de la pequeña minería presentaron esta mañana a la Comisión de Minería y Energía del Senado, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; y el subsecretario de la cartera, Álvaro González, como parte del compromiso del gobierno del Presidente Kast para impulsar un sector clave para las economías y encadenamientos productivos locales, con más de 3.400 faenas mineras y sobre 21 mil empleos directos.

Durante su intervención, el secretario de Estado subrayó que la baja en las leyes de mineral, la distancia entre faenas y plantas de procesamiento y el aumento de costos operacionales asociados a trámites complejos, están entre los principales factores que explican el estancamiento que actualmente vive el sector. A ello se suma una brecha en capital humano, con trabajadores sobre los 55 años promedio, y limitaciones estructurales en la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), cuya situación financiera y operativa, reconoció, requiere ajustes profundos. “Hemos advertido que es necesaria una modernización de ENAMI centrada en la gestión y operación, y una renovación de su infraestructura”, afirmó.

Agenda para la pequeña minería

Frente a este escenario, el Ejecutivo delineó una agenda estructurada en cuatro ejes. En primer lugar, se busca fortalecer la productividad de la pequeña minería junto con simplificar los permisos, mediante ajustes a los instrumentos de fomento y modificaciones al régimen de patentes mineras. “Nuestra pequeña minería necesita reglas claras y trámites simples para poder desplegarse”, comentó Mas.

En esa línea, el subsecretario de Minería, Álvaro González, abordó el sistema de permisos y amparo minero, enfatizando la necesidad de simplificar los procesos de postulación para aliviar la carga regulatoria que enfrenta la pequeña minería. “Estamos trabajando en una propuesta para ajustar los requisitos asociados a la patente rebajada, con el objetivo de avanzar hacia un sistema más simple y eficiente, que permita a los mineros concentrarse en su actividad en terreno y no en trámites que en los últimos años se han vuelto especialmente engorrosos”, señaló.

Como segundo término, la propuesta de gobierno apunta a potenciar los encadenamientos productivos promoviendo la asociatividad, la integración con la mediana minería y una mayor incorporación tecnológica, con el objetivo de mejorar el acceso a mercado.

En tercer lugar, la agenda considera una modernización de la Empresa Nacional de Minería, con medidas que incluyen la liquidación de activos minerales (oro y cobre), inversión en plantas, definición del futuro de proyectos estratégicos y cambios en su gobierno corporativo. Todo ello con miras a alcanzar el equilibrio financiero de la empresa. “ENAMI es fundamental para desatar el potencial de los pequeños mineros, pero eso requiere un uso eficiente de los recursos y una estrategia clara”, sostuvo Mas.

Finalmente, el cuarto eje se centra en la seguridad y sostenibilidad operativa. La propuesta busca reforzar los estándares de seguridad minera, con énfasis en la prevención de accidentes y el control de riesgos críticos.

La autoridad concluyó que las medidas que conforman el programa se enmarcan en la meta de consolidar a Chile como potencia minera, destacando el rol de la pequeña minería por su impacto directo en las comunidades. “Necesitamos un Estado facilitador que no asfixie al pequeño minero, sino que le despeje el camino para crecer”, aseveró.

El texto legal reconoce a las inversiones mineras derechos especiales de invariabilidad respecto del royalty a la minería, de nuevos tributos específicos para la actividad minera y de modificaciones más gravosas a las patentes de explotación y exploración.

Uno de los puntos relevantes para las inversiones en el país será el denominado estatuto de invariabilidad tributaria, el que esta vez incluye a gestores chilenos, a diferencia del Decreto Ley 600 creado en décadas pasadas que era solo para extranjeros.

Según el proyecto de ley enviado este miércoles al Congreso por el gobierno, el estatuto de invariabilidad será un contrato con el Estado, el que durará por 25 años a partir de su firma y será aplicable para inversionistas tanto locales como extranjeros que inviertan montos superiores a US$ 50 millones.

 Con esta medida, que partiría en enero de 2027, Chile volverá a ser un polo atractivo de inversión según el Ejecutivo, “fomentando el ingreso de capitales al país y generando empleo para chilenos en todo el territorio nacional”, sostiene el texto ingresado al Parlamento.

“El artículo 33 establece un mecanismo de invariabilidad tributaria para inversionistas locales y extranjeros que desarrollen en el país proyectos mineros, industriales, forestales, energéticos, de infraestructura, telecomunicaciones, investigación, desarrollo tecnológico, médicos o científicos, entre otros (…) En virtud de este régimen, se garantiza a los inversionistas extranjeros una carga tributaria efectiva total a la renta de 35%, así como la estabilidad de los elementos esenciales del sistema tributario vigente a la fecha del contrato”, afirma el proyecto.

El texto también hace mención a materias tales como regímenes de depreciación de activos, arrastre de pérdidas y gastos de organización y puesta en marcha, lo que es clave para la valorización de los proyectos a futuro.

También contempla la mantención sin variaciones, por el período que demore realizar la inversión pactada, del régimen tributario del impuesto sobre las ventas y servicios y del régimen arancelario aplicable a la importación de máquinas y equipos que constituyen bienes de capital.

“En el caso de proyectos mineros, se reconocen además derechos especiales de invariabilidad respecto del royalty a la minería, de nuevos tributos específicos para la actividad minera y de modificaciones más gravosas a las patentes de explotación y exploración”, consigna.

Además, el proyecto establece que, si con posterioridad se produjeran cambios normativos o de interpretación administrativa que resulten más favorables para el inversionista extranjero, estos podrán aplicarse en reemplazo de la invariabilidad.

“El inversionista extranjero que haya optado por solicitar la invariabilidad anterior tendrá el derecho, por una sola vez, a renunciar a ella e integrarse al régimen impositivo común, caso en el cual quedará sometido a las alternativas de la legislación impositiva general, con los mismos derechos, opciones y obligaciones que rijan para los inversionistas nacionales, perdiendo, por tanto, en forma definitiva la invariabilidad convenida. Sin perjuicio de lo señalado en este inciso, en caso de que exista un cambio en la normativa tributaria o, en su caso, en materia de interpretación administrativa, que beneficie al inversionista, ésta aplicará en reemplazo de la invariabilidad, sin necesidad de renuncia”, concluye.