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LAS FÓRMULAS QUE SE BARAJAN PARA LAS COMPENSACIONES A COMUNIDADES
El gobierno se comprometió a enviar antes de fin de año un proyecto de ley que regule las compensaciones a las comunidades en las que se ubiquen nuevas inversiones. La iniciativa, denominada de asociatividad, ya da sus primeros pasos a través de la Comisión para la Descentralización, instancia que ya hizo suyas algunas propuestas: impuestos locales para el caso de las centrales eléctricas, y una redistribución del royalty minero.
La solicitud fue recogida por la autoridad para enfrentar, de una vez por todas, el fenómeno de “no en mi patio trasero”, en el que las comunidades se agrupan para derribar la construcción de iniciativas que creen destructivas de su entorno y que no generan valor compartido entre la compañía y los vecinos. El compromiso del gobierno vino esta vez a través de la Agenda de Energía lanzada en mayo por la propia presidenta Michelle Bachelet y el ministro del ramo, Máximo Pacheco.
En el documento, el Ejecutivo compromete durante este año el envío de un proyecto de ley denominado “Incentivos de promoción del desarrollo local asociado a proyectos energéticos”. Con esta promesa suman cuatro los intentos por establecer mecanismos de compensaciones por efecto del desarrollo productivo, desde que en 2009 se propuso la “Ley Tokman”.
Eso sí, para el gobierno es importante plantear una diferencia de fondo con las ideas precedentes: las compensaciones corresponden a los impactos ambientales y deben ser reguladas por la legislación, que ya posee esta área. Acá la idea es que junto a mitigar efectos nocivos al ecosistema, se establezcan mecanismos para que las zonas que acogen actividades productivas sean beneficiadas. “Creemos necesario asegurar el desarrollo de estrategias de asociatividad entre el desarrollo local y el desarrollo energético nacional, conforme a criterios de participación, inclusión social y trabajo de largo plazo”, se lee en la agenda.
“El desarrollo energético es útil para todo el país y queremos asegurar que los municipios y comunidades se sientan partícipes del progreso social y de los beneficios asociados a estos proyectos, que deben materializarse en estrategias de desarrollo local de largo plazo. Se estudiarán y definirán mecanismos para que la comunidad reciba parte de los beneficios de los proyectos energéticos que se instalen en su territorio. Dichos mecanismos serán analizados en el marco de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional”, añade el “libro rojo” de Pacheco.
Las definiciones de los 33
Otra vez 33 personas pueden impactar a la minería. Ya no se trata,eso sí, de los trabajadores atrapados en 2010 en una faena subterránea de Copiapó, sino que de los integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, instancia establecida por La Moneda en abril pasado y en cuyas manos recae la responsabilidad de presentar una propuesta de asociatividad entre titulares de proyectos de inversión y las comunidades.
Si bien el mandato era plantear alternativas enfocadas al negocio eléctrico, la comisión presentará una propuesta integral de reasignación de impuestos para favorecer el desarrollo regional, siendo un pilar fundamental el royalty minero. La propuesta será entregada en octubre a la mandataria.
El presidente de la Comisión para la Descentralización, Esteban Valenzuela, plantea que es una necesidad del país regular los dineros entregados por las compañías y velar por que las firmas dedicadas al negocio de los recursos naturales propicien el desarrollo de las zonas en que se ubican. Un caso extremo, comenta, es el de las naciones árabes productoras de petróleo, que han utilizado parte de esos dividendos para construir grandes obras de infraestructura.
Si bien para el caso chileno, sostiene, tienen que calcularse todos los índices de rentabilidad, es prioritario usar parte de las ganancias mineras o del negocio eléctrico en obras que acompañen a las comunidades y no sólo un aporte por una vez. Además, que los propios vecinos tengan injerencia en las definiciones de gasto.
El grupo de los 33 -donde los representantes de regiones corresponden al 75% del total de miembros- trazó algunas modificaciones: “La comisión propuso unánimemente, consejeros tanto de izquierda como de derecha, que se establezca una patente comercial eléctrica por planta, por termoeléctrica, y que eso quede en el municipio donde se ubican. Eso sí, podrán descontar parte del impuesto a la renta”, comenta Valenzuela.
Acordaron también aumentar el monto de las patentes mineras y que todas las compañías del rubro paguen un royalty del 5%, incrementando desde el 3,8% promedio actual. Asimismo, piden elevar el tope de patente comercial municipal desde los actuales 8.000 UTM hasta las 40.000 UTM. En el caso de las eléctricas, se propone que un 80% de esta cifra puedan deducirla del impuesto a la renta.
Eso sí, recalca el ex diputado, el mayor impacto vendrá por una reasignación de recursos a favor de las localidades que acogen la inversión. “Lo más relevante no es crear un impuesto nuevo, sino que el royalty minero se distribuya a nivel regional en su totalidad. Que la mitad quede en las comunas y regiones donde se ubican las faenas mineras y la otra mitad vaya a un fondo de convergencia regional que ayude a las regiones más pobres”, resume.
Agrega que “el 2013, según datos que manejo, la recaudación total en impuestos mineros, incluyendo los aportes de Codelco, fue de US$ 7.000 millones, y por royalty se recaudaron US$ 700 millones. Esto es el 10% de lo que pagan las mineras en impuestos, y lo que proponemos es que una parte de eso quede en los territorios. Esto es poner al día a Chile respecto de lo que tienen casi todos los países de la OCDE y las grandes democracias de América Latina que tienen algún nivel de coparticipación, canon minero o regalías”.
Esta iniciativa no es nueva. En Chile existió el mecanismo de regalías entre 1957 y 1975, en donde el 5% de las ventas del cobre quedaba en un fondo de la provincia minera y que obligaba a invertir en infraestructura básica, como alcantarillado o agua potable.
“La idea es que sea un fondo no sólo de inversión física, sino también de mantención de las obras. A través de los diálogos regionales, la gente nos dice que está bien que haya una parte de estos fondos que quede en proyectos de innovación, y que ojalá algún día se pueda producir cobre con bacterias, pero las personas también quieren mejoramiento de sistemas de agua, capital semilla, y no sólo en Santiago. Quieren ver la plata y que se cumpla la promesa de que les va a quedar algo”.
¿Hará más fácil la instalación de proyectos? “La propuesta no la hacemos para cooptar, sino que para hacer justicia, pero de manera obvia generaría un entorno más amigable, porque los municipios contarían con recursos para poder mitigar las externalidades negativas que inevitablemente provocan los megaproyectos”, responde.
Cuenta que el trabajo ha sido coordinado con el Ministerio de Energía, quienes “han puesto énfasis en la relación con las comunidades. Por esto estamos buscando una fórmula en que estos nuevos recursos municipales deban ser pactados con las comunidades, pero a través de los municipios y no, como se dice en política pública, utilizando fondos de cooptación by-pass que son cosas puntuales, por una vez, entre las empresas y las comunidades. Acá el concepto es de regalía”.
Propuestas privadas
La indefinición existente en materia de compensaciones económicas ha llevado a que privados pidan una pronta resolución. “Ésta es también una preocupación muy sentida para las compañías, nadie puede estar en desacuerdo con que éste es un tema de los más relevantes que tenemos que resolver para revitalizar las inversiones en este sector”, dice el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, René Muga.
“Hoy, lamentablemente, y dado que esa regulación no existe, contaminamos el proceso de evaluación ambiental, siendo esto una discusión aparte. El primer esfuerzo que hay que hacer es separar las cosas y creo que la Agenda de Energía lo recoge al hablar de asociatividad”, añade.
Tal es el interés de los privados que algunas compañías han propuesto sus propios mecanismos de asociatividad. Endesa Chile es una de ellas e impulsa un “pacto social” en la zona de Coronel -en la que la compañía posee el complejo térmico Bocaminaque permita, en forma conjunta, “encontrar fórmulas que beneficien el desarrollo productivo y social de la comuna, adoptando a su vez una serie de medidas para el cuidado del medioambiente”, según explicó la firma al lanzar la propuesta.
La generadora se comprometió a crear un fondo anual de hasta US$ 1,2 millones, equivalente a más de $ 13.000 millones durante 20 años, con el objeto de contribuir al desarrollo de los vecinos de Lo Rojas y la comuna de Coronel, contemplando aspectos de carácter medioambiental, social, laboral y de fomento al desarrollo productivo. No obstante, al cierre de esta edición la SMA cursó una multa por $4.378 por incumplimientos ambientales en Bocamina II.
LOS OTROS INTENTOS POR REGULAR
Que las comunidades se vean beneficiadas por la instalación de una central eléctrica es lo que inspiró una iniciativa que Michelle Bachelet anunció en enero de 2009 y que fue conocida con el nombre de su impulsor, el ex ministro de Energía y actual gerente general de ENAP, Marcelo Tokman. Esa primera propuesta estipula el pago de un impuesto específico (270 Unidades Tributarias Mensuales, UTM) de beneficio comunal por cada MW instalado, el cual luego sería devuelto a las empresas como un crédito tributario, con lo cual la inversión no se encarecía. El proyecto ingresó un año después de comunicado, pero no prosperó en el Congreso.
Ya en el gobierno de Sebastián Piñera, el entonces ministro de Energía, Ricardo Raineri, impulsó una iniciativa similar a la liderada por Tokman, pero que limitaba la devolución a través de un crédito tributario sólo para las Energías Renovables no Convencionales (ERNC). Sin embargo, al poco andar del mandato de Piñera se hizo más frecuente la judicialización u oposición ciudadana a los proyectos de inversión no sólo energéticos, por lo que La Moneda optó por desechar la idea de Raineri para ampliarla a más sectores productivos.
De esta forma, se trabajó una nueva idea proveniente de los ministerios de Economía y Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que en conjunto prometían diseñar un mecanismo de compensaciones aplicable a proyectos de distintas áreas. En su oportunidad, trascendió que se establecía un aporte equivalente al 1% de la inversión total del proyecto, repartido en cuotas anuales. Pese a que la iniciativa fue socializada entre empresarios y asociaciones gremiales, finalmente, nunca vio la luz.
Por Hernán Vargas Santander.
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La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) informa el nombramiento de Ari Bermann, Vicepresidente Comercial y de Desarrollo de Negocios LATAM de Aramark, como Presidente de la asociación para el período 2026.
Este nuevo período dará continuidad al trabajo institucional de APRIMIN, fortaleciendo el rol estratégico de los proveedores y la colaboración del ecosistema minero con una mirada de largo plazo.
Al asumir, el nuevo Presidente destacó: “Agradezco al directorio saliente y, en especial, a la presidenta Dominique Viera por su liderazgo y gestión, que dejan una base sólida para esta nueva etapa”.
Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo de APRIMIN 2026 quedó conformado por:
Ari Bermann, Presidente – Aramark
Ricardo Garib, Vicepresidente – Weir
Macarena Vallejo, Vicepresidenta – Metso
José Pablo Domínguez, Vicepresidente – ME Elecmetal
Evelyn Galaz, Tesorera – Deloitte
Luciano López, Secretario Comité Ejecutivo – Enaex Servicios
Directorio
El Directorio de APRIMIN para 2026 estará integrado además por:
Sergio Hernández – OmniLogistics
Juan Pablo Amar – Finning Sudamérica
Darko Louit – Komatsu
Macarena Andrade – Syncore
Dominique Viera, Past President APRIMIN – MetaProject
APRIMIN reafirma su compromiso con el trabajo colaborativo y el desarrollo sostenible de la industria minera.
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Por: Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN/Abogado, Ex Fiscal de Enami
Análisis técnico sobre los avances en gobernanza corporativa y las brechas pendientes en la definición de la política pública de fomento minero
La reciente aprobación en general, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) constituye un hito relevante en la discusión sobre el rol del Estado en la minería chilena. Existe consenso en que la empresa requiere una actualización institucional profunda: profesionalizar su directorio, fortalecer los mecanismos de control, elevar los estándares fiduciarios y reducir espacios de discrecionalidad.
Ese diagnóstico es correcto y compartido. Sin embargo, precisamente porque el momento legislativo es relevante, resulta indispensable distinguir entre una reforma necesaria y una reforma suficiente. Y en ese punto, el proyecto deja abiertas más preguntas de las que resuelve.
ENAMI frente al desafío de una minería 2050
La minería chilena enfrenta un cambio estructural. La agenda de minería 2050 no se limita a mayor producción o eficiencia operativa; incorpora exigencias crecientes en sostenibilidad ambiental, trazabilidad, innovación tecnológica, productividad, economía circular y agregación de valor.
En ese contexto, ENAMI no puede seguir siendo pensada únicamente desde su rol histórico del Siglo XX (ver DFL N°153 de 1960). El debate de fondo es si la empresa ante los nuevos desafíos de la minería 2050 está llamada a:
- apoyar activamente a todos los segmentos de la minería artesanal, mediana minería y proveedores mineros, más allá del ámbito tradicional de la pequeña minería;
- traccionar capacidades en proveedores mineros, innovación y servicios tecnológicos, como espacio privilegiado para pilotar proyectos y escalar a nivel industrial;
- desempeñar un rol en etapas tempranas de exploración, donde el mercado presenta fallas evidentes;
- abrirse a nuevos minerales, en un enfoque polimetálico, como el litio u otros críticos para la transición energética;
- liderar proyectos de minería secundaria, reprocesamiento de relaves y economía circular;
- asumir, si así se decide, un mandato explícito en fundición y refinación, como parte de una política industrial y estratégica.
Ninguna de estas definiciones aparece resuelta en el proyecto de ley ni en el marco normativo vigente. Y sin ellas, es difícil evaluar con propiedad qué tipo de ENAMI necesita el país hacia las próximas décadas.
Una reforma correcta en la forma y en los instrumentos
Dicho con claridad, el proyecto acierta en el plano instrumental. La nueva composición del directorio, la incorporación del sistema de Alta Dirección Pública, la creación de comités especializados, la separación contable entre fomento y operaciones, y la aproximación a estándares de la OCDE representan avances reales y necesarios.
Desde la perspectiva del gobierno corporativo, se fortalece la rendición de cuentas, se profesionaliza la toma de decisiones y se dota a la empresa de una arquitectura institucional más robusta. No se trata de una reforma meramente cosmética.
Sin embargo, una buena arquitectura de gobernanza no puede suplir la ausencia de un mandato claro. La forma, por sí sola, no resuelve el fondo. El principal nudo crítico del proyecto radica precisamente en este déficit estructural: gobernanza sin política pública explícita.
Sostenemos que la modernización del gobierno corporativo de ENAMI se impulsa sin que exista una política pública vinculante y explícita para la pequeña y mediana minería, idealmente contenida en una ley marco que defina con precisión objetivos, beneficiarios, instrumentos, alcances y fuentes de financiamiento.
En términos simples —y muy propios de nuestra tradición institucional—, se vuelve a poner la carreta delante de los bueyes.
Una ley marco de fomento productivo debe definir materias tales como: las funciones concretas del fomento productivo minero, los beneficiarios efectivos de ese fomento, el alcance de la intervención estatal en la cadena de valor minera, los instrumentos habilitados y el financiamiento explícito y sostenible de esos mandatos.
Sin todo lo anterior, ENAMI seguirá operando con un mandato difuso, tensionada entre exigencias de desempeño empresarial, expectativas sectoriales y objetivos de política pública que no siempre son compatibles entre sí.
En ese escenario, incluso un directorio profesionalizado queda expuesto, no por falta de capacidades técnicas, sino por la inexistencia de un marco normativo que ordene y jerarquice sus decisiones estratégicas.”
El rol del Ministerio y el límite de lo programático
Durante los últimos años, el Ministerio de Minería ha avanzado en la definición de una política de fomento a la pequeña minería, principalmente mediante la revisión y sistematización de instrumentos vigentes (ver Documento de Política de Fomento, 2025). Ese esfuerzo es valioso y contribuye a ordenar la discusión.
No obstante, es importante ser precisos: se trata de un marco programático no vinculante, que no reemplaza —ni puede reemplazar— una definición legal de política pública. Pretender que ese instrumento administrativo habilite, por sí solo, una reforma estructural de ENAMI, es pedirle más de lo que institucionalmente puede entregar.
Una invitación a completar la reforma
Esta reflexión no busca cuestionar la necesidad de modernizar el gobierno corporativo de ENAMI. Por el contrario, reconoce ese avance como imprescindible. Pero advierte que no puede ser el punto de llegada.
Si el país aspira a una ENAMI coherente con los desafíos de la minería 2050, el paso siguiente es ineludible: definir explícitamente la política pública que la empresa debe ejecutar. Solo a partir de ese mandato será posible evaluar, con rigor y responsabilidad, si la estructura de gobernanza propuesta es la adecuada.
Modernizar la forma es necesario, definir el fondo es impostergable.
Columna de Opinión/Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN/Abogado, Ex Fiscal de Enami Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
Cristián Cifuentes, analista senior de CESCO
En los últimos meses, la conversación sobre el futuro minero de Sudamérica ha estado marcada por una inquietud recurrente: ¿está Argentina creando las condiciones para desplazar a Chile en la carrera por el capital global del cobre? El RIGI, la simplificacPor ión regulatoria y la promesa de estabilidad por tres décadas han encendido alarmas y titulares. Sin embargo, cuando se mira el cuadro completo, lo que surge no es una disputa frontal entre vecinos, sino la posibilidad de transformar la Cordillera de los Andes en la plataforma minera integrada más relevante del hemisferio.
Es cierto que Argentina ha dado un paso que durante años parecía impensado. La garantía de horizontes tributarios y cambiarios estables por 30 años es un giro estructural. A esa promesa se suma una cartera mineral que ya no puede calificarse de potencial abstracto: al menos siete proyectos cupríferos de talla mundial y un estimado de 116 millones de toneladas de cobre fino aún subexplotadas. Frente a eso, es válido preguntar si Chile, Perú o incluso Canadá deberían percibir esto como un factor de preocupación o simplemente como un cambio que requiere mayor atención estratégica.La respuesta, al menos desde la evidencia, debiese ser más matizada. Si bien Argentina está acortando distancias, Chile sigue ofreciendo algo que en minería pesa muchas veces más que un incentivo puntual que es la estabilidad institucional, logística consolidada, proveedores experimentados y un grado importante de inversión. En una industria donde una mina vive tres décadas, esa estabilidad es una moneda que no se devalúa.
En este contexto, el error sería caer en la metáfora del juego de suma cero. Que parte de la inversión marginal, sobre todo en exploración greenfield, mire con más atención a San Juan, Salta o Jujuy no significa que esos recursos se “pierdan” para Chile. El país enfrenta hoy costos en ascenso, mayor complejidad en permisos y restricciones hídricas, por lo que es lógico que los inversionistas diversifiquen sus decisiones. Pero diversificar no es reemplazar. De hecho, la propia estructura de los proyectos binacionales en la frontera entre San Juan y las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso muestra una realidad distinta: si ambos países coordinaran marcos e instrumentos, tal como lo destacamos recientemente en el trabajo desarrollado con Fundar “Una cordillera compartida: oportunidades de integración minera Argentina-Chile en la transición energética”, la cordillera podría aportar más de un millón de toneladas adicionales de cobre al año, equivalente a la brecha de oferta proyectada hacia 2040. Esa cifra no surge de la competencia, sino de la complementariedad.
Incluso cuando el mineral se extrae del lado argentino, una parte significativa del valor agregado —servicios especializados, logística, puertos, ingeniería e incluso fundiciones— puede generarse en Chile. Es lo que ya empieza a ocurrir en proyectos como Filo del Sol, Josemaría o Los Helados/Lunahuasi, donde los encadenamientos productivos cruzan la frontera con naturalidad. La cordillera, lejos de ser un muro, es un sistema de vasos comunicantes.
Esta lógica también aparece cuando se examina qué pesa realmente en la toma de decisiones inversionales. Los incentivos fiscales ayudan, sí, pero no reemplazan lo esencial: estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y relaciones predecibles con comunidades. En ese plano, Chile importa más por su trayectoria que por cualquier reforma coyuntural. Mantener calificaciones soberanas en rango A/A2 y registros institucionales sólidos es un activo que los inversionistas conocen bien y valoran más de lo que reconocen públicamente. Argentina ha impulsado el RIGI para reforzar la estabilidad requerida por los proyectos estratégicos, complementando los avances que ya viene realizando en materia institucional. Y ese diseño, lejos de ser un desafío para Chile, puede convertirse en un complemento eficaz.
El mensaje es claro. Una cordillera integrada es más poderosa que una fragmentada. Pensar en términos de competencia entre Chile y Argentina es una mirada simplista, frente a la magnitud de la transición energética global. La verdadera oportunidad yace en asumir que ambos países tienen ventajas que, en conjunto, pueden convertirlos en un bloque minero estratégico.
Esto requiere actualizar los instrumentos de integración existentes, planificar infraestructura compartida hacia el Pacífico y desarrollar cadenas de proveedores que funcionen como un corredor andino de valor. Si la región avanza en esa dirección, el flujo de capital no se desplazará: se ampliará. El empleo no se redistribuirá, sino que crecerá. El riesgo no aumentará, se diluirá.
Al final, la pregunta no es si Argentina puede superar a Chile, sino si ambas naciones serán capaces de abandonar la lógica del espejo y pensar la minería como un proyecto común. Porque, en esta carrera global, el futuro del cobre no se define país contra país. Se define región contra región. Y en ese escenario, si Chile y Argentina actúan como socios y no como rivales, no compiten. Lideran.
Columna de Opinión/Cristián Cifuentes, analista senior de CESCO Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
A octubre de este año, Escondida, de BHP, ha producido 1.139.194 toneladas, 12 mil toneladas más que todo Codelco, incluída la producción atribuible de sus coligadas. La estatal recordó que realizó un ajuste de sus proyecciones para El Teniente, tras el accidente de fines de julio. A futuro, la producción de Escondida bajará, por lo que Codelco podría regresar al primer lugar.
Escondida superó a Codelco. entre enero y octubre de este año, la minera privada controlada por BHP produjo 1.139.194 toneladas métricas de cobre fino, mientras la estatal sumó 1.127.250 toneladas del metal rojo, una diferencia de casi 12 mil toneladas.
La producción acumulada a octubre fue actualizada el miércoles pasado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) e incorpora, en la producción de Codelco, las cifras de todas sus divisiones y la producción atribuible en tres empresas coligadas: El Abra (donde tiene el 49% de la propiedad), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%).
En igual período comparable de 2024, a Escondida estuvo 83 mil toneladas más abajo que Codelco, pues produjo 1.035.000 toneladas enero-octubre, versus 1.118.000 elaboradas por la estatal.
Entre otras razones, la producción de metal rojo de Codelco se vio resentida este año por el accidente en El Teniente, a fines de julio. En agosto la producción total de Codelco fue de 93 mil toneladas y El Teniente aportó con solo 11 mil toneladas: hasta junio tenía un promedio mensual de 28 mil toneladas.
Consultada por Pulso, la empresa aludió al accidente de El Teniente. “Durante 2025, Codelco ha enfrentado un escenario especialmente desafiante, marcado, entre otros factores, por el accidente ocurrido en la División El Teniente, que implicó la detención preventiva de distintos sectores de la mina. Tal como se informó oportunamente, esta situación llevó a ajustar nuestras proyecciones de producción divisional para los años 2025, 2026 y 2027″, afirmó la compañía, que recordó que al presentar sus resultados al tercer trimestre, ajustó su proyección de producción de cobre para 2025 a un rango entre 1.310 mil y 1.340 mil toneladas métricras.
“Este ajuste coyuntural no modifica nuestra estrategia ni nuestras metas de largo plazo. Mantenemos el objetivo de alcanzar una producción cercana a 1,7 millones de toneladas hacia el final de la década, apoyados en la recuperación operacional, el fortalecimiento de la gestión productiva y el avance de nuestros proyectos estructurales”, respondió la compañía.
Escondida a la baja
El analista senior de Cesco, Cristián Cifuentes, dijo que la diferencia de producción entre Escondida y Codelco se explica gracias a un mejor desempeño operacional neto de la minera privada durante 2025.
“Esto se sostiene en drivers típicos de un upgrade de performance de planta: récord de alimentación de concentradora, mejores recuperaciones y, en parte relevante, mejor ley de alimentación en su ciclo reciente; además, mayor aporte de cátodos por el ramp-up del proyecto Full SaL. También pesa mucho la estabilidad: menos interrupciones relevantes y alta disponibilidad de equipos críticos. En resumen, si una operación grande mantiene su ritmo, la cifra se dispara. Y este año Escondida ha tenido ese tipo de combinación favorable“, apuntó el experto.
Cifuentes dice que “la comparación de Escondida con la producción propia de la estatal refleja en esta última un sistema productivo más complejo y expuesto a fricciones. Opera varias divisiones con realidades geológicas y operacionales distintas, varias en transición estructural, lo cual aumenta la probabilidad de cuellos de botella, mantenimientos mayores y desviaciones de plan minero”.
El liderazgo alcanzado por Escondida este año, sin embargo, puede ser transitorio. El analista de Cesco planteó que, en el mediano plazo, BHP proyecta una menor ley promedio (unos 0,85%) y tiene un pronóstico de entre 1.150 mil y 1.250 para el año fiscal 2026, inferior al año fiscal recórd de de 2025, terminado en junio pasado, cuando la compañía produjo 1.305 miles de toneladas, su mayor cifra en 17 años.
Aquello, agrega Cifuentes, “sugiere una producción a la baja si no se compensa con más mineral, mejores recuperaciones o expansiones”.
El pronóstico es menor aún a futuro: BHP prevé que la producción promedio de los años fiscales 2027 a 2031 será de entre 900 mil y 1 millón de tonelades.
Producción de Codelco
Pese a lo anterior, la producción de Codelco aumentó 0,7% a octubre de este año, pasando de 1.118 mil toneladas en 2024 a 1.127 mil toneladas de cobre ahora.
Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales aumentaron su producción 5,8%; Salvador reportó un crecimiento de 1.727%, influido por el rump up que comenzó la estatal en diciembre de 2024; Andina bajó 8,2%; El Teniente también disminuyó 8,7% y Gaby cayó 23,6%. La baja de esta última, explicó Codelco en su análisis razonado de septiembre, se debe al empeoramiento de las leyes y el impacto en su recuperación.
Específicamente, en octubre, la producción de Codelco bajó 14% versus el mismo mes de 2024, elaborando 111 mil toneladas en el periodo de este año.
Cifuentes indicó que las expectativas productivas de las coligadas de la estatal -El Abra, Anglo American Sur y QB- “no son tan auspiciosas para los próximos años, sobre todo las dos primeras, debido particularmente a caídas de leyes en el caso de Anglo Sur, como a temas más operacionales, como ha sucedido con Quebrada Blanca”.
“Claramente una vez recuperada la producción de Quebrada Blanca y que entre en operación Los Bronces Integrado, más el desarrollo conjunto entre Los Bronces y Andina, los aumentos productivos podrían ser importantes. Pero este escenario necesita de mejoras en las operaciones con más complicaciones productivas de Codelco, como lo son Teniente, Salvador y Gabriela Mistral”, concluyó el exCochilco.
Las ganancias de Escondida
Escondida dio a conocer este martes sus resultados financieros correspondientes a septiembre. La minera obtuvo ganancias por US$3.777 millones entre enero y septiembre de 2025, un 45% más que los US$ 2.606 millones del mismo lapso de 2024.
Los ingresos de la minera alcanzaron a US$10.587 millones, un alza de 22%, mientras los costos (excluidos los costos financieros netos) totalizaron US$4.111 millones, un 2% más.
Escondida pagó US$ 2.569 millones en impuesto a la renta e impuesto específico minero, 49% por sobre 2024.
A septiembre, Escondida había producido 990 mil toneladas, 10% más que en 2024 “debido principalmente a una mayor producción de concentrado de cobre por un aumento esperado en la ley de mineral y mayor cantidad de mineral alimentado a las plantas concentradoras”.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”
La evaluación de la agencia subraya que ciertas características estructurales de Chile, como la estabilidad institucional del país, continuarán siendo pilares de su fortaleza.
El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile marca un cambio que, según la perspectiva de la agencia de calificación de riesgo Moody’s Ratings, podría ser positivo para la economía.
Kathrin Muehlbronner, senior vice president de Moody’s Ratings, proyectó que el futuro gobierno se enfocará en medidas que “respaldarían las perspectivas de crecimiento económico de Chile”.
De acuerdo con Muehlbronner, la próxima administración “probablemente aumente el enfoque en la desregulación y el fortalecimiento de las condiciones para la inversión local y extranjera”, elementos que, a juicio de la analista, son clave para impulsar el crecimiento.
A esto se suma, además, un énfasis en “los esfuerzos por mejorar la seguridad”.
La evaluación de la agencia subraya que ciertas características estructurales de Chile continuarán siendo pilares de su fortaleza.
“La estabilidad institucional del país, la formulación de políticas basada en normas y la apertura al capital extranjero seguirán siendo fortalezas clave”, afirmó.
Un punto crucial del análisis de Moody’s se centra en la aplicación de las promesas de campaña más ambiciosas, especialmente en el ámbito fiscal.
Muehlbronner advirtió que algunas de las propuestas “más controvertidas” del programa de Kast, como la intención de financiar recortes al impuesto sobre la renta corporativa mediante “reducciones significativas, aún no especificadas, del gasto en los primeros 18 meses”, probablemente se verán moderadas.
La razón principal de esta moderación radica en la composición del Poder Legislativo. La experta de Moody’s destacó la fragmentación del Congreso que resultó de las elecciones del mes pasado, lo que obligará al nuevo gobierno a negociar y atenuar las iniciativas que requieran aprobación parlamentaria.
Compromiso fiscal
En paralelo con las promesas de recortes, Moody’s Ratings espera que el nuevo gobierno mantenga el compromiso con la tradición de política fiscal prudente de Chile.
Esto implica un enfoque en reducir el déficit presupuestario, estabilizar la deuda pública y restablecer los colchones fiscales.
Finalmente, la agencia puso la mirada en un plazo específico que será clave para entender la estrategia fiscal definitiva del gobierno de Kast.
“El nuevo gobierno debe presentar sus planes fiscales a mediano plazo dentro de los 90 días posteriores a la toma de posesión, lo que proporcionará una mayor comprensión de su estrategia de política fiscal”, indicó Muehlbronner.
Fuente/Pulso/LaTercera
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