El sector está a la espera de las definiciones que se den en temas relevantes como energía y la reforma tributaria. Por eso ven poco probable que este año haya una reactivación de la cartera de US$ 40 mil millones, que está en evaluación por parte de las compañías.

Un fuerte período de incertidumbre está enfrentando la industria minera. La coyuntura local, con los cambios en materia energética que quiere implementar el gobierno de la Presidenta Bachelet, y las expectativas de mayor consumo de energía que tendrá el sector hacia fines de la década tienen a las grandes mineras expectantes. La inquietud se ha manifestado en la industria, y así lo señaló esta semana el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández. “La industria minera está en una etapa de transición, con una nueva coyuntura de mercado y Chile en un período de grandes cambios”, advirtió el ejecutivo, durante una exposición en el Colegio de Ingenieros.

El director ejecutivo de Cesco, Juan Carlos Guajardo, comparte el diagnóstico y dice que la industria está viviendo una fase de deterioro de las condiciones de competitividad que “en Chile ha sido particularmente visible en algunas variables como la productividad laboral y los costos de insumos críticos como la energía”.

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, explica que pasado el período del “súper ciclo” del cobre -entre 2004 y 2012- cambió el escenario. “Hay una situación de precios de largo plazo más bajos que los de años recientes, acompañados de altos costos de operación, en parte debido a altos precios de la energía y menores leyes del mineral, y de una brecha significativa entre remuneraciones y productividad”, dice.

Por eso, para las grandes mineras no es menor la señal que envió el gobierno al rechazar el proyecto HidroAysén. Pese a que el sector tenía internalizado que las centrales de Endesa y Colbún en la Región de Aysén no se realizarían -y aunque las compañías no iban a consumir esa energía-, en la industria estiman que la incertidumbre se agudiza. Tras la decisión del Comité de Ministros, la primera reacción del Consejo Minero fue destacar que “resulta fundamental y urgente” impulsar el desarrollo de otros proyectos de energía de base -como el carbón y la hidroelectricidad-, con el fin de suministrar electricidad segura y económica. Hoy la energía representa hasta 20% de los costos de las mineras.

Guajardo señala que si bien “el manejo que el Estado ha dado a HidroAysén ha sido errático y ha superado con mucho el marco institucional vigente -o, más bien, ha dejado en evidencia todas sus falencias-, en este caso al menos se actuó a través del Comité de Ministros, lo que representa una señal clara de acción en el marco institucional”.

Agrega que, de todos modos, la situación energética del país ya era crítica sin HidroAysén y que la opción es desarrollar otras fuentes de manera rápida y confiable. “Hasta cierto punto, ‘deshidroaysenizar’ la discusión energética puede ayudar a una agenda más viable de la energía”, indica.

Hernández advierte que la situación es compleja. “La falta de ejecución de proyectos en energía afecta a la minería por su competitividad, debido al alza de los precios (…) Hay una Agenda de Energía que el gobierno ha dado a conocer y ahora tenemos que pasar al plan de acción, de manera que esto se pueda hacer una realidad”, señaló en su exposición ante los ingenieros.

La incertidumbre es tal que, incluso, esta semana un grupo transversal de empresarios, políticos, trabajadores y representantes de ONG presentó al gobierno su propuesta sobre política minera para lograr una industria que sea “virtuosa, sostenible e inclusiva”. El diseño de esta duró un año.

Alto consumo

El sector minero consume el 33% de la demanda nacional de energía -por encima de la industria, que ocupa 28%, y de los hogares, el 16%- y se espera que ese consumo se eleve a un peak de 38% en 2019. Hacia 2025, el sector está proyectando un aumento de casi 100% en el consumo de energía eléctrica (ver infografía), debido a los factores estructurales que enfrenta la minería.

Uno de ellos es la menor ley que tendrá el mineral de cobre. Para 2020 se proyecta una ley de 0,57%, lejos del 0,86% que promedió en 2012 y del 1,29% en el año 2000. Esta menor ley tendrá un 50% de impacto general sobre el consumo de combustible, señalan en la industria. A eso hay que agregar un alza de 50% adicional en el consumo unitario de electricidad hacia 2020 en las plantas de concentrado. Esto se debe a la mayor profundidad en la que se ubica el mineral, por su menor ley. Finalmente, también hay un mayor consumo de petróleo para poder transportar el mineral a las plantas.

En la industria explican que otro factor es la mayor dureza que tiene la roca, lo que genera más gastos para transformarla en concentrado de cobre. Por este fenómeno, entre 2000 y 2012 se registró un incremento de 18% en el consumo de electricidad para triturar y moler una misma cantidad de mineral, y ahora puede volver a elevarse, indican ejecutivos del sector.

Lo anterior explica la necesidad de las mineras de encontrar contratos eléctricos a precios competitivos. El punto es sensible, ya que en los últimos procesos de negociación esta meta no se ha logrado, provocando que algunas compañías tengan que impulsar iniciativas eléctricas, como es el caso de Antofagasta Minerals con Alto Maipo y con el parque eólico Arrayán, que será inaugurado en agosto próximo.

El diagnóstico del sector es que los contratos pasaron de valores de US$ 90 el megawatt-hora (MWh) a US$ 130 el MWh, lo que hace que los proyectos mineros pierdan rentabilidad. “Este encarecimiento tiene impacto en las tarifas que asumen los clientes finales y hoy, al pagar ese valor, equivale a un mayor costo de US$ 2 mil millones al año para la industria”, sostuvo Hernández.

Los valores son mayores a los que pueden conseguir las mineras en los países vecinos. “En Perú, los contratos de largo plazo están pactados a valores de US$ 40 el MWh, y en Estados Unidos incluso llega a US$ 15 el MWh”, dice un alto ejecutivo del sector. Por eso, indica, las compañías no están invirtiendo en nuevos proyectos en Chile. “Los únicos que están haciendo inversiones en el país son Antofagasta Minerals y Codelco. El resto sigue evaluando sus carteras de proyectos”, agrega.

Ante esta situación de menor inversión, Gustavo Lagos, académico de la Universidad Católica, indica que el país no podrá llegar a la meta de producir sobre los siete millones de toneladas hacia fines de la década, como se estimó. “Chile va a tener muchas dificultades para aumentar la producción como se esperaba antes de 2020. Eso no va a ocurrir, si hoy está todo postergado. Lo más probable es que no avance de los seis millones”, sentencia.

Cartera paralizada

La minería tiene en stand by inversiones por US$ 40 mil millones, que dependen de proyectos energéticos, precios de la energía competitivos y reglas del juego claras para tomar la decisión de invertir.

Villarino destaca que un estudio de McKinsey de 2012 ya mostraba que un tercio de la potencial producción incremental de cobre al 2020 estaba asociada a proyectos mineros que no serían rentables a un precio del cobre de largo plazo de US$ 2,75 la libra, salvo que se lograra una reducción significativa de costos.

El consenso en el sector, señala un alto ejecutivo, es que las iniciativas no avanzarán este año. Lo ratifica Lagos: “Veo difícil que haya una reactivación de la inversión minera en Chile este año, por el tema energético y porque los costos salariales están más altos”.

El foco de las empresas, indica otro ejecutivo, estará en mejorar los indicadores de productividad. Este proceso, explica, que trae consigo también conversar con los trabajadores para analizar las condiciones contractuales, podría tomar todo este año.

Otra de las definiciones que están esperando son los cambios en la fórmula de tributación que se está discutiendo en el Congreso. “La reforma tributaria puede tener un impacto importante en el sector. No es más importante que el tema energético, pero se suma a la incertidumbre”, opina Lagos.

Agrega que los montos reinvertidos en minería, desde 2006 a la fecha, suman casi US$ 25.000 millones. Según el académico, el 55% de esas inversiones privadas ha sido reinversión. “Eso se ha dado por la legislación minera. Eso puede cambiar”, concluye.
Fuente/diariolatercera
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