Noticia País
Abogado Alonso Barros: Nuevo escenario entre Proyectos Productivos y Comunidades Indígenas
En enero la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso en contra de la ampliación de la planta de secado y compactado de cloruro de potasio de Soquimich -suspendiendo sus obras- debido a que éste no había sido consultado a las comunidades indígenas Atacameñas.
Meses antes, el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta decidió someter a consulta indígena la ampliación del Proyecto Sulfuros de la división Radomiro Tomic de Codelco. Conversamos con el abogado, Alonso Barros respecto de la aplicación de esta norma y sus implicancias sobre la protección y defensa de los derechos territoriales y culturales de los indígenas en Chile.
La ley chilena reconoce nueve etnias orginiarias: Aymaras, Atacameños o Lickanantay, Quechuas, Collas, Diaguitas, Mapuches, Rapa Nui, Kweshakar y Yámanas, pese a esto, los conflictos y judicializaciones entre diversos sectores industriales y los pueblos indígenas han generado una tensión constante y desigual.
El modelo económico chileno, basado principalmente en la explotación de materias primas, agudiza aún más la presión sobre el uso, reconversión y sustentabilidad de los territorios indígenas y sus recursos naturales (renovables y no renovables), impactando directamente a los seres humanos que los habitan y a veces, destruyéndolos irreversiblemente.
En septiembre del año 2008, Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT, obligándose a garantizar: “el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.»
Atendiendo a estas obligaciones suscritas por el Estado chileno, la Corte de Apelaciones de Antofagasta estableció un importante precedente respecto de los proyectos de inversión que fueron aprobados por el Sistema de Evaluación Ambiental antes de que en nuestro país rigiera el Convenio 169 y que hoy buscan ampliarse. En efecto, y conforme al fallo, para obtener la autorización de ampliarse, los proyectos de inversión como los que la empresa Soquimich explota en el Salar de Atacama y que afectan hace años directamente al pueblo Lickanantay (atacameños) deberán ser sometidos a Estudios de Impacto Ambiental completos y ser consultados previamente con los pueblos interesados para procurar su consentimiento libre e informado.
Interpretación de un fallo judicial
Al respecto Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama nos ayuda a comprender las dimensiones de esta resolución y sus posibles implicancias.
– ¿Contribuye el derecho a consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT a equilibrar la desigual relación histórica entre pueblos indígenas y las industrias extractivas?
Es importante comprender que este fallo es el resultado de 20 años de esfuerzo en diálogo y litigación del pueblo Lickanantay, quienes se organizaron rápidamente después la promulgación de la Ley Indígena de 1993 inscribieron casi todas sus aguas superficiales y defendido su territorio-, el que está catastrado hace más de 15 años por el Ministerio de Bienes Nacionales y la CONADI y pese a esto, no ha sido aún regularizado e inscrito conforme a lo que comprometió el Estado chileno en dicha ley. El Estado ha demorado sin motivo legítimo y en forma discriminatoria la inscripción de las tierras indígenas en el norte, menoscabando en este caso a las comunidades Lickanantay del Salar de Atacama frente a las concesiones, transferencias y expropiaciones en beneficio de la industria extractiva y esto, únicamente por no tener suficiente publicidad y registro público del territorio de propiedad Lickanantay, dominio que es preexistente a la entrada en vigencia de la Ley chilena en el sector.
El fallo fortalece el progresivo reconocimiento territorial e institucional del pueblo Lickanantay, porque exige que las empresas que quieran desarrollar proyectos de inversión, se sienten primero a dialogar de buena fe, conforme a las normas y los estándares del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los demás instrumentos internacionales de derechos humanos atingentes. Así, hoy existen varios procesos de diálogo en curso en la cuenca, entre empresas y comunidades que miran por el manejo sustentable de la misma. La idea es ir mejorando paso a paso los estándares y buenas prácticas en las relaciones Pueblos Indígenas/Empresas y poner la vara socio-ambiental cada vez más alta, fortaleciendo siempre la institucionalidad vigente.
– ¿Cuáles son las implicancias de este fallo?
Con este fallo de la Corte de Apelaciones, en principio, nunca más se podrían ejecutar proyectos de inversión en la comuna de San Pedro de Atacama, sin que previamente, y sea directo con los afectados o por medio de la tutela estatal, se haya procurado obtener el consentimiento libre e informado del pueblo Lickanantay. Toda medida susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas debe ser consultada, y los pueblos afectados tienen derecho a exigir se les consulte.
Se desprende también que los proyectos ingresados mediante Estudios de Impacto Ambiental (EIA) antes de la entrada en vigencia del Convenio 169, y que obtuvieron Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable sin que hayan sido sometidos alguna vez a consulta indígena, deberán presentar un nuevo EIA y efectuar la consulta, cuando solicitan «ampliación» o «continuidad» de los proyectos, consulta que deberá recaer sobre la totalidad del proyecto. Así, el SEA nunca más debiera, en forma arbitraria, sustraerse a su obligación de consultar a los pueblos indígenas, mediante la argucia de estimar a priori e unilateralmente que algún proyecto no es “susceptible de afectar directamente” a los pueblos indígenas y desestimar la consulta.
Contrario a lo que afirman algunos, aquí no se trata de la aplicación de un supuesto “efecto retroactivo” del Convenio 169 que afecte los derechos adquiridos de alguna empresa. Lo que hace el fallo sí, es reafirmar la noción planteada por el Relator Especial James Anaya, de que el deber de consulta tiene carácter permanente y se refiere a todas las afectaciones y derechos, pasados, presentes y futuros, (no solo los «nuevos»). Este principio se ha venido plasmando en el reconocimiento creciente del deber de due diligence o “diligencia debida”, que tienen las empresas para con los pueblos afectados. Como sea, el fallo, da a entender que las empresas deben dialogar de buena fe y el SEA consultar de igual modo, sobre la totalidad de cada proyecto.
– En un marco país ¿Qué escenario nos plantea este fallo?
Además de lo ya dicho, para todos los efectos, yo estimo que el fallo confirma que las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) o las Zonas de Interés Turístico (ZOIT), las vegas y bofedales, y el patrimonio arqueológico indígena, entre otros, son Áreas Protegidas para los efectos de la correcta aplicación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Sin perjuicio de que el nuevo RSEIA admite la posibilidad de que un titular del proyecto presente meramente una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al SEA tratándose de áreas de desarrollo indígena o en tierras indígenas; la Corte de Antofagasta recuerda que los proyectos que se desarrollen en o en proximidad de dichas áreas, poblaciones y recursos protegidos, debieran someterse siempre a un EIA y no a una DIA, y esto como precaución y en atención a la especial naturaleza del bien jurídico cautelado.
De ser ratificado por la Corte Suprema, este fallo ojalá pueda traducirse en que ningún titular de proyecto vuelva a presentar una mera Declaración de Impacto Ambiental en o a proximidad de, tierras, áreas, poblaciones y recursos indígenas, ni a esperar su aprobación, sin que haya habido una previa consulta libre e informada a los pueblos susceptibles de ser afectados directamente por el mismo. El fallo – en el fondo- dice que tratándose de pueblos indígenas los afectados, siempre debería hacerse un Estudio de Impacto Ambiental y una consulta. Nuestro objetivo al litigar era que el Estado no siguiera eludiendo esta obligación de consultar a los pueblos indígenas, especialmente respecto del régimen de concesiones y autorizaciones estatales en zonas territoriales reclamadas o disputadas tan frágiles como el Salar de Atacama.
Alonso Barros, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y PhD de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Investigador y docente en derecho y antropología social, ha realizado investigaciones en Mesoamérica, y el Cono Sur, publicando numerosos artículos sobre la historia y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como los problemas teóricos y epistemológicos que el pluralismo cultural plantea para la ley. Hoy ejerce casi exclusivamente como abogado, en defensa de los pueblos y comunidades indígenas de Arica, Tarapacá y Antofagasta y forma parte del equipo de la Fundación Desierto de Atacama (Apoyo Fundación Desierto de Atacama).
Por/portalminero/
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La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) anuncia el nombramiento de Paula Frigerio como su nueva Gerenta General.
Con una destacada trayectoria profesional y una sólida formación académica, Paula asume este rol clave con el desafío de impulsar la innovación, la sostenibilidad y la transformación tecnológica en el sector minero, fortaleciendo el papel de los proveedores en el desarrollo de la industria.
“Asumir la gerencia general de APRIMIN es un honor y una gran responsabilidad. Creo firmemente en el rol estratégico de los proveedores para el futuro de la minería, no solo como actores clave en la eficiencia y competitividad, sino también como motores de innovación, sustentabilidad y desarrollo de talento. Mi compromiso es trabajar codo a codo con nuestras empresas socias, autoridades y comunidades para que la minería chilena siga siendo referente a nivel global”, señaló Paula Frigerio, nueva Gerenta General de APRIMIN.
Paula es Ingeniera Civil Industrial, con MBA del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y certificación en Dirección de Empresas del Institute of Directors (IoD). Posee una amplia trayectoria en los sectores energético, minero y de la construcción, liderando áreas de innovación, desarrollo y gestión de proyectos. Además, ha integrado directorios de asociaciones gremiales nacionales e internacionales como World Energy Council Chile, WLPGA, AIGLP y Women in LPG (WINLPG), donde fue la primera presidenta latinoamericana de esta red global.
«En APRIMIN estamos muy contentos de dar la bienvenida a Paula Frigerio como nuestra nueva Gerenta General. Su sólida trayectoria y experiencia en el sector serán un gran aporte para esta nueva etapa que vivimos como gremio. Como directorio, hemos definido trabajar bajo cuatro pilares estratégicos: nuestros socios, las comunicaciones, las alianzas estratégicas y el desarrollo sostenible de la industria. Estamos seguros de que, con su liderazgo, podremos consolidar estos ejes para seguir apoyando a nuestros asociados y fortaleciendo a toda la industria minera», aseguró Dominique Viera, presidenta de la asociación.
Desde APRIMIN le desean el mayor de los éxitos en este nuevo desafío y confían en que su liderazgo y visión estratégica contribuirán significativamente al fortalecimiento de la misión gremial y al desarrollo sostenible de la minería en Chile y la región.
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Minería Verde y Minería Secundaria: Hacia una Nueva Arquitectura de Sostenibilidad Minera
Por: Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
En este escenario, conceptos como Minería Verde, Cobre Verde, Economía Circular y Minería Secundaria han dejado de ser meras tendencias para convertirse en pilares estructurales de una nueva narrativa minera, alineada con los compromisos internacionales de Chile frente al cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Minería Verde ya no puede entenderse únicamente como una industria con menor impacto ambiental. Hoy implica un cambio estructural en los estándares operacionales, tecnológicos, comerciales y regulatorios, desde el diseño de faenas hasta la comercialización de productos mineros. La descarbonización de las operaciones, el uso intensivo de energías limpias, la trazabilidad del cobre y litio, la certificación de productos sostenibles y el relacionamiento comunitario con enfoque de derechos, son condiciones habilitantes para sostener la legitimidad del sector.
En tanto, la Economía Circular ha evolucionado desde una política sectorial a una exigencia transversal. En el ámbito minero, implica no solo reducir residuos, sino también valorar lo que históricamente se desechó como pasivo ambiental: relaves, desmontes, escorias y otras fuentes de metales secundarios.
La Minería Secundaria representa una oportunidad única para reimaginar el ciclo de vida de los recursos mineros. A través del reprocesamiento de materiales históricamente considerados pasivos ambientales —como relaves, desmontes y escorias—, esta actividad no solo reduce la presión sobre nuevos yacimientos, sino que también contribuye a la remediación activa de territorios degradados. La Minería Secundaria es la expresión operativa más concreta del vínculo virtuoso entre minería verde y economía circular.
Un círculo virtuoso: Minería Verde + Minería Secundaria
La relación entre Minería Verde y Minería Secundaria no es solo conceptual, sino estratégica. Ambas se refuerzan mutuamente:
- Desde la sostenibilidad, porque la reutilización de pasivos reduce la huella ambiental, disminuye la presión sobre nuevos yacimientos y mejora la gestión de riesgos geotécnicos y sociales.
- Desde la competitividad, porque permite recuperar metales valiosos sin necesidad de nuevas exploraciones ni permisos ambientales complejos.
- Desde la legitimidad social, porque da una segunda vida a territorios degradados, permite integrar a comunidades en procesos de remediación activa y abre espacio para modelos de negocios inclusivos.
- Desde lo normativo, porque se alinea con la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455), la Ley REP (20.920), los instrumentos del SEIA y los compromisos NDC asumidos por Chile ante la ONU.
- Modificaciones legales, al Código de Minería y la Ley de Cierre de Faenas para facilitar la reapertura y reconversión de antiguos depósitos, al D.S. N°248 sobre Depósitos de Relaves, en sintonía con el Reglamento de Seguridad Minera.
- Incentivos tributarios específicos para proyectos de recuperación secundaria con beneficios ambientales cuantificables.
- Un marco de permisología diferenciada para procesos de bajo impacto.
- Fondos regionales de innovación para proyectos piloto de minería secundaria comunitaria.
Nuevos negocios, nueva gobernanza
El cobre verde, el litio sostenible y los metales secundarios no solo deben cumplir con estándares ambientales, sino integrarse a cadenas de valor globales con trazabilidad climática, ética y social. En este sentido, Chile tiene una ventana de oportunidad para posicionarse como hub de producción responsable de minerales estratégicos, bajo tres pilares:
- Minería primaria descarbonizada y trazable
- Minería secundaria y circular, con foco en recuperación y valorización
- Certificación y comercialización ética, con transparencia y estándares ESG
El desafío no es solo técnico: es político, jurídico, cultural. Requiere una narrativa país que reconozca el rol histórico de la minería, pero que al mismo tiempo se atreva a imaginar una minería regenerativa, que no solo extraiga, sino que restaure; que no solo compense, sino que anticipe; que no solo aporte al PIB, sino al bienestar integral del territorio.
Chile tiene el capital geológico, el know-how técnico, el marco normativo en expansión y el contexto internacional a favor. Lo que se requiere ahora es voluntad política, coordinación público-privada y liderazgo institucional para que la Minería Verde y la Minería Secundaria se conviertan en ejes estructurales de una nueva sostenibilidad minera.
Columna de Opinión/Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
A partir del 1 de agosto, la operación Los Bronces será liderada por Carlos Espinoza, quien tendrá la tarea de liderar la operación hacia un desempeño seguro, de excelencia y sustentable, alineado con las expectativas del negocio.
Carlos es Ingeniero Civil en Minas de la Universidad de Santiago de Chile, cuenta con un diplomado en Innovación Tecnológica para la Industria Minera con mención en Geomecánica y Geotecnia, y un MBA con especialización en Industria Minera de la Universidad de Chile. Posee más de 30 años de trayectoria en el sector minero, desempeñándose en diversas posiciones en compañías como Codelco, BHP y Antofagasta Minerals.
Su rol más reciente fue como Gerente General de Minera Centinela, posición que ocupó por cinco años. Durante ese período, su gestión se destacó por alcanzar resultados operacionales de excelencia y mantener sólidos indicadores de seguridad, sin registrar accidentes fatales. Además, impulsó activamente la inclusión y la diversidad, logrando que la participación femenina en la dotación alcanzara un 27%, cifra superior al promedio de la industria.
A partir de esta fecha, Carlos Espinoza iniciará un proceso de traspaso de funciones con Felipe Rau, quien se ha desempeñado de manera interina en el rol de Gerente General de Los Bronces.
“Estoy muy contento de que Carlos se una a nuestro equipo ejecutivo. Estoy seguro de que su liderazgo y experiencia nos permitirá continuar posicionando a nuestro negocio en Chile como líder en sustentabilidad, seguridad, reputación y excelencia operacional. Aprovecho la oportunidad de agradecer a Felipe Rau por su gran liderazgo en el rol de manera interina”, afirmó el Presidente Ejecutivo de Anglo American en Chile, Patricio Hidalgo.
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A través de la Plataforma Social el Consejo Minero da a conocer 170 iniciativas desarrolladas por la gran minería, que abarcan temáticas claves para la sociedad: educación y empleo, el desarrollo productivo, calidad de vida, diálogo, y cuidado del medio ambiente. También existen acciones asociadas a diversidad e inclusión, innovación y tecnología, desarrollo integral y patrimonio.
Con el propósito de visibilizar y poner en valor el compromiso del sector minero con el desarrollo sostenible de los territorios, el Consejo Minero lanzó su Plataforma Social, un portal en línea que se actualiza todos los años y que agrupa casi 170 iniciativas impulsadas por sus empresas socias.
Los proyectos abarcan una diversa gama de áreas, que van desde el Cuidado del Medio Ambiente (43), Desarrollo Productivo (21) y Calidad de Vida (20), Educación (15), Diversidad e Inclusión (13), y Empleo y Formación Laboral (11). Otros proyectos se orientan a la Innovación y Tecnología (11), así como a la preservación del Patrimonio Cultural y Natural (10), Desarrollo Integral de los Trabajadores (9) y al fortalecimiento del Relacionamiento, y el Diálogo (14).
«Las empresas socias del Consejo Minero tienen un gran compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas; lo anterior se manifiesta en una diversidad de proyectos que la gran minería desarrolla en las regiones mineras. Por medio de la Plataforma Social del CM se pueden conocer más de cien iniciativas en áreas clave para los habitantes de las comunidades donde se ubican nuestras empresas socias, con un enfoque transversal y sostenido en beneficio de la sociedad”, explica el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.
En cuanto a los proyectos, en el área de medio ambiente, existen iniciativas que van desde la reforestación y recuperación de áreas degradadas, hasta programas de educación ambiental, gestión hídrica y conservación de la biodiversidad.
Anglo American, por ejemplo, impulsa el Programa de Fortalecimiento para la Sostenibilidad de los Sistemas Sanitarios Rurales (SSR), entregando herramientas a comunidades rurales para operar y gestionar servicios de agua potable de manera eficiente. En tanto, SQM Yodo Nutrición Vegetal apoya la recuperación y puesta en valor de las oficinas salitreras Pedro de Valdivia, Chacabuco, Humberstone y las Ruinas de Huanchaca, rescatando la memoria histórica del norte del país.
En el ámbito de la innovación, Codelco destaca con la implementación del primer cargador subterráneo 100% eléctrico en la industria minera, reduciendo emisiones en faenas bajo tierra. Por su parte, Antofagasta Minerals avanza en su estrategia de descarbonización, incorporando autobuses eléctricos para el transporte de trabajadores en sus operaciones, mientras que otra de sus iniciativas, apunta a una mayor incorporación de electromovilidad en faenas.
En cuanto a diversidad, Candelaria logró la certificación en el estándar chileno 3262, que considera la implementación de un Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal (SGIGC). Mientras que Teck Quebrada Blanca, inauguró el Centro de Género e Inclusión, cuyo objetivo es visibilizar, prevenir y educar sobre posibles conductas relacionadas con la violencia de género, además de brindar orientación a las víctimas.
A estos se suman proyectos orientados a fortalecer las competencias y oportunidades formativas de niños, jóvenes y adultos; mejoramiento del acceso a servicios básicos, infraestructura comunitaria y entornos saludables; participación de personas con discapacidad y la integración; fomento del acceso a herramientas digitales; promoción de capacitación, bienestar y crecimiento personal; y otros que buscan proteger la identidad local y preservar los recursos para las futuras generaciones.
Ante estas estrategias, Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo del Consejo Minero señala que “sabemos que la minería enfrenta grandes desafíos en diversos ámbitos, y por eso nos enorgullece mostrar cómo nuestras empresas socias están abordando estos temas con soluciones innovadoras, colaborativas y de largo plazo. Esta plataforma es una muestra viva de ese esfuerzo”.
Todo esto y más detalles de los proyectos de la Plataforma Social, disponible en: https://consejominero.cl/plataforma-social
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Business
MINISTRO PARDOW DESTACÓ POTENCIAL DEL HIDRÓGENO VERDE PARA DESCARBONIZAR LA INDUSTRIA EN BIOBÍO
El ministro de Energía participó en el Green Hydrogen Summit Chile LAC 2025 en Concepción, donde presentó avances del plan de acción para esta industria y destacó oportunidades para la región.
La Región del Biobío fue el epicentro del desarrollo energético regional y latinoamericano con la realización del Green Hydrogen Summit Chile LAC 2025.
En este encuentro, el ministro de Energía, Diego Pardow, destacó el rol estratégico de la industria penquista como oportunidad de demanda local: “El hidrógeno verde se va a desplegar particularmente en cuatro regiones de nuestro país: en Antofagasta y en Magallanes, como polos de generación, pero también en la región de Valparaíso y la Región del Biobío. En el caso del Biobío, como polo industrial – particularmente de acero y celulosa – tiene más que ver con la demanda local, con acompañar y descarbonizar sus procesos productivos”.
En su intervención, el ministro también relevó el carácter transversal del Plan de Acción de Hidrógeno Verde y cómo las energías limpias se han constituido en una política de Estado: “Las energías limpias representan un espacio de encuentro entre los distintos liderazgos políticos, porque nos dan la oportunidad de reindustrializar y aprovechar el salto que ha faltado al desarrollo en nuestro país”.
El ministro Pardow también recibió perfiles ocupacionales para la industria del Hidrógeno Verde, elaborados por el Instituto Alemán FIBS RILLL y la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile), con el apoyo de Fraunhofer Chile y ocho institutos alemanes, en un trabajo colaborativo que convocó a más de 300 actores del ecosistema energético en todo el país. Los perfiles entregados permitirán fortalecer el Marco de Cualificaciones del Ministerio de Energía, y servirán como hoja de ruta para la formación y especialización de técnicos y profesionales en este nuevo sector económico.
Además, el ministro entregó a la organización de este encuentro el Sello “Las Mujeres Suman” por su compromiso con la participación y visibilidad de mujeres en encuentros de energía.
Mirada local a la industria del Hidrógeno Verde
Por su parte, el seremi de Energía del Biobío, Jorge Cáceres, destacó que la realización del Green Hydrogen Summit Chile LAC 2025 en Concepción, consolida a la región como un actor clave en la transición energética nacional: “Nos llena de orgullo que este evento de relevancia internacional se realice en Concepción. Aquí no solo estamos promoviendo inversiones, sino también reconociendo el rol de las mujeres en el sector energético y avanzando en la planificación estratégica del capital humano que requerirá el hidrógeno verde, con especial atención a las capacidades regionales”.
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