Entrevistas
«HA TOMADO MUCHO TIEMPO ACLARAR CÓMO OPERARÁ EL CONVENIO 169»
Aidan Davy, presidente adjunto del Consejo Internacional de Minería y Metales, dice que Chile adoptó el convenio en el peor momento, dado el nivel de inversiones en desarrollo.
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No sólo en Chile se conoce el impacto que está teniendo en la industria minera nacional la aplicación del Convenio 169 de la OIT.
Cómo vincularse con los pueblos indígenas es una interrogante que también preocupa a las mineras del mundo y será uno de los temas que tendrá en mente el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés) para la elaboración de guías instructivas que orienten a las empresas del sector en relación a la forma para llevar adelante este proceso
Parte de esa labor es lo que está haciendo en Chile el experto en comunidades y presidente adjunto de ICMM, Aidan Davy, quien esta semana estuvo de visita en el país y se reunió con ejecutivos de Codelco y Antofagasta Minerals. Su estadía también incluyó reuniones con el Consejo Minero y la Sonami, para conocer la experiencia de Chile en este tema y participar en un taller que se realizó el jueves y viernes en Apoquindo para analizar con las empresas mineras los conflictos entre las comunidades y las empresas.
Para Davy, la ratificación del Convenio 169 -en septiembre de 2008- tuvo lugar en un mal momento en Chile, pues el país estaba viviendo un escenario muy auspicioso en términos de inversiones, con montos asociados demasiado grandes. Esta situación, asegura el experto, no se dio en los otros 21 países que también han ratificado este compromiso internacional, el que tampoco ha operado de manera óptima en países como Perú y Colombia.
“Esta adopción coincidió con un nivel de inversiones bastante intenso y eso dificulta aún más hacer una implementación correcta. La presión para el gobierno, para hacerlo bien, es muy alta, porque hay muchos proyectos que se pueden ver afectados”, explica Davy.
Agrega que ahora la tarea de mejorar esta aplicación está en manos del Ejecutivo. “Una vez que el gobierno tenga las reglas claras sobre las cuales trabajar, las compañías deben tomarlas con el fin de generar relaciones constructivas con las comunidades”, señala.
Si bien el experto desconoce lo sucedido recientemente con el proyecto El Morro, de GoldCorp, paralizado por orden de la Corte Suprema, por estimar que no todos los pueblos originarios fueron escuchados en su consulta indígena, precisa que sabe que la situación de Chile es complicada, pero aclara que no es distinta de la que vivieron los otros países que han ratificado el convenio de la OIT.
Sin embargo, Davy advierte que en el país el proceso de generar reglas claras por parte de la autoridad ha demorado más tiempo de lo esperado. “El problema no es tanto un tema de cumplimiento, sino que más bien de incertidumbre, en el sentido de cómo se va a operar efectivamente este convenio acá en Chile”, apunta.
Chile está viviendo un escenario complejo por la aplicación del Convenio 169. ¿Usted conoce esta situación?
No soy experto de la situación chilena. He escuchado algo al respecto y pienso que el problema central no se da, principalmente, porque las empresas no estén cumpliendo con sus obligaciones, sino que más bien este escenario es el resultado de la ratificación que hizo Chile del Convenio 169 de la OIT. Este es un proceso que se ha venido dando incluso con la promulgación del Decreto 124 (del entonces Mideplan, hoy MDS, que limita la consulta previa a pueblos indígenas) y luego con el Decreto Supremo 66 (reglamento que norma la forma de hacer la consulta indígena) para aclarar la forma en la cual las empresas deben hacer cumplimiento de sus obligaciones, puesto que este proceso ha generado cierto nivel de incertidumbre tanto a nivel de las empresas como también de las comunidades. Desde la visión de un extraño, veo que aclarar la forma exacta en que el Convenio 169 va a operar en Chile ha tomado mucho más tiempo. El problema, en mi opinión, no es tanto un tema de cumplimiento, sino que más bien de incertidumbre, en el sentido de cómo se va a operar efectivamente este convenio en Chile.
¿El gobierno es el que ha tenido dificultad para explicar el convenio?
Sería incorrecto para mí decir la forma en que esto ha sido implementado por el gobierno de Chile. No quiero ser crítico de nadie. Lo que puedo decir es lo que se ha visto en los otros países donde se ha implementado exitosamente este convenio, y han sido aquellos donde los gobiernos han implementado reglas específicas y muy claras. Estas reglas han sido bien definidas para que ambas partes tengan claridad en cómo generar una relación constructiva y armoniosa.
Mal momento
¿Por qué han logrado ser exitosos en otros países? ¿Qué pasa en Chile que ha costado lograrlo?
Chile no es único país que enfrenta dificultades. Por definición, los pueblos indígenas están representados por personas que viven en situación de vulnerabilidad y marginalizados. Además, son pueblos que no han participado en todo el proceso político del país. Normalmente, estas comunidades se han ido a vivir a zonas remotas y están alejadas de todo proceso de participación política. Al considerar todo esto, cuando después se les pide que sean partícipes en el desarrollo del país, ese proceso se hace más complicado.
¿El gobierno ha cometido errores en la manera de hacer más clara la aplicación de este convenio?
La respuesta es no. Hay que darle mucho crédito al gobierno chileno por lo que han tratado de hacer. Ellos han ratificado la Convención 169 y, además, han tratado de garantizar que los pueblos indígenas sean parte de este proceso de desarrollo y han tratado de que este proceso se lleve a cabo en respeto de los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Ahora, el tema es que al mismo tiempo no existe una gran cantidad de experiencia en la cual basarse para que Chile sepa a quién mirar y tener alguna base para poder hacer esta implementación. Tenemos que pensar que Chile ha sido el país más reciente en ratificar el Convenio 169, y de los 22 países que ya han ratificado son muy pocos los que han implementado normativas legales que hagan posible interpretar el convenio y, además, hacerlo parte de sus propios países.
Entonces, ¿Chile no está viviendo una situación tan crítica como se piensa?
No me malinterpreten. Por supuesto que hay dificultades para implementar el convenio, pero también hay que considerar que no es fácil hacerlo bien. En lugar de decir que el gobierno ha fracasado en una implementación eficaz de este proceso, diría que ha tenido dificultades para hacerlo bien. Se requiere que las reglas estén claras y que haya claridad desde el punto de vista de las obligaciones que deben ser respetadas por el Estado, por los gobiernos y por las comunidades indígenas. Por supuesto que esto genera dificultades si no tenemos claras cuáles son estas responsabilidades en el caso de las obligaciones de las consultas indígenas, por ejemplo. Ahora, tampoco estoy diciendo que Chile está en una buena situación. Está en una situación difícil, pero esas dificultades y situaciones difíciles también las han enfrentado los otros países.
¿Es tarea del gobierno, entonces, cambiar el escenario?
Absolutamente. Una vez que el gobierno tenga las reglas claras sobre las cuales trabajar, las compañías se deben hacer parte de ellas, para poder generar estas relaciones constructivas.
¿A Chile llegó en el peor momento la ratificación del convenio?
Claro. Considerando la cantidad de inversiones que hoy existen en Chile, claro que complica la capacidad de implementar la convención indígena dentro del marco legal existente. La diferencia está en que los países que han regulado el Convenio 169 lo hicieron hace mucho tiempo, a diferencia de Chile. Antes, las inversiones, en general, eran más bajas, por lo tanto, en ese entonces esos países tenían mucho menos presión para hacerlo bien. La adopción en Chile coincidió con un nivel de inversiones bastante intensos y eso dificulta aún más hacer una implementación y, además, la presión para el gobierno de hacerlo bien es mucho más alta, porque hay muchos proyectos que se pueden ver afectados.
¿Cómo se ha solucionado este tema en los otros países?
Es importante tener reglas claras tanto administrativas como también del proceso mismo, de la burocracia. En esos países donde ha funcionado bien, también se da porque las empresas deben tener claro que para que esto salga bien, deben tener una interacción con las comunidades indígenas y no indígenas, un relacionamiento que sea positivo, de manera tal que se requieren estas reglas claras para que las empresas puedan promover estas relaciones.
¿Ve una falencia del sector minero local en relación al acercamiento que tienen las comunidades?
No puedo comentar en base a una experiencia directa que haya tenido, pero lo que sí puedo decir, basándome en la interacción que he tenido con los integrantes del ICMM (Codelco y Antofagasta Minerals, en Chile), es que las empresas tienen una buena comprensión sobre cuál es la problemática y la forma en que deben llevar a cabo las relaciones con las comunidades indígenas. Por lo tanto, yo no puedo decir que haya un déficit de parte de la comprensión que tengan las empresas ni tampoco con los recursos humanos que tengan las empresas para llevar a cabo este proceso. Es todo lo contrario.
Fuente:La Tercera
Crecimiento
Codelco expone ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara sus desafíos estratégicos y los resultados de la auditoría a la producción 2025
El presidente del directorio presentó los cuatro pilares estratégicos definidos por la mesa que encabeza, situando la seguridad como la principal prioridad. Asimismo, detalló las medidas adoptadas para fortalecer la transparencia, el control y la integridad de la gestión, a partir de las conclusiones del proceso de auditoría a la producción del año pasado.
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, presentó ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados los cuatro focos prioritarios definidos por la Corporación para maximizar sus aportes al Estado, con responsabilidad, austeridad y una visión de largo plazo. Estos son la seguridad de las personas como prioridad; maximizar los excedentes para el Estado, lo que implica rentabilizar las operaciones, buscando al mismo tiempo no aumentar los niveles de endeudamiento; ordenar la casa con mano firme y transparencia, fortaleciendo los mecanismos de control y los estándares en la gestión, y la sostenibilidad de manera integral, en lo operacional, económico, ambiental y social.
“Estamos trabajando con todos para fortalecer Codelco y recuperar la confianza. Nuestro propósito es que la empresa vuelva a desplegar todo su potencial, recuperando el vínculo y el orgullo que los chilenos sienten por Codelco”, describió ante los diputados.
Fontaine fue acompañado a la instancia por el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado; el auditor general, Raúl Puerto; y la directora y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), Tamara Agnic Martínez.
Precisamente la presidenta del CACE y el auditor general relataron los detalles del proceso de auditoría respecto del reporte de producción de 2025. La investigación concluyó que, en las divisiones Chuquicamata y ministro Hales, se clasificaron como productos terminados materiales que no cumplían las condiciones establecidas en la normativa interna para dicha categoría. Como consecuencia, se identificaron incumplimientos normativos, la aplicación improcedente de criterios de excepción y deficiencias en los mecanismos de aprobación, lo que incidió en los indicadores de producción y en el cálculo de los incentivos variables.
Agnic indicó que el directorio instruyó la aplicación de un conjunto de medidas entre las que se encuentran una auditoría externa para la revisión de los reportes de producción de los años 2024 y 2025, el recálculo de incentivos variables asociados a indicadores de producción del 2025 y la implementación de procesos de recuperación que correspondan de los bonos asociados a ejecutivos, supervisores y trabajadores.
Respecto de este punto, Rubén Alvarado explicó a los parlamentarios que ya se ejecutó la gestión de devolución entre los ejecutivos involucrados y se han realizado reuniones con las federaciones de trabajadores y supervisores para buscar los mejores caminos para concretar esta devolución respecto de esos estamentos.
Respecto al futuro de Codelco, Bernardo Fontaine comentó a la Comisión que con el inicio de su gestión se está realizando una revisión exhaustiva de la compañía, con foco en los procesos y estándares de gestión. Además, anunció que, en los próximos meses, la compañía llevará adelante el proceso de definición de su Plan Estratégico instancia en la que se evaluarán de manera integral distintos aspectos de su gestión y desarrollo futuro, incluyendo su estructura operacional y de costos, su cartera de proyectos y eventual venta de activos, alternativas de financiamiento y otras materias relevantes para el cumplimiento de sus objetivos de largo plazo. “Es un trabajo riguroso que nos permitirá, contar con un plan claro de mejoras para consolidar una operación más robusta, transparente y alineada con fortalecer la sostenibilidad operacional y financiera de la Corporación”.
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Crecimiento
BIMINISTRO DANIEL MAS PRESENTA EN EL CONGRESO PRIMER PROYECTO MINERO DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE KAST
Ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, autoridad entregó los alcances y beneficios de la iniciativa que busca simplificar y aportar certeza al régimen de patentes mineras con foco en impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana minería nacional.
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de los pequeños y medianos mineros, simplificando el sistema de postulación y pago de patente minera rebajada para concesiones de explotación, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto al subsecretario Álvaro González, presentó en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el primer proyecto de ley minero de la administración del Presidente José Antonio Kast.
“Este es el primer proyecto de ley en materia minera que presenta la administración del Presidente Kast, y es una iniciativa que está en el corazón del plan de gobierno porque está alineada con nuestro objetivo de pasar a ser un Estado facilitador de la iniciativa privada, dejando en el pasado los años de obstrucción y retraso que han impedido el despliegue del potencial minero”, afirmó el secretario de Estado.
Enfatizó que el proyecto busca otorgar mayor certeza y facilitar la inversión en el sector.
La medida, ampliamente esperada por los pequeños y medianos productores mineros, propone modificaciones al régimen de patentes mineras establecido en el Código de Minería, con el propósito de hacer más simple el sistema mediante la eliminación del aumento progresivo de las patentes y los requisitos de 500 hectáreas, parentescos y tipos societarios para la pequeña minería.
Además, la iniciativa incorpora una nueva causal de rebaja por exploración minera para que el productor no tenga que postular todos los años a la rebaja, entre otros aspectos considerados en el proyecto de ley.
El biministro Mas explicó que los ejes del proyecto son claros: “Primero, facilitamos el acceso a la patente rebajada. Vamos a eliminar los requisitos burocráticos de parentesco y tipos societarios que impedían a muchos pequeños mineros acceder a este beneficio. Segundo, eliminamos la patente progresiva para quienes no han podido desarrollar actividad. Y como tercer punto, ampliamos los beneficios. No sólo el concesionario podrá postular, sino también arrendatarios y quienes exploten legítimamente la mina”.
El subsecretario de Minería, Álvaro González, señaló que la propuesta legislativa contribuye a mejorar la situación de los pequeños mineros porque “elimina el parentesco que les era exigido para una patente rebajada, saca el límite de las 500 hectáreas y los tipos societarios que les eran requeridos, lo que da más certeza al momento de postular a estas patentes rebajadas”, destacó.
La iniciativa legal ingresada recientemente al Congreso inició de esta manera, su trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Una vez materializados los ajustes que propone el proyecto, la actividad minera dispondrá de reglas más claras y un régimen general de patente más beneficioso, con causales de rebaja bien delimitadas, alineando el sistema de patentes con los objetivos de desarrollo minero del país.
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DIRECTORIO NOMBRA A JORGE GÓMEZ NUEVO PRESIDENTE EJECUTIVO DE CODELCO
El directorio de Codelco, luego de una sesión extraordinaria, acordó la designación de Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la compañía.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado Vigar, presentó su renuncia al cargo luego de haber ejercido estas funciones desde septiembre de 2023, conduciendo a la Corporación en los distintos desafíos que ha debido enfrentar en este período. El directorio agradece el trabajo realizado durante su gestión.
En consecuencia, el directorio de Codelco, luego de una sesión extraordinaria, acordó la designación de Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la compañía. Gómez asumirá el cargo a partir del próximo 13 de julio, mientras Rubén Alvarado continuará desempeñando dichas funciones hasta esa fecha.
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, señaló que “Jorge Gómez es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena. Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco. Estamos muy satisfechos de que haya aceptado asumir este desafío”.
Fontaine agregó que “los focos del nuevo presidente ejecutivo serán la seguridad de las personas como prioridad, generar rentabilidad y maximizar los aportes al Estado, el control de la gestión y la sostenibilidad operacional, ambiental y social”.
Ingeniero civil en Minas de la Universidad de Atacama, Jorge Gómez cuenta con más de 30 años de destacada trayectoria en la minería. Asumirá en Codelco tras liderar durante los últimos 14 años Minera Doña Inés de Collahuasi, período en el que, como presidente ejecutivo, impulsó una profunda transformación de la compañía, posicionándola entre las operaciones más relevantes, eficientes y seguras de la industria a nivel mundial. Bajo su mandato, la empresa alcanzó resultados sobresalientes en desempeño operacional, creación de valor y seguridad.
Previamente se desempeñó como vicepresidente de Operaciones Centro-Sur de Codelco, teniendo bajo su responsabilidad las divisiones Andina, El Teniente, Ventanas y Salvador. También fue vicepresidente de Operaciones de Antofagasta Minerals entre 2006 y 2010, gerente general y gerente de Operaciones de Minera Los Pelambres entre 1997 y 2006, además de ocupar diversos cargos de responsabilidad en Compañía Minera Mantos de Oro.
Su trayectoria incluye también una activa participación gremial e institucional. Fue presidente del Consejo Minero entre 2018 y 2022 y director de Sonami durante dos períodos. En 2025 fue distinguido por EY Chile y El Mercurio con el premio Ejecutivo del Año, reconocimiento a su liderazgo y aporte al desarrollo de la industria minera chilena.
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Cochilco y sobreestimación de producción de Codelco: “EL RIESGO QUE NOSOTROS VIMOS ES QUE EFECTIVAMENTE HABÍAN DESVIACIONES”
«El riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones en la producción. Ese es el riesgo que se observó y eso es lo que lleva a que amerite que se haga una auditoría», dijo Claudia Rodríguez.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Chilena de Cobre (Cochilco), Claudia Rodríguez, abordó este viernes el escándalo en Codelco a raíz de la sobreestimación de la producción de la estatal, lo que motivó el despido de un alto ejecutivo y obligando incluso a presentar una denuncia ante la Fiscalía.
La cuprífera reconoció que 26.875 de las toneladas, alrededor del 2% de su producción, que se reportaron como “producidas” el año pasado aún no se encontraban tratadas, por lo que “debieron mantenerse registrados como productos en proceso”.
El anuncio de la estatal generó irritación en el gobierno y el propio ministro Daniel Mas (un crítico de la gestión de Máximo Pacheco) reaccionó a través de redes sociales y una declaración pública, condenando los hechos.
En conversación con radio Pauta, Rodríguez fue consultada específicamente si es que Cochilco estaba enterada y había alertado sobre estos niveles de sobreproducción, a lo que respondió:
“Para ser bien honesta, el riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones en la producción. Ese es el riesgo que se observó y eso es lo que lleva a que amerite que se haga una auditoría al respecto”, afirmó la funcionaria.
Rodríguez explicó que, en base al seguimiento que hacen, todos los años Codelco estima cuánto va a producir.
“Nosotros revisamos que efectivamente ese presupuesto que ellos hacen de lo que van a producir, se cumpla o no se cumpla. Y si no se cumple vemos si los controles asociados fueron los correctos. Esto puede ser a la baja o al alza. Y en este caso al ponerlo en, por decirlo de alguna forma coloquial, en la juguera de todos los antecedentes que consideramos, salió como un riesgo alto”, dijo Rodríguez.
Consultada particularmente de si la alerta advertida por Cochilco fue lo que motivó la auditoría de Codelco, Rodríguez dijo que, hasta donde sabía, esta nació de una denuncia y de manera específica para las 20 mil toneladas.
“Independiente de que nosotros en febrero de este año remitimos a la compañía y a la administración de Codelco, el oficio donde dábamos cuenta del inicio de esta auditoría también. Ellos estaban en conocimiento, pero no quiero atribuirme que es Cochilco el que dio lugar a esto, porque efectivamente es a través de una denuncia que se hizo interna en Codelco”, comentó.
Sin embargo, Rodríguez afirmó que si no hubiera existido esa esa denuncia, de igual modo “en nuestra auditoría habría salido el tema”
En esta línea, la vicepresidenta del órgano fue consultada sobre la necesidad de aumentar las facultades sancionatorias de Cochilco, ante lo cual aseguró que “independiente de este caso en particular, nosotros hace bastante tiempo ya hemos venido trabajando y revisando una modernización de la legislación de la Comisión”.
La regulación actual de Cochilco data de 1976, y su misión es la “fiscalización, evaluación de proyectos, la asesoría técnica al Gobierno y la elaboración de información confiable y oportuna”. Sin embargo, ha sido tema de debate la falta de atribuciones para sancionar irregularidades.
“Codelco está fuera de control”
Tras la publicación de la sobreestimación de producción en Codelco, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró en un mensaje difundido a través de su cuenta de X que “Codelco está fuera de control”.
Al respecto, Rodríguez aseguró que si bien en Cochilco “comparten la preocupación del ministro” no se puede “por un hecho aislado que involucra alrededor de siete personas poner a toda la compañía en el mismo saco”.
Además, aseguró que Cochilco es un organismo técnico, por lo que “no les corresponde determinar si una empresa está o no fuera de control”.
En cambio, apuntó a la necesidad de robustecer los controles, dotar a instituciones como Cochilco de mayores recursos y mejores herramientas, al igual que en el propio gobierno corporativo de Codelco.
Fuente/Pulso/La Tercera
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Business
LA INDUSTRIA MINERÍA EN LATAM LIDERA LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA MÁS SOSTENIBLE Y COMPETITIVA
El papel estratégico de la minería en la transición energética y el desarrollo global, destacando que la región de América Latina cuenta con un estatus privilegiado gracias a su abundancia de minerales críticos y su matriz energética basada en energías renovables.
Leonardo Lima, Global Mining Director de Arcadis, empresa líder mundial en ingeniería y consultoría, comparte su visión sobre el papel estratégico de la minería en la transición energética y el desarrollo global, destacando que la región de América Latina cuenta con un estatus privilegiado gracias a su abundancia de minerales críticos y su matriz energética basada en energías renovables. «Latinoamérica tiene una cantidad y calidad de minerales que son esenciales para todo el mundo, además de contar con una matriz energética con más del 70% de generación renovable, lo que nos coloca en una posición única para liderar la minería responsable y sostenible», afirma el experto.
Con una trayectoria que abarca proyectos complejos en varias regiones del mundo, Leonardo Lima resalta que la madurez del sector minero en la región está en auge, con un compromiso creciente por parte de las grandes empresas en temas sociales, ambientales y regulatorios. «La industria minera en Latinoamérica está incrementando mucho su responsabilidad y eso es una diferencia clave respecto a otros sectores», señala. Además, destaca que países como Chile están promoviendo el concepto de «minería verde», que no solo es una tendencia, sino una necesidad imperante para consolidar la competitividad regional en el escenario global.
El ejecutivo explica que, para consolidar lo anterior, es fundamental fortalecer las condiciones de inversión a largo plazo mediante legislaciones claras, infraestructura adecuada y estabilidad política. «Latinoamérica ya recibe una gran parte de las inversiones en minería verde, pero aún podemos mejorar en aspectos como costos, infraestructura y plazos, para atraer más capital internacional», indica. Asimismo, el experto enfatiza en que la visión integral y la experiencia en múltiples mercados, es esencial para ofrecer soluciones diferenciadas y confiables, facilitando la toma de decisiones de inversión más seguras y sostenibles.
Cero emisiones e impacto social positivo
En cuanto a sostenibilidad, Lima detalla que, en el caso de Arcadis, su estrategia se basa en tres pilares fundamentales: descarbonización, impacto social positivo y protección ambiental. «El objetivo es lograr cero emisiones para 2050, dejar un legado en las comunidades y minimizar el impacto en el medio ambiente», explica. Además, destaca que energías renovables como la solar y eólica, permiten no solo reducir costos, sino también acelerar los permisos y procesos regulatorios, generando beneficios económicos y sociales. «La sostenibilidad y la eficiencia van de la mano; no solo es una estrategia de imagen, sino una necesidad para la competitividad del negocio», comenta.
En toda operación también resulta fundamental la atención y compromiso que se les entrega a las comunidades locales, trabajando desde etapas tempranas para crear legados duraderos. «Proyectos como Itabira Sostenible en Brasil, ejemplifican cómo la minería puede dejar un impacto positivo a largo plazo, promoviendo la transición de comunidades incluso tras el cierre de minas», señala. Además, resalta el papel de la inteligencia artificial como aliada en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del sector minero, asegurando que sin minería no hay avances tecnológicos como la inteligencia artificial y que su aplicación ayuda a hacer las operaciones más seguras, eficientes y responsables.
Mirando hacia el futuro, Leonardo Lima reafirma el compromiso de Arcadis de ser un socio preferencial en los desafíos que enfrenta la minería en la región, promoviendo un equilibrio entre crecimiento, innovación y sostenibilidad. «Queremos ser reconocidos como un referente en soluciones integradas que aporten valor para las sociedades, el medio ambiente y nuestros clientes», enfatiza.
Finalmente, el experto señala “que la región tiene un gran potencial para consolidarse como un actor competitivo y responsable en la minería mundial, siempre estando alineada con las exigencias de un mundo en transición hacia una economía más sostenible”.
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