De las 28 unidades a carbón que operaban en Chile en 2018, cuando se acordó el plan de salida de las carboneras a más tardar en 2040, actualmente quedan 17 operando. De ellas, sólo tres no tienen planes definidos de reconversión y son vistos como activos claves para el sistema. Consultores visualizan “cuesta arriba” adelantar la salida de esas unidades y piden conocer los fundamentos técnicos que inspiran la propuesta de gobierno.

Durante el segundo semestre de este año ingresaría al Congreso el proyecto de ley de descarbonización acelerada que anunció el Presidente Boric en su última Cuenta Pública, que busca anticipar la salida de las termoeléctricas a carbón de la matriz energética al “2035 o antes”.

El anuncio gatilló altas expectativas en el mundo de la generación renovable, pero levantó alertas entre los actores más tradicionales, especialmente entre las empresas que cuentan con carboneras operativas y que aún no han definido por completo los planes para reconvertir sus unidades.

Una revisión del estado de situación en la materia muestra que, de las 28 centrales que se contabilizaban en 2018 -cuando el gobierno de Sebastián Piñera acordó con las generadoras la salida programada de las carboneras a más tardar para 2040-, actualmente quedan 17 unidades operando.

De ellas, 14 ya han trazado planes y fechas para dejar de operar a carbón, y sólo tres no han definido aún si adoptarán planes de reconversión o simplemente se desconectarán. Aunque lo segundo parece improbable.

En esa lista corta, están las dos unidades de la central Cochrane, de Aes Andes, filial de la norteamericana Aes Corporation. Dado que empezaron su operación en 2016, son vistas por la firma como activos que “desempeñan un papel fundamental para garantizar la estabilidad y fiabilidad de la red, apoyar la integración de las energías renovables en Chile y acelerar la descarbonización”, según detalló Aes en su última presentación a inversionistas, el 28 de mayo.

Es que junto a Angamos, cuyo plan de retirada -el proyecto Alba- contempla una reconversión utilizando sales solares para ser calentadas con energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, totalizan 1.108 MW en capacidad instalada. Eso sí, son los últimos megavatios de los más de 3.000 que la compañía tenía en 2017. Consultada por la iniciativa del gobierno, desde Aes Andes puntualizaron que “la única manera de avanzar en la descarbonización en el sector eléctrico es acelerando el desarrollo de la infraestructura habilitante.

Para ello, nuestra compañía, como todo el sector, ha hecho inversiones muy destacadas durante los últimos años reduciendo las emisiones por generación a menos de la mitad y permitiendo alcanzar peaks de generación renovable por encima del 90%. Es por esto que consideramos que toda iniciativa que sirva para acelerar la ejecución de los proyectos renovables y de transmisión es muy bienvenida”.

No obstante, agregaron que “desde Aes seguimos invirtiendo fuertemente en Chile para transformar nuestro portafolio, sin perder nunca de vista la importancia de mantener como pilar fundamental de la transición energética la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”.

La tercera unidad que aún no define su reconversión es la Santa María, de Colbún. La única central a carbón del grupo Matte en Chile inició sus operaciones en 2012, y pese a que la compañía ha evaluado alternativas para darle continuidad a la unidad de 350 MW sin carbón, hasta el momento no ha comunicado una decisión.

Consultada por Pulso, desde Colbún afirmaron respecto de la propuesta de adelantar la salida de las carboneras a 2035 que ello requiere de asegurar condiciones clave, como la seguridad del sistema eléctrico, entre otras materias.

“Una transición energética responsable demanda importantes inversiones en la infraestructura habilitante necesaria que permita seguir avanzando hacia una matriz de generación sin emisiones, manteniendo a la vez adecuados estándares de seguridad y competitividad del sistema eléctrico. Todo lo que contribuya en esa dirección y permita cumplir con esas tres condiciones -sustentabilidad, seguridad y competitividad- es un avance, lo que cobra aún más relevancia después del apagón del 25F”, indicaron.

Por su parte, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, sostuvo que el anuncio del Presidente Boric “abre una conversación necesaria para el país, pero se debe abordar con responsabilidad y realismo”. En esa línea, planteó que “avanzar más rápido exige más que voluntad. Requiere asegurar condiciones habilitantes tanto regulatorias como de infraestructura material, que hoy aún presentan importantes brechas”.

“No se puede comprometer el retiro de nuevas centrales sin contar con garantías efectivas de seguridad y flexibilidad en la operación del sistema eléctrico. Esto implica disponer de infraestructura adecuada de respaldo, almacenamiento, transmisión y una operación modernizada del sistema eléctrico”, enfatizó.

“Como industria de generación eléctrica invitamos a que esta discusión se desarrolle con una mirada técnica, sin simplificaciones ni premuras, y con sentido de responsabilidad sistémica. La seguridad del suministro debe ser el marco desde el cual se analicen las decisiones futuras. El compromiso con la transición energética sigue firme, pero debe construirse sobre bases sólidas, medibles y verificables”, concluyó.

“Cuesta arriba”

Algunos expertos fueron más escépticos sobre la idea de anticipar la salida de las carboneras. Daniel Salazar, socio director de EnergiE, dijo que “el 2035 es una fecha que está muy cerca, está a la vuelta de la esquina, y se ve cuesta arriba fijarse un objetivo tan ambicioso como el que pretende este proyecto de ley”. Y aunque destacó la idea de querer “acelerar algunas iniciativas, vigilar, monitorear los permisos sectoriales, autorizaciones y otros asuntos que tengan que resolver los proyectos que se quieran priorizar”, afirmó que “aún así, es cuesta arriba”.

En su visión, es más necesario “reducir incertidumbre y eliminar distorsiones” que han surgido en los últimos años en el sector. “Hay que recuperar la confianza y credibilidad de los PPA regulados. Eso se destruyó en los últimos años y fue la clave del desarrollo de las energías renovables”, indicó.

Ramón Galaz, director ejecutivo de Valgesta, criticó incluso la falta de “fundamento” para la iniciativa. “No conocemos los antecedentes técnicos que hay detrás para hacer la propuesta que se hizo”, señaló, recordando que “cuando uno analiza lo que pasó en el 25F, quedó en evidencia de que si bien la falla fue bien identificada, y se conocen las razones, lo que más preocupa es el tiempo que demoró la recuperación del servicio”.

En esa línea, planteó que la denominada ‘reserva rodante’ del sistema, que es “el aporte que dan a la seguridad las centrales térmicas, es un tema que hay que discutir y analizar, y cuando dicen ‘vamos a cerrar la totalidad de las carboneras al 2035′, uno lo que al menos espera es que existan los antecedentes técnicos suficientes para decir que es una buena decisión esa fecha de cierre. Y eso hoy día no existe”.

Fuente/Pulso/LaTercera
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La red sumó representantes estudiantiles y reforzó la presencia de asociaciones gremiales de regiones.

En la presidencia, en tanto, fue reelegida Anita Marambio, representante de las organizaciones de Innovación y Desarrollo Social.

Compromiso Minero, red integrada por más de 115 organizaciones del ecosistema minero, que promueve una minería cada día más innovadora, inclusiva y sostenible, presentó a su segundo directorio ejecutivo para el próximo periodo.

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La firma destinará cerca del 70% de las inversiones a dos proyectos que tiene en Chile, y que reafirman su estrategia por desarrollar grandes sistemas de almacenamiento. Ese segmento, será el 60% de sus inversiones globales.

La apuesta por Chile de Grenergy sigue firme. Así lo mostró la firma española en su Market Day 2025, donde anunció una inversión de 3.500 millones de euros hasta 2027, cifra que equivale a casi US$4.000 millones. Según comentó el fundador y CEO de Grenergy, David Ruiz, más de la mitad de su capex estará enfocado en proyectos en el país.

“Probablemente invirtamos en torno a US$2.800, casi US$3.000 millones van a Chile”, dijo Ruiz en una ronda con la prensa nacional.

En dicha conversación, Ruiz destacó que la capitalización bursátil de la compañía alcanza actualmente los US$2.000 millones, “similar a la de Colbún”, notó, agregando que la evolución desde su fundación en 2007 ha sido “más rápida de lo esperado”.

El foco de las inversiones de la española estarán en sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, un segmento de la generación renovable que ya viene desarrollando con fuerza en Chile.

“Para los próximos tres años, la compañía va a dar un salto muy importante. La compañía va a invertir 3.500 millones de euros, casi US$4.000 millones, y lo va a invertir, una parte muy importante, en Chile”, indicó Ruiz.

En concreto, del total de inversiones, Grenergy destinará el 50% a Oasis Atacama, cuyas fases 4, 5, 6 y 7 están aún completando pasos para iniciar operaciones. El megaproyecto agregará en total 1.497 MW en parques fotovoltaicos, y 1.284 MW en almacenamiento, con capacidad para generar 8.448 MWh.

A ello se suma también el proyecto Central Oasis, de cinco fases en total, para alcanzar 1.078 MW de paneles solares, y 855 MW en almacenamiento. Dicha iniciativa capturará el 20% del capex. Con ello, en total el 70% de las inversiones serían en proyectos en Chile.

La apuesta por el almacenamiento capturará dos tercios de las inversiones globales de la compañía, que también apunta a desarrollar iniciativas similares en Estados Unidos y Europa.

“Creo que somos el mayor desarrollador de Chile, que tiene el tipo de desarrollo más fuerte. El número de plantas, ya hemos hecho más de 100 también. Es un milestone que acabamos de pasar. Somos con diferencia la primera empresa que más plantas ha conectado en Chile, inicialmente en formato PMGD y últimamente en formato de gran planta”, enfatizó Ruiz.

No obstante, Grenergy también ha realizado rotación de activos, como la venta de las primeras tres fases de Oasis de Atacama a ContourGlobal. Y la meta para los próximos años incluye un objetivo de recaudación por US$800 millones en nuevas rotaciones de activos hasta 2027.

Consultado, Ruiz, no descartó que dichas rotaciones incluyan nuevamente activos en Chile. “Nuestra idea siempre ha sido tener cada vez más energía en explotación propia”, afirmó, señalando que “evidentemente, para financiar todos los planes de crecimiento que tenemos que hacer en el país y en otras geografías, seguramente hagamos más rotaciones”.

Ruiz descartó que la firma agregue proyectos eólicos a su cartera. “El segmento eólico, consideramos que ha jugado un papel importante, pero ahora mismo creemos categóricamente que no es competitivo en Chile”, indicó.

Fuente/Pulso/LaTercera
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La cifra global de 2024 arrojó una recaudación mayor a la proyectada por el propio Ejecutivo. Las operaciones de Escondida, Collahuasi y Los Pelambres explicaron por sí solas US$1.398 millones en pagos de acuerdo a la nueva legislación, reafirmando la dependencia fiscal del Estado en un grupo reducido de faenas mineras, altamente rentables.

Una recaudación mayor a la proyectada consiguió durante 2024 la aplicación del nuevo royalty minero, en su primer año de vigencia. Si el Ejecutivo estimaba que el cobro tributario específico, aprobado en agosto de 2023, recaudaría en torno a US$1.350 millones en régimen, lo cierto es que la cifra del primer año de aplicación arrojó un número superior a ese. Al menos así lo revela un análisis realizado por la consultora 1st Quartil Mining, a los balances de la mineras que informaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en sus estados de resultados los pagos relacionados con este y otros impuestos.

Así, de acuerdo con sus cálculos, el royalty minero generó una recaudación superior a los US$1.550 millones, considerando las trece principales operaciones mineras del país (ver gráfico), de un total de 34 sociedades afectas al régimen específico. Las cifras revisadas por la consultora no consideran el impuesto ad valorem correspondiente al 1% de los ingresos por ventas de cobre. El ejercicio fue liderado por el director ejecutivo de la entidad, Claudio Valencia.

Del total contabilizado, sólo tres operaciones concentran el 90% de los pagos: Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo operado por BHP -que cuenta con el 57,5% de la propiedad-, aportó con US$839 millones, siendo el mayor de los pagos en toda la industria minera del cobre y explicando el 54% del total. La cifra, neta de otros beneficios de los impuestos a las ganancias, es sólo una parte de los tributos totales que pagó la minera en el ejercicio pasado, que alcanzaron los US$ 2.371 millones, incluyendo los impuestos a la renta, donde las mineras pagan el mismo 27% corporativo que el resto de la industria.

Sin embargo, la reconciliación de la tasa de impuesto efectivamente pagada por Escondida arroja una cifra aún mayor: US$969 millones por concepto de royalty minero. Según detallan los propios balances de la compañía, el monto se compara con el pago por US$226 millones realizado durante 2023 por concepto del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), que regía en ese entonces.

La aplicación del nuevo royalty minero hizo que para la principal operación productiva de cobre del país la tasa aplicada en gravámenes específicos saltara desde el 5,75% en 2023, al 17,11% en 2024.

Cabe recordar que el nuevo esquema tributario del sector pasó de gravar el resultado operacional de las mineras en una escala de tasas que rondaba entre 5% y 14%, a aplicar una escala de impuesto sobre el nivel de la producción de cada firma. De esta forma, aquellas firmas que producen menos de 50 mil toneladas anuales pagan entre un 0,4% y un 4,4%, mientras que aquellos productores que superen dicho nivel y más de la mitad de ella corresponda a cobre, pagarán un componente ad valorem de 1%, y además una tasa progresiva que va de 8% a 26% del margen operacional minero.

Escondida produjo en el ejercicio pasado un total de 1.241 mil toneladas de cobre fino, un 16% superior a lo visto en 2023. En dicho período, las utilidades de la minera alcanzaron los US$3.290 millones, El nuevo esquema tributario hizo que la minera anotara un aumento de 61% en el pago de impuestos, en comparación al mismo periodo de 2023.

El segundo actor que más contribuyó con los pagos contabilizados por 1st Quartil Mining fue Collahuasi, con aportes por US$363 millones. La operación, controlada por el joint venture entre Anglo American y Glencore, donde cada una cuenta con el 44% de la propiedad, y consorcio Japan Collahuasi Resources, el 12% restante, informó en sus balances que la tasa impositiva en 2024 alcanzó el 14,4%, versus el 6,7% visto en 2023, año en que pagó US$152 millones por el IEAM.

El resultado pasó por las 558 mil toneladas en producción de cobre que reportó la operación durante el ejercicio, lo que le permitió obtener utilidades por US$1.542,9 millones, y un reconocimiento por concepto de impuestos de US$969,9 millones.

En los documentos enviados por la minera a la CMF, habla de US$383,3 millones por concepto del royalty minero, calculado sobre la renta imponible operacional. A ello suma US$44,1 millones correspondientes al componente ad valorem calculado sobre las ventas.

El total, dice la propia compañía, asciende a los US$427,4 millones en reconocimientos por concepto de royalty minero.

El tercer actor que completa el listado de mineras que más pagan royalty es Los Pelambres, donde el grupo Luksic tiene el 60% de la propiedad, y un consorcio japonés, el 40% restante. Según la consultora, los aportes por royalty minero de Pelambres fue de US$196 millones en 2024. El cargo se compara con los US$86 millones pagados por la minera en 2023 por concepto del IEAM.

Según detallan los estados de resultados de Pelambres, la tasa aplicada para el cálculo del gravamen de la minera fue de un 12,73%, versus el 6,3% que se le aplicó con la legislación tributaria anterior.

Impacto en la competitividad

La mayor parte del resto de las operaciones mineras de cobre privadas realizaron aportes significativamente menores, incluso con montos inferiores a los US$ 70 millones. Además, varias de ellas no registraron pagos, como Spence, de BHP, dada la invariabilidad tributaria con la que cuenta dicha operación hasta 2032. En el grupo de las mineras que tampoco registraron pagos de royalty minero, también se encuentra Quebrada Blanca, controlada en un 60% por la canadiense Teck, un 30% de Sumitomo y el 10% que Codelco compró a Enami en 2024. La minera informó pérdidas por US$779 millones en 2024.

En el análisis de Valencia, los resultados muestran además de la concentración del 90% de los pagos en tres actores, un impacto en la competitividad del sector.

“Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, el impacto del royalty en la competitividad de la industria minera nacional y el atractivo para la inversión debe ser siempre monitoreado y comparado frente a otros distritos mineros. Es fundamental para resguardar la competitividad, sostenibilidad y atractivo del país como destino de inversión minera”, indicó.

También, apuntó a la preocupación que sus clientes le han expresado por el correcto uso de los recursos.

”Un uso adecuado de estos fondos permite mejorar la calidad de vida de las comunidades y fomentar un desarrollo económico más diversificado y sostenible. Cuando la ciudadanía percibe beneficios concretos en su entorno, se fortalece la legitimidad social de la minería y se reduce la conflictividad. Por el contrario, la falta de planificación, control o transparencia en la asignación de estos recursos puede traducirse en malgasto, clientelismo o pérdida de confianza en las instituciones. Por ello, una gestión eficaz y estratégica del royalty no solo es una obligación ética, sino también una condición para asegurar el desarrollo armónico de los territorios mineros y la continuidad de la actividad extractiva con respaldo social”, agregó.

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En su segunda edición, el informe elaborado por PwC Chile, en conjunto con la Universidad Diego Portales (UDP) y la colaboración de la Achs, revela las principales brechas de percepción de confianza entre directores y ejecutivos con sus clientes y colaboradores. Un dato del impacto que genera una mala experiencia es que el 81% de los consumidores afirmó que dejó de comprar en una empresa por desconfianza y un 41% dejó una opinión negativa en internet.

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