El fiscalizador indicó que denuncias realizadas en el último tiempo en contra de la institución que lidera han intentado inhibir el trabajo que realizan. Esto, en medio del juicio que mantienen con la minera estatal.
Un duro informe presentó ayer el contralor Jorge Bermúdez ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por las supuestas irregularidades en una licitación en la división Salvador. El documento fue elaborado con auditorías realizadas por Codelco y Cochilco sobre la asignación de contratos para el movimiento de material en dicha faena.
Los puntos criticados por el contralor apuntan al trabajo realizado por Cochilco, que se habría enfocado solo en el proceso de licitación y adjudicación, sin que fueran revisados los antecedentes vinculados con la compra del servicio. “Hay una debilidad en el proceso. El desorden, la falta de formalidad, la debilidad, siempre son el caldo de cultivo para males mayores. No está claro cuáles son los fundamentos de la licitación, nosotros podríamos cambiar los autos de la Contraloría, puedo hacerlo, pero ¿es conveniente? Quizás no tanto. Esas son decisiones críticas de las licitaciones que acá no aparecen”, sostuvo Bermúdez.
Las palabras del contralor apuntan a que no existe una explicación sobre la cantidad de material a movilizar licitada por la Corporación, en circunstancias de que posteriormente la estatal reconoció errores en los cálculos del plan. Si bien la licitación era por 104 mil toneladas, en el Plan de Desarrollo de Negocios de la división se estipulaban 70 mil toneladas, mientras que finalmente fueron requeridas 20 mil toneladas.
Respecto de las sanciones, si bien la estatal desvinculó a un grupo de ejecutivos que estuvieron involucrados en la adjudicación, se critica que no existan castigos a nivel central, pues por las dimensiones del concurso son decisiones de carácter compartido.
Pese a que desde la Corporación indicaron que la capacidad extra contratada fue reasignada a otros de sus yacimientos, el contralor cuestionó que esto haya ocurrido. “Según nos explicaron, la maquinaria normalmente se contrata para un tipo específico de faena y no necesariamente sirve para otra, es un tema técnico que hay que dilucidar”, comentó ante los diputados.
Investigación propia
Con los mismos antecedentes, el órgano fiscalizador realizó una investigación, advirtiendo que al no tener una capacidad “intrusiva” no pudieron realizar una auditoría. También dijo que no quisieron que se viera como una suerte de persecución sobre la estatal. A partir de los mismos documentos, el ente rector alertó que hubo empresas precalificadas, pese a que no contaban con las condiciones establecidas en la licitación. También subrayó sobre la falta de formalidades, como la firma de los evaluadores, o del propio presidente de la minera, Nelson Pizarro.
Respecto a un módulo que resultó desierto y que fue asignado a la firma San Antonio, el contralor cuestionó que esta última haya sido constituida solo para servir este contrato. “No es extraño que se formen consorcios para cerrar una obra pública, lo raro es que haya un consorcio con un solo objeto, que es este trato con Codelco y que se asigne de trato directo”, dijo.
Finalmente, advirtió que en las auditorías no se trató el tema de posibles conflictos de interés, pero sí se aplicó la norma interna de la estatal, que es más laxa a la que se aplica al resto del Estado. Apuntó a que este es, además, la razón del conflicto que mantienen las partes en tribunales.
“Acá se produce un problema que desgraciadamente está ocurriendo con la Contraloría: la manera de inhibir su actuación es demandándola. Me parece súper preocupante, porque hay otras vías institucionales y siempre estamos abiertos a la colaboración, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo”, remató el contralor.
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