Noticia País
LAS FÓRMULAS QUE SE BARAJAN PARA LAS COMPENSACIONES A COMUNIDADES
El gobierno se comprometió a enviar antes de fin de año un proyecto de ley que regule las compensaciones a las comunidades en las que se ubiquen nuevas inversiones. La iniciativa, denominada de asociatividad, ya da sus primeros pasos a través de la Comisión para la Descentralización, instancia que ya hizo suyas algunas propuestas: impuestos locales para el caso de las centrales eléctricas, y una redistribución del royalty minero.
La solicitud fue recogida por la autoridad para enfrentar, de una vez por todas, el fenómeno de “no en mi patio trasero”, en el que las comunidades se agrupan para derribar la construcción de iniciativas que creen destructivas de su entorno y que no generan valor compartido entre la compañía y los vecinos. El compromiso del gobierno vino esta vez a través de la Agenda de Energía lanzada en mayo por la propia presidenta Michelle Bachelet y el ministro del ramo, Máximo Pacheco.
En el documento, el Ejecutivo compromete durante este año el envío de un proyecto de ley denominado “Incentivos de promoción del desarrollo local asociado a proyectos energéticos”. Con esta promesa suman cuatro los intentos por establecer mecanismos de compensaciones por efecto del desarrollo productivo, desde que en 2009 se propuso la “Ley Tokman”.
Eso sí, para el gobierno es importante plantear una diferencia de fondo con las ideas precedentes: las compensaciones corresponden a los impactos ambientales y deben ser reguladas por la legislación, que ya posee esta área. Acá la idea es que junto a mitigar efectos nocivos al ecosistema, se establezcan mecanismos para que las zonas que acogen actividades productivas sean beneficiadas. “Creemos necesario asegurar el desarrollo de estrategias de asociatividad entre el desarrollo local y el desarrollo energético nacional, conforme a criterios de participación, inclusión social y trabajo de largo plazo”, se lee en la agenda.
“El desarrollo energético es útil para todo el país y queremos asegurar que los municipios y comunidades se sientan partícipes del progreso social y de los beneficios asociados a estos proyectos, que deben materializarse en estrategias de desarrollo local de largo plazo. Se estudiarán y definirán mecanismos para que la comunidad reciba parte de los beneficios de los proyectos energéticos que se instalen en su territorio. Dichos mecanismos serán analizados en el marco de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional”, añade el “libro rojo” de Pacheco.
Las definiciones de los 33
Otra vez 33 personas pueden impactar a la minería. Ya no se trata,eso sí, de los trabajadores atrapados en 2010 en una faena subterránea de Copiapó, sino que de los integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, instancia establecida por La Moneda en abril pasado y en cuyas manos recae la responsabilidad de presentar una propuesta de asociatividad entre titulares de proyectos de inversión y las comunidades.
Si bien el mandato era plantear alternativas enfocadas al negocio eléctrico, la comisión presentará una propuesta integral de reasignación de impuestos para favorecer el desarrollo regional, siendo un pilar fundamental el royalty minero. La propuesta será entregada en octubre a la mandataria.
El presidente de la Comisión para la Descentralización, Esteban Valenzuela, plantea que es una necesidad del país regular los dineros entregados por las compañías y velar por que las firmas dedicadas al negocio de los recursos naturales propicien el desarrollo de las zonas en que se ubican. Un caso extremo, comenta, es el de las naciones árabes productoras de petróleo, que han utilizado parte de esos dividendos para construir grandes obras de infraestructura.
Si bien para el caso chileno, sostiene, tienen que calcularse todos los índices de rentabilidad, es prioritario usar parte de las ganancias mineras o del negocio eléctrico en obras que acompañen a las comunidades y no sólo un aporte por una vez. Además, que los propios vecinos tengan injerencia en las definiciones de gasto.
El grupo de los 33 -donde los representantes de regiones corresponden al 75% del total de miembros- trazó algunas modificaciones: “La comisión propuso unánimemente, consejeros tanto de izquierda como de derecha, que se establezca una patente comercial eléctrica por planta, por termoeléctrica, y que eso quede en el municipio donde se ubican. Eso sí, podrán descontar parte del impuesto a la renta”, comenta Valenzuela.
Acordaron también aumentar el monto de las patentes mineras y que todas las compañías del rubro paguen un royalty del 5%, incrementando desde el 3,8% promedio actual. Asimismo, piden elevar el tope de patente comercial municipal desde los actuales 8.000 UTM hasta las 40.000 UTM. En el caso de las eléctricas, se propone que un 80% de esta cifra puedan deducirla del impuesto a la renta.
Eso sí, recalca el ex diputado, el mayor impacto vendrá por una reasignación de recursos a favor de las localidades que acogen la inversión. “Lo más relevante no es crear un impuesto nuevo, sino que el royalty minero se distribuya a nivel regional en su totalidad. Que la mitad quede en las comunas y regiones donde se ubican las faenas mineras y la otra mitad vaya a un fondo de convergencia regional que ayude a las regiones más pobres”, resume.
Agrega que “el 2013, según datos que manejo, la recaudación total en impuestos mineros, incluyendo los aportes de Codelco, fue de US$ 7.000 millones, y por royalty se recaudaron US$ 700 millones. Esto es el 10% de lo que pagan las mineras en impuestos, y lo que proponemos es que una parte de eso quede en los territorios. Esto es poner al día a Chile respecto de lo que tienen casi todos los países de la OCDE y las grandes democracias de América Latina que tienen algún nivel de coparticipación, canon minero o regalías”.
Esta iniciativa no es nueva. En Chile existió el mecanismo de regalías entre 1957 y 1975, en donde el 5% de las ventas del cobre quedaba en un fondo de la provincia minera y que obligaba a invertir en infraestructura básica, como alcantarillado o agua potable.
“La idea es que sea un fondo no sólo de inversión física, sino también de mantención de las obras. A través de los diálogos regionales, la gente nos dice que está bien que haya una parte de estos fondos que quede en proyectos de innovación, y que ojalá algún día se pueda producir cobre con bacterias, pero las personas también quieren mejoramiento de sistemas de agua, capital semilla, y no sólo en Santiago. Quieren ver la plata y que se cumpla la promesa de que les va a quedar algo”.
¿Hará más fácil la instalación de proyectos? “La propuesta no la hacemos para cooptar, sino que para hacer justicia, pero de manera obvia generaría un entorno más amigable, porque los municipios contarían con recursos para poder mitigar las externalidades negativas que inevitablemente provocan los megaproyectos”, responde.
Cuenta que el trabajo ha sido coordinado con el Ministerio de Energía, quienes “han puesto énfasis en la relación con las comunidades. Por esto estamos buscando una fórmula en que estos nuevos recursos municipales deban ser pactados con las comunidades, pero a través de los municipios y no, como se dice en política pública, utilizando fondos de cooptación by-pass que son cosas puntuales, por una vez, entre las empresas y las comunidades. Acá el concepto es de regalía”.
Propuestas privadas
La indefinición existente en materia de compensaciones económicas ha llevado a que privados pidan una pronta resolución. “Ésta es también una preocupación muy sentida para las compañías, nadie puede estar en desacuerdo con que éste es un tema de los más relevantes que tenemos que resolver para revitalizar las inversiones en este sector”, dice el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, René Muga.
“Hoy, lamentablemente, y dado que esa regulación no existe, contaminamos el proceso de evaluación ambiental, siendo esto una discusión aparte. El primer esfuerzo que hay que hacer es separar las cosas y creo que la Agenda de Energía lo recoge al hablar de asociatividad”, añade.
Tal es el interés de los privados que algunas compañías han propuesto sus propios mecanismos de asociatividad. Endesa Chile es una de ellas e impulsa un “pacto social” en la zona de Coronel -en la que la compañía posee el complejo térmico Bocaminaque permita, en forma conjunta, “encontrar fórmulas que beneficien el desarrollo productivo y social de la comuna, adoptando a su vez una serie de medidas para el cuidado del medioambiente”, según explicó la firma al lanzar la propuesta.
La generadora se comprometió a crear un fondo anual de hasta US$ 1,2 millones, equivalente a más de $ 13.000 millones durante 20 años, con el objeto de contribuir al desarrollo de los vecinos de Lo Rojas y la comuna de Coronel, contemplando aspectos de carácter medioambiental, social, laboral y de fomento al desarrollo productivo. No obstante, al cierre de esta edición la SMA cursó una multa por $4.378 por incumplimientos ambientales en Bocamina II.
LOS OTROS INTENTOS POR REGULAR
Que las comunidades se vean beneficiadas por la instalación de una central eléctrica es lo que inspiró una iniciativa que Michelle Bachelet anunció en enero de 2009 y que fue conocida con el nombre de su impulsor, el ex ministro de Energía y actual gerente general de ENAP, Marcelo Tokman. Esa primera propuesta estipula el pago de un impuesto específico (270 Unidades Tributarias Mensuales, UTM) de beneficio comunal por cada MW instalado, el cual luego sería devuelto a las empresas como un crédito tributario, con lo cual la inversión no se encarecía. El proyecto ingresó un año después de comunicado, pero no prosperó en el Congreso.
Ya en el gobierno de Sebastián Piñera, el entonces ministro de Energía, Ricardo Raineri, impulsó una iniciativa similar a la liderada por Tokman, pero que limitaba la devolución a través de un crédito tributario sólo para las Energías Renovables no Convencionales (ERNC). Sin embargo, al poco andar del mandato de Piñera se hizo más frecuente la judicialización u oposición ciudadana a los proyectos de inversión no sólo energéticos, por lo que La Moneda optó por desechar la idea de Raineri para ampliarla a más sectores productivos.
De esta forma, se trabajó una nueva idea proveniente de los ministerios de Economía y Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que en conjunto prometían diseñar un mecanismo de compensaciones aplicable a proyectos de distintas áreas. En su oportunidad, trascendió que se establecía un aporte equivalente al 1% de la inversión total del proyecto, repartido en cuotas anuales. Pese a que la iniciativa fue socializada entre empresarios y asociaciones gremiales, finalmente, nunca vio la luz.
Por Hernán Vargas Santander.
Fuente/quepasamineria https://www.facebook.com/chilemineria.cl
Por Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO
El inicio de un nuevo año siempre invita a mirar el futuro con perspectiva. En el caso de la minería chilena, esa mirada no puede ser neutra ni complaciente: estamos frente a una industria que sigue siendo estratégica para el desarrollo del país, pero que enfrenta desafíos estructurales que exigen decisiones oportunas, visión de largo plazo y una conversación pública mejor informada.
Chile llega a este nuevo ciclo con fortalezas indiscutidas. Lideramos la producción mundial de cobre, contamos con décadas de experiencia minera, capacidades técnicas reconocidas a nivel internacional y un rol insustituible en la transición energética global. Sin embargo, ese liderazgo no es automático ni garantizado. Competimos en un escenario global cada vez más exigente, donde la inversión es móvil, los estándares ambientales y sociales son más altos, y la certeza regulatoria se ha vuelto un factor decisivo.
En este contexto, desde CESCO hemos insistido en la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción. Las 21 Propuestas para una minería competitiva y sostenible, elaboradas a partir del diálogo con actores públicos y privados, buscan precisamente contribuir a ese tránsito. No se trata de un listado técnico ni de una agenda sectorial cerrada, sino de una hoja de ruta que aborda temas claves para el futuro de la minería chilena: el fortalecimiento institucional, una simplificación de los procesos de permisos, la atracción de inversión en exploración, el desarrollo de capital humano, la innovación tecnológica, la relación con los territorios y la inserción de Chile en las cadenas de valor globales.
Estas propuestas nacen de una convicción profunda. La minería puede y debe seguir siendo un motor de crecimiento económico, pero también un espacio de transformación productiva, social y ambiental. Una minería que genera valor no solo a partir de sus recursos naturales, sino también desde el conocimiento, la colaboración y la confianza.
El año que comienza se abre además bajo una nueva administración, lo que representa una oportunidad relevante para renovar acuerdos, alinear prioridades y avanzar en políticas públicas que otorguen señales claras al sector. El desafío es compartido, que es construir un marco que permita destrabar proyectos, acelerar inversiones y, al mismo tiempo, elevar los estándares de sostenibilidad y participación. La minería requiere reglas claras, instituciones sólidas y una visión país que entienda su rol estratégico en el desarrollo de Chile.
Desde CESCO seguiremos aportando evidencia, análisis y espacios de diálogo para enriquecer esta conversación. Nuestro compromiso es contribuir a una minería que no solo responda a las demandas del presente, sino que se prepare activamente para los desafíos del mañana.
Porque una minería que transforma es, en definitiva, una minería que piensa el futuro del país.
Fuente/ Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO/CESCO
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Por: Patricio Cartagena D.
Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
Abogado, Ex Director Nacional Sernageomin.
Los primeros 100 días de un nuevo gobierno no están llamados a agotar la acción pública, sino a ordenar prioridades, fijar rumbo e ingresar los proyectos de ley que estructurarán el ciclo político. La noción de los primeros 100 días no es una consigna comunicacional: es una tradición política consolidada desde la experiencia histórica del New Deal de 1933, entendida como la ventana inicial para demostrar conducción, control de agenda y capacidad real de impulsar reformas estructurales.
En esa lógica, la señal más relevante en esta etapa no es la ejecución inmediata, sino la decisión política de ingresar iniciativas legislativas bien diseñadas, con diagnóstico compartido y alta viabilidad de tramitación. La pequeña y mediana minería (PM y MM) cumplen plenamente con esos criterios. Se trata de un sector con legitimidad histórica, fuerte anclaje territorial y un consenso político transversal en el Congreso.
En ese contexto, esta columna busca aportar insumos técnicos y propuestas concretas para la construcción de una agenda minera del próximo ciclo de gobierno, un ámbito que hasta ahora ha tenido escasa explicitación pública, pese a su relevancia estratégica para el desarrollo productivo y territorial del país.
Estas propuestas resultan particularmente oportunas en un escenario de precios del cobre y balance de mercado estructuralmente favorables para los próximos años, lo que abre una ventana concreta para mejorar la captura de valor de la PM y MM, aumentar producción efectiva, formalizar actividad y maximizar el retorno económico y fiscal del ciclo minero. No actuar a tiempo implica, simplemente, dejar pasar renta minera disponible por falta de adecuación institucional y normativa.
- Ley Marco de Fomento Productivo para la PM y MM
La primera iniciativa debiera ser el ingreso de una Ley Marco habilitante de Fomento Productivo para la Pequeña y Mediana Minería, orientada a rediseñar de manera estructural la relación del Estado con este sector.
No se trata de una ley de beneficios puntuales ni de subsidios coyunturales, sino de un marco jurídico que ordene y articule financiamiento, regulación proporcional (permisos y autorizaciones), sostenibilidad ambiental, desarrollo territorial y fomento productivo bajo una sola arquitectura normativa. En términos de política pública, supone transitar desde una aproximación fragmentada y asistencial hacia una relación estratégica, coherente y permanente entre el Estado y la PM y MM.
Por su carácter habilitante, esta Ley Marco debe preceder las reformas institucionales específicas, particularmente la reforma al gobierno corporativo de ENAMI actualmente en tramitación. Definir primero el modelo y luego ajustar las instituciones no es solo una opción técnica, sino una regla básica de buena gobernanza.
- Modificar el régimen de patente rebajada por trabajo efectivo de la Ley N°21.420
Una segunda iniciativa legislativa prioritaria es perfeccionar el régimen de amparo y patente rebajada por trabajo efectivo introducido por la Ley N°21.420, con el objeto de ampliar su cobertura y simplificar sustantivamente su aplicación. Si bien el principio del amparo por actividad minera va en la dirección correcta, su diseño actual introduce exclusiones y sobrecargas injustificadas para actores que operan en la misma escala productiva, en gran medida por exigencias formales y por un nivel de discrecionalidad administrativa que no se condice con la naturaleza del instrumento.
La corrección propuesta es directa: transitar hacia un sistema de acreditación objetiva de la condición de productor de baja escala, basado en criterios simples y verificables —como la inscripción en los padrones de proveedores de ENAMI u otros registros equivalentes—, evitando la evaluación caso a caso de proyectos y faenas por parte de Sernageomin. Este ajuste permitiría alinear la norma con su finalidad original: incentivar la explotación efectiva de las concesiones, reducir la especulación, otorgar certeza regulatoria a la pequeña y mediana minería y favorecer la inversión productiva y el empleo local, sin alterar el equilibrio fiscal de la medida.
- Modificar la Ley N°19.719 para modernizar la patente minera especial
Como complemento inmediato, resulta necesario ingresar una modificación a la Ley N°19.719, que regula la patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, hoy claramente desalineada con la realidad productiva del sector.
La propuesta es directa y razonable: ampliar los límites de superficie (hoy limitada el beneficio a 50 y 100 hectáreas), actualizar los criterios de elegibilidad y extender el beneficio a las formas societarias efectivamente utilizadas por la PM y Minería Artesanal en la actualidad. Esta corrección normativa permitiría mejorar la formalización, reforzar el trabajo efectivo y devolverle sentido a un instrumento que hoy presenta un impacto marginal.
- Modernizar la Ley N°19.137 para liberar propiedad minera ociosa
Finalmente, una medida de alto impacto territorial y bajo costo fiscal es ingresar una modificación a la Ley N°19.137, con el objeto de simplificar y hacer efectiva la liberación de pertenencias mineras no explotadas de Codelco hacia ENAMI y, a través de esta, hacia la pequeña minería, en forma obligatoria y sujeta a indicadores de cumplimiento.
Reducir cargas administrativas innecesarias, radicar decisiones en los directorios de las empresas públicas y dotar a ENAMI de un mandato claro para facilitar el acceso real de la PM y MM a estos activos, incluso mediante esquemas de transferencia condicionada o asociatividad productiva, permitiría activar inversión local y exploración vía explotación utilizando recursos ya disponibles del Estado.
Liderazgo para convertir diagnóstico en acción
Estas cuatro iniciativas no parten de cero. Existen diagnósticos, análisis técnicos y propuestas desarrolladas desde el ámbito gremial y académico. El desafío ya no es conceptual ni regulatorio, sino político y estratégico: traccionar esta agenda con liderazgo, decisión y una adecuada secuencia legislativa.
Ingresar estos proyectos de ley en los primeros 100 días permitiría aprovechar un consenso transversal, capturar valor en un ciclo de precios favorable y ordenar la relación del Estado con un sector clave para el desarrollo territorial.
La pequeña y mediana minería requieren decisiones oportunas, bien diseñadas y ejecutadas con sentido de Estado. El momento político ofrece esa oportunidad.
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Con la certificación entregada por la London Bullion Market Association (LBMA) a la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)— los lingotes de plata de Codelco son los únicos acreditados en Chile, lo que garantiza altos estándares en su producción y ventajas comerciales para alcanzar mejores precios.
Los lingotes de plata que Codelco obtiene como subproducto del cobre y que se producen en la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)—, obtuvieron la certificación Good Delivery que promueve la London Bullion Market Association (LBMA), el estándar más exigente para metales preciosos a nivel global.
Con esto, las barras de plata de Codelco son las primeras del país en acreditarse bajo este estándar y posicionan a la compañía dentro del club internacional de las productoras de plata más relevantes, junto a marcas como Peñoles (México), KGHM (Polonia) y Aurubis (Alemania).
En concreto, esta certificación garantiza que la plata que produce la Corporación, unas 200 toneladas anuales en la actualidad, cumple con los más altos estándares de pureza (99,99%), calidad física y trazabilidad responsable, permitiendo vender a bancos globales e inversionistas institucionales con ventajas comerciales significativas, incluyendo premios sobre el precio base frente a productos no certificados.
Lo que hace LBMA es publicar una lista de productores Good Delivery (o de “buenas entregas”) en oro y plata, que ahora alcanza las 84 plantas refinadoras en el caso de la plata y 66 en el caso del oro. Codelco no puede acceder a certificar su oro, dada su baja producción, ya que la LBMA sólo certifica empresas con producción mayor a 10 toneladas y Codelco produce cerca de dos toneladas anuales.
“Esta certificación para nuestra plata no sólo nos integra a un selecto grupo global, sino que también afianza nuestro compromiso con una producción de excelencia, con más transparencia en su operación y releva nuestro liderazgo en la industria minera consolidándonos como un actor líder en valor agregado y sustentabilidad”, destacó Braim Chiple, vicepresidente de Comercialización de Codelco. Recordó que los metales preciosos que Codelco comercializa los obtiene como subproducto de los barros anódicos o residuos que quedan tras el paso del mineral por las refinerías.
Describió que el contexto actual del mercado de la plata refuerza la relevancia de este hito: en 2025 el precio de la plata creció casi 150% a nivel internacional —hoy se cotiza en torno a los US$ 75 la onza troy— dado que es considerado un activo refugio ante la incertidumbre global y además ha crecido su demanda industrial, asociada a electromovilidad, energías renovables y tecnologías digitales. “Esta combinación ha convertido a la plata en un metal estratégico, y Codelco está preparado para atender esa demanda con un producto certificado y competitivo”, relevó el ejecutivo.
El proceso de acreditación
El joint venture PRM opera desde 2016 a través de una planta instalada en Mejillones. Allí se maquilan los barros anódicos provenientes de las refinerías Chuquicamata, Ventanas y Potrerillos (Salvador). En el caso del oro y la plata son devueltos a Codelco que los comercializa directamente, mientras que otros metales como paladio, platino y selenio, los vende PRM y luego transfiere a la compañía parte del valor.
Para obtener la certificación PRM debió esperar varios años debido a que la LBMA exige que las refinerías de metales preciosos operen por lo menos cuatro años antes de buscar la acreditación, tiempo que se cumplió justo en momentos en que surgió la pandemia, lo que hizo postergar el proceso, que se retomó hace poco más de dos años.
Angelo Rabagliati, gerente de Comercialización de Subproductos de Codelco, cuenta que el proceso de certificación consideró varias etapas con reiteradas visitas a las instalaciones y exhaustivos procedimientos de pruebas a cargo de especialistas de la LBMA. “Entre estos procedimientos se llevaron a cabo varias inspecciones en terreno, verificación de documentos de proveedores y pruebas físicas. Nuestras barras de plata fueron examinadas y evaluadas por árbitros independientes, que revisaron muchos detalles, como la dimensión, superficie, apilamiento y pruebas químicas de pureza”, describió.
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Crecimiento
Autoridad ambiental aprueba de manera unánime el proyecto que extiende la vida útil de la División Ministro Hales hasta 2054
La iniciativa involucró la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Involucrará una inversión de US$2.800 millones y elevará la producción de la división a 200 mil toneladas anuales, desde las actuales 170 mil toneladas.
La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Antofagasta aprobó de manera unánime el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Desarrollo Futuro División Ministro Hales (DMH)”, que permitirá extender la operación de ese yacimiento desde 2026 hasta 2054, con una inversión de US$2.800 millones.
Entre los hitos más relevantes del proceso de evaluación destaca la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que involucró a 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI). Este proceso de diálogo permitió incorporar mejoras sustantivas en el diseño del proyecto y beneficios a la calidad de vida de los habitantes de Calama.
DMH es la más joven de las divisiones de Codelco. Comenzó a operar en 2013, produce actualmente cerca de 170 mil toneladas anuales de cobre fino y emplea a casi cuatro mil personas entre trabajadores propios y contratistas. Con la aprobación de este proyecto, la operación incrementará su capacidad de extracción desde 500 mil toneladas por día (ktpd) a 550 ktpd y el procesamiento se elevará desde 57 ktpd a 65 ktpd, para alcanzar una producción aproximada de 200 mil toneladas de cobre fino anuales. El proyecto utilizará exclusivamente agua desalada o de terceros autorizados, reforzando el compromiso de Codelco con la sustentabilidad.
“Esta aprobación es una señal clara del compromiso de Codelco con la minería responsable y con el desarrollo sustentable del país. Ministro Hales es una operación estratégica y su continuidad asegura empleo, inversión y valor para Chile”, comentó Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.
Mientras que el gerente general (I) de DMH, César Jiménez, destacó el trabajo desplegado desde que ingresó el proyecto al SEIA en agosto de 2023. “Hemos trabajado intensamente durante más de dos años en un proceso transparente y participativo, incorporando mejoras que responden a las inquietudes de la comunidad y a los más altos estándares ambientales”, reflexionó.
Medidas de mitigación
El EIA también considera medidas para mitigar impactos en agua, aire y paisaje. Por ejemplo, se implementarán barreras hidráulicas para proteger el río San Salvador y el acuífero Calama-Yalquincha, y se reforzarán los sistemas de control de emisiones de material particulado, reduciendo las emisiones en la mina desde 3.500 ton/año a 3.080 ton/año.
Además, el proyecto incluye más de 30 compromisos ambientales voluntarios y acciones concretas para la ciudad de Calama, como la pavimentación de más de 15 kilómetros de calles y pasajes, la construcción del parque Norponiente de 15 hectáreas, el barrido y aspirado de vías, y programas de fomento agrícola y de energías renovables, entre otros.
“Este proyecto marca un hito en la gestión ambiental de la minería chilena. Incluye medidas innovadoras para reducir emisiones, proteger recursos hídricos y garantizar un desarrollo armónico con el entorno”, destacó Humberto Rivas, gerente de Medio Ambiente de Codelco.
Con esta aprobación, Codelco reafirma su compromiso con la producción responsable, respaldado por el sello internacional The Copper Mark, y con el desarrollo sustentable de la Región de Antofagasta, asegurando la continuidad de una operación estratégica para el país y para la minería del cobre.
| Consulta indígena con mayor participación de la historia
El EIA de DMH desarrolló un extenso proceso de Participación Ciudadana Anticipada desde fines de 2022, con más del 90% de las organizaciones territoriales de Calama y 46 organizaciones indígenas, con el fin de transparentar las características del proyecto, sus impactos y las medidas de control, mitigación y compensación. Específicamente, la Consulta a Pueblos Indígenas se convirtió en la más grande de la historia del SEIA, con la participación de 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI), con los cuales se desarrollaron más de 200 reuniones de diálogo entre mayo de 2024 y diciembre de 2025, lo que refleja un proceso amplio, profundo y altamente participativo. Los acuerdos alcanzados incluyen medidas de mitigación de impacto por MP10, obras urbanas y de infraestructura vial, programas de fomento agrícola, arborización, energías renovables y medicina ancestral, y mecanismos de seguimiento y trazabilidad. |
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Patricio Toledo, Technical & Execution Director, Arcadis.
La industria minera se encuentra en un proceso de transformación progresiva, impulsado por desafíos operacionales, ambientales y sociales cada vez más complejos. A la necesidad de mantener altos niveles de productividad y seguridad, hoy se suman exigencias crecientes en materia de sostenibilidad, resiliencia y eficiencia en el uso de los recursos. En este contexto, la ingeniería cumple un rol fundamental como articuladora de soluciones que permitan a la minería adaptarse y evolucionar, enfrentando los distintos desafíos y manteniendo la competitividad en los mercados.
Históricamente, la ingeniería aplicada en la minería se enfocó en asegurar la factibilidad técnica y económica de los proyectos. Sin embargo, la complejidad actual de las operaciones ha permitido avanzar hacia una ingeniería más integrada, no sólo con una visión de la solución técnica particular, sino actualmente es capaz de incorporar desde las etapas tempranas variables como comunidades, enfoque territorial, eficiencia energética, gestión del agua, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Esta evolución no busca reemplazar los enfoques tradicionales, sino complementarlos con una mirada de largo plazo.
El avance de las herramientas digitales ha sido un apoyo relevante en este proceso. Tecnologías como el modelado 3D, gemelos digitales, el manejo de los datos, la inteligencia artificial y la automatización de sus procesos, permiten evaluar escenarios, optimizar diseños y mejorar la toma de decisiones en escenarios cambiantes. En minería, estas capacidades sin duda también contribuyen a fortalecer la seguridad, mejorar el desempeño operacional y reducir incertidumbres.
Ámbitos como la gestión de relaves y del manejo del agua y la infraestructura energética que permitan una operación más “amigable con el medio ambiente” muestran con claridad cómo la ingeniería está incorporando criterios de sostenibilidad de forma cada vez más transversal. Más que un cambio abrupto, se trata de una evolución gradual de hace algunos años que busca fortalecer la confiabilidad de las operaciones y su relación con el entorno, anticipando riesgos y respondiendo a escenarios futuros.
En este contexto, junto a la incorporación de nuevas herramientas, la experiencia técnica, el conocimiento del contexto local y la colaboración en los proyectos siguen siendo esenciales para el éxito de los mismos. Una ingeniería efectiva es aquella que combina innovación con criterio técnico, entendimiento territorial y diálogo con los distintos actores involucrados en los proyectos.
Chile cuenta con condiciones favorables para seguir avanzando en esta dirección. La trayectoria minera del país, junto con marcos regulatorios más exigentes y la necesidad de avanzar en la transición energética, han impulsado una reflexión profunda sobre cómo diseñar y operar infraestructura minera de manera más sostenible y resiliente.
Desde Arcadis, con 45 años de presencia en Chile y más de 136 años de experiencia a nivel global, hemos acompañado esta evolución poniendo énfasis en una ingeniería que agrega valor real a los proyectos, integrando estándares internacionales y criterios de sostenibilidad en el largo plazo con la realidad específica de cada operación. Esta combinación permite desarrollar soluciones técnicas sólidas en el ámbito de la ingeniería, alineadas con los desafíos actuales de la industria.
La minería continúa siendo un pilar clave para el desarrollo del país. Acompañar su evolución mediante una ingeniería sostenible, rigurosa y progresiva es fundamental para fortalecer su competitividad, su relación con el entorno y su proyección de largo plazo.
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COBRE SUBE EN LA BOLSA DE METALES DE LONDRES
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