El papel estratégico de la minería en la transición energética y el desarrollo global, destacando que la región de América Latina cuenta con un estatus privilegiado gracias a su abundancia de minerales críticos y su matriz energética basada en energías renovables.  

Leonardo Lima – Arcadis Brasil

Leonardo Lima, Global Mining Director de Arcadis, empresa líder mundial en ingeniería y consultoría, comparte su visión sobre el papel estratégico de la minería en la transición energética y el desarrollo global, destacando que la región de América Latina cuenta con un estatus privilegiado gracias a su abundancia de minerales críticos y su matriz energética basada en energías renovables. «Latinoamérica tiene una cantidad y calidad de minerales que son esenciales para todo el mundo, además de contar con una matriz energética con más del 70% de generación renovable, lo que nos coloca en una posición única para liderar la minería responsable y sostenible», afirma el experto.

Con una trayectoria que abarca proyectos complejos en varias regiones del mundo, Leonardo Lima resalta que la madurez del sector minero en la región está en auge, con un compromiso creciente por parte de las grandes empresas en temas sociales, ambientales y regulatorios. «La industria minera en Latinoamérica está incrementando mucho su responsabilidad y eso es una diferencia clave respecto a otros sectores», señala. Además, destaca que países como Chile están promoviendo el concepto de «minería verde», que no solo es una tendencia, sino una necesidad imperante para consolidar la competitividad regional en el escenario global.

El ejecutivo explica que, para consolidar lo anterior, es fundamental fortalecer las condiciones de inversión a largo plazo mediante legislaciones claras, infraestructura adecuada y estabilidad política. «Latinoamérica ya recibe una gran parte de las inversiones en minería verde, pero aún podemos mejorar en aspectos como costos, infraestructura y plazos, para atraer más capital internacional», indica. Asimismo, el experto enfatiza en que la visión integral y la experiencia en múltiples mercados, es esencial para ofrecer soluciones diferenciadas y confiables, facilitando la toma de decisiones de inversión más seguras y sostenibles.

Cero emisiones e impacto social positivo

En cuanto a sostenibilidad, Lima detalla que, en el caso de Arcadis, su estrategia se basa en tres pilares fundamentales: descarbonización, impacto social positivo y protección ambiental. «El objetivo es lograr cero emisiones para 2050, dejar un legado en las comunidades y minimizar el impacto en el medio ambiente», explica. Además, destaca que energías renovables como la solar y eólica, permiten no solo reducir costos, sino también acelerar los permisos y procesos regulatorios, generando beneficios económicos y sociales. «La sostenibilidad y la eficiencia van de la mano; no solo es una estrategia de imagen, sino una necesidad para la competitividad del negocio», comenta.

En toda operación también resulta fundamental la atención y compromiso que se les entrega a las comunidades locales, trabajando desde etapas tempranas para crear legados duraderos. «Proyectos como Itabira Sostenible en Brasil, ejemplifican cómo la minería puede dejar un impacto positivo a largo plazo, promoviendo la transición de comunidades incluso tras el cierre de minas», señala. Además, resalta el papel de la inteligencia artificial como aliada en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del sector minero, asegurando que sin minería no hay avances tecnológicos como la inteligencia artificial y que su aplicación ayuda a hacer las operaciones más seguras, eficientes y responsables.

Mirando hacia el futuro, Leonardo Lima reafirma el compromiso de Arcadis de ser un socio preferencial en los desafíos que enfrenta la minería en la región, promoviendo un equilibrio entre crecimiento, innovación y sostenibilidad. «Queremos ser reconocidos como un referente en soluciones integradas que aporten valor para las sociedades, el medio ambiente y nuestros clientes», enfatiza.

Finalmente, el experto señala “que la región tiene un gran potencial para consolidarse como un actor competitivo y responsable en la minería mundial, siempre estando alineada con las exigencias de un mundo en transición hacia una economía más sostenible”.

“Este será un año histórico, no solo por la frecuencia de reuniones del Comité de Ministros, sino que por el número de proyectos que se estarán resolviendo”, enfatizó la secretaria de Estado. La ministra también destacó que el compromiso de la actual administración es “reducir en al menos un 30% el tiempo de evaluación ambiental de los proyectos”. 

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, participó este lunes en una nueva edición de Chile Day, realizada en Toronto, Canadá, instancia en la que presentó los principales avances del Gobierno en materia de gestión ambiental, fortalecimiento institucional y agilización de procesos asociados a proyectos de inversión, detallando el compromiso de la administración de reducir en 30% los tiempos de tramitación de evaluación. 

“Lo que les vamos a contar en este momento son cosas que ya se están implementando. Estamos eliminando ineficiencias del proceso de manera seria, responsable, con instituciones sólidas y, por sobre todo, resguardando nuestros estándares ambientales”, señaló la ministra Toledo al abrir su exposición ante inversionistas, autoridades y representantes del sector privado en Toronto. 

La secretaria de Estado recalcó que “para este Gobierno, el crecimiento económico, la seguridad jurídica y la sustentabilidad son una misma agenda”. 

Uno de los ejes centrales de la exposición fue la agilización institucional y la mejora de la gestión ambiental para cumplir con los plazos en la evaluación ambiental de los proyectos de inversión. En ese contexto, la ministra informó que, a mayo de 2026, el Comité de Ministros ya ha resuelto reclamaciones presentadas a 14 proyectos, igualando la cifra total alcanzada durante todo 2025. “Este será un año histórico, no solo por la frecuencia de reuniones del Comité de Ministros, sino que por el número de proyectos que se estarán resolviendo”, enfatizó. 

Fotografías: Fernando Requena

Además, recordó que la primera instrucción del Presidente José Antonio Kast fue resolver las reclamaciones pendientes de proyectos que, sumados, totalizaban una inversión estancada de más de US$16 mil millones, “pero ya hemos podido resolver más de US$9 mil millones. Con esto estamos demostrando que es posible cumplir los plazos y mejorar la gestión. Antes, una resolución posterior al Comité de Ministros podía demorar cerca de seis meses. Hoy las estamos sacando en 15 días hábiles”, afirmó la autoridad.  

Añadió que el compromiso de la actual administración es “reducir en al menos un 30% el tiempo de evaluación ambiental de los proyectos, los que están excedidos por distintos motivos”. Asimismo, Toledo explicó que el Ejecutivo impulsa una serie de reformas legales orientadas a fortalecer la institucionalidad ambiental, reducir tiempos de evaluación y otorgar mayor certeza jurídica. Entre ellas, mencionó modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, mejoras a las facultades de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente y ajustes al funcionamiento de los Tribunales Ambientales. 

La ministra también abordó las principales políticas ambientales impulsadas por el país en los últimos años, entre ellas la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley REP y la creación del SBAP, destacando que Chile mantiene su compromiso de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. 

En estos dos primeros meses de gestión, los montos asociados a los proyectos presentados ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) anotaron su cifra más alta desde el retorno a la democracia para igual lapso de las administraciones anteriores.

Según los datos proporcionados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entidad dirigida por el abogado Arturo Farías y responsable de coordinar la tramitación de estas inversiones, durante los primeros 61 días de la administración Kast ingresaron a evaluación 65 proyectos. En conjunto, estas iniciativas totalizan una inversión histórica de US$ 22.258 millones.

Para dimensionar la magnitud de esta cifra, basta con observar el comportamiento acontecido en los gobiernos previos.

Si bien el número de proyectos que ingresaron al sistema durante este periodo (58) es menor al registrado en los arranques de las administraciones de Gabriel Boric (109 iniciativas) o en el primer mandato de Sebastián Piñera (228 iniciativas), el volumen de capital involucrado marca una diferencia sustancial.

Hasta antes de este récord, el mayor monto de inversión ingresado para un primer bimestre de gobierno lo ostentaba la primera administración de Piñera, en 2010, con US$ 6.369 millones, seguida por la gestión de Boric, en 2022, con US$ 5.835 millones.

El dinamismo no solo se observó en el ingreso de nuevas iniciativas, sino también en el avance de las tramitaciones ya en curso. En cuanto a los proyectos que lograron luz verde por parte de la autoridad ambiental en este mismo lapso, los datos del SEA revelan que se aprobaron 36 proyectos.

Estas inversiones visadas durante los primeros dos meses del gobierno de Kast suman un total de US$ 8.655 millones. Al igual que en el caso de los ingresos, este monto de aprobación se posiciona como el más alto en los registros para un inicio de mandato, superando los US$ 5.331 millones aprobados en igual periodo de la administración anterior y los US$ 3.871 millones visados al inicio del segundo periodo de Michelle Bachelet, en 2014.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, explicó en el Chile Day, en Toronto, que “estamos eliminando ineficiencias del proceso de manera seria, responsable, con instituciones sólidas y, por sobre todo, resguardando nuestros estándares ambientales. Para este gobierno, el crecimiento económico, la seguridad jurídica y la sustentabilidad son una misma agenda, y el compromiso de la actual administración es reducir en al menos un 30% el tiempo de evaluación ambiental de los proyectos, los que están excedidos por distintos motivos”.

Por su parte, Arturo Farías, director ejecutivo del SEA, sostuvo que “vemos como un desafío, pero también como una oportunidad muy relevante, el ingreso de montos históricos para la evaluación ambiental. El trabajo serio y la expectativa sobre una mayor eficiencia en los procesos llevaron a que nos acerquemos al ingreso de más de US$ 22 mil millones al SEIA en solo 2 meses. Por otra parte, este nuevo ciclo ha traído aparejada la aprobación de la cifra más alta en los primeros dos meses de cualquier administración con más de US$ 8.500 millones. Esto ha sido en base al mandato claro que tenemos como institución, que es agilizar la evaluación ambiental, pero sin reducir las exigencias que nuestro marco legal nos ha dado”

¿Riesgos?

Entre expertos y asesores de grandes proyectos de inversión existe posiciones divergentes sobre si existen riesgos en esta búsquieda de acelerar fuertemente la tramitación de proyectos de inversión.

El exministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, estima que “el principal riesgo es que exista un aumento de reclamaciones judiciales. Si no se procesan adecuadamente las observaciones que legítimamente puedan tener los servicios públicos o la comunidad, puede generarse un espacio para pedir que la justicia vuelva al normal cauce la evaluación ambiental de un proyecto. Los tribunales ambientales son garantía para resguardar esos procesos y que se respete el cumplimento de la ley en las materias ambientales por sobre el propósito del Ejecutivo”.

En cambio, el socio del área de Derecho Público de Garrigues, Felipe Riesco, estima que “la celeridad yo creo que no constituye ningún riesgo. Menos si es cumpliendo plazos legales. Y los riesgos eventualmente asociados, respecto a una eventual falta de ponderación de variables por falta de tiempo, están resguardados por el control judicial de legalidad”.

“La garantía del control judicial es suficiente para conjugar esos eventuales riesgos”, concluye.

Paulina Riquelme, socia de EeLaw, en tanto, cree que “el principal riesgo surge cuando se intenta acelerar la tramitación sin adoptar medidas de gestión y fortalecimiento institucional asociadas. En esos casos, podría generarse un aumento de la judicialización ante los Tribunales Ambientales, particularmente mediante reclamaciones interpuestas por observantes del proceso de participación ciudadana (PAC), fundadas en eventuales déficits de motivación, análisis o consideración de observaciones”.

Mayores proyectos

En el inicio del gobierno de José Antonio Kast, la inversión ambiental se ha concentrado en cinco megaproyectos que suman cifras históricas, principalmente en los sectores de minería y energía.

A la cabeza se sitúa la Continuidad Operacional de Minera El Abra, que con una inversión de US$7.500 millones busca integrar una planta concentradora y desalinización de agua. Le sigue la expansión de Minera Escondida, con un presupuesto de US$5.150 millones, destinado a nuevas obras eléctricas y de concentración.

En el ámbito del litio, Albemarle destaca con el proyecto TED (Transición hacia Extracción Directa), valorado en US$3.100 millones. Finalmente, la lista se completa con el proyecto aurífero Lobo Marte (US$1.500 millones) y el complejo tecnológico de NorQuim, en Antofagasta (US$900 millones).