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EXPERTO AUSTRALIANO ANALIZA LA RELACIÓN ENTRE EMPRESAS Y COMUNIDADES
El experto en responsabilidad social de la Universidad de Queensland Daniel Franks afirma que seguir subestimando a las comunidades impide a las empresas entender que la oposición a sus proyectos ya no es una actividad antojadiza. En esta entrevista plantea los principales detalles de la experiencia australiana en la materia.
Como en todo matrimonio, si no existe una buena comunicación entre la minería y las comunidades cercanas a su operación la relación inevitablemente puede terminar en divorcio. Y tal como sucede en todo quiebre, los costos pueden ser muy altos: incluso cercanos a los US$ 20 millones semanales, en el caso de los grandes proyectos mineros valorizados entre US$ 3.000 y US$ 5.000 millones. Así lo concluye un estudio divulgado recientemente por investigadores de las universidades de Queensland (Australia), Harvard y Clark (ambas de Estados Unidos), que abordó los costos empresariales de 50 casos de proyectos extractivos con conflictos sociales en el mundo, incluyendo iniciativas de Perú, Argentina y Chile.
Según Daniel Franks, coautor del estudio y subdirector del Centro para la Responsabilidad Social en Minería de la Universidad de Queensland, para que el matrimonio sobreviva adecuadamente lo que más se necesita es comunicación. “Si te divorcias no hay vuelta atrás, normalmente no te casas con la misma persona. Si las mineras y las comunidades entran en conflicto es muy difícil que resurja una relación productiva. Y si bien hay gente que se vuelve a casar con su ex pareja, es muy poco común, pues hay mucha historia detrás”, describe.
El académico estuvo en Chile presentando detalles de la investigación en una charla organizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, donde enfatizó que no hay una fórmula única para llevar adecuadamente esta relación, pero que todo esfuerzo debe incluir el diálogo como un imperativo del negocio mismo.
– ¿Cuál es la principal conclusión del estudio que realizaron?
Que es contraproducente pensar que las comunidades son grupos vulnerables y que no tienen ningún poder en la sociedad. Este argumento subestima totalmente el poder que estos grupos pueden llegar a tener en términos de influir en los resultados de grandes inversiones. Es preciso que estas voces sean escuchadas durante todo el ciclo de los proyectos.
– Pero siempre está el riesgo de que la comunidad se vuelva experta en suspender proyectos y se oponga sólo porque es buen negocio…
Ése es el impacto acumulado de proyectos mal diseñados. Además, si te comportas como debe ser, se te va a escuchar siempre en el futuro.
– En Chile hay varios proyectos suspendidos en minería y otros rubros, sobre todo en la Región de Atacama. ¿Cómo ha visto la evolución de esos casos?
Hasta hace poco, la industria minera en Chile desarrolló su capacidades y habilidades en ambientes muy controlados, en áreas muy remotas, y se volvió muy buena operando en ese escenario. Pero a medida que las exploraciones y desarrollos comenzaron a expandirse hacia el Sur, los proyectos ingresaron a territorios donde hay un uso mixto de la tierra, instalándose en las zonas altas, por arriba o muy cerca de las principales fuentes de agua para la agricultura. Para hacer eso se necesita un conjunto de habilidades de diálogo y negociación que las mineras no tienen, pues la industria no se ha adaptado a este nuevo ambiente y contexto social.
El camino andado
– ¿Cómo ha sido la historia de conflictos en Australia?
En los años 60 tuvimos proyectos mineros que entraron en conflicto con comunidades indígenas opositoras, muchos de ellos actuaron de la misma manera, ocasionando grandes daños. Esta situación llevó a una fuerte regulación con la Ley de Derechos Aborígenes a la Tierra de 1976 y la Ley de Título Nativo de la Comunidad de Australia de 1993, que dieron a las comunidades el derecho a consulta y negociación, pero no poder de veto. Fueron reformas que empoderaron mucho a los indígenas.
– ¿Cómo reaccionó la industria ante estas reformas?
Hubo una gran controversia. La industria fue muy reacia y se opuso fuertemente al comienzo. Algunos advirtieron que esto llevaría a la paralización de inversiones en la gran minería, pero también hubo algunas empresas que cumplieron un rol distinto, más cercano, y resultaron clave en el éxito de esta reforma. Entre ellas estuvo Rio Tinto.
– ¿Finalmente se paralizó la inversión?
No, no lo hizo. Pero sí fue una política que necesitó tiempo y depuró aquellos proyectos que estaban destinados a ser un desastre. Algunos representantes de grupos nativos en los territorios del Norte me dijeron que hubo un período en que vieron menor inversión, pero desde entonces se ha mantenido fuerte y la regulación ha permitido un buen diálogo y proyectos exitosos.
– ¿A qué se debe este éxito?
A que se estableció la base para el diálogo, la comunicación y los acuerdos. Se asentaron las condiciones necesarias para que ambas partes se acercaran y tuvieran un proceso justo. La reforma les entregó a las organizaciones indígenas recursos para que pudieran llevar a cabo un proceso de defensa y negociación profesional. No se trata de decidir si el proyecto va o no va, sino del tipo de relación que habrá en el largo plazo y cuáles son las oportunidades de desarrollo social que resultarán de todo esto. También estableció objetivos de empleo indígena.
Todo lo anterior no significa que no haya desafíos aún afectando la relación entre minería y comunidades, pero esta reforma ayudó mucho a ordenar.
– ¿Los conflictos sociales han motivado un cambio en la industria minera a nivel mundial?
Desde inicios del 2000 que varios proyectos mineros han mejorado sus políticas de desarrollo sustentable y relaciones con las comunidades. Esto se inició en realidad a fines de los 90, con la industria mundial comenzando a involucrar a la sociedad civil en sus procesos mediante un proyecto llamado Minería, Metales y Desarrollo Sustentable (MMSP en inglés). Fue el momento en que finalmente la minería se enchufó, entendió e intentó dar una respuesta. Pero el cambio no ha sido generalizado. Más recientemente los gobiernos están tratando de asegurar que haya consistencia, una cancha de juego más nivelada.
– ¿Por qué este reciente interés de los gobiernos?
Porque vieron el alza de los precios de los commodities en 2003 como una oportunidad para capturar más beneficios de estos proyectos. Y en ese proceso no sólo implementaron legislación que subió más los impuestos, sino también buscaron fomentar compromisos entre las mineras y su entorno.
– ¿Cómo adoptó Australia este proyecto mundial de minería y desarrollo sustentable?
Mejorando su regulación. Yo participé en el proceso de reforma del estado de Queensland en específico, llamado Política Comunitaria de Recursos Sustentables, que buscó desarrollar un nuevo espacio colaborativo de gobernabilidad en minería. El mecanismo clave fue mejorar el proceso de evaluación del impacto social, así como la implementación de planes de manejo social. Surgieron foros de diálogo también.
– ¿Fue exitoso?
Se aplicó entre 2008 y 2013 hasta que un nuevo gobierno llegó al poder en Queensland. Si bien varias compañías pensaban que evaluar el impacto social hacía sentido porque ya lo estaban haciendo, la reforma impuso muchas condiciones que las empresas vieron como una sobrecarga. Alegaron sobrerregulación y varios, si bien no reflejaban todas las perspectivas de la industria, pidieron una retrotracción. El nuevo gobierno ha retrocedido en partes de la legislación y mantenido otras, pero no de una manera muy comprensiva.
– ¿Cuál fue el error?
Falta de flexibilidad. La política no consideró la diversidad de prácticas entre las compañías; algunas mineras tenían muy buenos sistemas en pie. Entonces para qué pedirles que adopten un sistema paralelo. ¿Por qué no concentrarse en las compañías que no tenían nada?
Lenguaje común
– ¿Es la falta de flexibilidad una característica del regulador?
Los gobiernos, en general, no han sido muy activos en regularizar el impacto social de los proyectos mineros y todavía están experimentando. A los gobiernos les gusta regular procesos porque es fácil. Lo que es difícil es regular los resultados. Pero la relación entre proceso y resultado es muy compleja. Así que pasa porque el regulador sea más flexible y la empresa sea más competente.
– ¿Cómo pueden gobierno y empresa desarrollar esas capacidades?
Ambos deben tener profesionales que hablen el mismo idioma. A medida que los gobiernos se involucran, deben desarrollar la sofisticación necesaria para regular. Pero la perspectiva cambia según el gobierno de turno. Así que nunca es un tema zanjado.
– ¿Qué rol le cabe al Estado?
Motivar a las empresas que ya están midiendo el impacto social, reconocer sus avances y procesos efectivos, y no sobrecargarlas con regulación. Enfocarse en compañías que no lo entienden, no son capaces o no han querido hacerlo, y así nivelar la cancha.
– ¿Cuán vinculante debe ser este ambiente regulatorio?
La regulación no siempre funciona igual en situaciones diferentes, especialmente cuando las comunidades son tan diversas entre sí. Así que debe facilitar el diálogo y a las empresas ayudarlas a entender el contexto social. Se trata de motivar a que el core business, el corazón del proyecto, sea relevante para la comunidad. Que el impacto social forme parte de este core, y que no esté en la periferia. Pero no hay una receta única.
– ¿Cómo influye conocer el costo de los conflictos sociales en este proceso de cambio?
Si estos grandes costos son tomados en serio, pueden cambiar la forma en que el negocio minero trata a las comunidades y a los temas socio-ambientales. Saber el vínculo entre el riesgo social que el proyecto implica para las comunidades y el medioambiente, y el riesgo que el proyecto implica para el negocio puede motivar reformas.
– ¿Pero están las mineras dispuestas a cambiar su core business?
El sector minero es diverso y hemos visto varias compañías que están calculando los costos sociales como parte de su plan de inversión. Algunas vivieron conflictos sociales cuyas lecciones les costó aprender. Pero no estamos hablando de un imperativo moral solamente, sino de un imperativo de negocio. Varias mineras se dieron cuenta de la conexión entre sus estándares ambientales y sociales y la productividad de sus proyectos. Pero desarrollar esta madurez toma tiempo y muchas compañías no están listas para eso.
– ¿Entienden los administradores de proyecto y las gerencias las implicancias sociales de sus inversiones mineras?
Contar con profesionales capaces de manejar temas sociales y ambientales es clave. Pero hoy en día quienes manejan las relaciones con la comunidad y sustentabilidad en las mineras no tienen la influencia necesaria para incidir en ellas. Nuestra investigación de los costos de los conflictos les permite ganar tracción dentro de sus organizaciones. No resolverá sus problemas, pero les permitirá traducir estos temas a un lenguaje de negocios.
Por Marta Lillo
Fuente/quepasamineria
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Crecimiento
Anglo American y Codelco acuerdan el camino para sumar 2,7 millones de toneladas de cobre adicionales
“Este acuerdo representa una forma más eficiente y responsable de desarrollar uno de los principales distritos cupríferos del mundo. Nos permite aprovechar mejor infraestructura existente, capturar mayores beneficios para Chile y avanzar con una visión de largo plazo basada en la excelencia operacional, la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos”, comentó el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine.
Anglo American plc (“Anglo American”), a través de su filial Anglo American Sur S.A., de la cual posee el 50,1%, y Codelco, anuncian el cierre del acuerdo definitivo para implementar un Plan Minero Conjunto en sus respectivas minas de cobre Los Bronces y Andina en Chile, tras la obtención de las aprobaciones regulatorias y de libre competencia necesarias, así como el cumplimiento de las condiciones precedentes. El anuncio de hoy da continuidad al acuerdo histórico firmado y anunciado por Anglo American y Codelco en septiembre de 2025.
Se espera que el Plan Minero Conjunto permita liberar 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre durante un período de 21 años, lo que equivale a aproximadamente 120.000 toneladas anuales adicionales de producción de cobre a bajo costo, con una inversión de capital mínima, y la generación de al menos US$ 5.000 millones en valor incremental antes de impuestos, el cual será compartido entre ambas compañías. La implementación del Plan Minero Conjunto permanece sujeta a la obtención de los permisos ambientales correspondientes, actualmente prevista a más tardar para el año 2030.
Duncan Wanblad, CEO de Anglo American, señaló: “Nuestro acuerdo con Codelco demuestra lo que es posible cuando trabajamos en asociación para liberar sinergias industriales de alto impacto, generando un valor significativo y más toneladas de cobre tanto para ambas compañías como para Chile. El siguiente hito importante para Los Bronces – Andina es la obtención oportuna de los permisos, lo que nos permitirá comenzar a generar el volumen y valor adicional que buscamos, en beneficio de todos nuestros grupos de interés y de Chile”.
“Al integrar los planes mineros de Los Bronces y Andina, estamos liberando una de las oportunidades de adyacencia de cobre más significativas del mundo. Este tipo de adyacencias es poco común y pone de relieve el papel que puede desempeñar un desarrollo responsable, basado en alianzas para apoyar la ambición de Chile de aumentar la producción nacional de cobre hasta alcanzar 6 millones de toneladas anuales al año 2030”, complementó Wanblad.
Bernardo Fontaine, presidente del Directorio de Codelco, comentó que “este acuerdo representa una forma más eficiente y responsable de desarrollar uno de los principales distritos cupríferos del mundo. Nos permite aprovechar mejor infraestructura existente, capturar mayores beneficios para Chile y avanzar con una visión de largo plazo basada en la excelencia operacional, la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos. Es un ejemplo concreto de cómo la colaboración puede generar más valor sin renunciar al rigor, la disciplina y el compromiso que hoy exige Codelco”.
“El Plan Minero Conjunto Andina–Los Bronces refleja los principios que hoy orientan a Codelco: seguridad; maximizar los excedentes para el Fisco, lo que implica rentabilizar las operaciones buscando no aumentar la deuda; ordenar la casa con mano firme y transparencia, y fortalecer la sostenibilidad”, agregó Fontaine.
Las compañías también establecieron principios para guiar la implementación del Plan Minero Conjunto, incluyendo criterios de sostenibilidad que resguardan los programas sociales, y el cumplimiento de los compromisos ambientales vigentes.
Tanto Anglo American como Codelco mantendrán la flexibilidad para desarrollar proyectos propios de manera independiente, incluyendo el avance de sus respectivos recursos subterráneos, durante la vigencia del Plan Minero Conjunto, de forma coordinada y adecuada.
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La iniciativa es el primer gran hito del proceso de reconversión que la compañía está impulsando en Huachipato, el cual contempla el desarrollo de cuatro distritos —industrial, logístico-portuario, de innovación y de desarrollo inmobiliario— para consolidar nuevamente al complejo como un polo productivo nacional y regional.
La transacción contempla una reorganización societaria para separar los bienes que formarán parte de la operación, los que comprenden 91 hectáreas —equivalentes a cerca del 20% del complejo— y activos siderúrgicos estratégicos ubicados en dicha área. Posteriormente, AZA adquirirá y se fusionará con la sociedad resultante.
Como parte del acuerdo, CAP recibirá una contraprestación de US$130 millones, la que incluye un pago en acciones equivalente al 15% en la empresa combinada.
Grupo CAP y Aceros AZA alcanzaron un acuerdo para combinar sus negocios siderúrgicos, integrando activos estratégicos de Huachipato con el modelo industrial y plantas productivas de AZA. La operación dará origen a una compañía dedicada a la producción de acero verde en Talcahuano, en la que ambas empresas participarán como accionistas.
A diferencia del proceso tradicional, basado en la transformación de mineral de hierro mediante la tecnología de los altos hornos, la nueva compañía utilizará chatarra ferrosa como materia prima y hornos eléctricos para su procesamiento. Este modelo de economía circular permite fabricar acero con una de las menores huellas de carbono a nivel mundial.
Para materializar la operación, Huachipato deberá realizar una reorganización societaria para separar los activos que formarán parte de la empresa combinada. Estos corresponden a la acería y dos laminadores, además de 91 hectáreas —equivalentes a cerca del 20% de las 443 hectáreas que conforman el complejo— y otras instalaciones ubicadas en ese sector. Posteriormente, AZA adquirirá y se fusionará con la sociedad resultante.
La transacción alcanza una valorización total de US$484 millones. Como parte del acuerdo, CAP recibirá una contraprestación de US$130 millones, compuesta por un 15% de la propiedad de la empresa combinada —avaluada en US$62,5 millones—, además de US$25 millones en efectivo y un pago contingente de US$42,5 millones adicionales, sujeto al inicio de operación de uno de los laminadores existentes en Huachipato y a la construcción y puesta en marcha de la nueva acería eléctrica. Por su parte, AZA integrará a la compañía combinada sus dos plantas productivas en la Región Metropolitana (Colina y Renca), junto con su red de recolección y procesamiento de chatarra a nivel nacional, activos valorizados en US$354 millones. Además, liderará la operación de la compañía.
El acuerdo considera además la opción de que CAP aumente su participación hasta un 20% en la empresa combinada una vez materializado el proyecto de acería eléctrica. Asimismo, en una primera etapa contará con un representante en el directorio, con la posibilidad de aumentar a dos en caso de concretarse su incremento en la propiedad.
El gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr, destacó que “esta asociación con un actor líder en la producción de acero sostenible como AZA va en línea con nuestra estrategia de impulsar asociaciones que pongan en valor nuestras capacidades, nos permitan rentabilizar nuestros activos y habiliten nuevas oportunidades de desarrollo”.
El ejecutivo agregó que “este acuerdo combina de manera natural las capacidades de ambas compañías, integrando el proceso productivo de AZA con infraestructura estratégica ubicada en Huachipato, lo que permite potenciar una actividad clave para el país y proyectarla hacia el futuro bajo una forma de producción distinta, sostenible y alineada con los desafíos de descarbonización de la industria. Asimismo, representa una oportunidad para dinamizar la actividad industrial en la Región del Biobío, impulsar nuevas oportunidades de desarrollo productivo y contribuir a la generación de empleo en la zona”.
La materialización de la operación estará sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones habituales para este tipo de transacciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y al cumplimiento de las condiciones pactadas entre las partes.
La reconversión de Huachipato
Desde la suspensión de su actividad siderúrgica en septiembre de 2024, CAP ha impulsado la reconversión del complejo, proceso que contempla la creación de un ecosistema compuesto por cuatro distritos —industrial, logístico-portuario, de innovación y de desarrollo inmobiliario—, con miras a consolidar nuevamente a Huachipato como un polo productivo regional y nacional.
El desarrollo de estos distritos contempla tanto iniciativas propias como asociaciones con terceros, además de proyectos ancla que, por su escala y relevancia, cumplirán un rol central en el crecimiento de cada área.
Al respecto, Burr destacó que “la asociación con AZA es el primer gran hito de este proceso de reconversión y el proyecto principal del distrito industrial, marcando un avance concreto en nuestra visión de largo plazo para consolidar nuevamente a Huachipato como un polo productivo relevante para la Región del Biobío y para el país”.
Etapas del proyecto
Una vez recibidas las aprobaciones correspondientes, la iniciativa se implementará en dos etapas. En la primera, AZA utilizará la capacidad de laminación existente en Huachipato, con una producción estimada de 200 mil toneladas anuales. Posteriormente, y sujeto a las condiciones de mercado, se evaluará el desarrollo de una acería eléctrica, que podría requerir una inversión del orden de US$250 millones.
Desde el punto de vista operacional, se generarán eficiencias logísticas relevantes al posicionar Huachipato como un centro de acopio de chatarra y distribución de productos para la zona sur, aprovechando su infraestructura ferroviaria y su integración portuaria.
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Crecimiento
BERNARDO FONTAINE VISITA EL TENIENTE EN SU PRIMERA SALIDA A TERRENO, CON FOCO EN LOS EQUIPOS Y LA SEGURIDAD
El nuevo presidente del directorio de Codelco recorrió distintas instalaciones de la división, donde conversó con trabajadores(as), dirigentes sindicales y ejecutivos, además de reforzar los cuatro pilares estratégicos definidos por el directorio: seguridad; maximizar los aportes al Fisco sin aumentar la deuda; ordenar la casa con mano firme y transparencia, y acentuar la sostenibilidad operacional, económica, ambiental y social de la Corporación.
En su primera salida a terreno, el nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, visitó la División El Teniente como punto inicial del despliegue que lo llevará progresivamente a conocer todas las operaciones de la Corporación.
“Quise que mi primera visita a terreno fuera a El Teniente porque estamos en una operación emblemática para Codelco y para Chile. Esta división ha debido enfrentar uno de los períodos más complejos de su historia reciente. Aquí se vivió una tragedia que nos recordó que la seguridad no puede darse nunca por descontada. También han enfrentado exigencias operacionales, productivas y humanas que pusieron a prueba a toda la organización. Por eso era importante venir, escuchar y ver a las personas. Conversar con las y los trabajadores, supervisores, dirigentes sindicales y ejecutivos”, describió tras el recorrido.
La jornada se inició en el sector de Maitenes, donde Fontaine, acompañado por el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, fue recibido por el gerente general (i) de la división, Gustavo Reyes, y el gerente de Operaciones, Pablo Vera, quienes lo acompañaron por distintas instalaciones clave en interior mina, específicamente en el sector Pilar Norte, donde visitó la sala de operación remota y monitoreo sísmico y apreció las actividades de carga y transporte de mineral.
Durante esta parte del recorrido también se revisaron los controles de riesgos críticos y estándares asociados a la prevención de fatalidades, en línea con el foco prioritario en materia de seguridad, definido como uno de los cuatro ejes del nuevo directorio.
“La seguridad debe seguir siendo nuestra prioridad. No basta con aprender de lo ocurrido. Tenemos la obligación de fortalecer controles, incorporar mejores tecnologías, elevar los estándares y construir una cultura donde el riesgo nunca se normalice”, recalcó Fontaine.
Al mediodía compartió el almuerzo con los trabajadores(as) en el casino de Pilar Norte y por la tarde sostuvo encuentros con el equipo ejecutivo de la división y también con representantes de sus siete sindicatos. “Quiero agradecer esta oportunidad de conversar directamente con ustedes, conocernos, visitar el lugar donde todos los días miles de mujeres y hombres entregan lo mejor de sí para el desarrollo de Chile y el bienestar de las personas. Como representantes de los trabajadores, los dirigentes sindicales encarnan una voz fundamental para entender la realidad de la división”, comentó el presidente del directorio.
Posteriormente, Fontaine visitó el Centro Integrado de Operaciones (CIO) de El Teniente en las oficinas de Rancagua, donde reforzó la importancia de la integración tecnológica y la gestión avanzada de las operaciones.
Cuatro pilares para una nueva etapa
La visita también representó una oportunidad para que Fontaine reforzara en terreno los cuatro pilares estratégicos que el directorio definió para esta etapa de Codelco. Así, en cada una de las actividades, puso énfasis en la importancia de la seguridad; en maximizar los aportes al Fisco, buscando no aumentar la deuda; en ordenar la casa con mano firme y transparencia; además de acentuar la sostenibilidad operacional, económica, ambiental y social.
“Esos son los pilares que el directorio ha definido para los próximos años. No será fácil. Exigirá disciplina, trabajo en equipo y respeto. Pero he visto personas comprometidas con esa tarea y estoy convencido de que, con seguridad y foco en la ejecución, El Teniente y Codelco podrán responder a los desafíos que tenemos por delante y construir una empresa más fuerte para las próximas décadas”, concluyó Fontaine.
Con este recorrido, el presidente del directorio inició una etapa de trabajo en terreno que busca fortalecer la conexión con las divisiones y el contacto directo con los equipos que día a día hacen posible la operación, recogiendo sus visiones y reforzando una cultura basada en la colaboración, el respeto y la responsabilidad compartida.
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El directorio de Codelco, luego de una sesión extraordinaria, acordó la designación de Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la compañía.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado Vigar, presentó su renuncia al cargo luego de haber ejercido estas funciones desde septiembre de 2023, conduciendo a la Corporación en los distintos desafíos que ha debido enfrentar en este período. El directorio agradece el trabajo realizado durante su gestión.
En consecuencia, el directorio de Codelco, luego de una sesión extraordinaria, acordó la designación de Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la compañía. Gómez asumirá el cargo a partir del próximo 13 de julio, mientras Rubén Alvarado continuará desempeñando dichas funciones hasta esa fecha.
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, señaló que “Jorge Gómez es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena. Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco. Estamos muy satisfechos de que haya aceptado asumir este desafío”.
Fontaine agregó que “los focos del nuevo presidente ejecutivo serán la seguridad de las personas como prioridad, generar rentabilidad y maximizar los aportes al Estado, el control de la gestión y la sostenibilidad operacional, ambiental y social”.
Ingeniero civil en Minas de la Universidad de Atacama, Jorge Gómez cuenta con más de 30 años de destacada trayectoria en la minería. Asumirá en Codelco tras liderar durante los últimos 14 años Minera Doña Inés de Collahuasi, período en el que, como presidente ejecutivo, impulsó una profunda transformación de la compañía, posicionándola entre las operaciones más relevantes, eficientes y seguras de la industria a nivel mundial. Bajo su mandato, la empresa alcanzó resultados sobresalientes en desempeño operacional, creación de valor y seguridad.
Previamente se desempeñó como vicepresidente de Operaciones Centro-Sur de Codelco, teniendo bajo su responsabilidad las divisiones Andina, El Teniente, Ventanas y Salvador. También fue vicepresidente de Operaciones de Antofagasta Minerals entre 2006 y 2010, gerente general y gerente de Operaciones de Minera Los Pelambres entre 1997 y 2006, además de ocupar diversos cargos de responsabilidad en Compañía Minera Mantos de Oro.
Su trayectoria incluye también una activa participación gremial e institucional. Fue presidente del Consejo Minero entre 2018 y 2022 y director de Sonami durante dos períodos. En 2025 fue distinguido por EY Chile y El Mercurio con el premio Ejecutivo del Año, reconocimiento a su liderazgo y aporte al desarrollo de la industria minera chilena.
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El economista designado en el cargo por el Presidente de la República, José Antonio Kast, asumió sus funciones hoy en la Casa Matriz de la minera estatal, ubicada en Santiago. Durante la jornada se reunió con el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado.
Bernardo Fontaine Talavera asumió como presidente del directorio de Codelco, en una jornada en la que se reunió con el presidente ejecutivo de la minera estatal, Rubén Alvarado.
El economista fue designado en el cargo por el Presidente de la República, José Antonio Kast, en línea con las disposiciones de la Ley N° 20.392 que regula el gobierno corporativo de Codelco.
Previo a su llegada a la Corporación, Fontaine desarrolló una extensa carrera profesional de más de tres décadas. Ha sido ejecutivo, asesor y director de empresas, integrando más de 20 directorios en los rubros financiero, industrial, inmobiliario, de retail, seguros, logística y servicios públicos, en compañías como CMR Falabella, Citibank Chile, Banco BICE, LAN Chile, Metro de Santiago y Coca Cola Embonor. Desde 2002 también se desempeña como asesor independiente y emprendedor, participando en el desarrollo de proyectos de inversión, en compraventa de empresas y estructuración de family offices.
Junto a su carrera empresarial, ha participado activamente en el debate de políticas públicas en temas económicos del país. Fue electo en 2021 convencional constituyente, donde integró entre otras la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico.
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