El actual senador anuncia que hará un plan de desarrollo minero con miras al 2050, que reformará el gobierno corporativo de la cuprera estatal y de Enami, mejorará las condiciones para la inversión extranjera en el sector y que espera concretar la cartera de inversión de US$ 40.000 millones.

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Nacido y criado en Vallenar, en la Región de Atacama, donde pasa sus vacaciones y desde donde responde a esta entrevista, el actual senador de RN y futuro ministro de Minería, Baldo Petar Prokurica Prokurica (59 años, abogado), tuvo que recibir la llamada del Presidente Piñera por radio, ya que en los cerros de Chañaral de Aceituno, donde se encontraba haciendo motociclismo, no hay señal de celular.

Al próximo gabinete se suma con entusiasmo, recalca. Mal que mal, viene de una zona minera, ha estado ligado a este tema en toda su vida parlamentaria y sostiene, sin ampulosidad, que Chile “es el país más minero del mundo y de eso hay que sentirse muy orgulloso”.

-¿Cuáles son los desafíos que tendrá en la cartera de Minería?

“El gobierno del Presidente Piñera ha cifrado grandes esperanzas en que la reactivación económica se produzca en la minería. Pensamos que la principal razón por la que la gente votó por el Presidente Piñera es para tener tiempos mejores, más empleo, desarrollo y mejor calidad de vida. Gran parte de eso se logra a partir de la inversión minera, que está bastante estancada”.

“Además, la actividad minera, a diferencia de otras actividades económicas, parte muy rápido y para muy rápido. Si el precio internacional o las condiciones laborales o tributarias son propicias, la minería es capaz de generar mucho desarrollo y rápidamente, e inversiones muy importantes. Eso es lo que nosotros creemos que va a ocurrir”.

-¿Por qué está estancada la inversión minera?

“Uno de los principales factores es el precio internacional, que no manejamos, pero además hay otros temas que tienen paralizada gran parte de los casi US$ 40 mil millones de inversión minera, como conflictos con las comunidades, el tema medioambiental, oposición de medioambientalistas. El precio internacional de la libra de cobre es un elemento muy importante y gracias a Dios ha ido cambiando en el último tiempo”.

-¿Se concretarán esos US$ 40 mil millones en el nuevo gobierno?

“Hay varios factores que creemos que tenemos que mejorar, como la gran burocracia que hay en Chile en materia de inversión nacional y extranjera en minería. Si bien los tiempos son iguales que en cualquier inversión, son distintos por los volúmenes: hay proyectos mineros de US$ 3.000 millones o US$ 4.000 millones y, por lo tanto, la demora en el inicio de los proyectos significa pagar intereses, tener dineros paralizados y otras cosas más”.

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“Por eso, tenemos que partir creando una comisión asesora presidencial para elaborar una política nacional de la minería a partir de 2018 al 2050, y ahí vamos a pedir la participación del sector público, del sector privado, del mundo académico y también de la sociedad civil. Y no solo preocuparnos de la gran minería, sino también de la pequeña y mediana minería. Queremos crear un estatuto especial para la pequeña y mediana minería, que tiene una gran importancia para al menos cinco regiones del país, desde el punto de vista económico y social. Es más que los salmones, el vino y que otras actividades económicas que tenemos en el país. Por eso hay que crear instrumentos especiales, modernizar la Enami y su gobierno corporativo, y que los recursos para el fomento lleguen a tiempo”.

-¿Tienen alguna meta concreta?

“Nuestra meta es que se concrete la mayor cantidad posible. Hemos pensado que en el tema de la inversión extranjera hay que tener reglas claras de largo plazo, con garantía de invariabilidad tributaria”.

-¿Reponer el DL 600?

“No, pero sí recrear las condiciones que tienen otros países mineros del mundo, como Australia, Canadá y Perú, donde se atrae la inversión y no se le genera un cuadro como el que ha planteado Nelson Pizarro cuando era gerente de una minera privada, donde tuvo que sacar más de 500 permisos para materializar un proyecto de US$ 3.000 millones”.

-¿Tendrán una oficina de grandes proyectos mineros?

“Así es. Crearemos una oficina de gestión y monitoreo de los grandes proyectos, ojalá tener una ventanilla única, de manera de que quien quiera invertir en Chile no tenga que ir servicio por servicio, sino que tenga una sola vía y, así, simplificar la permisología”.

“Corregir, por ejemplo, la denuncia por obra nueva, que por eso hay muchos proyectos que están paralizados. Y eso hace que cuando se trata de proyectos muy grandes de inversión, ese chantaje que se produce hace perder a todos: pierde el que quiere invertir, pierde el Estado que no recauda impuestos y pierden las comunidades, porque en ese lugar no se produce empleo ni desarrollo”.

-Eso elimina la burocracia del Estado. ¿Pero y las acciones de las comunidades, los grupos ambientalistas o la judicialización?

“Hay que incentivar el contacto temprano de los proyectos con las comunidades y el mundo de las ONG, de manera que eso no se produzca una vez que los proyectos ya están materializados”.

“Tengo, además, la esperanza de que la instalación del Primer Tribunal Ambiental en Antofagasta va a generar las condiciones para aplicar el Estado de Derecho cuidando el medio ambiente, pero no lo que tenemos ahora, que es malo para todos: los proyectos no se materializan, el medio ambiente tampoco se cuida y las comunidades tampoco se benefician de las inversiones”.

-Usted será miembro del Comité de Ministros de Medio Ambiente. ¿Qué sello impondrá allí? ¿Pro inversión?

“Creo en la institucionalidad. Tenemos que hacer algunas correcciones para acabar con algo que ustedes plantearon: que en los proyectos no hay preclusión, no hay un momento en que se terminan todas las posibilidades de poder reclamar. En todos los procesos judiciales y en todas las demás instancias en los países que uno conoce hay plazos y las cosas se hacen o no, los permisos se dan o no se dan, pero cuando se otorgan, los proyectos empiezan a caminar. Pero en Chile, no: hay proyectos que llevan 10, 15 o 20 años y siguen pidiendo permisos, en ralentí, dándose vueltas, sin que nadie zanje definitivamente los temas para que se cuide el medio ambiente, se cumpla la ley y también haya una inversión”.

-Este año, el Estado de Chile tiene la oportunidad de salir del Convenio 169 de la OIT. ¿Han tomado esa decisión?

“Es un tema que no se ha debatido, porque el gobierno aún no se ha instalado. Hay que conversarlo y tomar una decisión, como la han tomado otros países del mundo que tienen actividad minera”.

-Países mineros como Canadá no suscribieron el 169. ¿Sería lo ideal optar por ese camino?

“Es cierto, pero ya lo suscribimos y estamos en una condición distinta”.

Codelco y Enami: “Vamos a reformular el gobierno corporativo”

-La minería en Chile tiene un problema de costos y baja productividad. ¿Qué hará para subsanarlo?

“Tenemos que tomar decisiones en todo lo que sea facilitar la inversión, en estabilidad tributaria y las reglas del juego para los inversionistas extranjeros y nacionales. Pero en las dos empresas que tenemos, Codelco y Enami, vamos a reformular el gobierno corporativo, de manera de establecer mayor independencia de los ciclos políticos. El nuevo gobierno corporativo de Codelco ha sido una buena experiencia, pero hay que perfeccionarlo para separarlo de los cambios de gobierno y aumentar el número de directores a unos 11, como algunos han planteado. Además, creemos que Codelco tiene que definir una política clara de dividendos”.

-¿En qué línea iría esta?

“Hay que terminar con la política de la vaca lechera en Codelco, que ha sido una historia de nunca acabar con los gobiernos. En este sentido, aquí Codelco tiene dos problemas: no tiene definida una cantidad de utilidades que reinvertir -y eso compite con toda la parte social del gobierno- y, más grave, está sometida a la Ley de Presupuesto nacional y eso hace que una actividad económica de largo plazo esté todos los años negociando con el Ministerio de Hacienda cuántos recursos le van a entregar.

Eso es como un transportista que tiene que hacer un flete desde Arica a Puerto Montt, y en cada región tiene que parar y pedir recursos para comprar bencina para seguir”.

“Esto lo tenemos que resolver con el ministro de Hacienda por la vía de presupuestos plurianuales, que no significa entregar más recursos, sino que se sepa cuántos recursos tiene, y no como hoy, que si hay un cambio de gobierno y si el ministro de Hacienda decide sacarle todo el dinero a Codelco, no le dan nada y la principal empresa del país no tiene recursos para sacar adelante los proyectos”.

-¿Están analizando una ley de capitalización estructural para Codelco?

“Ese es un tema que hay que analizarlo en el gobierno, que tengo que analizarlo con el ministro de Hacienda, con la finalidad de definir cuántos recursos de las utilidades de Codelco se van a reinvertir”.

“La historia de la gran minería mundial es que el 50% de las utilidades se reinvierten; en el caso de Codelco, es cerca del 20% y eso hace que una empresa rentable para Chile no rente lo que podría”.

-¿Quieren que el porcentaje a reinvertir sea 50%?

“Es una aspiración. A una empresa como es Codelco, que genera utilidades para el Estado, no se le pueden negar recursos. Eso hay que discutirlo, porque viene penando por mucho tiempo y nunca se ha zanjado”.

“Ahora bien, en los proyectos estructurales, Codelco tiene desafíos gigantescos, no solo desde el punto de vista económico, porque llegan a US$ 22 mil millones, sino también desde la perspectiva humana y técnica. Transformar a Chuquicamata en explotación subterránea o cambiar el Nuevo Nivel Mina de El Teniente o los proyectos de Andina o El Salvador, son gigantescos, nunca antes vistos en la ingeniería minera mundial. Debiéramos sacar experiencias que Chile pudiera exportar con tecnología y capacidad de hacerlo en otras partes del mundo”.

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-En el primer gobierno de Sebastián Piñera, su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que ahora también será titular de esa cartera, no entregó capital a Codelco, que se tuvo que endeudar. ¿Cambiará este enfoque?

“Cuando el ministro Felipe Larraín entró a su despacho en 2010, encontró un país destruido en ocho regiones por el terremoto del 27-F y había que reconstruir los hospitales y muchas cosas más. Chile no es el país del 2010 y creo que hay que enfrentarlo de todas maneras, con una condición equivalente a lo que ocurre con otras empresas mineras del mundo”.

“También tenemos que modernizar el proyecto corporativo de la Enami, que es un proyecto antiguo. A pesar de que no tiene la notoriedad de Codelco, Enami es fundamental para al menos cinco regiones del país. (En la minería) tienen trabajo muchas personas que en otras actividades económicas jamás podrían trabajar, gente de mucha edad, gente que tiene problemas de salud, gente que no tiene otras alternativas”.

-¿Qué cambios en el gobierno corporativo vienen en la Enami? ¿Se sacarán los gremios del directorio?

“Buscamos que Enami tenga la mejor gestión dentro de la actividad de refinería y fundición, y también en toda la parte que signifique el apoyo a la pequeña y mediana minería”.

“Tengo una buena impresión de Nelson Pizarro”

-¿Quiere que siga Nelson Pizarro como máximo ejecutivo de Codelco?

“Ese es un tema que no se ha definido. Tengo una buena impresión de Nelson Pizarro, pero esa es una decisión que vamos a tomar una vez que asuma el gobierno… Además, ni siquiera sé si él está disponible, no lo he hablado con él”.

-Si no se ha analizado el tema de Nelson Pizarro todavía, ¿se ha visto a alguien para la presidencia del directorio de Codelco?

“Hoy, el gobierno está en el nivel de subsecretarios, el nivel que sigue es el que usted menciona y creo que va a ser la próxima semana”.

-¿Tener nombre para Codelco la próxima semana?

“No estoy diciendo que vamos a tener nombre, pero al menos que se empiece a ver”.

-¿Es posible que privados ingresen a la propiedad de Codelco?

“Ese tema no se ha discutido, y como es un tema sensible, en su minuto habrá que discutirlo”.

-Este año, en la gran minería vienen importantes negociaciones colectivas, partiendo por Escondida, ¿qué rol va a tener el gobierno?

“Las empresas privadas tienen que cumplir con la legislación vigente y manejar sus negociaciones colectivas de acuerdo con la ley”.

-Pero una huelga en la minería impacta en el PIB de Chile…

“Por supuesto; hay que tener siempre en cuenta que hay que facilitar el diálogo y llegar a los mejores acuerdos posibles para que los conflictos no terminen generándole daño al país entero, pero los conflictos entre privados tienen esa frontera”.

En Chile hay proyectos que llevan 10, 15 o 20 años y siguen pidiendo permisos, en ralentí, sin que nadie zanje los temas para que se cuide el medio ambiente, se cumpla la ley y también haya una inversión”.

“Queremos crear un estatuto especial para la pequeña y mediana minería, que tiene una gran importancia para al menos cinco regiones del país. Es más que los salmones, el vino y que otras actividades económicas”.

Codelco tiene dos problemas: no tiene definida una cantidad de utilidades que reinvertir y, más grave, está sometida a la Ley de Presupuesto nacional y eso hace que una actividad económica de largo plazo esté todos los años negociando con el Ministerio de Hacienda cuántos recursos le van a entregar.

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Fuente/Economía y Negocios
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