Durante la sesión, los representantes del accionista, el ministro de Hacienda y el biministro de Economía y Minería, conocieron las acciones impulsadas por el directorio y la nueva administración por las adulteraciones detectadas en los registros de producción de 2024 y 2025, y respaldaron el proceso orientado a esclarecer los hechos, determinar responsabilidades, resguardar el patrimonio de la compañía y fortalecer sus mecanismos de control.

Codelco realizó este jueves la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada a solicitud del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en su calidad de representantes del Presidente de la República como accionista de la Corporación. La sesión tuvo como propósito conocer y analizar los antecedentes relacionados con las cifras de producción falsamente reportadas en los años 2024 y 2025, el estado de avance de las investigaciones de las auditorías actualmente en curso y las medidas adoptadas y por implementar. Asimismo, en la sesión se abordaron los avances del plan de recuperación de la compañía.

“Aunque estos hechos ocurrieron en años anteriores, desde que asumimos hemos enfrentado su esclarecimiento con determinación y transparencia. Estamos ordenando la casa, investigando en profundidad y fortaleciendo nuestros controles para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir. Nuestro compromiso es claro: producir de manera segura y rentable, resguardar el patrimonio de Codelco y recuperar la confianza en la compañía”, afirmó Fontaine.

El presidente del directorio explicó que las investigaciones en curso consideran las auditorías internas de Codelco y dos revisiones externas independientes: la encargada a KPMG sobre la producción de todas las divisiones durante 2024 y 2025, y la auditoría forense encomendada a EY para investigar las eventuales duplicidades de producción, sus causas, responsabilidades y efectos.

Explicó que, de acuerdo con los antecedentes recabados hasta ahora, la producción total reportada en 2024, considerando las distintas irregularidades, habría sido incrementada falsamente en 27.600 toneladas de cobre, mientras que en 2025 el efecto neto alcanzó 18.100 toneladas (ver cuadro). Fontaine enfatizó en que las investigaciones y auditorías aún están en curso, por lo que estos números podrían experimentar modificaciones.

“Estamos frente a hechos graves que este directorio considera inaceptables. Nos corresponde realizar todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido, establecer responsabilidades sobre la base de hechos y evidencia, recuperar cualquier perjuicio que se haya producido y corregir los procesos y controles que permitieron estas situaciones”, señaló Fontaine.

Los antecedentes hoy disponibles muestran que las duplicidades investigadas habrían incrementado artificialmente los inventarios en 18.800 toneladas de cobre fino, con un impacto preliminar de entre US$ 120 y US$ 140 millones que los auditores financieros de la compañía se encuentran precisando. También indican que estas situaciones alteraron el cálculo de los incentivos variables de un grupo de trabajadores y ejecutivos cuyas cifras definitivas aún no están determinadas.

Durante la cita, el presidente ejecutivo de la estatal, Jorge Gómez, detalló las medidas correctivas para fortalecer los mecanismos de control de producción e inventario detectadas. Entre ellas, destacó la actualización de los estándares de balance metalúrgico, que permiten verificar la cantidad de cobre que ingresa, se procesa y se obtiene en cada etapa de la producción, así como el fortalecimiento de los mecanismos de control de inventarios. Estas acciones, precisó, buscan asegurar que las cifras reportadas reflejen fielmente la producción real de las divisiones y cuenten con respaldo verificable.

“Como nueva administración, estamos tomando medidas concretas para corregir las deficiencias detectadas y asegurar que cada tonelada de cobre que informamos tenga un respaldo real y verificable. Estamos reforzando nuestros controles y avanzando hacia una gestión más rigurosa, transparente y eficiente. También queremos ser claros en que estos hechos no representan a los miles de trabajadores y trabajadoras que todos los días hacen bien su trabajo, con honestidad, profesionalismo y compromiso. Es precisamente por ellos, y por el país, que tenemos la responsabilidad de corregir lo que corresponde, recuperar la confianza y fortalecer a Codelco”, afirmó Gómez.

Mandato de los ministros sobre el rol de los directores

En la reunión, los representantes del accionista expresaron su respaldo a las gestiones desarrolladas por el directorio y la administración para investigar los hechos, establecer responsabilidades cuando corresponda, adoptar medidas correctivas y recuperar eventuales pagos realizados en exceso. Asimismo, manifestaron su apoyo al Plan de Recuperación que prepara la compañía, orientado a mejorar la gestión de las operaciones, revisar costos, optimizar el uso de los recursos y avanzar hacia una Corporación más segura y rentable para el Estado.

“Codelco es una empresa estratégica para Chile y el Estado ha dado una señal concreta de respaldo, capitalizando el 100% de las utilidades del último ejercicio para fortalecer su posición financiera y permitirle desarrollar sus inversiones prioritarias. Ese respaldo supone también una exigencia: los recursos públicos deben administrarse con disciplina, transparencia y rigurosidad, resguardando el patrimonio de todos los chilenos”, afirmó el ministro Quiroz.

Agregó que “como hemos señalado, debemos ser exigentes con los directorios tanto de las empresas privadas como de las públicas. Corresponde al directorio de Codelco ejercer plenamente su responsabilidad de conducción y supervisión de la compañía, asegurar la calidad de la información, exigir una gestión eficiente y rentable y responder por las decisiones que se adopten. Por eso respaldamos las medidas destinadas a esclarecer estos hechos y fortalecer los controles, y hemos solicitado agotar las investigaciones, determinar las responsabilidades que correspondan, recuperar cualquier perjuicio al patrimonio de Codelco y asegurar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse”.

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, enfatizó que el fortalecimiento de los controles debe traducirse en cambios permanentes en la forma de gestionar la empresa. “Apoyamos el cambio cultural impulsado por este directorio para transformar a Codelco en una empresa enfocada en producir de manera segura y rentable, con disciplina en el uso del capital, proyecciones realistas y responsabilidades individuales claras”.

En esta misma línea, Fontaine indicó que “durante demasiado tiempo, en Codelco la discusión estuvo excesivamente centrada en cuántas toneladas se producían. Pero no se trata de producir por producir. Se trata de producir de manera segura, eficiente y rentable y con información que represente efectivamente nuestra capacidad operacional”. Agregó que “necesitamos construir una cultura donde ninguna presión por cumplir una meta o mejorar un cierre anual pueda estar por encima de la seguridad, la ética y las normas de la compañía”, en este sentido Fontaine enfatizó que Codelco hoy enfrenta grandes desafíos y que “estamos empeñados en elaborar y ejecutar un Plan de Recuperación de Codelco para mejorar su rentabilidad, flujos y proyecciones futuras”.

Ante las consultas de los ministros, la directora Tamara Agnic, quien preside el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) de Codelco, explicó el proceso que siguió el directorio desde que se recibieron las denuncias internas por las irregularidades en la producción. “Esclarecer estos hechos tiene costos institucionales y reputacionales que debemos asumir. Proteger a Codelco exige enfrentar sus problemas y corregirlos. Incluso cuando hacerlo sea doloroso. Esto es una prueba exigente para nuestra gobernanza. Seguiremos adelante con la misma determinación con la que hemos actuado hasta ahora”, aseguró.

“Tenemos la convicción de que Codelco saldrá fortalecida. Esa convicción nos compromete a perseverar en las investigaciones, asumir las consecuencias y demostrar que las medidas se implementan y funcionan. Ese es el compromiso con el que hemos actuado y con el que seguiremos actuando en equipo”, resumió Agnic.

La junta solicitó al actual directorio y a la nueva administración continuar las investigaciones hasta su total esclarecimiento, determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan y adoptar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan, además de mantener un diálogo abierto con los accionistas para analizar y revisar posibles cambios en el diseño de la gobernanza de la empresa. 

CASO 1

 CASO 2 

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En el marco de las auditorías internas y las encargadas a las empresas KPMG e EY, relacionadas con las irregularidades en el registro y reporte de producción de los años 2024 y 2025, el directorio de Codelco tomó conocimiento de nuevos antecedentes y resolvió poner término a la relación laboral de un grupo de ocho ejecutivos y profesionales de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz.

La medida forma parte de un proceso más amplio de revisión y fortalecimiento de la gestión, impulsado por la administración y el directorio, orientado a identificar y corregir deficiencias, reforzar los mecanismos de control y asegurar la integridad y confiabilidad de la información corporativa.

Esta decisión se adoptó conforme a la normativa interna y la legislación vigente, sin perjuicio de otras eventuales responsabilidades que puedan establecer las investigaciones que se encuentran en curso por los organismos competentes, así como de las acciones legales que Codelco podría emprender para proteger sus intereses.

Los trabajadores desvinculados corresponden a: el gerente general de División Salvador; el gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo, Casa Matriz; los gerentes de Recursos Mineros y Desarrollo de las divisiones Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata; el jefe de Valorización Metalúrgica, de la Gerencia de Contabilidad, Casa Matriz; el superintendente de Operaciones Fundición, División Salvador; y el jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de División Ministro Hales.

En este contexto, el directorio y la administración de Codelco reafirman su compromiso con la integridad, la transparencia y la probidad, y continuarán con las investigaciones internas y de las empresas auditoras, que buscan resguardar el trabajo honesto, profesional y responsable que la gran mayoría de los trabajadores(as) y ejecutivos(as) de Codelco desarrolla diariamente.

Codelco seguirá informando oportunamente sobre los avances de las investigaciones en curso. 

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Felipe Lagno Sánchez, hasta ahora gerente corporativo de Innovación y Tecnología, cuenta con más de 14 años de trayectoria en la Corporación.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Codelco informó el nombramiento de Felipe Lagno Sánchez, como gerente general de División Salvador, en reemplazo de Patricio Viveros. Lagno asume sus funciones a partir del 30 de octubre.

Lagno cuenta con 14 años de trayectoria en Codelco, en distintos cargos vinculados a operaciones, proyectos, desarrollo, innovación y tecnología. Actualmente se desempeñaba como gerente corporativo de Innovación y Tecnología, dependiente de la Vicepresidencia de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación. Antes fue gerente de Innovación del Distrito Norte y ocupó distintos cargos ejecutivos en División Radomiro Tomic, entre ellos, gerente de Proyectos, de Planta y de Desarrollo. Previamente, ejerció en instituciones como EcoMetales, y el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM).

Ingeniero civil químico de la Universidad de Chile, posee un magíster en Metalurgia Extractiva de la misma casa de estudios y un PhD en Metalurgia Extractiva de McGill University, Canadá.

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Iniciativa elimina la patente progresiva, reduciendo costos que afectaban especialmente a medianos y pequeños mineros. También aumenta causales para acceder a un pago rebajado.

Posterga hasta el 28 de febrero de 2027 el pago de patentes correspondientes a 2026, postergando los remates de concesiones mineras en todo el país. 

Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el primer proyecto minero del gobierno del Presidente José Antonio Kast, normativa que simplifica el régimen de patentes mineras.

La iniciativa brinda mayor certidumbre jurídica y estabilidad regulatoria al desarrollo productivo del sector a la vez que reduce los costos de la patente minera, que afectaban especialmente a la minería artesanal, pequeños y medianos productores. En efecto, la nueva legislación pone fin al cobro progresivo con tope de hasta 12 UTM por hectárea, reemplazándolo por una tasa fija de 0,4 UTM por hectárea.

Asimismo, amplía las causales para que pequeños y medianos productores puedan acceder a

una patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea; y posterga hasta el 28 de febrero de 2027 el pago de patente minera correspondiente al período 2026, posponiendo -una vez entrado en vigencia- los remates de concesiones mineras en todo el país.  

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien asistió al pleno de la Sala junto al ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, destacó “el amplio consenso que ha generado este proyecto de ley, que ha sido aprobado casi por unanimidad en sus dos trámites constitucionales anteriores. Esto refleja que existe un diagnóstico compartido: Chile necesita una pequeña y mediana minería vigorosa para desplegar todo su potencial minero”.

Y agregó que “no podemos seguir manteniendo regulaciones que obstaculizan a quienes quieren invertir, explorar y producir, especialmente a aquellos mineros que están en la base de nuestra actividad”.

Asimismo, el secretario de Estado declaró que “este proyecto no se trata solo de modificar una ley. Se trata de darles nuevas oportunidades a cientos de mineros, de recuperar los incentivos para explorar y de volver a impulsar la energía creadora de nuestra minería”. En esa línea, la autoridad reiteró que “el desafío es que Chile pueda desatar su potencial minero. Y con este proyecto estamos dando un paso concreto en esa dirección”.

Claves de la iniciativa

La Ley N°21.420 modificó en 2022 el régimen de patentes mineras y elevó el costo de mantener concesiones, aumentando el número de remates y exponiendo a muchos pequeños mineros a la pérdida de sus pertenencias.  

Frente a esta realidad, en mayo de este año el Ejecutivo ingresó al Congreso una propuesta legal con foco en simplificar el régimen de patentes mineras y agilizar el sistema mediante la eliminación del cobro progresivo.

El proyecto despachado a ley aumenta las causales que permiten a los productores mineros acceder al pago de una patente rebajada, eliminando requisitos burocráticos de parentesco y tipos societarios; e incorporando una nueva causal por exploración para que el productor no tenga que presentar los mismos documentos todos los años.

Además, extiende el beneficio de patente rebajada para que no solo los titulares de las concesiones puedan solicitarlo, sino también los arrendatarios y quienes exploten legítimamente la mina. También conserva el beneficio de rebaja mientras el proyecto cuente con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente o esté en proceso de evaluación ambiental.

Beneficios para la pequeña minería

Para brindar a este régimen una cobertura coherente con la realidad productiva de la pequeña minería, la iniciativa introduce un nuevo régimen especial para titulares de hasta 500 hectáreas, que desarrollen trabajos mineros y se encuentren empadronados en ENAMI u otro poder de compra reconocido. Estos casos podrán mantener una patente rebajada por 5 años.

Del mismo modo, fortalece el régimen especialísimo de postulación a patentes rebajadas eliminando la exigencia de acreditar servidumbres y ampliando de 50 a 100 hectáreas la extensión de superficie susceptible de acogerse a patente rebajada para la minería artesanal y de 100 a 150 hectáreas para pequeños productores. El periodo de este beneficio sube de 2 a 5 años.

Postergación y perfeccionamiento de remates

Un punto clave del texto aprobado en el Congreso es que establece la postergación hasta el 28 de febrero de 2027 del pago de las patentes correspondientes a 2026, posponiendo la realización de los remates.  

Finalmente, para agilizar la movilización de la propiedad minera y bajar costos e incertidumbre, especialmente a concesionarios de menor tamaño, la iniciativa introduce además diversas mejoras prácticas al procedimiento de remate por no pago de patentes mineras. Entre otras medidas, se incorporan mecanismos para corregir errores en las nóminas de concesiones afectas a remate, regular adecuadamente las costas del procedimiento, agilizar la declaración de terreno franco y clarificar los efectos de la cancelación de inscripciones y extinción de obligaciones.

De este modo, una vez promulgada y publicada en el Diario Oficial, la nueva ley brindará a la actividad minera reglas más claras y un régimen general más beneficioso, con causales de rebaja bien delimitadas, alineando el sistema de patentes con los objetivos de desarrollo minero del país.

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En ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast, el titular de Minería resaltó que anuncio de la compañía representa “la consolidación de Chile como una potencia minera indiscutida a nivel global”. 

Proyectos permitirán a la compañía duplicar su producción de cobre en Chile y generar más de 8 mil nuevos puestos de trabajo.

“Chile se vuelve a poner de pie con certeza jurídica, con reglas claras y estables, con un flujo decidido de grandes inversiones y, sobre todo, con la esperanza renovada en un futuro de prosperidad para todas las familias de nuestro país”,  afirmó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante la ceremonia encabezada este lunes por el Presidente José Antonio Kast en la Región de Atacama, donde la minera Capstone Copper dio a conocer un plan de inversiones por más de US$ 3.000 millones.

El secretario de Estado subrayó que el anuncio “representa la consolidación de Chile como una potencia minera indiscutida a nivel global … y reafirma la confianza del mundo en nuestras instituciones, en nuestro clima de negocios y en la solidez de nuestra economía”.

El plan de inversiones anunciado por la compañía canadiense permitirá duplicar su producción de cobre en el país al año 2031, gracias a inversiones estimadas de US$2.300 millones en el proyecto Santo Domingo; US$220 millones destinados a dos proyectos de crecimiento de corto plazo en las operaciones de Mantoverde; US$165 millones para el Desarrollo Mina 2026; US$150 millones para Capex de sostenimiento; y US$70 millones para exploración.

El biministro Mas expresó que esta inyección de capitales privados es “resultado directo de una visión de Estado que cree en el impulso de la iniciativa privada, que actúa como un facilitador de proyectos responsables y que trabaja incansablemente para destrabar los obstáculos de la permisología, garantizando que el esfuerzo de invertir en Chile vuelva a ser una decisión segura y atractiva”.

Impacto en el empleo

Desde la perspectiva económica, el plan contempla inversión, producción, fortalecimiento de pyme y recaudación fiscal. Solo la construcción de Santo Domingo requerirá más de 8.000 trabajadores en su punto más alto y aportará alrededor de 3.000 empleos directos e indirectos, una vez en marcha sus operaciones.

El biministro Mas puso especial énfasis en el beneficio que esto genera a las personas. “Hablamos de oportunidades reales, de capacitación técnica, contratos con proveedores locales y dinamismo económico para Diego de Almagro, Chañaral, Copiapó y toda la Región de Atacama, que mantendrá un sello donde la mayoría de la fuerza laboral es y seguirá siendo de la zona”, enfatizó.

La ceremonia realizada en las instalaciones de Capstone Copper en Mantoverde, contó también con la participación de la delegada presidencial regional, Sofía Cid; el gobernador de Atacama, Miguel Vargas; y el seremi de Minería, Jonathan Carmona; además del vicepresidente senior y director ejecutivo de Operaciones de Capstone Copper, James Whittaker; el gerente general de Mantoverde, Óscar Flores; parlamentarios, ejecutivos y representantes de la comuna.

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