Por: Manuel Viera F./Presidente de la Cámara Minera de Chile

China comunicó oficialmente la suspensión de sus exportaciones de ácido sulfúrico a partir de mayo de 2026. La medida busca preservar el suministro interno durante la temporada alta de siembra, pero ocurre en un contexto crítico: la guerra en Medio Oriente ha interrumpido el flujo de azufre, insumo clave para su producción.  La minería chilena se vuelve vulnerable a una disrupción global que no controla. La señal que encendió el mercado fue la información publicada por Bloomberg sobre el freno que China aplicaría a sus exportaciones de ácido sulfúrico.

La restricción de ácido sulfúrico desde China pega directo al corazón de la minería chilena. Con esto se demuestra lo vulnerable que es al igual que su producción de cobre, ahora que Chile paró dos fundiciones y la Fundición de Potrerillos que colapsó dejando una gran cantidad de producción de ácido sulfúrico, capacidad de diseño de 1500 ton, la pregunta que me hago: ¿Chile resolverá el problema estratégico de aumentar la capacidad de fusión en el país? Ese es un dilema buridano que el nuevo gobierno deberá decidir y rápido. Mi opinión es que sí y aún más, ir a la industria manufacturera directa con el foco en las fundiciones, creo que China no es un socio confiable, no le basta con el monopolio de las tierras raras, y otros minerales críticos.

Con esta medida, China, está haciendo tambalear la producción de cobre de los principales productores como Chile y Perú. La estrategia China es que no solo es el fabricante del mundo, sino también el productor y compra de muchos minerales críticos. ¿Acaso eso no lo ven las distintas autoridades cuya dependencia tarde o temprano les pasará la cuenta? Ahora está en una integración vertical en todo el mundo.

Cifras Claves

Las cifras mandan y dan un panorama de lo que pasa con esta medida que afecta a nuestra minería. Para 2025 la demanda chilena bordearía 8,2 millones de toneladas, frente a una oferta local de apenas 5,1 millones, Es decir, un déficit de ~3,1 millones de toneladas.

Cada año la industria chilena compra más de un millón de toneladas de ácido sulfúrico a China, según información de Bloomberg. En 2023 la región de Antofagasta concentró el 81,6% del consumo nacional de ácido sulfúrico y debió importar 4,443 millones de toneladas. El valor CIF de las importaciones llegó en 2023 a US$466 millones, el nivel más alto de la última década. La lixiviación de minerales oxidados es responsable de cerca del 20% de la producción de cobre del país.

Cochilco proyectó que en 2025 la elaboración de ácido sulfúrico caería 2,5%. Para 2026 y 2028 se anticipa una disminución de un promedio anual de 3,4%. Entre 2029 y 2033 la producción de ácido se mantendrá estable en los 5,7 millones de toneladas, con lo cual la brecha con el consumo total se acrecentará. Existe la posibilidad de que Noracid salga del mercado y con ello se pierdan 660.000 toneladas de ácido sulfúrico.

¿Por qué China toma esta desición?

China ya no ve el ácido sulfúrico como un subproducto menor de sus fundiciones, sino como una palanca económica y estratégica. Tres factores convergen: prioridad para su industria agrícola interna, el estrecho de Ormuz parcialmente bloqueado (Medio Oriente representa cerca de un tercio del suministro global de azufre), y el uso del ácido como herramienta geopolítica similar a las tierras raras. Es decir, al igual que los minerales de tierras raras, el ácido pasa a ser una moneda de cambio en la guerra comercial. ¿Y cuál más?

Entonces es una nueva estrategia China para dominar el mundo mediante minerales críticos. Chile debe diversificar su cartera de exportación e importación de insumos críticos y venta de Cobre y litio, ya no es opción es obligación.

Impacto Operativo en Chile

Esto explica por qué la noticia no se interpreta en Chile como una molestia comercial, sino como una amenaza directa al corazón operativo del cobre lixiviado La prohibición podría extenderse durante todo 2026 según los reportes de Acuity, y las mineras nacionales deberán buscar alternativas en un mercado internacional tensionado por la misma escasez de materia prima. El gran Boom de Chile obedeció a la producción de cátodos de cobre vía óxidos y ahora la producción solo alcanza cerca del 20 % y bajando, esto trae como consecuencia que el país debe aumentar la exploración geológica con innovación para reponer los oxido y generar nuevos proyectos.

Según Cochilco, las importaciones chilenas provienen de Perú, China y Corea del Sur. Con China fuera, la presión sobre Perú como proveedor será enorme.

Para concluir puedo señalar que este episodio expone una vulnerabilidad estructural de la minería chilena. La dependencia de un insumo crítico importado, sumado al petróleo. La solución de fondo pasa por aumentar la capacidad de fundición nacional (como el proyecto Nueva Paipote de ENAMI, y generar un polo de desarrollo desde Argentina), diversificar proveedores y desarrollar contratos de largo plazo con productores no-chinos. Explorar nuevos yacimientos de azufre.

Chile debe optar de manera urgente en una política nacional de fundición y refino, y así dar el paso para industrializar el cobre.

«La suerte es el cruce de la oportunidad con la preparación.» — Séneca.

Por: Patricio Cartagena D./Abogado, Presidente de CAMMIN

La discusión sobre cambio climático en la minería chilena ha dejado de ser un tema ambiental para convertirse, derechamente, en un problema de diseño regulatorio. En un escenario donde la industria enfrenta crecientes exigencias de mitigación y adaptación, el punto crítico ya no es la falta de diagnósticos ni de compromisos, sino la capacidad del sistema institucional para habilitar, en tiempo y forma, las inversiones necesarias para una minería baja en emisiones y resiliente al clima.

En este contexto, Chile ha dado un paso institucional relevante con la Ley Marco de Cambio Climático N°21.455, que establece metas claras de mitigación y adaptación, junto con una arquitectura de gobernanza climática. Este avance no es menor: entrega certidumbre, ordena la acción pública y alinea al país con estándares internacionales. Lo que hoy está en cuestión no es su diseño, sino su capacidad de implementación efectiva.

Capacidades del sector: de desafío a ventaja competitiva

La minería chilena, por su escala, sofisticación tecnológica y nivel de inserción global, se encuentra en una posición única. No solo enfrenta los efectos del cambio climático —escasez hídrica, eventos extremos, presión sobre infraestructura crítica—, sino que además tiene la capacidad de convertir esos desafíos en ventajas competitivas. La desalinización a gran escala, la electrificación de procesos, la integración de energías renovables y la gestión avanzada de relaves son ejemplos concretos de ello.

Sin embargo, esta transición no depende exclusivamente de la voluntad o capacidad de las empresas. Existe una dimensión estructural que hoy se vuelve determinante: la calidad de la regulación y de los instrumentos económicos que la acompañan.

El cuello de botella: regulación e incentivos

Actualmente, el sistema regulatorio chileno en materia ambiental y sectorial responde, en gran medida, a una lógica de control y verificación. Si bien esta aproximación ha sido necesaria para elevar estándares, no está diseñada para responder a la velocidad que exige la transición climática. La implementación de proyectos de descarbonización, electrificación o infraestructura hídrica sigue enfrentando procesos de evaluación extensos, fragmentación institucional y altos niveles de incertidumbre jurídica.

A ello se suma una brecha menos visible, pero igualmente crítica: la ausencia de instrumentos económicos robustos que aceleren la transición. La descarbonización en minería descansa hoy, en gran medida, en decisiones privadas, sin un sistema de incentivos a la escala del desafío. El precio del carbono aún es limitado como señal, y no existen mecanismos específicos para compartir riesgos en inversiones de alto costo asociadas a adaptación climática, como infraestructura resiliente o nuevas tecnologías.

Se configura así una paradoja evidente: Chile cuenta con metas climáticas ambiciosas y un sector minero con alta capacidad de innovación, pero carece de un entorno regulatorio y económico plenamente habilitante para materializar esa transición.

De la regulación de control a la regulación habilitante

Superar esta brecha exige un cambio de enfoque. No se trata de debilitar la regulación, sino de evolucionar hacia una regulación inteligente, capaz de compatibilizar estándares ambientales exigentes con procesos eficientes, certeza jurídica y promoción activa de la inversión climática. Esto implica, entre otros aspectos, avanzar en mecanismos de tramitación más ágiles para proyectos estratégicos, fortalecer la coordinación interinstitucional y desarrollar instrumentos económicos que incentiven la adopción de tecnologías limpias y la inversión en infraestructura crítica.

La experiencia comparada muestra que las transiciones exitosas no descansan únicamente en normas, sino en la combinación de regulación, incentivos y capacidades de ejecución. En ese sentido, el desafío para Chile es pasar de una regulación que fiscaliza a una que también habilita, orienta y acelera.

En este escenario, la minería chilena tiene las condiciones para transformarse en un actor protagónico en la respuesta al cambio climático, no solo por su rol en la provisión de minerales críticos, sino por su capacidad de innovar en agua, energía e infraestructura en condiciones extremas.

Sin embargo, ese potencial no se materializará por inercia. Requiere una evolución decidida hacia una regulación habilitante, acompañada de instrumentos económicos que permitan acelerar la inversión y reducir la incertidumbre.

Si el desafío climático es, en esencia, un desafío de implementación, entonces la política pública debe dar un paso al frente: menos fricción, más habilitación. Solo así la minería podrá pasar de adaptarse al cambio climático a liderar su solución.

Durante décadas, el debate sobre la minería en Chile ha girado en torno a una pregunta esencial: cómo asegurar que la riqueza generada por esta actividad estratégica se traduzca en desarrollo real para los territorios donde se produce.

Se debe construir un modelo de minería responsable, capaz de generar valor económico y, al mismo tiempo, traducir ese valor en bienestar tangible para las regiones y comunas del país.

Patricio Cartagena D./Presidente de CAMMIN, Abogado, Ex VPE Cochilco

En ese contexto, la implementación de la Ley N°21.591 de 2023 (“Ley sobre Royalty a la Minería”) constituye probablemente el cambio institucional más relevante en la política minera chilena de los últimos años. Su importancia no radica únicamente en haber establecido un nuevo esquema de tributación para la gran minería del cobre, sino también en haber incorporado de manera explícita una dimensión territorial en la distribución de los recursos que genera la actividad minera.

La lógica es simple, pero estructuralmente significativa: una parte relevante de la renta minera se redistribuye hacia regiones y municipios, fortaleciendo su capacidad de inversión pública y desarrollo local. 

Un nuevo ciclo en la política minera

Los primeros resultados comienzan a evidenciarse. En 2024 se concretó la primera transferencia de recursos a los municipios mediante un mecanismo transitorio, distribuyéndose más de $93 mil millones a 307 comunas del país, lo que constituyó una de las mayores inyecciones de recursos directos al sistema municipal en los últimos años.

A partir de 2025 el sistema comienza a operar plenamente. Ese año se proyectó una distribución superior a $218 mil millones entre más de 300 comunas, beneficiando a cerca del 90% de los municipios del país y a millones de personas a lo largo del territorio nacional.

En términos estructurales, el sistema contempla distintos instrumentos de distribución territorial, entre ellos el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras. En conjunto, estos mecanismos canalizan aproximadamente US$450 millones anuales hacia regiones y gobiernos locales, fortaleciendo su capacidad de inversión pública y planificación territorial. Las estimaciones fiscales indican que el sistema podría generar del orden de US$2.000 millones anuales de recaudación, dependiendo del ciclo del cobre.

Gobernanza territorial del royalty

Este rediseño institucional introduce un elemento particularmente relevante en la política minera chilena: avanzar hacia una gobernanza territorial de la minería. Durante décadas, uno de los principales cuestionamientos al desarrollo extractivo en diversas partes del mundo ha sido la distancia entre el valor económico generado por los recursos naturales y la percepción de beneficios en las comunidades cercanas a las operaciones productivas.

El royalty avanza precisamente en cerrar esa brecha. Permite vincular de manera más directa el desarrollo de la minería con el financiamiento de infraestructura pública, desarrollo urbano, equipamiento social y proyectos de inversión que impacten de manera concreta en la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, como ocurre con toda política pública relevante, el verdadero desafío no se encuentra únicamente en el diseño de la norma, sino en la calidad de su implementación.

El verdadero desafío: gestión y transparencia

En este escenario, el paso siguiente consiste en optimizar la forma en que estos recursos se gestionan en los territorios. La experiencia comparada muestra que los mecanismos de redistribución de rentas provenientes de recursos naturales logran consolidarse cuando se orientan hacia proyectos bien diseñados, con impacto real en el desarrollo local y ejecutados bajo altos estándares de gestión pública.

En primer lugar, será fundamental que los gobiernos regionales y los municipios orienten estos recursos hacia iniciativas con efectos estructurales en los territorios. Infraestructura habilitante, conectividad, recuperación de espacios públicos, infraestructura hídrica, equipamiento urbano, desarrollo productivo local o innovación territorial son ejemplos de proyectos capaces de generar beneficios sostenibles para las comunidades. 

En este esfuerzo, los esquemas de colaboración público-privada pueden transformarse en herramientas relevantes para fortalecer la capacidad de ejecución local. Un ejemplo es el acuerdo de cooperación suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda y la Cámara Minera de Chile, que establece un marco de colaboración técnica e institucional para impulsar el desarrollo económico, social, educativo y cultural de la comuna, aprovechando de manera eficiente los recursos del royalty que recibe la comuna.

En segundo término, resulta indispensable consolidar altos estándares de transparencia y rendición de cuentas en el uso de estos recursos públicos. La legitimidad de este instrumento —y, en parte, del propio desarrollo minero— dependerá de que la ciudadanía pueda conocer con claridad cómo se asignan y ejecutan los fondos provenientes del royalty. En esta materia, el rol del Consejo para la Transparencia será particularmente relevante para asegurar que la información sobre el destino de estos recursos sea pública, accesible y verificable.

Precisamente allí se juega una parte importante del éxito de esta política pública. Si los recursos del royalty se traducen en proyectos bien concebidos, ejecutados con eficiencia y gestionados con plena transparencia, el país habrá dado un paso significativo hacia un modelo de minería responsable, en el que el desarrollo del sector se vincule de manera directa con el bienestar de los territorios.

Las buenas políticas públicas en minería —aquellas que logran equilibrar crecimiento económico, desarrollo territorial y legitimidad social— deben, además, trascender los ciclos políticos. 

El sistema de royalty abre una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección: financiar proyectos que generen impacto real en los territorios y hacerlo bajo estándares exigentes de transparencia y rendición de cuentas. Si esos principios se consolidan, Chile no solo habrá incorporado un nuevo instrumento fiscal, sino que habrá dado un paso sustantivo hacia una verdadera gobernanza territorial de la minería, donde el valor generado por la actividad minera se traduzca de manera visible en desarrollo para las comunidades.

Por Luis Santamaría, líder del área Cloud & Service Provider de Schneider Electric

Durante años, los data centers fueron parte del paisaje invisible que sostiene la economía digital. Hoy dejaron de ser un soporte silencioso y se transformaron en un factor que incide directamente en la planificación energética del país y en su estrategia de desarrollo.

Luis Santamaría, líder del área Cloud & Service Provider de Schneider Electric

En esta línea, el Coordinador Eléctrico Nacional proyecta que la demanda eléctrica de estos centros crecerá cerca de 270% hacia 2030, pasando de 325 MW en 2025 a 1.207 MW. Solo en 2026 ingresarían cuatro nuevos proyectos que sumarán 83,1 MW adicionales, elevando la capacidad instalada en la Región Metropolitana a 341,6 MW. En menos de una década, Santiago habrá prácticamente cuadruplicado su capacidad respecto de 2021, una señal clara de la velocidad con que se está expandiendo la infraestructura digital.

Sin embargo, el punto crítico no está en la superficie construida, sino en la densidad energética. La expansión de la inteligencia artificial está incrementando la carga por rack y la generación de calor al interior de los centros de datos, lo que implica mayor concentración de energía por unidad instalada y exigencias operativas continuas, sin margen para interrupciones. El crecimiento, por tanto, no es solo físico, es intensivo en consumo.

Chile, en este sentido, avanza en paralelo en la transformación de su matriz. En 2024, el 68% de la generación eléctrica provino de fuentes renovables, de acuerdo con el Coordinador Eléctrico Nacional, posicionando al país como referente regional en penetración de energías limpias. No obstante, una matriz más verde no significa disponibilidad ilimitada. Persisten desafíos de transmisión, integración de energías variables y necesidad de potencia firme, variables que se vuelven más sensibles cuando se incorporan cargas intensivas que operan 24/7.

El fenómeno además trasciende las fronteras. Un estudio de Deloitte anticipa que hacia 2035 la demanda eléctrica de data centers vinculados a inteligencia artificial podría multiplicarse por 30 a nivel global. La tendencia sugiere que la presión sobre los sistemas eléctricos será creciente y estructural, no coyuntural. En este escenario, la eficiencia energética deja de ser un atributo comunicacional y se convierte en una condición de viabilidad. Tecnologías como el enfriamiento líquido y los sistemas avanzados de gestión energética permiten manejar mayores cargas térmicas, optimizar consumos y anticipar fallas, integrando inteligencia operativa a la infraestructura física. Incorporarlas desde el diseño puede marcar la diferencia entre una expansión armónica y una red tensionada.

Los 1.200 MW proyectados no son solo una cifra que habla de crecimiento digital, sino un recordatorio de que el desarrollo tecnológico y la planificación energética están hoy profundamente entrelazados. Chile tiene la oportunidad de consolidarse como hub digital regional, pero ese liderazgo dependerá de su capacidad para crecer con coherencia, asegurando que la ambición digital no supere la resiliencia del sistema que la sostiene.