El Tribunal Constitucional rechazó la contienda de competencia presentada por el Comité de Ministros contra el Primer Tribunal Ambiental, validando la actuación de este último en el caso del proyecto Dominga. Fallo fue por cuatro votos a uno.

El Tribunal Constitucional rechazó la contienda de competencia impulsada por el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental a raíz del proyecto minero-portuario Dominga.

El Tribunal Constitucional rechazó el reclamo del Comité de Ministros que preside la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas y que integran los ministros de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería.

El TC concluyó que no hubo una invasión de competencias, ya que el tribunal ambiental actuó dentro del marco de la ley al asegurar el cumplimiento de una sentencia definitiva. Explicó que no se trataba de una interferencia ilegítima ni de una sustitución del criterio del Comité, sino de una medida necesaria para hacer cumplir lo que ya había sido decidido judicialmente.

“Las consideraciones anteriores nos llevan a concluir que ante nosotros no se ha presentado una verdadera contienda de jurisdicción de carácter positivo o negativo, ni constitutiva de una invasión o interferencia de funciones, que este Tribunal Constitucional deba dirimir, sino que el problema planteado dice relación con cuestiones de legalidad interna del proceso judicial, que cabe resolver en la sede ordinaria, por los mecanismos procesales habilitantes para ello y, adicionalmente, ya utilizados por el reclamante”, dice el dictamen.

El fallo se adoptó por una mayoría de cuatro votos contra uno. La presidenta del TC, Nancy Yáñez, nombrada bajo la actual administración, estuvo por acoger el requerimiento.

El conflicto surgió a raíz del proyecto minero-portuario Dominga, presentado por la empresa Andes Iron hace más de una década. Ubicado en la Región de Coquimbo, la iniciativa consiste en la extracción de concentrados de hierro y cobre, la construcción de un puerto para embarcar la producción y la posterior exportación, y considera una inversión de US$2.300 millones.

Fue sometido desde 2013 a evaluación ambiental, lo que generó múltiples reclamaciones por parte de ciudadanos y organismos. Luego de una serie de decisiones administrativas, anulación de resoluciones y revisiones judiciales, el Primer Tribunal Ambiental dictó una sentencia el 9 de diciembre de 2024, ordenando al Comité de Ministros que emitiera una nueva resolución sobre las reclamaciones ciudadanas, pero cumpliendo ciertos criterios y en un plazo determinado.

El Comité de Ministros, en enero de 2025, dictó una nueva resolución rechazando el proyecto, pero basándose también en dos nuevas razones que no habían sido parte del juicio anterior: observaciones de Conaf sobre biodiversidad y deficiencias en el plan de contingencias. El Tribunal Ambiental consideró que esas nuevas razones excedían lo ordenado en su sentencia anterior, por lo que el 17 de febrero de 2025 anuló parcialmente la nueva resolución del Comité y ordenó al Comité de Ministros emitir otra ajustada estrictamente a lo fallado.

Ante esto, el Comité de Ministros reclamó ante el Tribunal Constitucional, acusando al tribunal ambiental de haberse entrometido en facultades exclusivas del Comité, que tiene decisiones discrecionales sobre los impactos ambientales de los proyectos. Sostuvo que el tribunal no podía decirle cómo resolver, ni mucho menos imponer criterios. Ese fue el origen de la contienda de competencia que el Comité presentó y que finalmente el Tribunal Constitucional rechazó, validando la actuación del tribunal ambiental.

La causa permanecía en acuerdo desde el día 30 de mayo. Los abogados que litigaron por las partes fueron Yordana Mehsen por el Tribunal Ambiental de Antofagasta y Gonzalo García, ex integrante del TC, por el Comitè de Ministros.

Contradictorio

El Tribunal Constitucional en su sentencia advirtió una contradicción en la forma en que actuó el Comité de Ministros. Por un lado, acusó al Primer Tribunal Ambiental de haberse entrometido en sus competencias al dictar una resolución sobre el proyecto Dominga, pero, al mismo tiempo, el propio Comité presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones por esa misma resolución, pidiendo que fuera revocada con los mismos argumentos que luego usó en el reclamo constitucional.

El fallo subrayó que se produce una contradicción insalvable, porque no se trata solo de que existan recursos ordinarios en abstracto, sino de que el propio Comité utilice el recurso ordinario disponible, en vez de alzarse simplemente contra la competencia y, todavía, que en la apelación plantee los mismos puntos argumentales con los que luego quiere construir el asunto de competencia.

Es esa misma parte la que, afirma el fallo, ha reconocido y otorgado competencia a la Corte de Apelaciones para decidir esos precisos puntos. Y por ello advierte que, si se acogiera el reclamo, se configuraría una situación doblemente insostenible, ya que esa misma parte que pidió a la Corte revisar la resolución, lograría que se anule por falta de competencia del tribunal que la dictó.

“Se produce una contradicción insalvable, porque no se trata de que la existencia en abstracto de recursos ordinarios contra una resolución impida reclamar la incompetencia del tribunal que la dicta, razonamiento que quiere llevar el asunto al extremo de sostener que entonces contra un tribunal inferior jamás podría deducirse contienda, ya que sus resoluciones en general serán reclamables por vía de apelación, casación o ambas”, consignó el laudo.

“De otro lado, al actuar así inevitablemente estaríamos fallando la excepción de pago, aunque fuera indirectamente, porque no se comprende qué otro resultado puede tener dicha excepción, o cómo pueda resolverse nuevamente siquiera, si aquello que motivó su parcial rechazo fuera removido, por estimarse incompetente al Tribunal para pronunciarse del modo en que lo hizo”, concluyó.

El fallo tiene 68 páginas, y 16 de ellas corresponden al voto en contra de la ministra Nancy Yáñez.

Fuente/Pulso/LaTercera
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Las tecnologías emergentes convergen para crear ecosistemas mineros más productivos y seguros. La minería autónoma y la analítica avanzada en minería lideran el ranking de las tecnologías más relevantes para la Minería 5.0, según la revista Reporte Minero y Energético.

La industria minera chilena, responsable de más del 10% del PIB nacional y generadora de empleo directo para más de 280 mil personas, se encuentra en una fase de transformación hacia este nuevo paradigma. La Minería 5.0 busca integrar tecnologías avanzadas con el conocimiento experto, priorizando la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades locales.

Según un estudio de McKinsey, las empresas que adoptan tecnologías digitales pueden aumentar su productividad en un 15-20%. En línea con esta tendencia, Chile ha destinado más de 69.000 millones de dólares en proyectos mineros entre 2022 y 2030, reflejando una fuerte apuesta por la innovación, la eficiencia y la digitalización de procesos clave.

La implementación de tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT) y los gemelos digitales permite optimizar procesos críticos, reducir costos operativos y mejorar la sostenibilidad ambiental. Estas herramientas facilitan el monitoreo en tiempo real de variables clave, como emisiones de gases y consumo energético. 

“Los gemelos digitales han evolucionado hacia modelos dinámicos que simulan el comportamiento físico de equipos y procesos, conectando datos en tiempo real con representaciones virtuales cada vez más precisas”, señaló Patricio Ortiz, Data Scientist de Coddi. “Esto permite anticipar escenarios y tomar decisiones más informadas”.

Nicolás Orellana, Gerente de Operaciones de X-Analytic, destacó que “la verdadera Minería 5.0 no se limita a la incorporación de nuevas tecnologías, sino que implica una sinergia entre el conocimiento humano y las herramientas digitales. La clave está en potenciar la experiencia de los profesionales mineros con soluciones tecnológicas avanzadas, creando un ecosistema donde la inteligencia artificial actúe como un aliado estratégico”. 

En esa línea, Ortiz complementó: “Hoy la inteligencia artificial está generando impactos significativos en mantenimiento y procesamiento, donde los retornos operacionales son más inmediatos. También comienza a tener un rol creciente en logística predictiva, modelando rutas, consumos y tiempos de ciclo”.

En términos de sostenibilidad, la industria minera chilena ha avanzado en la adopción de energías limpias, alcanzando un 70% de uso de fuentes renovables en sus operaciones. Además, se han implementado sensores de alta precisión para el monitoreo ambiental, lo que permite una gestión más eficiente de los recursos hídricos y una reducción significativa de la huella de carbono.

El enfoque en el capital humano también es fundamental en esta transición. La Minería 5.0 revaloriza la importancia de proteger la salud y seguridad de los trabajadores, incorporando tecnologías que permiten una supervisión más efectiva y la automatización de procesos peligrosos. “La integración de sistemas ciberfísicos y la realidad aumentada coloca a las personas en el centro de la operación minera, mejorando su bienestar y productividad”, concluyó Orellana.

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El proyecto, desarrollado por el área de Supply Chain de SQM Litio, se implementa junto a Rehrig Pacific Chile, Comberplast y Atando Cabos, y reutiliza residuos del océano y de las operaciones de la compañía en el Salar de Atacama para crear pallets con plástico 100% reciclado.

Chile será el primer país en el mundo donde se implemente un proyecto de economía circular de esta envergadura.

En este proyecto, que emitirá 1.500 toneladas menos de CO2 al año, el material recuperado utilizado en un año equivale a más de 2.000 kilómetros de cuerdas, es decir, casi tres viajes de Santiago a Antofagasta.

En una iniciativa pionera a nivel mundial, SQM Litio ha lanzado un innovador proyecto de economía circular que permitirá producir anualmente 150.000 pallets reutilizando casi 3 mil toneladas de maxisacos de sus propias operaciones en el Salar de Atacama y de desechos plásticos rescatados del mar por Atando Cabos. El plan, diseñado y liderado por el área de Supply Chain de la compañía, se concreta de la mano de una alianza estratégica con Comberplast, Atando Cabos y Rehrig Pacific Chile (RPC).

En Chile, según los datos entregados por la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA), se reciclan 106.870 toneladas al año, cifra que se verá aumentada en un 2% gracias a esta iniciativa. Además, toda la producción tendrá tecnología de punta y trazabilidad, permitiendo así conocer el origen del material y entregar información precisa y real en cada momento del proceso, a través de la plataforma de trazabilidad T.R.S.T. desarrollada por Atando Cabos, que permite conocer el origen y ciclo completo del plástico recuperado.

El origen del cambio

Antes de esta iniciativa, SQM Litio utilizaba pallets de plástico virgen importados desde Asia, un modelo logístico con alta huella de carbono. Con esta innovación, se proyecta una reducción del 30% en costos logísticos, 1.500 toneladas menos de CO₂ emitidas al año y una operación más eficiente y sostenible, alineada con el compromiso de la compañía de ser carbono neutral en todos sus productos al 2030.

“Este es un ejemplo concreto de cómo desde Chile podemos liderar soluciones de clase mundial con impacto ambiental y económico. En SQM Litio estamos comprometidos con integrar la sostenibilidad en cada etapa de nuestra operación, y este proyecto es parte de una transformación más amplia que busca innovar, colaborar y cuidar el planeta con un modelo más barato y mucho más eficiente”, explicó Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio.

Así, en la búsqueda constante de soluciones innovadoras y sostenibles, con un correcto desarrollo tecnológico que se adapte a las necesidades de los clientes de distintas industrias, sumado al know-how de Comberplast en inyección de plásticos, de RPC en soluciones de logística (moldaje) y el de Atando Cabos en reciclaje de estas materias primas, se llevó a cabo esta alianza con inversión en tecnología e innovación, que permitirá eficientar una operación logística bajando costos, reduciendo residuos y emisión de CO2. 

“Este proyecto permite implementar una economía circular de gran escala, reduciendo una enorme cantidad de CO2 al año y recuperando miles de kilómetros de material que en vez de residuo, lo transformamos en materia prima. No es sólo un proyecto medioambiental, sino una muestra concreta de lo que podemos lograr cuando unimos propósito, innovación y colaboración”, agregó Gina Ocqueteau, presidenta del directorio de SQM.

Esta iniciativa considera casi tres mil toneladas de residuos que serán extraídos del medio ambiente y que no llegarán a rellenos sanitarios. El impacto equivale a 84 millones de botellas plásticas de 500 cc o 2,5 viajes de Santiago a Antofagasta en kilómetros de cuerda recuperada.

“Este tipo de proyecto es economía circular real, lo que nos motiva cada día para seguir trabajando. Tenemos la convicción de que es posible hacer negocios rentables y generar impacto positivo. Debemos atrevernos a cruzar fronteras entre industrias para dar soluciones más sustentables y generar un mayor impacto. Esperamos que otras empresas se unan a este camino que está liderando SQM Litio y que juntos retiremos plástico del medio ambiente para transformarlo en productos útiles para la sociedad”, aseguró el cofundador de Atando Cabos, Michel Compagnon.

Finalmente Antonio Pardo, Gerente General de Rehrig Pacific Chile, comentó que “este proyecto marca un antes y un después en la forma en que abordamos la logística operativa dentro del sector minero. Entendemos el compromiso que tiene SQM Litio con la Sustentabilidad y lo compartimos, es ahí donde entran nuestros pallets. No se trata solamente de cambiar un tipo de pallet por otro. Se trata de transformar un residuo en recurso, de cerrar ciclos productivos y de avanzar hacia una minería más limpia, más inteligente y más consciente de su impacto.” 

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Por Alejandra Molina, Gerente General de Minnovex

La minería es una industria global. Los recursos se encuentran distribuidos en distintos puntos del planeta, incluido nuestro país; donde los desafíos como la descarbonización, la eficiencia hídrica, la automatización e implementación de tecnologías 4.0 para aumentar la productividad, la seguridad de los trabajadores, y muchos otros son compartidos.

Estos desafíos comunes nos plantean también la gran oportunidad para internacionalizar la oferta tecnológica que se ha desarrollado en Chile, pues cumple con una serie estándares y requerimientos de una minería de gran escala y exigente y ha demostrado ser competitiva.

Lo anterior, nos ha llevado como Minnovex a retomar las acciones para apoyar la internacionalización de los proveedores mineros en especial a los que forman parte de nuestra red , con foco en sudamérica en particular Perú y Argentina. Por ello, visitamos Arminera 2025, una de las ferias mineras más importantes de Argentina, país que se ha tomado diversas portadas de medios de comunicación con importantes proyectos de inversión minera. Arminera nos permitió conocer de primera fuente la situación de la minería trasandina y tender puentes con diversas autoridades provinciales de Mendoza, Salta, Catamarca, Jujuy y del Ministerio de Economía del país vecino y organizaciones de proveedores locales.

Las conversaciones establecidas con diferentes autoridades, empresas y gremios aportaron a una visión más amplia del sector y cómo podemos trabajar en una red de colaboración. Nos permitió conocer además los incentivos y las restricciones que enfrentan los proyectos mineros, así también el funcionamiento y cultura que tienen los proveedores argentinos. 

En Arminera, las autoridades argentinas presentaron la aprobación del primer proyecto bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), de la minera Rio Tinto, que les permitirá avanzar en un ambicioso desarrollo de litio por más de USD 2.500 millones en la provincia de Salta. Todo esto da cuenta de un escenario donde se observa un auge importante del sector minero, donde se estima que para 2035, el cobre y el litio llegarían a representar el 88% del total de aporte de divisas de la minería, las que podrían superar los 20.000 millones de dólares, un 325% más que en 2024. 

Desde Chile, no podemos ser meros espectadores de lo que ocurre en Argentina. El dinamismo de la minería argentina es una gran oportunidad para las empresas proveedoras tecnológicas chilenas, que cuentan con experiencia, soluciones probadas y comercializadas, y que poseen una visión de innovación sustentable que pueden aportar al desarrollo de esta nueva ola de proyectos mineros.

En Minnovex creemos que podemos generar espacios de colaboración, de transferencia de conocimientos y buenas prácticas, que sean los pilares del desarrollo minero regional. Impulsar acciones en Argentina con una agenda proactiva para generar lazos con proveedores locales es vital, y con ello podamos diversificar la oferta exportadora chilena y junto ello aportar más valor a la economía, especialmente en un contexto donde el país vecino apuesta por crecer en el sector minero este año y en futuro, donde esperan inversiones significativas en cobre y litio. 

Estamos en tiempos donde la colaboración y la apertura de las fronteras es fundamental para, no solo para cumplir con las metas de descarbonización a nivel mundial y dar respuesta a la demanda de minerales críticos, sino que también para avanzar como región en la creación de tecnologías acorde a los desafíos actuales. Porque si algo quedó claro tras Arminera, es que la minería del futuro se construye a través de redes. Redes de confianza, de innovación y de colaboración entre países que comparten una cordillera rica en minerales estratégicos y que comparten desafíos.

Columna Opinión/Alejandra Molina, Gerente General de Minnovex
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De las 28 unidades a carbón que operaban en Chile en 2018, cuando se acordó el plan de salida de las carboneras a más tardar en 2040, actualmente quedan 17 operando. De ellas, sólo tres no tienen planes definidos de reconversión y son vistos como activos claves para el sistema. Consultores visualizan “cuesta arriba” adelantar la salida de esas unidades y piden conocer los fundamentos técnicos que inspiran la propuesta de gobierno.

Durante el segundo semestre de este año ingresaría al Congreso el proyecto de ley de descarbonización acelerada que anunció el Presidente Boric en su última Cuenta Pública, que busca anticipar la salida de las termoeléctricas a carbón de la matriz energética al “2035 o antes”.

El anuncio gatilló altas expectativas en el mundo de la generación renovable, pero levantó alertas entre los actores más tradicionales, especialmente entre las empresas que cuentan con carboneras operativas y que aún no han definido por completo los planes para reconvertir sus unidades.

Una revisión del estado de situación en la materia muestra que, de las 28 centrales que se contabilizaban en 2018 -cuando el gobierno de Sebastián Piñera acordó con las generadoras la salida programada de las carboneras a más tardar para 2040-, actualmente quedan 17 unidades operando.

De ellas, 14 ya han trazado planes y fechas para dejar de operar a carbón, y sólo tres no han definido aún si adoptarán planes de reconversión o simplemente se desconectarán. Aunque lo segundo parece improbable.

En esa lista corta, están las dos unidades de la central Cochrane, de Aes Andes, filial de la norteamericana Aes Corporation. Dado que empezaron su operación en 2016, son vistas por la firma como activos que “desempeñan un papel fundamental para garantizar la estabilidad y fiabilidad de la red, apoyar la integración de las energías renovables en Chile y acelerar la descarbonización”, según detalló Aes en su última presentación a inversionistas, el 28 de mayo.

Es que junto a Angamos, cuyo plan de retirada -el proyecto Alba- contempla una reconversión utilizando sales solares para ser calentadas con energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, totalizan 1.108 MW en capacidad instalada. Eso sí, son los últimos megavatios de los más de 3.000 que la compañía tenía en 2017. Consultada por la iniciativa del gobierno, desde Aes Andes puntualizaron que “la única manera de avanzar en la descarbonización en el sector eléctrico es acelerando el desarrollo de la infraestructura habilitante.

Para ello, nuestra compañía, como todo el sector, ha hecho inversiones muy destacadas durante los últimos años reduciendo las emisiones por generación a menos de la mitad y permitiendo alcanzar peaks de generación renovable por encima del 90%. Es por esto que consideramos que toda iniciativa que sirva para acelerar la ejecución de los proyectos renovables y de transmisión es muy bienvenida”.

No obstante, agregaron que “desde Aes seguimos invirtiendo fuertemente en Chile para transformar nuestro portafolio, sin perder nunca de vista la importancia de mantener como pilar fundamental de la transición energética la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”.

La tercera unidad que aún no define su reconversión es la Santa María, de Colbún. La única central a carbón del grupo Matte en Chile inició sus operaciones en 2012, y pese a que la compañía ha evaluado alternativas para darle continuidad a la unidad de 350 MW sin carbón, hasta el momento no ha comunicado una decisión.

Consultada por Pulso, desde Colbún afirmaron respecto de la propuesta de adelantar la salida de las carboneras a 2035 que ello requiere de asegurar condiciones clave, como la seguridad del sistema eléctrico, entre otras materias.

“Una transición energética responsable demanda importantes inversiones en la infraestructura habilitante necesaria que permita seguir avanzando hacia una matriz de generación sin emisiones, manteniendo a la vez adecuados estándares de seguridad y competitividad del sistema eléctrico. Todo lo que contribuya en esa dirección y permita cumplir con esas tres condiciones -sustentabilidad, seguridad y competitividad- es un avance, lo que cobra aún más relevancia después del apagón del 25F”, indicaron.

Por su parte, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, sostuvo que el anuncio del Presidente Boric “abre una conversación necesaria para el país, pero se debe abordar con responsabilidad y realismo”. En esa línea, planteó que “avanzar más rápido exige más que voluntad. Requiere asegurar condiciones habilitantes tanto regulatorias como de infraestructura material, que hoy aún presentan importantes brechas”.

“No se puede comprometer el retiro de nuevas centrales sin contar con garantías efectivas de seguridad y flexibilidad en la operación del sistema eléctrico. Esto implica disponer de infraestructura adecuada de respaldo, almacenamiento, transmisión y una operación modernizada del sistema eléctrico”, enfatizó.

“Como industria de generación eléctrica invitamos a que esta discusión se desarrolle con una mirada técnica, sin simplificaciones ni premuras, y con sentido de responsabilidad sistémica. La seguridad del suministro debe ser el marco desde el cual se analicen las decisiones futuras. El compromiso con la transición energética sigue firme, pero debe construirse sobre bases sólidas, medibles y verificables”, concluyó.

“Cuesta arriba”

Algunos expertos fueron más escépticos sobre la idea de anticipar la salida de las carboneras. Daniel Salazar, socio director de EnergiE, dijo que “el 2035 es una fecha que está muy cerca, está a la vuelta de la esquina, y se ve cuesta arriba fijarse un objetivo tan ambicioso como el que pretende este proyecto de ley”. Y aunque destacó la idea de querer “acelerar algunas iniciativas, vigilar, monitorear los permisos sectoriales, autorizaciones y otros asuntos que tengan que resolver los proyectos que se quieran priorizar”, afirmó que “aún así, es cuesta arriba”.

En su visión, es más necesario “reducir incertidumbre y eliminar distorsiones” que han surgido en los últimos años en el sector. “Hay que recuperar la confianza y credibilidad de los PPA regulados. Eso se destruyó en los últimos años y fue la clave del desarrollo de las energías renovables”, indicó.

Ramón Galaz, director ejecutivo de Valgesta, criticó incluso la falta de “fundamento” para la iniciativa. “No conocemos los antecedentes técnicos que hay detrás para hacer la propuesta que se hizo”, señaló, recordando que “cuando uno analiza lo que pasó en el 25F, quedó en evidencia de que si bien la falla fue bien identificada, y se conocen las razones, lo que más preocupa es el tiempo que demoró la recuperación del servicio”.

En esa línea, planteó que la denominada ‘reserva rodante’ del sistema, que es “el aporte que dan a la seguridad las centrales térmicas, es un tema que hay que discutir y analizar, y cuando dicen ‘vamos a cerrar la totalidad de las carboneras al 2035′, uno lo que al menos espera es que existan los antecedentes técnicos suficientes para decir que es una buena decisión esa fecha de cierre. Y eso hoy día no existe”.

Fuente/Pulso/LaTercera
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