Con una inversión de $4.000 millones, el complejo puede procesar hasta cuatro toneladas de residuos por hora, reduciendo la peligrosidad del arsénico  y recuperando metales de alto valor comercial.

Solenor anunció la apertura oficial de la primera planta privada de lixiviación de cenizas de fundición. En términos sencillos, el proyecto promete reducir la peligrosidad de los residuos provenientes de la pequeña, mediana y gran minería a su mínima expresión y recuperar metales que destacan por su valor comercial, como cobre, plomo, zinc y níquel,

Con esta apertura, la empresa busca posicionarse como una pieza clave en la fase más delicada de la cadena productiva, que es precisamente el tratamiento de residuos sólidos industriales peligrosos, como lo son los polvos con altas concentraciones de arsénico para la industria minera.

Según explica Sebastián Pérez,  gerente general de Solenor, la única instalación con capacidades similares es la estatal EcoMetales, filial de Codelco en Antofagasta: “este complejo dota a Atacama de una alternativa que evita el traslado de carga peligrosa hacia otras zonas del país, disminuyendo de forma drástica los riesgos logísticos de la actividad minera”.

De la disposición a la neutralización definitiva

En la actualidad, la disposición final es la solución más común, y consiste en confinar los residuos en infraestructuras autorizadas denominadas “celdas de seguridad”, que si bien evitan su dispersión inmediata, no suprimen la peligrosidad química a largo plazo. De ahí que requieran supervisión exhaustiva y constante.

En contraste, la apuesta de Solenor es la inertización por vía húmeda, un proceso que transforma el arsénico presente en cenizas de fundición en un compuesto insoluble y químicamente estable.

En el ámbito regulatorio, obtener el permiso específico de funcionamiento y operación sanitaria se tradujo en una tramitación que se extendió por casi cuatro años. Desde la compañía señalaron que el proceso finalizó formalmente este año, cuando la propia Seremi de Salud de Atacama autorizó su apertura.

Frente a este riguroso proceso, Pérez valoró el trabajo realizado por la autoridad ministerial: «esta resolución confirma que el proyecto cumple estrictamente con la normativa vigente, asegurando que el buen funcionamiento de este proyecto va de la mano con el respeto irrestricto al bienestar de la comunidad, el entorno regional y la seguridad de nuestros equipos de trabajo». La gestión de los pasivos ambientales ha sido uno de los principales desafíos que ha enfrentado la Gran Minería. Un estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) advierte que el norte de Chile concentra el 82% de los depósitos de relaves del país. Aunque la mayor parte corresponde a roca estéril, existe un 1% compuesto por metales pesados altamente complejos, llamados Compuestos de Connotación Ambiental (CCA), como el arsénico, el plomo y el mercurio. Sin una intervención técnica preventiva, estos componentes constituyen un peligro toxicológico debido al riesgo de dispersión hacia los recursos hídricos y ecosistemas colindantes.

China representó el 55% del carbonato de litio que se comercializó desde Chile en estos seis meses, en un momento en que el valor del mineral ha crecido favorablemente respecto del año pasado. El mercado del mineral se ha mantenido equilibrado gracias a restricciones de oferta, y una demanda sólida.

La iniciativa que busca simplificar y aportar certeza al régimen de patentes mineras fue aprobada en general por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Proyecto continúa su primer trámite constitucional en el Congreso con la presentación de indicaciones hasta el 7 de julio y posterior paso a Comisión de Hacienda.

Con 8 votos a favor y 5 abstenciones, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que simplifica el sistema de postulación y pago de patente minera rebajada para concesiones de explotación. De este modo, la primera iniciativa legislativa de carácter minero del Gobierno del Presidente Kast avanza en el Congreso en su primer trámite constitucional con calificación de suma urgencia.

La propuesta del Ejecutivo formula modificaciones al régimen de patentes mineras establecido en el Código de Minería, con el propósito de agilizar el sistema mediante la eliminación del aumento progresivo de las patentes y los requisitos de 500 hectáreas, parentescos y tipos societarios para la pequeña minería. Además, incorpora una nueva causal de rebaja por exploración minera para que el productor no tenga que postular todos los años a la rebaja.

“Este proyecto busca fortalecer especialmente una actividad que es fundamental para el desarrollo económico de las regiones, otorgando herramientas que flexibilizan el cumplimiento normativo de la pequeña minería, segmento que es tan relevante en el norte de Chile”, afirmó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Junto con valorar la celeridad del trabajo de la comisión parlamentaria, el secretario de Estado enfatizó que el foco del proyecto radica en impulsar la inversión y reactivar el potencial de la pequeña y mediana minería. “Se trata de dar lo básico que requiere todo buen emprendedor: certezas e incentivos – comentó –, por lo que este proyecto está en el corazón del plan de gobierno porque está alineada con nuestro objetivo de pasar a ser un Estado facilitador de la iniciativa privada, dejando en el pasado los años de obstrucción y retraso que han impedido el despliegue del potencial minero”, subrayó.

En tanto, el subsecretario Álvaro González, destacó que “los ejes son claros: Primero, facilitamos el acceso a la patente rebajada. Vamos a eliminar los requisitos burocráticos de parentesco y tipos societarios que impedían a muchos pequeños mineros acceder a este beneficio. Segundo, eliminamos la patente progresiva para quienes no han podido desarrollar actividad. Y como tercer punto, ampliamos los beneficios. No sólo el concesionario podrá postular, sino también arrendatarios y quienes exploten legítimamente la mina”.

La medida, ampliamente esperada por los pequeños y medianos productores mineros, fue ingresada al Congreso en mayo de este año. Con la aprobación en general se definió el próximo 7 de julio como plazo para la presentación de indicaciones (modificaciones al proyecto), y proseguir luego la votación en particular y posterior paso a discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Una vez materializados los ajustes del proyecto, la actividad minera dispondrá de reglas más claras y un régimen general de patente más beneficioso, con causales de rebaja bien delimitadas, alineando el sistema de patentes con los objetivos de desarrollo minero del país.

El Primer Tribunal Ambiental acogió una reclamación del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida contra el SEA por un proyecto aprobado de BHP de US$ 2.351 millones. Acusan que la iniciativa no se ajustó a las legalidades «destinadas a velar por la protección de la salud de las personas».

Hay un conflicto interno en Escondida. En marzo de 2025, la minera Escondida de BHP, el yacimiento que más produce cobre del mundo, ingresó un proyecto a evaluación ambiental por US$ 2.351 millones para hacer adecuaciones en la respectiva faena.

La iniciativa, que fue aprobada a fines de septiembre del mismo año y recibió su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a mediados de octubre, tiene el objetivo de mantener los niveles aprobados de producción de la mina.

El Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida, que reúne a más de 2.300 trabajadores según su sitio web, interpuso por este proyecto un reclamo contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el que está a cargo del director ejecutivo Arturo Farías. Los trabajadores piden que tanto la RCA de la iniciativa junto a un recurso administrativo que ingresaron ante el SEA contra el mismo proyecto, y que fue rechazado, sean anulados.

El nombre del proyecto en cuestión es “Modificaciones Operacionales en Planta Concentradora Laguna Seca y Nueva Línea Eléctrica Asociada, al Interior de Minera Escondida”. Su objetivo es la implementación de adecuaciones de diseño e ingeniería en la planta Concentradora Laguna Seca, a través de nueva infraestructura vinculada a procesos de molienda, chancado y flotación de gruesos y finos.

“No fue legalmente tramitado”

Los trabajadores alegan contra la resolución aprobada que no fueron considerados “debidamente” en el proceso de participación ciudadana. El escrito, presentado ante el Primer Tribunal Ambiental el 12 de junio y acogido este miércoles, reclama que el proyecto debió ingresar como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y no como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Las DIA son presentadas cuando no existen ciertos impactos. Algunos de estos efectos dicen relación con recursos naturales; reasentamiento de comunidades humanas; cercanía a poblaciones, recursos y áreas protegidas; y riesgo para la salud de la población, a causa de la cantidad de efluentes, emisiones y residuos. La totalidad de esta lista se encuentra en el artículo 11 de la Ley 19.300.

“La evaluación ambiental del proyecto no fue legalmente tramitado, no se aplicaron las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes destinadas a velar por la protección de la salud de las personas por los impactos ambientales y concretamente no se dio respuesta fundada a las observaciones formuladas como se ha hecho ver”, afirma el escrito.

En el documento se agrega que “en la evaluación ambiental no se presentaron los antecedentes necesarios para establecer evidencia suficiente y razonable para justificar que el proyecto descarte la generación de efectos, características y circunstancias del artículo 11 literal a) de la Ley 19.300 y del artículo 5° literal a) del DS 40, todo ello bajo el predicamento que simplemente no había receptores humanos de interés”.

El sindicato ya había reclamado esto anteriormente. El 14 de noviembre del año pasado, el sindicato presentó una reclamación administrativa ante el director ejecutivo del SEA, que en ese momento era Valentina Durán. El sucesor al cargo, el actual director, Arturo Farías, rechazó el reclamo el 28 de abril de este año.

En esa decisión el SEA argumentó que “no resulta procedente exigir el cumplimiento de normas primarias de calidad ambiental en los pabellones, áreas de descanso y recreación evaluados en el presente Proyecto, toda vez que dicha normativa está diseñada para la protección de la población general expuesta en condiciones permanentes, y no para el entorno ocupacional”. Y que “las observaciones ciudadanas relacionadas a este punto fueron debidamente consideradas”.

BHP: “Fue evaluado conforme a la normativa”

Desde la gigante BHP, vía comunicado, defienden que el proyecto se evaluó bajo la normativa ambiental vigente, “a través de un proceso técnico y reglado liderado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en el que se analizaron sus características y potenciales efectos”.

“Dicho proceso concluyó con una recomendación favorable del SEA y su posterior aprobación unánime por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Antofagasta. Confiamos en que las instituciones pertinentes ponderarán debidamente los antecedentes técnicos expuestos durante el proceso de evaluación y que tuvieron como resultado la aprobación del proyecto”, señaló la minera.

Material particulado

El alegato del sindicato contra el SEA dice que si se mantiene la RCA, “se permitirá el aumento significativo de PM10 en la zona en que se emplazan los campamentos mineros, los que ya se encuentran en una zona excedida de los límites de concentración de este contaminante, sin que se prevea ninguna medida de protección, control o mitigación ambiental que evite poner en riesgo la salud de miles de trabajadoras y trabajadores”.

Con ello, argumentan que el proceso está amparado por el Decreto Supremo 593/1999, y que este no considera ninguna norma de calidad primaria del aire exterior de los campamentos mineros subyacentes al proyecto.

Por ello, acusan que “se trataría de un grupo de personas que quedan huérfanas de normativa ambiental del aire cuando realizan actividades diarias en dichos campamentos. Ellos, renunciando a su libertad personal, deberían permanecer enclaustrados exclusivamente en sus tiempos de descanso al interior de las instalaciones, pese a que ellas también evidencian una contaminación excedida de PM10″.

El sindicato concluye argumentando que con esta situación “los trabajadores que ocupan estos campamentos sería un grupo de seres humanos, que por el sólo hecho de laborar en faenas mineras adyacentes, no tienen derecho a la debida protección ambiental”.