Noticia País
«Falta una cantidad muy grande de normas trascendentales para la gestión ambiental»
Rafael Asenjo, presidente del Tribunal Ambiental de Santiago: Advierte que a pesar de que el sistema ambiental cuenta con ministerio, tribunales y hasta superintendencia, aún se sigue normando con leyes de 1992.
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El retraso en la puesta en marcha del Tribunal Ambiental de Antofagasta, dice, no les ha generado problemas. ¿Es necesario aún? «Esa es una conclusión que tiene que sacarla usted. Estos tribunales son caros», asegura.
Crítico se muestra el presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, Rafael Asenjo, de las falencias de la normativa que rige al sector. De hecho sostiene que la legislación ambiental aún sigue funcionando con normativas que datan de 1992.
Esto a pesar de que el actual marco legal cuenta con distintos órganos como un ministerio, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y hasta una superintendencia a cargo de velar por el cumplimiento de las normativas.
“Al no existir el resto del conjunto normativo, hoy se le hacen exigencias al SEA que no está en condiciones de resolver”, advierte uno de los abogados más respetados en el mundo ambiental.
A su parecer aún restan normas trascendentales para mejorar la gestión, como ocurre en otros países del mundo, con la dictación de leyes que resguarden el medio ambiente, como la Ley de aguas, suelo, bosque y biodiversidad.
De paso también aborda la polémica instalación del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que a la fecha aún no se constituye en la capital de la Segunda Región.
Para el titular del Tribunal Ambiental de Santiago, el modelo más propicio para resguardar la legislación ambiental es el que se evaluó en el proyecto analizado durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet, con un tribunal ambiental con competencia a nivel nacional.
De igual forma Asenjo se muestra enfático al señalar que no existe una judicialización que entrampe los proyectos de inversión. A su juicio todo órgano a cargo de la administración del Estado debe estar sujeto al control, como ocurre en el sistema judicial, valorando instrumentos como el recurso de protección.
¿Coincide con el análisis que se hace en los gremios respecto de la existencia de una mayor judicialización de proyectos de inversión?
Habría que definir qué entendemos por judicialización. La paralización de un proyecto de inversión a través de un recurso de protección es una de las expresiones. Ha habido una discusión bastante notable. La judicialización corresponde a la solución de controversias, absolutamente legítimas, entre un organismo que es la administración que está sujeta a las normas legales. Por lo tanto, tiene que existir un mecanismo que permita revisar la legalidad de las decisiones de la administración. Eso cada vez más lo están haciendo los tribunales ambientales.
El ejercicio de la administración debe estar sujeto al control de la legalidad. Quejarse y hacer un escándalo por eso y decir que esto se está judicializando es no estar satisfecho con el Estado de Derecho. ¿Cuál es la solución para ello? Que la administración no se equivoque nunca. Pero eso no ocurrirá. Al existir un órgano a cargo del control de la administración se da garantía a las comunidades, a la misma administración y a los titulares de los proyectos, de que se va a cumplir la legalidad.
Hoy se habla de una SEAisación de la legislación ambiental. ¿Coincide con ese diagnóstico?
El marco de la legislación ambiental está completamente SEAisado. Por eso se dice que la gestión ambiental hoy, fundamentalmente, usa sólo un instrumento: el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Eso es como manejar un auto con un ojo tapado.
La herramienta potente y en la cual se concentra toda la atención es hoy el SEIA. Este órgano opera en un espacio en el que el resto de la normativa ambiental no se ha dictado. Chile sigue teniendo una Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, un ministerio, una superintendencia, un Servicio de Evaluación Ambiental y el resto son normas de la Conama de 1992. Falta una cantidad muy grande de normas trascendentales para la gestión ambiental.
¿Hablamos de leyes como Ley de Agua o Suelo?
Leyes sobre los componentes ambientales no existen en Chile. No hay ley de agua, suelo, aire, cambio climático, biodiversidad. En el mundo hay leyes de gestión ambiental hace 50 años. En Chile nos quedamos concentrados en una parte.
Al no existir el resto del conjunto normativo, hoy se le hacen exigencias al SEA que no está en condiciones de resolver.
Hoy en Chile no existe gestión ambiental del territorio. No existe un marco normativo superior que diga dónde se pueden hacer qué cosas. Se trató de hacer en la administración anterior a propósito del tema Barrancones. Se le dio una orden a la administración para que hicieran un reordenamiento territorial. Eso murió en la noche de los justos. No pasó nada.
¿Cómo se parte entonces, la gestión ambiental en otros países?
Con leyes de agua, aire y suelo. En legislación de bosque estamos con una ley tremendamente antigua. No hay legislación de aguas. Con los distintos componentes ambientales y después se inventa el sistema de evaluación de impacto ambiental de manera de tomar toda la normativa. Al SEIA se le hacen exigencias injustamente, porque no está en condiciones legales de resolver los conflictos.
Pareciera que se está legislando a través de proyectos de inversión que se tramitan en el SEIA.
Por supuesto.
Cambiando de tema. A la fecha un cuarto de las causas que debieron ingresar al Tribunal Ambiental de Antofagasta ingresaron al Tribunal Ambiental de Santiago. ¿Ha enfrentado alguna complicación por esto?
Ninguna. El tribunal está en condiciones de mantener las causas. La decisión es muy clara. Este tribunal tuvo competencia nacional durante un año y no tuvo ningún problema, y mantiene la competencia de la macrozona central y norte sin ningún problema. Evidente, con una mayor carga de trabajo.
¿Debieron contratar más funcionarios?
Tenemos varios abogados más y más relatores. Los ministros seguimos siendo los mismos. Uno no puede decir que por el 26% extra de causas que recibimos debimos contratar más personal. Nosotros necesitábamos una carga de profesionales bastante importante. Solo un relator podríamos decir que fue incorporado por el aumento de la carga laboral al tener competencia en la Macrozona norte.
Pareciera ser que no es tan necesaria la creación de ese tribunal.
Esa es una conclusión que tiene que sacarla usted. Estos tribunales son caros.
¿Cuánto cuesta al fisco tener el Segundo Tribunal Ambiental?
Son $2 mil millones. Saque usted si el Estado está hoy en condiciones de hacer una inversión de ese tamaño para el número de causas que se ven en la Macrozona norte. El problema de fondo es que para la instalación de los tribunales no se hizo un estudio de fondo que previera cuál sería la demanda de carga. De hecho el proyecto de la Presidenta Michelle Bachelet en su primera administración consideraba la creación de un tribunal más grande con más ministros en Santiago, al igual que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. A nadie se le ha ocurrido crear Tribunales de Libre Competencia en regiones.
Fuente: Pulso/ www.chilemineria.cl
Industria & Proveedores
CHILE DEBE OPTAR DE MANERA URGENTE EN UNA POLÍTICA NACIONAL DE FUNDICIÓN Y REFINO
Por: Manuel Viera F./Presidente de la Cámara Minera de Chile
China comunicó oficialmente la suspensión de sus exportaciones de ácido sulfúrico a partir de mayo de 2026. La medida busca preservar el suministro interno durante la temporada alta de siembra, pero ocurre en un contexto crítico: la guerra en Medio Oriente ha interrumpido el flujo de azufre, insumo clave para su producción. La minería chilena se vuelve vulnerable a una disrupción global que no controla. La señal que encendió el mercado fue la información publicada por Bloomberg sobre el freno que China aplicaría a sus exportaciones de ácido sulfúrico.
La restricción de ácido sulfúrico desde China pega directo al corazón de la minería chilena. Con esto se demuestra lo vulnerable que es al igual que su producción de cobre, ahora que Chile paró dos fundiciones y la Fundición de Potrerillos que colapsó dejando una gran cantidad de producción de ácido sulfúrico, capacidad de diseño de 1500 ton, la pregunta que me hago: ¿Chile resolverá el problema estratégico de aumentar la capacidad de fusión en el país? Ese es un dilema buridano que el nuevo gobierno deberá decidir y rápido. Mi opinión es que sí y aún más, ir a la industria manufacturera directa con el foco en las fundiciones, creo que China no es un socio confiable, no le basta con el monopolio de las tierras raras, y otros minerales críticos.
Con esta medida, China, está haciendo tambalear la producción de cobre de los principales productores como Chile y Perú. La estrategia China es que no solo es el fabricante del mundo, sino también el productor y compra de muchos minerales críticos. ¿Acaso eso no lo ven las distintas autoridades cuya dependencia tarde o temprano les pasará la cuenta? Ahora está en una integración vertical en todo el mundo.
Cifras Claves
Las cifras mandan y dan un panorama de lo que pasa con esta medida que afecta a nuestra minería. Para 2025 la demanda chilena bordearía 8,2 millones de toneladas, frente a una oferta local de apenas 5,1 millones, Es decir, un déficit de ~3,1 millones de toneladas.
Cada año la industria chilena compra más de un millón de toneladas de ácido sulfúrico a China, según información de Bloomberg. En 2023 la región de Antofagasta concentró el 81,6% del consumo nacional de ácido sulfúrico y debió importar 4,443 millones de toneladas. El valor CIF de las importaciones llegó en 2023 a US$466 millones, el nivel más alto de la última década. La lixiviación de minerales oxidados es responsable de cerca del 20% de la producción de cobre del país.
Cochilco proyectó que en 2025 la elaboración de ácido sulfúrico caería 2,5%. Para 2026 y 2028 se anticipa una disminución de un promedio anual de 3,4%. Entre 2029 y 2033 la producción de ácido se mantendrá estable en los 5,7 millones de toneladas, con lo cual la brecha con el consumo total se acrecentará. Existe la posibilidad de que Noracid salga del mercado y con ello se pierdan 660.000 toneladas de ácido sulfúrico.
¿Por qué China toma esta desición?
China ya no ve el ácido sulfúrico como un subproducto menor de sus fundiciones, sino como una palanca económica y estratégica. Tres factores convergen: prioridad para su industria agrícola interna, el estrecho de Ormuz parcialmente bloqueado (Medio Oriente representa cerca de un tercio del suministro global de azufre), y el uso del ácido como herramienta geopolítica similar a las tierras raras. Es decir, al igual que los minerales de tierras raras, el ácido pasa a ser una moneda de cambio en la guerra comercial. ¿Y cuál más?
Entonces es una nueva estrategia China para dominar el mundo mediante minerales críticos. Chile debe diversificar su cartera de exportación e importación de insumos críticos y venta de Cobre y litio, ya no es opción es obligación.
Impacto Operativo en Chile
Esto explica por qué la noticia no se interpreta en Chile como una molestia comercial, sino como una amenaza directa al corazón operativo del cobre lixiviado La prohibición podría extenderse durante todo 2026 según los reportes de Acuity, y las mineras nacionales deberán buscar alternativas en un mercado internacional tensionado por la misma escasez de materia prima. El gran Boom de Chile obedeció a la producción de cátodos de cobre vía óxidos y ahora la producción solo alcanza cerca del 20 % y bajando, esto trae como consecuencia que el país debe aumentar la exploración geológica con innovación para reponer los oxido y generar nuevos proyectos.
Según Cochilco, las importaciones chilenas provienen de Perú, China y Corea del Sur. Con China fuera, la presión sobre Perú como proveedor será enorme.
Para concluir puedo señalar que este episodio expone una vulnerabilidad estructural de la minería chilena. La dependencia de un insumo crítico importado, sumado al petróleo. La solución de fondo pasa por aumentar la capacidad de fundición nacional (como el proyecto Nueva Paipote de ENAMI, y generar un polo de desarrollo desde Argentina), diversificar proveedores y desarrollar contratos de largo plazo con productores no-chinos. Explorar nuevos yacimientos de azufre.
Chile debe optar de manera urgente en una política nacional de fundición y refino, y así dar el paso para industrializar el cobre.
«La suerte es el cruce de la oportunidad con la preparación.» — Séneca.
Columna de Opinión/ Manuel Viera F./Presidente de la Cámara Minera de Chile Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
Noticia País
Día Internacional del Sueño: dormir bien, el pilar olvidado de la salud mental
Por Jacquelin Hormazábal, académica de Psicología UNAB.
Hablar de salud mental es cada vez más común, sin embargo, raramente mencionamos algo tan básico como el dormir bién. Vivimos en una época donde descansar pareciera ser un lujo, y quedarse despierto/a hasta tarde trabajando o mirando el celular se celebra como un signo de compromiso y productividad. Desde la Psicología sabemos que un sueño reparador es uno de los pilares fundamentales para el bienestar emocional y mental.
En el marco del Día Internacional del Sueño, que se conmemora un 13 de marzo, es prudente señalar que dormir bien no es solo “no estar cansado”, es un proceso biológico esencial en el que el cerebro limpia información innecesaria, organiza recuerdos y regula nuestras emociones.
Durante el sueño profundo, especialmente en sus fases REM y no REM, se activan mecanismos que depuran la información acumulada durante el día. Este procesamiento nocturno actúa como una especie de “higiene mental”, permitiéndonos integrar aprendizajes, gestionar el estrés y estabilizar el estado de ánimo. Las personas que duermen mal presentan mayor irritabilidad, dificultad para concentrarse y una menor tolerancia a la frustración, síntomas que, sostenidos en el tiempo, pueden abrir la puerta a trastornos afectivos y ansiosos.
Desde la terapia psicológica, también observamos cómo el insomnio puede ser tanto un síntoma como una causa. Las preocupaciones, el exceso de pensamiento rumiativo o una hiperactivación emocional suelen alterar el ciclo circadiano, pero, a su vez, la falta de descanso agrava la vulnerabilidad emocional, generando un círculo difícil de romper.
Por ello, intervenir en los hábitos de sueño —a través de la psicoeducación, la higiene del sueño y la regulación emocional— constituye una herramienta terapéutica de primer orden.
Dormir bien no es solo cerrar los ojos. Implica establecer una rutina estable, desconectarse de pantallas, respetar nuestros ritmos internos y concederse el derecho a descansar sin culpa. En tiempos donde el cansancio se normaliza y la ansiedad se multiplica, reivindicar el sueño como acto de autocuidado es, paradójicamente, una forma de resistencia psicológica. Quizás la próxima revolución por la salud mental comience, simplemente, por volver a dormir bien.
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Noticia Internacional
Una minería que transforma
Por Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO
Fuente/ Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO/CESCO
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Noticia País
Pequeña y mediana minería: Una agenda legislativa viable para los primeros 100 días
Por: Patricio Cartagena D.
Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
Abogado, Ex Director Nacional Sernageomin.
Los primeros 100 días de un nuevo gobierno no están llamados a agotar la acción pública, sino a ordenar prioridades, fijar rumbo e ingresar los proyectos de ley que estructurarán el ciclo político. La noción de los primeros 100 días no es una consigna comunicacional: es una tradición política consolidada desde la experiencia histórica del New Deal de 1933, entendida como la ventana inicial para demostrar conducción, control de agenda y capacidad real de impulsar reformas estructurales.
En esa lógica, la señal más relevante en esta etapa no es la ejecución inmediata, sino la decisión política de ingresar iniciativas legislativas bien diseñadas, con diagnóstico compartido y alta viabilidad de tramitación. La pequeña y mediana minería (PM y MM) cumplen plenamente con esos criterios. Se trata de un sector con legitimidad histórica, fuerte anclaje territorial y un consenso político transversal en el Congreso.
En ese contexto, esta columna busca aportar insumos técnicos y propuestas concretas para la construcción de una agenda minera del próximo ciclo de gobierno, un ámbito que hasta ahora ha tenido escasa explicitación pública, pese a su relevancia estratégica para el desarrollo productivo y territorial del país.
Estas propuestas resultan particularmente oportunas en un escenario de precios del cobre y balance de mercado estructuralmente favorables para los próximos años, lo que abre una ventana concreta para mejorar la captura de valor de la PM y MM, aumentar producción efectiva, formalizar actividad y maximizar el retorno económico y fiscal del ciclo minero. No actuar a tiempo implica, simplemente, dejar pasar renta minera disponible por falta de adecuación institucional y normativa.
- Ley Marco de Fomento Productivo para la PM y MM
La primera iniciativa debiera ser el ingreso de una Ley Marco habilitante de Fomento Productivo para la Pequeña y Mediana Minería, orientada a rediseñar de manera estructural la relación del Estado con este sector.
No se trata de una ley de beneficios puntuales ni de subsidios coyunturales, sino de un marco jurídico que ordene y articule financiamiento, regulación proporcional (permisos y autorizaciones), sostenibilidad ambiental, desarrollo territorial y fomento productivo bajo una sola arquitectura normativa. En términos de política pública, supone transitar desde una aproximación fragmentada y asistencial hacia una relación estratégica, coherente y permanente entre el Estado y la PM y MM.
Por su carácter habilitante, esta Ley Marco debe preceder las reformas institucionales específicas, particularmente la reforma al gobierno corporativo de ENAMI actualmente en tramitación. Definir primero el modelo y luego ajustar las instituciones no es solo una opción técnica, sino una regla básica de buena gobernanza.
- Modificar el régimen de patente rebajada por trabajo efectivo de la Ley N°21.420
Una segunda iniciativa legislativa prioritaria es perfeccionar el régimen de amparo y patente rebajada por trabajo efectivo introducido por la Ley N°21.420, con el objeto de ampliar su cobertura y simplificar sustantivamente su aplicación. Si bien el principio del amparo por actividad minera va en la dirección correcta, su diseño actual introduce exclusiones y sobrecargas injustificadas para actores que operan en la misma escala productiva, en gran medida por exigencias formales y por un nivel de discrecionalidad administrativa que no se condice con la naturaleza del instrumento.
La corrección propuesta es directa: transitar hacia un sistema de acreditación objetiva de la condición de productor de baja escala, basado en criterios simples y verificables —como la inscripción en los padrones de proveedores de ENAMI u otros registros equivalentes—, evitando la evaluación caso a caso de proyectos y faenas por parte de Sernageomin. Este ajuste permitiría alinear la norma con su finalidad original: incentivar la explotación efectiva de las concesiones, reducir la especulación, otorgar certeza regulatoria a la pequeña y mediana minería y favorecer la inversión productiva y el empleo local, sin alterar el equilibrio fiscal de la medida.
- Modificar la Ley N°19.719 para modernizar la patente minera especial
Como complemento inmediato, resulta necesario ingresar una modificación a la Ley N°19.719, que regula la patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, hoy claramente desalineada con la realidad productiva del sector.
La propuesta es directa y razonable: ampliar los límites de superficie (hoy limitada el beneficio a 50 y 100 hectáreas), actualizar los criterios de elegibilidad y extender el beneficio a las formas societarias efectivamente utilizadas por la PM y Minería Artesanal en la actualidad. Esta corrección normativa permitiría mejorar la formalización, reforzar el trabajo efectivo y devolverle sentido a un instrumento que hoy presenta un impacto marginal.
- Modernizar la Ley N°19.137 para liberar propiedad minera ociosa
Finalmente, una medida de alto impacto territorial y bajo costo fiscal es ingresar una modificación a la Ley N°19.137, con el objeto de simplificar y hacer efectiva la liberación de pertenencias mineras no explotadas de Codelco hacia ENAMI y, a través de esta, hacia la pequeña minería, en forma obligatoria y sujeta a indicadores de cumplimiento.
Reducir cargas administrativas innecesarias, radicar decisiones en los directorios de las empresas públicas y dotar a ENAMI de un mandato claro para facilitar el acceso real de la PM y MM a estos activos, incluso mediante esquemas de transferencia condicionada o asociatividad productiva, permitiría activar inversión local y exploración vía explotación utilizando recursos ya disponibles del Estado.
Liderazgo para convertir diagnóstico en acción
Estas cuatro iniciativas no parten de cero. Existen diagnósticos, análisis técnicos y propuestas desarrolladas desde el ámbito gremial y académico. El desafío ya no es conceptual ni regulatorio, sino político y estratégico: traccionar esta agenda con liderazgo, decisión y una adecuada secuencia legislativa.
Ingresar estos proyectos de ley en los primeros 100 días permitiría aprovechar un consenso transversal, capturar valor en un ciclo de precios favorable y ordenar la relación del Estado con un sector clave para el desarrollo territorial.
La pequeña y mediana minería requieren decisiones oportunas, bien diseñadas y ejecutadas con sentido de Estado. El momento político ofrece esa oportunidad.
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Crecimiento
Codelco ingresa al selecto grupo mundial de productores de plata Good Delivery
Con la certificación entregada por la London Bullion Market Association (LBMA) a la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)— los lingotes de plata de Codelco son los únicos acreditados en Chile, lo que garantiza altos estándares en su producción y ventajas comerciales para alcanzar mejores precios.
Los lingotes de plata que Codelco obtiene como subproducto del cobre y que se producen en la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)—, obtuvieron la certificación Good Delivery que promueve la London Bullion Market Association (LBMA), el estándar más exigente para metales preciosos a nivel global.
Con esto, las barras de plata de Codelco son las primeras del país en acreditarse bajo este estándar y posicionan a la compañía dentro del club internacional de las productoras de plata más relevantes, junto a marcas como Peñoles (México), KGHM (Polonia) y Aurubis (Alemania).
En concreto, esta certificación garantiza que la plata que produce la Corporación, unas 200 toneladas anuales en la actualidad, cumple con los más altos estándares de pureza (99,99%), calidad física y trazabilidad responsable, permitiendo vender a bancos globales e inversionistas institucionales con ventajas comerciales significativas, incluyendo premios sobre el precio base frente a productos no certificados.
Lo que hace LBMA es publicar una lista de productores Good Delivery (o de “buenas entregas”) en oro y plata, que ahora alcanza las 84 plantas refinadoras en el caso de la plata y 66 en el caso del oro. Codelco no puede acceder a certificar su oro, dada su baja producción, ya que la LBMA sólo certifica empresas con producción mayor a 10 toneladas y Codelco produce cerca de dos toneladas anuales.
“Esta certificación para nuestra plata no sólo nos integra a un selecto grupo global, sino que también afianza nuestro compromiso con una producción de excelencia, con más transparencia en su operación y releva nuestro liderazgo en la industria minera consolidándonos como un actor líder en valor agregado y sustentabilidad”, destacó Braim Chiple, vicepresidente de Comercialización de Codelco. Recordó que los metales preciosos que Codelco comercializa los obtiene como subproducto de los barros anódicos o residuos que quedan tras el paso del mineral por las refinerías.
Describió que el contexto actual del mercado de la plata refuerza la relevancia de este hito: en 2025 el precio de la plata creció casi 150% a nivel internacional —hoy se cotiza en torno a los US$ 75 la onza troy— dado que es considerado un activo refugio ante la incertidumbre global y además ha crecido su demanda industrial, asociada a electromovilidad, energías renovables y tecnologías digitales. “Esta combinación ha convertido a la plata en un metal estratégico, y Codelco está preparado para atender esa demanda con un producto certificado y competitivo”, relevó el ejecutivo.
El proceso de acreditación
El joint venture PRM opera desde 2016 a través de una planta instalada en Mejillones. Allí se maquilan los barros anódicos provenientes de las refinerías Chuquicamata, Ventanas y Potrerillos (Salvador). En el caso del oro y la plata son devueltos a Codelco que los comercializa directamente, mientras que otros metales como paladio, platino y selenio, los vende PRM y luego transfiere a la compañía parte del valor.
Para obtener la certificación PRM debió esperar varios años debido a que la LBMA exige que las refinerías de metales preciosos operen por lo menos cuatro años antes de buscar la acreditación, tiempo que se cumplió justo en momentos en que surgió la pandemia, lo que hizo postergar el proceso, que se retomó hace poco más de dos años.
Angelo Rabagliati, gerente de Comercialización de Subproductos de Codelco, cuenta que el proceso de certificación consideró varias etapas con reiteradas visitas a las instalaciones y exhaustivos procedimientos de pruebas a cargo de especialistas de la LBMA. “Entre estos procedimientos se llevaron a cabo varias inspecciones en terreno, verificación de documentos de proveedores y pruebas físicas. Nuestras barras de plata fueron examinadas y evaluadas por árbitros independientes, que revisaron muchos detalles, como la dimensión, superficie, apilamiento y pruebas químicas de pureza”, describió.
Chile Minería
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