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Noticia País

Sonami: Reglamento de Ética obliga al directorio a denunciar a Fiscalía hechos delictivos

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El documento aprobado a fines de octubre crea una Comisión de Ética, la cual analizará las denuncias de los socios e incluso de los trabajadores del gremio. Los integrantes de esta instancia serán elegidos por el directorio en la sesión de este mes.
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El directorio de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) aprobó a fines de octubre el Reglamento General del Código de Ética, con lo que el gremio minero dio un paso importante en el camino de mejorar su gobierno corporativo.

Este reglamento establece los procedimientos de aplicación del Código de Ética, el que a su vez fue aprobado por el  Consejo General el 22 de abril de este año.

Aún queda el último paso para que el gremio minero concluya este proceso: el directorio de la Sonami definirá en la sesión de este mes quienes serán los integrantes de la Comisión de Ética, figura procedimental que justamente crea el reglamento.

De esta forma, la Sonami se alinea al llamado que hizo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC),  Alberto Salas, en el último comité ejecutivo, en que instó a las seis ramas a fortalecer sus gobiernos corporativos y códigos de ética. Esto, luego que  estallara el caso de colusión en el mercado del papel tissue, protagonizado por las empresas CMPC y SCA.

Cabe recordar que justamente Salas es también el líder del gremio minero.

Código de ética

El nuevo Código de Etica admite que “una nueva cultura empresarial emerge, muy distinta a la que imperaba hace sólo unos años y comienzan a articularse nuevos escenarios y nuevos estilos de relacionamiento para un mundo a su vez global y complejo (…) la ciudadanía va requiriendo de las organizaciones que transparenten sus declaraciones estratégicas en relación al desarrollo, al crecimiento y fundamentalmente hacia el bien común, expresando con nitidez sus valores y principios orientadores”.

En ese marco, el Código establece 8 principios fundamentales (ver listado). Entre ellos, destaca el contenido del principio de la Libre Iniciativa y Competitividad: “Impulsamos la libre y leal iniciativa privada minera en condiciones de equidad, transparencia y responsabilidad, que contribuya tanto al desarrollo de la industria como del país en general”, se declara. Mientras que en relación a la Gobernanza y Capital Social señala que “impulsamos y alentamos el cumplimiento a cabalidad de la ley y de las prácticas éticas en los negocios de nuestros asociados”.

Respecto del principio Gremial y de Representatividad, dice que “velamos para que los espacios de relación, tanto presencial como remoto, se mantengan alejados de todo afán político-partidista o interés particular que nos distancien de nuestra naturaleza gremial y del bien común general”.

Reglamento

Lo primero que estipula el Reglamento General del Código de Ética es cómo se conformará y funcionará la Comisión de Ética. Este cuerpo colegiado, que será de carácter permanente y tendrá 7 miembros (ver infografía), estará encargado de evaluar y juzgar los comportamientos contrarios al Código de Ética y/o, en general, que impliquen un grave daño a los intereses de la  Sonami.

Los miembros de esta instancia serán elegidos por el directorio del gremio, el cargo será honorífico y tendrá una duración de 3 años. Los directores estarán inhabilitados para ser parte de la Comisión.  Esta será dirigida por uno de dos socios honorarios, el cual será designado en la primera sesión celebrada.

La Comisión podrá ser convocada de forma extraordinaria por, en primer lugar, su presidente; segundo, cuando se proponga una moción de censura a toda la Mesa Directiva o a parte de sus miembros, y que antes de ser votada cualquiera de los integrantes del directorio o algún afectado pida un informe a la Comisión; y tercero, por  denuncias formuladas a través de los canales indicados en el Reglamento.

Además, los grados de alcance de la Comisión ante una denuncia van desde la recomendación, la advertencia, la amonestación y por último, la sanción. Respecto a este último punto, la instancia puede dictar la suspensión temporal del socio  e incluso la separación definitiva.

Y si los hechos denunciados son constitutivos de delito, el propio directorio de la Sonami deberá presentar los antecedentes a la Fiscalía respectiva, indica el reglamento.

Cabe resaltar que más allá de los socios y de los miembros del Consejo General del gremio, los trabajadores de las empresas integrantes podrán  exponer sus denuncias al Comité de Ética, ampliando enormemente el espectro de requerimientos.

 

 Fuente: Pulso 
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Industria & Proveedores

APRIMIN nombra nuevo Presidente para el período 2026

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La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) informa el nombramiento de Ari Bermann, Vicepresidente Comercial y de Desarrollo de Negocios LATAM de Aramark, como Presidente de la asociación para el período 2026.


Este nuevo período dará continuidad al trabajo institucional de APRIMIN, fortaleciendo el rol estratégico de los proveedores y la colaboración del ecosistema minero con una mirada de largo plazo.

Al asumir, el nuevo Presidente destacó: “Agradezco al directorio saliente y, en especial, a la presidenta Dominique Viera por su liderazgo y gestión, que dejan una base sólida para esta nueva etapa”.

Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo de APRIMIN 2026 quedó conformado por:

Ari Bermann, Presidente – Aramark

Ricardo Garib, Vicepresidente – Weir

Macarena Vallejo, Vicepresidenta – Metso

José Pablo Domínguez, Vicepresidente – ME Elecmetal

Evelyn Galaz, Tesorera – Deloitte

Luciano López, Secretario Comité Ejecutivo – Enaex Servicios

Directorio

El Directorio de APRIMIN para 2026 estará integrado además por:

Sergio Hernández – OmniLogistics

Juan Pablo Amar – Finning Sudamérica

Darko Louit – Komatsu

Macarena Andrade – Syncore

Dominique Viera, Past President APRIMIN – MetaProject

APRIMIN reafirma su compromiso con el trabajo colaborativo y el desarrollo sostenible de la industria minera.

 


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Gobierno Corporativo de ENAMI: Una reforma insuficiente

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Por: Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN/Abogado, Ex Fiscal de Enami

Análisis técnico sobre los avances en gobernanza corporativa y las brechas pendientes en la definición de la política pública de fomento minero 

La reciente aprobación en general, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) constituye un hito relevante en la discusión sobre el rol del Estado en la minería chilena. Existe consenso en que la empresa requiere una actualización institucional profunda: profesionalizar su directorio, fortalecer los mecanismos de control, elevar los estándares fiduciarios y reducir espacios de discrecionalidad.

Ese diagnóstico es correcto y compartido. Sin embargo, precisamente porque el momento legislativo es relevante, resulta indispensable distinguir entre una reforma necesaria y una reforma suficiente. Y en ese punto, el proyecto deja abiertas más preguntas de las que resuelve.

ENAMI frente al desafío de una minería 2050

La minería chilena enfrenta un cambio estructural. La agenda de minería 2050 no se limita a mayor producción o eficiencia operativa; incorpora exigencias crecientes en sostenibilidad ambiental, trazabilidad, innovación tecnológica, productividad, economía circular y agregación de valor. 

En ese contexto, ENAMI no puede seguir siendo pensada únicamente desde su rol histórico del Siglo XX (ver DFL N°153 de 1960). El debate de fondo es si la empresa ante los nuevos desafíos de la minería 2050 está llamada a:

  • apoyar activamente a todos los segmentos de la minería artesanal, mediana minería y proveedores mineros, más allá del ámbito tradicional de la pequeña minería;
  • traccionar capacidades en proveedores mineros, innovación y servicios tecnológicos, como espacio privilegiado para pilotar proyectos y escalar a nivel industrial; 
  • desempeñar un rol en etapas tempranas de exploración, donde el mercado presenta fallas evidentes;
  • abrirse a nuevos minerales, en un enfoque polimetálico, como el litio u otros críticos para la transición energética;
  • liderar proyectos de minería secundaria, reprocesamiento de relaves y economía circular;
  • asumir, si así se decide, un mandato explícito en fundición y refinación, como parte de una política industrial y estratégica.

Ninguna de estas definiciones aparece resuelta en el proyecto de ley ni en el marco normativo vigente. Y sin ellas, es difícil evaluar con propiedad qué tipo de ENAMI necesita el país hacia las próximas décadas.

Una reforma correcta en la forma y en los instrumentos

Dicho con claridad, el proyecto acierta en el plano instrumental. La nueva composición del directorio, la incorporación del sistema de Alta Dirección Pública, la creación de comités especializados, la separación contable entre fomento y operaciones, y la aproximación a estándares de la OCDE representan avances reales y necesarios.

Desde la perspectiva del gobierno corporativo, se fortalece la rendición de cuentas, se profesionaliza la toma de decisiones y se dota a la empresa de una arquitectura institucional más robusta. No se trata de una reforma meramente cosmética.

Sin embargo, una buena arquitectura de gobernanza no puede suplir la ausencia de un mandato claro. La forma, por sí sola, no resuelve el fondo. El principal nudo crítico del proyecto radica precisamente en este déficit estructural: gobernanza sin política pública explícita.

Sostenemos que la modernización del gobierno corporativo de ENAMI se impulsa sin que exista una política pública vinculante y explícita para la pequeña y mediana minería, idealmente contenida en una ley marco que defina con precisión objetivos, beneficiarios, instrumentos, alcances y fuentes de financiamiento.

En términos simples —y muy propios de nuestra tradición institucional—, se vuelve a poner la carreta delante de los bueyes.

Una ley marco de fomento productivo debe definir materias tales como: las funciones concretas del fomento productivo minero, los beneficiarios efectivos de ese fomento, el alcance de la intervención estatal en la cadena de valor minera, los instrumentos habilitados y el financiamiento explícito y sostenible de esos mandatos.

Sin todo lo anterior, ENAMI seguirá operando con un mandato difuso, tensionada entre exigencias de desempeño empresarial, expectativas sectoriales y objetivos de política pública que no siempre son compatibles entre sí.

En ese escenario, incluso un directorio profesionalizado queda expuesto, no por falta de capacidades técnicas, sino por la inexistencia de un marco normativo que ordene y jerarquice sus decisiones estratégicas.”

El rol del Ministerio y el límite de lo programático

Durante los últimos años, el Ministerio de Minería ha avanzado en la definición de una política de fomento a la pequeña minería, principalmente mediante la revisión y sistematización de instrumentos vigentes (ver Documento de Política de Fomento, 2025). Ese esfuerzo es valioso y contribuye a ordenar la discusión.

No obstante, es importante ser precisos: se trata de un marco programático no vinculante, que no reemplaza —ni puede reemplazar— una definición legal de política pública. Pretender que ese instrumento administrativo habilite, por sí solo, una reforma estructural de ENAMI, es pedirle más de lo que institucionalmente puede entregar.

Una invitación a completar la reforma

Esta reflexión no busca cuestionar la necesidad de modernizar el gobierno corporativo de ENAMI. Por el contrario, reconoce ese avance como imprescindible. Pero advierte que no puede ser el punto de llegada.

Si el país aspira a una ENAMI coherente con los desafíos de la minería 2050, el paso siguiente es ineludible: definir explícitamente la política pública que la empresa debe ejecutar. Solo a partir de ese mandato será posible evaluar, con rigor y responsabilidad, si la estructura de gobernanza propuesta es la adecuada. 

Modernizar la forma es necesario, definir el fondo es impostergable.

 


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Noticia Internacional

La Cordillera no divide, integra

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Cristián Cifuentes, analista senior de CESCO

En los últimos meses, la conversación sobre el futuro minero de Sudamérica ha estado marcada por una inquietud recurrente: ¿está Argentina creando las condiciones para desplazar a Chile en la carrera por el capital global del cobre? El RIGI, la simplificacPor ión regulatoria y la promesa de estabilidad por tres décadas han encendido alarmas y titulares. Sin embargo, cuando se mira el cuadro completo, lo que surge no es una disputa frontal entre vecinos, sino la posibilidad de transformar la Cordillera de los Andes en la plataforma minera integrada más relevante del hemisferio.

Es cierto que Argentina ha dado un paso que durante años parecía impensado. La garantía de horizontes tributarios y cambiarios estables por 30 años es un giro estructural. A esa promesa se suma una cartera mineral que ya no puede calificarse de potencial abstracto: al menos siete proyectos cupríferos de talla mundial y un estimado de 116 millones de toneladas de cobre fino aún subexplotadas. Frente a eso, es válido preguntar  si Chile, Perú o incluso Canadá deberían percibir esto como un factor de preocupación o simplemente como un cambio que requiere mayor atención estratégica.La respuesta, al menos desde la evidencia, debiese ser más matizada. Si bien Argentina está acortando distancias, Chile sigue ofreciendo algo que en minería pesa muchas veces más que un incentivo puntual que es la estabilidad institucional, logística consolidada, proveedores experimentados y un grado importante de inversión. En una industria donde una mina vive tres décadas, esa estabilidad es una moneda que no se devalúa.

En este contexto, el error sería caer en la metáfora del juego de suma cero. Que parte de la inversión marginal, sobre todo en exploración greenfield,  mire con más atención a San Juan, Salta o Jujuy no significa que esos recursos se “pierdan” para Chile. El país enfrenta hoy costos en ascenso, mayor complejidad en permisos y restricciones hídricas, por lo que es lógico que los inversionistas diversifiquen sus decisiones. Pero diversificar no es reemplazar. De hecho, la propia estructura de los proyectos binacionales en la frontera entre San Juan y las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso muestra una realidad distinta: si ambos países coordinaran marcos e instrumentos, tal como lo destacamos recientemente en el trabajo desarrollado con Fundar “Una cordillera compartida: oportunidades de integración minera Argentina-Chile en la transición energética”, la cordillera podría aportar más de un millón de toneladas adicionales de cobre al año, equivalente a la brecha de oferta proyectada hacia 2040. Esa cifra no surge de la competencia, sino de la complementariedad.

Incluso cuando el mineral se extrae del lado argentino, una parte significativa del valor agregado —servicios especializados, logística, puertos, ingeniería e incluso fundiciones— puede generarse en Chile. Es lo que ya empieza a ocurrir en proyectos como Filo del Sol, Josemaría o Los Helados/Lunahuasi, donde los encadenamientos productivos cruzan la frontera con naturalidad. La cordillera, lejos de ser un muro, es un sistema de vasos comunicantes.

Esta lógica también aparece cuando se examina qué pesa realmente en la toma de decisiones inversionales. Los incentivos fiscales ayudan, sí, pero no reemplazan lo esencial: estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y relaciones predecibles con comunidades. En ese plano, Chile importa más por su trayectoria que por cualquier reforma coyuntural. Mantener calificaciones soberanas en rango A/A2 y registros institucionales sólidos es un activo que los inversionistas conocen bien y valoran más de lo que reconocen públicamente. Argentina ha impulsado el RIGI para reforzar la estabilidad requerida por los proyectos estratégicos, complementando los avances que ya viene realizando en materia institucional. Y ese diseño, lejos de ser un desafío para Chile, puede convertirse en un complemento eficaz.

El mensaje es claro. Una cordillera integrada es más poderosa que una fragmentada. Pensar en términos de competencia entre Chile y Argentina es una mirada simplista, frente a la magnitud de la transición energética global. La verdadera oportunidad yace en asumir que ambos países tienen ventajas que, en conjunto, pueden convertirlos en un bloque minero estratégico. 

Esto requiere actualizar los instrumentos de integración existentes, planificar infraestructura compartida hacia el Pacífico y desarrollar cadenas de proveedores que funcionen como un corredor andino de valor. Si la región avanza en esa dirección, el flujo de capital no se desplazará: se ampliará. El empleo no se redistribuirá, sino que crecerá. El riesgo no aumentará, se diluirá.

Al final, la pregunta no es si Argentina puede superar a Chile, sino si ambas naciones serán capaces de abandonar la lógica del espejo y pensar la minería como un proyecto común. Porque, en esta carrera global, el futuro del cobre no se define país contra país. Se define región contra región. Y en ese escenario, si Chile y Argentina actúan como socios y no como rivales, no compiten. Lideran.

 


Columna de Opinión/Cristián Cifuentes, analista senior de CESCO
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Business

Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

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A octubre de este año, Escondida, de BHP, ha producido 1.139.194 toneladas, 12 mil toneladas más que todo Codelco, incluída la producción atribuible de sus coligadas. La estatal recordó que realizó un ajuste de sus proyecciones para El Teniente, tras el accidente de fines de julio. A futuro, la producción de Escondida bajará, por lo que Codelco podría regresar al primer lugar.


Escondida superó a Codelco. entre enero y octubre de este año, la minera privada controlada por BHP produjo 1.139.194 toneladas métricas de cobre fino, mientras la estatal sumó 1.127.250 toneladas del metal rojo, una diferencia de casi 12 mil toneladas.

La producción acumulada a octubre fue actualizada el miércoles pasado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) e incorpora, en la producción de Codelco, las cifras de todas sus divisiones y la producción atribuible en tres empresas coligadas: El Abra (donde tiene el 49% de la propiedad), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%).

En igual período comparable de 2024, a Escondida estuvo 83 mil toneladas más abajo que Codelco, pues produjo 1.035.000 toneladas enero-octubre, versus 1.118.000 elaboradas por la estatal.

Entre otras razones, la producción de metal rojo de Codelco se vio resentida este año por el accidente en El Teniente, a fines de julio. En agosto la producción total de Codelco fue de 93 mil toneladas y El Teniente aportó con solo 11 mil toneladas: hasta junio tenía un promedio mensual de 28 mil toneladas.

Consultada por Pulso, la empresa aludió al accidente de El Teniente. “Durante 2025, Codelco ha enfrentado un escenario especialmente desafiante, marcado, entre otros factores, por el accidente ocurrido en la División El Teniente, que implicó la detención preventiva de distintos sectores de la mina. Tal como se informó oportunamente, esta situación llevó a ajustar nuestras proyecciones de producción divisional para los años 2025, 2026 y 2027″, afirmó la compañía, que recordó que al presentar sus resultados al tercer trimestre, ajustó su proyección de producción de cobre para 2025 a un rango entre 1.310 mil y 1.340 mil toneladas métricras.

“Este ajuste coyuntural no modifica nuestra estrategia ni nuestras metas de largo plazo. Mantenemos el objetivo de alcanzar una producción cercana a 1,7 millones de toneladas hacia el final de la década, apoyados en la recuperación operacional, el fortalecimiento de la gestión productiva y el avance de nuestros proyectos estructurales”, respondió la compañía.

Escondida a la baja

El analista senior de Cesco, Cristián Cifuentes, dijo que la diferencia de producción entre Escondida y Codelco se explica gracias a un mejor desempeño operacional neto de la minera privada durante 2025.

“Esto se sostiene en drivers típicos de un upgrade de performance de planta: récord de alimentación de concentradora, mejores recuperaciones y, en parte relevante, mejor ley de alimentación en su ciclo reciente; además, mayor aporte de cátodos por el ramp-up del proyecto Full SaL. También pesa mucho la estabilidad: menos interrupciones relevantes y alta disponibilidad de equipos críticos. En resumen, si una operación grande mantiene su ritmo, la cifra se dispara. Y este año Escondida ha tenido ese tipo de combinación favorable“, apuntó el experto.

Cifuentes dice que “la comparación de Escondida con la producción propia de la estatal refleja en esta última un sistema productivo más complejo y expuesto a fricciones. Opera varias divisiones con realidades geológicas y operacionales distintas, varias en transición estructural, lo cual aumenta la probabilidad de cuellos de botella, mantenimientos mayores y desviaciones de plan minero”.

El liderazgo alcanzado por Escondida este año, sin embargo, puede ser transitorio. El analista de Cesco planteó que, en el mediano plazo, BHP proyecta una menor ley promedio (unos 0,85%) y tiene un pronóstico de entre 1.150 mil y 1.250 para el año fiscal 2026, inferior al año fiscal recórd de de 2025, terminado en junio pasado, cuando la compañía produjo 1.305 miles de toneladas, su mayor cifra en 17 años.

Aquello, agrega Cifuentes, “sugiere una producción a la baja si no se compensa con más mineral, mejores recuperaciones o expansiones”.

El pronóstico es menor aún a futuro: BHP prevé que la producción promedio de los años fiscales 2027 a 2031 será de entre 900 mil y 1 millón de tonelades.

Producción de Codelco

Pese a lo anterior, la producción de Codelco aumentó 0,7% a octubre de este año, pasando de 1.118 mil toneladas en 2024 a 1.127 mil toneladas de cobre ahora.

Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales aumentaron su producción 5,8%; Salvador reportó un crecimiento de 1.727%, influido por el rump up que comenzó la estatal en diciembre de 2024; Andina bajó 8,2%; El Teniente también disminuyó 8,7% y Gaby cayó 23,6%. La baja de esta última, explicó Codelco en su análisis razonado de septiembre, se debe al empeoramiento de las leyes y el impacto en su recuperación.

Específicamente, en octubre, la producción de Codelco bajó 14% versus el mismo mes de 2024, elaborando 111 mil toneladas en el periodo de este año.

Cifuentes indicó que las expectativas productivas de las coligadas de la estatal -El Abra, Anglo American Sur y QB- “no son tan auspiciosas para los próximos años, sobre todo las dos primeras, debido particularmente a caídas de leyes en el caso de Anglo Sur, como a temas más operacionales, como ha sucedido con Quebrada Blanca”.

“Claramente una vez recuperada la producción de Quebrada Blanca y que entre en operación Los Bronces Integrado, más el desarrollo conjunto entre Los Bronces y Andina, los aumentos productivos podrían ser importantes. Pero este escenario necesita de mejoras en las operaciones con más complicaciones productivas de Codelco, como lo son Teniente, Salvador y Gabriela Mistral”, concluyó el exCochilco.

Las ganancias de Escondida

Escondida dio a conocer este martes sus resultados financieros correspondientes a septiembre. La minera obtuvo ganancias por US$3.777 millones entre enero y septiembre de 2025, un 45% más que los US$ 2.606 millones del mismo lapso de 2024.

Los ingresos de la minera alcanzaron a US$10.587 millones, un alza de 22%, mientras los costos (excluidos los costos financieros netos) totalizaron US$4.111 millones, un 2% más.

Escondida pagó US$ 2.569 millones en impuesto a la renta e impuesto específico minero, 49% por sobre 2024.

A septiembre, Escondida había producido 990 mil toneladas, 10% más que en 2024 “debido principalmente a una mayor producción de concentrado de cobre por un aumento esperado en la ley de mineral y mayor cantidad de mineral alimentado a las plantas concentradoras”.

 



Fuente/Pulso/LaTercera
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Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”

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La evaluación de la agencia subraya que ciertas características estructurales de Chile, como la estabilidad institucional del país, continuarán siendo pilares de su fortaleza.


El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile marca un cambio que, según la perspectiva de la agencia de calificación de riesgo Moody’s Ratings, podría ser positivo para la economía.

Kathrin Muehlbronner, senior vice president de Moody’s Ratings, proyectó que el futuro gobierno se enfocará en medidas querespaldarían las perspectivas de crecimiento económico de Chile.

De acuerdo con Muehlbronner, la próxima administración “probablemente aumente el enfoque en la desregulación y el fortalecimiento de las condiciones para la inversión local y extranjera”, elementos que, a juicio de la analista, son clave para impulsar el crecimiento.

A esto se suma, además, un énfasis en “los esfuerzos por mejorar la seguridad”.

La evaluación de la agencia subraya que ciertas características estructurales de Chile continuarán siendo pilares de su fortaleza.

“La estabilidad institucional del país, la formulación de políticas basada en normas y la apertura al capital extranjero seguirán siendo fortalezas clave”, afirmó.

Un punto crucial del análisis de Moody’s se centra en la aplicación de las promesas de campaña más ambiciosas, especialmente en el ámbito fiscal.

Muehlbronner advirtió que algunas de las propuestas “más controvertidas” del programa de Kast, como la intención de financiar recortes al impuesto sobre la renta corporativa mediante “reducciones significativas, aún no especificadas, del gasto en los primeros 18 meses”, probablemente se verán moderadas.

La razón principal de esta moderación radica en la composición del Poder Legislativo. La experta de Moody’s destacó la fragmentación del Congreso que resultó de las elecciones del mes pasado, lo que obligará al nuevo gobierno a negociar y atenuar las iniciativas que requieran aprobación parlamentaria.

Compromiso fiscal

En paralelo con las promesas de recortes, Moody’s Ratings espera que el nuevo gobierno mantenga el compromiso con la tradición de política fiscal prudente de Chile.

Esto implica un enfoque en reducir el déficit presupuestario, estabilizar la deuda pública y restablecer los colchones fiscales.

Finalmente, la agencia puso la mirada en un plazo específico que será clave para entender la estrategia fiscal definitiva del gobierno de Kast.

“El nuevo gobierno debe presentar sus planes fiscales a mediano plazo dentro de los 90 días posteriores a la toma de posesión, lo que proporcionará una mayor comprensión de su estrategia de política fiscal”, indicó Muehlbronner.

 


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