Noticia País
Alberto Salas y sus primeras decisiones al mando de la CPC
El también presidente de la Sonami llega a dirigir la cúpula empresarial en un momento crucial. La renovación del rol de la multigremial, darle mayor representatividad y mejorar los canales de comunicación con el gobierno y el Congreso son tareas que ya fueron delineadas.
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Una breve visita protocolar al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, será la primera actividad oficial del flamante nuevo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, elegido el jueves último en una votación de consenso que estaba resuelta hace casi dos meses.
El arribo del también titular de la Sonami hasta las oficinas del jefe económico del gobierno, si bien califica como una “costumbre” cuando hay renovación en la dirigencia empresarial, es también signo de los nuevos tiempos que corren para el sector privado. La necesidad de tender y asegurar los puentes con la autoridad y quienes detentan las decisiones, como es también el Congreso, es una tarea que sus pares de la multigremial ya instalaron en la agenda del empresario minero. La oportunidad no es coincidencia: Salas, a diferencia de varios de sus antecesores, cuenta con una relativa buena red de contactos en el Ejecutivo y, en especial, en algunos sectores de la Nueva Mayoría.
El dirigente sabe que el rol de la confederación es por estos días un tema gravitante para sus asociados, en un contexto en que el empresariado está enfrentando un fuerte cuestionamiento ciudadano, político y judicial con motivo de los casos Penta, SQM y Caval.
El tema es tan fuerte en la agenda de los privados que, apenas minutos después de resultar electo como nuevo timonel de la CPC, en su discurso Salas se comprometió a fortalecer a la entidad y sus seis ramas con “responsabilidad, voluntad, dedicación y esfuerzo”.
Sus palabras no fueron gratuitas ni tampoco sólo de buena crianza. Previo a asumir como nuevo presidente, el staff de la CPC le entregó un documento que sería clave en el diseño de su primer discurso como líder de la entidad y también una hoja de ruta para su mandato de dos años.
El texto que recibió Salas es un resumen con los planteamientos que hicieron las seis ramas de la CPC respecto del rol y los desafíos que vienen para la multigremial. Este proceso comenzó el 11 de diciembre pasado, en una reunión del comité ejecutivo en que se decidió pedir la opinión por escrito de cada rama para ambos temas. Esto continuó con reuniones en enero, en las que cada sector expuso su posición.
Ahora, el nuevo presidente y el staff que lo acompañará, en el cual seguirá el actual gerente general, Fernando Alvear, se abocará en las próximas semanas al trabajo de aterrizar las distintas visiones entregadas por las ramas, proceso que implica tomar definiciones incluso estructurales sobre la institución.
“A fines de enero terminamos la primera etapa, que fue recoger la opinión de todos. Luego, recopilamos los puntos no más consensuados, sino los más repetidos en las distintas presentaciones y preparamos un resumen para que el nuevo presidente, en una segunda etapa, vea con su comité ejecutivo si refleja lo que cada uno quiere y decida si profundiza o no en cada uno”, dicen desde la confederación.
El trabajo que sigue es “ordenar los temas e ir priorizando las cosas que hay que hacer y los caminos que hay que seguir para su implementación”, agrega Ricardo Mewes, presidente de la CNC.
La discusión que viene
En el comité ejecutivo resumen en cuatro los grandes temas en los que coinciden las ramas respecto del rol de la CPC y cómo debe actuar frente a los desafíos que vienen.
El primero es reforzar a la entidad para que pueda cumplir un mejor rol coordinador del empresariado. Luego está aumentar la representatividad de la CPC, integrando nuevos sectores productivos y a empresas de menor escala. Como tercer punto, ampliar la presencia regional de la confederación. El cuarto tema se refiere al financiamiento.
Las ramas estiman que está bien lo que se ha hecho, pero que ahora, en un contexto político-económico difícil para los privados, el desafío es cómo se aumenta la coordinación y cómo se puede trabajar en conjunto entre los distintos profesionales de la CPC y los que tiene cada rama.
Lo anterior implica debatir y definir, por ejemplo, si es necesario ampliar el staff actual, integrado por siete profesionales. En la mayoría de las presentaciones este tema se mencionó como fundamental para reforzar la coordinación y mantener mejores canales de comunicación con aquellas instancias donde se concentra el debate y se toman decisiones, como el Ejecutivo y, en especial, el Parlamento. En la CPC la opinión es que la llegada de la multigremial es más bien protocolar y formal en ambas instancias y que no posee la influencia que debiera como sector privado.
El segundo tema se refiere a la representatividad de la CPC, para lo cual hay consenso en la necesidad de incorporar a nuevos gremios. Las posturas entre las ramas, sin embargo, son disímiles y apuntan a dos fórmulas. Una de manera indirecta, mediante el ingreso a través de las ramas existentes de aquellos sectores que no están y que tienen interés por participar. Esto implica buscar y aprovechar sinergias como, por ejemplo, podría darse en un caso Sonami-Consejo Minero.
La otra fórmula es que algunos sectores se puedan incorporar de manera directa como nuevas ramas. Este es el caso, por ejemplo, de las asociaciones de AFP y de aseguradores. Algunas ramas sostienen que ambas entidades deberían agruparse en una asociación y entrar directamente como una nueva rama productiva. Pero hay sectores en la multigremial que opinan que ambas entidades podrían asociarse como un nuevo referente financiero e ingresar a la CPC, por ejemplo, a través de la Abif. También se ha mencionado el ingreso de entidades que representen a empresas de menor tamaño y a las pymes.
¿Se ha mencionado la Bolsa de Comercio como un nuevo gremio asociado? En el comité responden que no, pero reconocen que “vale la pena ver si formar parte de la CPC puede resultar beneficioso. Es un tema que se puede estudiar”.
En la mesa directiva, en todo caso, comentan que se trabajarán las fórmulas por separado y también implementar ambas alternativas, “porque el punto es ver cómo se refuerzan las ramas existentes”.
El tercer tema recurrente es aumentar y hacer más efectiva la presencia regional de la confederación. Se deberá discutir cómo reorganizar una mayor presencia y para eso una fórmula planteada es usar la cobertura regional a nivel nacional que tienen ramas como la Sofofa, la CNC o la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). También apalancarse de la presencia sectorial de la Sonami, fuerte en el norte del país, y la SNA, en la zona centro-sur.
En el primer caso, se podrían utilizar las federaciones que cada rama tiene en regiones y que ellas se establezcan como una CPC regional. También está en análisis que donde no haya representación se instale una sede directa.
Como cuarto punto está repensar el financiamiento. La CPC se financia con una cuota que cada rama aporta en partes iguales y que se fija cada año, pero se cobra mensualmente. La entidad tiene un presupuesto anual de entre $ 600 millones y $ 700 millones. Cuando requieren estudios especiales, estos se financian en forma separada.
En manos del presidente
Con las líneas gruesas dadas, será Salas quien deberá diseñar la fórmula que permita concretar los cambios que piden sus bases. En la CPC aseguran que tiene interés y que hay voluntad de las ramas para aprobar los cambios que implican.
Mewes plantea que este es el año de análisis de aquellos temas que se deben mejorar, con el fin de implementar los nuevos conceptos en 2016. “Son plazos razonables”, añade. Pero aunque hay consenso en varios puntos, anticipa mayor discusión en algunos temas, como, por ejemplo, la fórmula en que se incorporará la presencia de otros gremios.
En el entorno de Salas aseguran que el empresario está consciente de que renovar el rol de la CPC y darle un nuevo aire de influencia será prioridad para su gestión. También que los tiempos no corren a favor de los privados y que enfrentar los cuestionamientos a la imagen del empresariado no será menor.
“Tenemos que ser capaces de anticiparnos y avanzar en todas aquellas materias que permitan hacer de Chile un país más justo y transparente”, sostiene el presidente de la SNA, Patricio Crespo.
“Debiera ser capaz de mostrarle al país que la gran mayoría de los empresarios son personas de esfuerzo, de trabajo, serios y que no están metidos en problemas judiciales. En este minuto, hay que separar la paja del trigo”, afirma Gonzalo García, secretario general de CMPC.
Jorge Awad, presidente de la Abif, considera “especialmente relevante” que Salas se enfoque en la relación empresa-sociedad. “La sociedad está requiriendo explicar los aportes de la empresa privada, no sólo en empleo y riqueza, sino también para cohesionar a la sociedad por medio del cumplimiento de las mejores prácticas y en términos de la ética”, sostiene.
“Es importante fomentar las buenas prácticas y promover la iniciativa privada, así como valorar y darle visibilidad al aporte de esos miles de empresarios que trabajan responsablemente y que han sido clave para el desarrollo económico y social de Chile”, añade Jorge Mass, presidente de la CChC.
Con el ojo en la reforma
En la CPC estiman que renovarse es clave para enfrentar las futuras discusiones legislativas y el sello reformador de la agenda de la Presidenta Michelle Bachelet, sobre todo en el área laboral, que persiste pese a la compleja agenda que enfrenta la Mandataria por los casos judiciales antes citados.
Con el proyecto de ley de fortalecimiento de la negociación colectiva y la sindicalización avanzando en el Congreso, en la CPC quieren unificar el mensaje frente a la iniciativa, de la cual son críticos por los costos que, advierten, generarán a la contratación de trabajadores.
El punto, reconoce un titular de rama, es no repetir los errores comunicacionales y de coordinación que se cometieron en la primera etapa de discusión de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, los que se debieron resolver en una compleja negociación política posterior en el Senado.
Así lo explica el ex presidente de la CPC Domingo Arteaga: “El tema laboral es central. Una de las cosas graves que pueden ocurrir es que los errores que se cometan muchas veces no podrán ser corregidos en el futuro, porque se incorporarán a los derechos de cada persona. Este tema es algo muy delicado”.
Pedro Corona, ex timonel de la CNC, agrega que la necesidad de fortalecer el rol de la CPC y reforzar la coordinación no es menor, pues los cambios que se avecinan en materia laboral generan alta incertidumbre en el sector privado. “Mucha gente dice que va a esperar a que salga la reforma laboral para saber si invierte o no”, advierte.
Fuente: La Tercera www.chilemineria.cl
Por Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO
El inicio de un nuevo año siempre invita a mirar el futuro con perspectiva. En el caso de la minería chilena, esa mirada no puede ser neutra ni complaciente: estamos frente a una industria que sigue siendo estratégica para el desarrollo del país, pero que enfrenta desafíos estructurales que exigen decisiones oportunas, visión de largo plazo y una conversación pública mejor informada.
Chile llega a este nuevo ciclo con fortalezas indiscutidas. Lideramos la producción mundial de cobre, contamos con décadas de experiencia minera, capacidades técnicas reconocidas a nivel internacional y un rol insustituible en la transición energética global. Sin embargo, ese liderazgo no es automático ni garantizado. Competimos en un escenario global cada vez más exigente, donde la inversión es móvil, los estándares ambientales y sociales son más altos, y la certeza regulatoria se ha vuelto un factor decisivo.
En este contexto, desde CESCO hemos insistido en la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción. Las 21 Propuestas para una minería competitiva y sostenible, elaboradas a partir del diálogo con actores públicos y privados, buscan precisamente contribuir a ese tránsito. No se trata de un listado técnico ni de una agenda sectorial cerrada, sino de una hoja de ruta que aborda temas claves para el futuro de la minería chilena: el fortalecimiento institucional, una simplificación de los procesos de permisos, la atracción de inversión en exploración, el desarrollo de capital humano, la innovación tecnológica, la relación con los territorios y la inserción de Chile en las cadenas de valor globales.
Estas propuestas nacen de una convicción profunda. La minería puede y debe seguir siendo un motor de crecimiento económico, pero también un espacio de transformación productiva, social y ambiental. Una minería que genera valor no solo a partir de sus recursos naturales, sino también desde el conocimiento, la colaboración y la confianza.
El año que comienza se abre además bajo una nueva administración, lo que representa una oportunidad relevante para renovar acuerdos, alinear prioridades y avanzar en políticas públicas que otorguen señales claras al sector. El desafío es compartido, que es construir un marco que permita destrabar proyectos, acelerar inversiones y, al mismo tiempo, elevar los estándares de sostenibilidad y participación. La minería requiere reglas claras, instituciones sólidas y una visión país que entienda su rol estratégico en el desarrollo de Chile.
Desde CESCO seguiremos aportando evidencia, análisis y espacios de diálogo para enriquecer esta conversación. Nuestro compromiso es contribuir a una minería que no solo responda a las demandas del presente, sino que se prepare activamente para los desafíos del mañana.
Porque una minería que transforma es, en definitiva, una minería que piensa el futuro del país.
Fuente/ Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO/CESCO
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Por: Patricio Cartagena D.
Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
Abogado, Ex Director Nacional Sernageomin.
Los primeros 100 días de un nuevo gobierno no están llamados a agotar la acción pública, sino a ordenar prioridades, fijar rumbo e ingresar los proyectos de ley que estructurarán el ciclo político. La noción de los primeros 100 días no es una consigna comunicacional: es una tradición política consolidada desde la experiencia histórica del New Deal de 1933, entendida como la ventana inicial para demostrar conducción, control de agenda y capacidad real de impulsar reformas estructurales.
En esa lógica, la señal más relevante en esta etapa no es la ejecución inmediata, sino la decisión política de ingresar iniciativas legislativas bien diseñadas, con diagnóstico compartido y alta viabilidad de tramitación. La pequeña y mediana minería (PM y MM) cumplen plenamente con esos criterios. Se trata de un sector con legitimidad histórica, fuerte anclaje territorial y un consenso político transversal en el Congreso.
En ese contexto, esta columna busca aportar insumos técnicos y propuestas concretas para la construcción de una agenda minera del próximo ciclo de gobierno, un ámbito que hasta ahora ha tenido escasa explicitación pública, pese a su relevancia estratégica para el desarrollo productivo y territorial del país.
Estas propuestas resultan particularmente oportunas en un escenario de precios del cobre y balance de mercado estructuralmente favorables para los próximos años, lo que abre una ventana concreta para mejorar la captura de valor de la PM y MM, aumentar producción efectiva, formalizar actividad y maximizar el retorno económico y fiscal del ciclo minero. No actuar a tiempo implica, simplemente, dejar pasar renta minera disponible por falta de adecuación institucional y normativa.
- Ley Marco de Fomento Productivo para la PM y MM
La primera iniciativa debiera ser el ingreso de una Ley Marco habilitante de Fomento Productivo para la Pequeña y Mediana Minería, orientada a rediseñar de manera estructural la relación del Estado con este sector.
No se trata de una ley de beneficios puntuales ni de subsidios coyunturales, sino de un marco jurídico que ordene y articule financiamiento, regulación proporcional (permisos y autorizaciones), sostenibilidad ambiental, desarrollo territorial y fomento productivo bajo una sola arquitectura normativa. En términos de política pública, supone transitar desde una aproximación fragmentada y asistencial hacia una relación estratégica, coherente y permanente entre el Estado y la PM y MM.
Por su carácter habilitante, esta Ley Marco debe preceder las reformas institucionales específicas, particularmente la reforma al gobierno corporativo de ENAMI actualmente en tramitación. Definir primero el modelo y luego ajustar las instituciones no es solo una opción técnica, sino una regla básica de buena gobernanza.
- Modificar el régimen de patente rebajada por trabajo efectivo de la Ley N°21.420
Una segunda iniciativa legislativa prioritaria es perfeccionar el régimen de amparo y patente rebajada por trabajo efectivo introducido por la Ley N°21.420, con el objeto de ampliar su cobertura y simplificar sustantivamente su aplicación. Si bien el principio del amparo por actividad minera va en la dirección correcta, su diseño actual introduce exclusiones y sobrecargas injustificadas para actores que operan en la misma escala productiva, en gran medida por exigencias formales y por un nivel de discrecionalidad administrativa que no se condice con la naturaleza del instrumento.
La corrección propuesta es directa: transitar hacia un sistema de acreditación objetiva de la condición de productor de baja escala, basado en criterios simples y verificables —como la inscripción en los padrones de proveedores de ENAMI u otros registros equivalentes—, evitando la evaluación caso a caso de proyectos y faenas por parte de Sernageomin. Este ajuste permitiría alinear la norma con su finalidad original: incentivar la explotación efectiva de las concesiones, reducir la especulación, otorgar certeza regulatoria a la pequeña y mediana minería y favorecer la inversión productiva y el empleo local, sin alterar el equilibrio fiscal de la medida.
- Modificar la Ley N°19.719 para modernizar la patente minera especial
Como complemento inmediato, resulta necesario ingresar una modificación a la Ley N°19.719, que regula la patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, hoy claramente desalineada con la realidad productiva del sector.
La propuesta es directa y razonable: ampliar los límites de superficie (hoy limitada el beneficio a 50 y 100 hectáreas), actualizar los criterios de elegibilidad y extender el beneficio a las formas societarias efectivamente utilizadas por la PM y Minería Artesanal en la actualidad. Esta corrección normativa permitiría mejorar la formalización, reforzar el trabajo efectivo y devolverle sentido a un instrumento que hoy presenta un impacto marginal.
- Modernizar la Ley N°19.137 para liberar propiedad minera ociosa
Finalmente, una medida de alto impacto territorial y bajo costo fiscal es ingresar una modificación a la Ley N°19.137, con el objeto de simplificar y hacer efectiva la liberación de pertenencias mineras no explotadas de Codelco hacia ENAMI y, a través de esta, hacia la pequeña minería, en forma obligatoria y sujeta a indicadores de cumplimiento.
Reducir cargas administrativas innecesarias, radicar decisiones en los directorios de las empresas públicas y dotar a ENAMI de un mandato claro para facilitar el acceso real de la PM y MM a estos activos, incluso mediante esquemas de transferencia condicionada o asociatividad productiva, permitiría activar inversión local y exploración vía explotación utilizando recursos ya disponibles del Estado.
Liderazgo para convertir diagnóstico en acción
Estas cuatro iniciativas no parten de cero. Existen diagnósticos, análisis técnicos y propuestas desarrolladas desde el ámbito gremial y académico. El desafío ya no es conceptual ni regulatorio, sino político y estratégico: traccionar esta agenda con liderazgo, decisión y una adecuada secuencia legislativa.
Ingresar estos proyectos de ley en los primeros 100 días permitiría aprovechar un consenso transversal, capturar valor en un ciclo de precios favorable y ordenar la relación del Estado con un sector clave para el desarrollo territorial.
La pequeña y mediana minería requieren decisiones oportunas, bien diseñadas y ejecutadas con sentido de Estado. El momento político ofrece esa oportunidad.
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Con la certificación entregada por la London Bullion Market Association (LBMA) a la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)— los lingotes de plata de Codelco son los únicos acreditados en Chile, lo que garantiza altos estándares en su producción y ventajas comerciales para alcanzar mejores precios.
Los lingotes de plata que Codelco obtiene como subproducto del cobre y que se producen en la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)—, obtuvieron la certificación Good Delivery que promueve la London Bullion Market Association (LBMA), el estándar más exigente para metales preciosos a nivel global.
Con esto, las barras de plata de Codelco son las primeras del país en acreditarse bajo este estándar y posicionan a la compañía dentro del club internacional de las productoras de plata más relevantes, junto a marcas como Peñoles (México), KGHM (Polonia) y Aurubis (Alemania).
En concreto, esta certificación garantiza que la plata que produce la Corporación, unas 200 toneladas anuales en la actualidad, cumple con los más altos estándares de pureza (99,99%), calidad física y trazabilidad responsable, permitiendo vender a bancos globales e inversionistas institucionales con ventajas comerciales significativas, incluyendo premios sobre el precio base frente a productos no certificados.
Lo que hace LBMA es publicar una lista de productores Good Delivery (o de “buenas entregas”) en oro y plata, que ahora alcanza las 84 plantas refinadoras en el caso de la plata y 66 en el caso del oro. Codelco no puede acceder a certificar su oro, dada su baja producción, ya que la LBMA sólo certifica empresas con producción mayor a 10 toneladas y Codelco produce cerca de dos toneladas anuales.
“Esta certificación para nuestra plata no sólo nos integra a un selecto grupo global, sino que también afianza nuestro compromiso con una producción de excelencia, con más transparencia en su operación y releva nuestro liderazgo en la industria minera consolidándonos como un actor líder en valor agregado y sustentabilidad”, destacó Braim Chiple, vicepresidente de Comercialización de Codelco. Recordó que los metales preciosos que Codelco comercializa los obtiene como subproducto de los barros anódicos o residuos que quedan tras el paso del mineral por las refinerías.
Describió que el contexto actual del mercado de la plata refuerza la relevancia de este hito: en 2025 el precio de la plata creció casi 150% a nivel internacional —hoy se cotiza en torno a los US$ 75 la onza troy— dado que es considerado un activo refugio ante la incertidumbre global y además ha crecido su demanda industrial, asociada a electromovilidad, energías renovables y tecnologías digitales. “Esta combinación ha convertido a la plata en un metal estratégico, y Codelco está preparado para atender esa demanda con un producto certificado y competitivo”, relevó el ejecutivo.
El proceso de acreditación
El joint venture PRM opera desde 2016 a través de una planta instalada en Mejillones. Allí se maquilan los barros anódicos provenientes de las refinerías Chuquicamata, Ventanas y Potrerillos (Salvador). En el caso del oro y la plata son devueltos a Codelco que los comercializa directamente, mientras que otros metales como paladio, platino y selenio, los vende PRM y luego transfiere a la compañía parte del valor.
Para obtener la certificación PRM debió esperar varios años debido a que la LBMA exige que las refinerías de metales preciosos operen por lo menos cuatro años antes de buscar la acreditación, tiempo que se cumplió justo en momentos en que surgió la pandemia, lo que hizo postergar el proceso, que se retomó hace poco más de dos años.
Angelo Rabagliati, gerente de Comercialización de Subproductos de Codelco, cuenta que el proceso de certificación consideró varias etapas con reiteradas visitas a las instalaciones y exhaustivos procedimientos de pruebas a cargo de especialistas de la LBMA. “Entre estos procedimientos se llevaron a cabo varias inspecciones en terreno, verificación de documentos de proveedores y pruebas físicas. Nuestras barras de plata fueron examinadas y evaluadas por árbitros independientes, que revisaron muchos detalles, como la dimensión, superficie, apilamiento y pruebas químicas de pureza”, describió.
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Crecimiento
Autoridad ambiental aprueba de manera unánime el proyecto que extiende la vida útil de la División Ministro Hales hasta 2054
La iniciativa involucró la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Involucrará una inversión de US$2.800 millones y elevará la producción de la división a 200 mil toneladas anuales, desde las actuales 170 mil toneladas.
La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Antofagasta aprobó de manera unánime el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Desarrollo Futuro División Ministro Hales (DMH)”, que permitirá extender la operación de ese yacimiento desde 2026 hasta 2054, con una inversión de US$2.800 millones.
Entre los hitos más relevantes del proceso de evaluación destaca la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que involucró a 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI). Este proceso de diálogo permitió incorporar mejoras sustantivas en el diseño del proyecto y beneficios a la calidad de vida de los habitantes de Calama.
DMH es la más joven de las divisiones de Codelco. Comenzó a operar en 2013, produce actualmente cerca de 170 mil toneladas anuales de cobre fino y emplea a casi cuatro mil personas entre trabajadores propios y contratistas. Con la aprobación de este proyecto, la operación incrementará su capacidad de extracción desde 500 mil toneladas por día (ktpd) a 550 ktpd y el procesamiento se elevará desde 57 ktpd a 65 ktpd, para alcanzar una producción aproximada de 200 mil toneladas de cobre fino anuales. El proyecto utilizará exclusivamente agua desalada o de terceros autorizados, reforzando el compromiso de Codelco con la sustentabilidad.
“Esta aprobación es una señal clara del compromiso de Codelco con la minería responsable y con el desarrollo sustentable del país. Ministro Hales es una operación estratégica y su continuidad asegura empleo, inversión y valor para Chile”, comentó Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.
Mientras que el gerente general (I) de DMH, César Jiménez, destacó el trabajo desplegado desde que ingresó el proyecto al SEIA en agosto de 2023. “Hemos trabajado intensamente durante más de dos años en un proceso transparente y participativo, incorporando mejoras que responden a las inquietudes de la comunidad y a los más altos estándares ambientales”, reflexionó.
Medidas de mitigación
El EIA también considera medidas para mitigar impactos en agua, aire y paisaje. Por ejemplo, se implementarán barreras hidráulicas para proteger el río San Salvador y el acuífero Calama-Yalquincha, y se reforzarán los sistemas de control de emisiones de material particulado, reduciendo las emisiones en la mina desde 3.500 ton/año a 3.080 ton/año.
Además, el proyecto incluye más de 30 compromisos ambientales voluntarios y acciones concretas para la ciudad de Calama, como la pavimentación de más de 15 kilómetros de calles y pasajes, la construcción del parque Norponiente de 15 hectáreas, el barrido y aspirado de vías, y programas de fomento agrícola y de energías renovables, entre otros.
“Este proyecto marca un hito en la gestión ambiental de la minería chilena. Incluye medidas innovadoras para reducir emisiones, proteger recursos hídricos y garantizar un desarrollo armónico con el entorno”, destacó Humberto Rivas, gerente de Medio Ambiente de Codelco.
Con esta aprobación, Codelco reafirma su compromiso con la producción responsable, respaldado por el sello internacional The Copper Mark, y con el desarrollo sustentable de la Región de Antofagasta, asegurando la continuidad de una operación estratégica para el país y para la minería del cobre.
| Consulta indígena con mayor participación de la historia
El EIA de DMH desarrolló un extenso proceso de Participación Ciudadana Anticipada desde fines de 2022, con más del 90% de las organizaciones territoriales de Calama y 46 organizaciones indígenas, con el fin de transparentar las características del proyecto, sus impactos y las medidas de control, mitigación y compensación. Específicamente, la Consulta a Pueblos Indígenas se convirtió en la más grande de la historia del SEIA, con la participación de 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI), con los cuales se desarrollaron más de 200 reuniones de diálogo entre mayo de 2024 y diciembre de 2025, lo que refleja un proceso amplio, profundo y altamente participativo. Los acuerdos alcanzados incluyen medidas de mitigación de impacto por MP10, obras urbanas y de infraestructura vial, programas de fomento agrícola, arborización, energías renovables y medicina ancestral, y mecanismos de seguimiento y trazabilidad. |
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Patricio Toledo, Technical & Execution Director, Arcadis.
La industria minera se encuentra en un proceso de transformación progresiva, impulsado por desafíos operacionales, ambientales y sociales cada vez más complejos. A la necesidad de mantener altos niveles de productividad y seguridad, hoy se suman exigencias crecientes en materia de sostenibilidad, resiliencia y eficiencia en el uso de los recursos. En este contexto, la ingeniería cumple un rol fundamental como articuladora de soluciones que permitan a la minería adaptarse y evolucionar, enfrentando los distintos desafíos y manteniendo la competitividad en los mercados.
Históricamente, la ingeniería aplicada en la minería se enfocó en asegurar la factibilidad técnica y económica de los proyectos. Sin embargo, la complejidad actual de las operaciones ha permitido avanzar hacia una ingeniería más integrada, no sólo con una visión de la solución técnica particular, sino actualmente es capaz de incorporar desde las etapas tempranas variables como comunidades, enfoque territorial, eficiencia energética, gestión del agua, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Esta evolución no busca reemplazar los enfoques tradicionales, sino complementarlos con una mirada de largo plazo.
El avance de las herramientas digitales ha sido un apoyo relevante en este proceso. Tecnologías como el modelado 3D, gemelos digitales, el manejo de los datos, la inteligencia artificial y la automatización de sus procesos, permiten evaluar escenarios, optimizar diseños y mejorar la toma de decisiones en escenarios cambiantes. En minería, estas capacidades sin duda también contribuyen a fortalecer la seguridad, mejorar el desempeño operacional y reducir incertidumbres.
Ámbitos como la gestión de relaves y del manejo del agua y la infraestructura energética que permitan una operación más “amigable con el medio ambiente” muestran con claridad cómo la ingeniería está incorporando criterios de sostenibilidad de forma cada vez más transversal. Más que un cambio abrupto, se trata de una evolución gradual de hace algunos años que busca fortalecer la confiabilidad de las operaciones y su relación con el entorno, anticipando riesgos y respondiendo a escenarios futuros.
En este contexto, junto a la incorporación de nuevas herramientas, la experiencia técnica, el conocimiento del contexto local y la colaboración en los proyectos siguen siendo esenciales para el éxito de los mismos. Una ingeniería efectiva es aquella que combina innovación con criterio técnico, entendimiento territorial y diálogo con los distintos actores involucrados en los proyectos.
Chile cuenta con condiciones favorables para seguir avanzando en esta dirección. La trayectoria minera del país, junto con marcos regulatorios más exigentes y la necesidad de avanzar en la transición energética, han impulsado una reflexión profunda sobre cómo diseñar y operar infraestructura minera de manera más sostenible y resiliente.
Desde Arcadis, con 45 años de presencia en Chile y más de 136 años de experiencia a nivel global, hemos acompañado esta evolución poniendo énfasis en una ingeniería que agrega valor real a los proyectos, integrando estándares internacionales y criterios de sostenibilidad en el largo plazo con la realidad específica de cada operación. Esta combinación permite desarrollar soluciones técnicas sólidas en el ámbito de la ingeniería, alineadas con los desafíos actuales de la industria.
La minería continúa siendo un pilar clave para el desarrollo del país. Acompañar su evolución mediante una ingeniería sostenible, rigurosa y progresiva es fundamental para fortalecer su competitividad, su relación con el entorno y su proyección de largo plazo.
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