Noticia País
Reforma al SEIA: los ajustes de Medio Ambiente para incentivar las inversiones
El proyecto de ley que moderniza al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ya está listo. La iniciativa, que ingresaría esta semana al Congreso, obliga a los privados a realizar una participación ciudadana anticipada y protocoliza el acta de acuerdos que sirve de base para el futuro Estudio de Impacto Ambiental que entre al sistema.
Mayor certidumbre y una línea de acción mucho más definida tendrán las empresas que quieran invertir en Chile. Por lo menos eso es lo que persigue el proyecto de ley que modifica la norma 19.300 y que busca modernizar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), iniciativa en la que ha estado trabajado el Ministerio de Medio Ambiente y cuyo proyecto de ley ya está listo.
El documento de 20 páginas hoy está en manos de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para unos ajustes que, según conocedores del proceso, serán menores. Por eso se espera que la iniciativa ingrese esta semana al Congreso para iniciar una discusión que se espera será larga e intensa.
Y según se detalla en el proyecto de ley, al que tuvo acceso Pulso, uno de los elementos novedosos es la participación ciudadana anticipada, diálogo que será la antesala del proceso de conversación social que está reglado en la tramitación ambiental de los proyectos de inversión, que es conocida como PAC.
Este proceso de conversación anticipado tendrá una vigencia de hasta 18 meses previo al ingreso del Estudio de Impacto Ambiental y tendrá como objeto “generar un proceso de diálogo temprano entre comunidad y proponente, con la finalidad de generar un acta y eventuales acuerdos como resultado de dicha participación, todo lo cual deberá ser incorporado en un documento denominado Términos de Referencia Ambiental”.
Añade el texto que “una vez expresada por el proponente la decisión de sometimiento a la etapa de participación ciudadana anticipada, la realización será obligatoria”. Y que la forma en que se ejecutará será explicada a través de unas guías por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).
Lo importante de esto es que el acta que se obtenga de la participación debe ser protocolizada y además debe ser elevada en consulta al tribunal ambiental correspondiente para su autorización. “Una vez autorizado, el documento protocolizado y la copia autorizada de la resolución del tribunal ambiental deberán ser presentados ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para su registro y conocimiento, el cual se publicará en el Diario Oficial”, dice el documento.
Además se destaca que una vez realizados esos pasos, la empresa o “proponente” tiene un plazo máximo de dos años para ingresar el estudio de impacto ambiental a tramitación ambiental.
Para la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, estos cambios permitirán corregir las asimetrías con las que hoy se relacionan las comunidades y los privados al momento de invertir en un lugar determinado.
“El Presidente Piñera nos pidió elaborar un proyecto de modernización del SEIA que tenga como uno de sus ejes fundamentales el fortalecimiento de la participación ciudadana. Incorporar un diálogo temprano previo al ingreso al SEIA permitirá empezar a corregir la asimetría con que hoy se relacionan las comunidades con los titulares de los proyectos”, explica.
Detalla, además, que si el proceso de participación temprana es bien realizado, “se facilitará mucho la Participación Ciudadana (PAC) que se realiza dentro de sistema” y también aclara que las conversaciones relacionadas con la comunidad indígena y que están dentro del acuerdo de la OIT “siguen exactamente igual”.
Las dudas de los privados
El mundo privado celebra la iniciativa y pese a no conocer el documento final, valoran los esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo para perfeccionar la forma en que se tramitan los grandes proyectos de inversión. “Una buena reforma al SEIA debería generar mayor certidumbre a los inversionistas, lo cual es positivo y muy necesario en estos momentos”, destaca el director de Políticas Públicas de la CPC, Javier Irarrázaval.
Añade que “la reforma al SEIA es una iniciativa fundamental y cuyos cambios se encuentran pendientes desde hace mucho tiempo”.
Para la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), “si la ley resultante revierte las debilidades del actual sistema, efectivamente debería generar mayor certidumbre”, señala su gerente de estudios, Javier Hurtado.
Una visión más crítica tiene el Consejo Minero. El presidente ejecutivo del gremio que reúne a las grandes mineras que operan en el país, Joaquín Villarino, señala que “la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente va en línea correcta al hacerse cargo de la necesidad de una mayor participación ciudadana, pero nos parece que la fórmula prevista requiere revisión y es necesario profundizar en alguna solución”.
Añade que es una buena noticia que el gobierno tenga identificado el problema, caso que “ya lo habíamos tratado en profundidad en la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del SEIA”, recuerda Villarino. “Sin embargo, no hay un acuerdo generalizado sobre las soluciones que hay en la mesa. Aquí, evidentemente, va a haber una discusión en el Congreso”, dice.
Para Álvaro García, presidente ejecutivo de Valor Minero, instancia que ha diseñado varios de los puntos que hoy están incluidos en el proyecto de ley, señala que si bien “la participación temprana es el principal cambio positivo que este proyecto trae”, existen dudas. Una de ellas es “¿quién asegurará que la participación temprana ocurra bajo condiciones que generen la confianza en todas las partes para que participen y honren los compromisos que de ellos surjan”, dice. Añade que “el SEIA ya parece sobrepasado por las actuales consultas ambientales, y la ciudadanía, con razón, estima que no existen condiciones simétricas para su participación respecto de los titulares del proyecto”.
En tanto, la Sonami valora la intención de la ministra Cubillos de hacer más eficientes los plazos de evaluación ambiental, pero, “de la misma forma, nos preocupan algunos temas que han trascendido, como es poner un plazo de 18 meses a la participación ciudadana anticipada, ya que ello iría contra el espíritu que se persigue, de hacer más eficiente la tramitación de los proyectos de inversión”, señala el gremio.
Pese a estas dudas, el sector inmobiliario mira con buenos ojos el que el gobierno este impulsando un diálogo previo con la ciudadanía, y de hecho, indican que “somos partidarios de una oportuna y efectiva participación ciudadana, pues por esta vía se mejoran y legitiman los proyectos”, señala Javier Hurtado.
Tema no menor, ya que en el caso de sus proyectos de inversión, los que ingresan al sistema como Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el proceso de participación ciudadana anticipada es voluntario, pero la industria estaría dispuesta a comenzar a implementarla para legitimar sus inversiones. “Si la experiencia es buena, lo que significa que se puedan llevar a cabo procesos de participación ciudadana reglados y que, además, concluyan con el respaldo del tribunal ambiental, efectivamente puede motivar a las industrias del sector a optar por este camino”, indica.
Ventanilla única
Otro de los temas relevantes es la designación del SEIA como ventanilla única en relación al otorgamiento de los llamados permisos mixtos, los más complejos de obtener por parte de los privados y que demoran mucho más tiempo en su tramitación, dificultando la ejecución de los proyectos de inversión.
Por eso el proyecto de ley, en su primera página hace mención al artículo 8, donde se señala que todos los permisos sectoriales serán otorgados por la Comisión de Evaluación Macrozonal, “mediante la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, quedando exenta de tramitación posterior”.
Para el Consejo Minero, esta idea “robustece” el proyecto de ventanilla única medioambiental y debería contribuir a disminuir los plazos de tramitación de los proyectos. Sin embargo, en relación a los permisos mixtos, indica que la iniciativa generará un enorme desafío para que los servicios puedan cumplir esta indicación. “Respecto de los permisos anteriores que no solo tienen un componente medioambiental sino también técnico-sectorial (mixtos), significará un enorme desafío para las empresas y para los servicios involucrados el poder otorgarlos dentro de los plazos y el procedimiento de la evaluación ambiental”, detalla Joaquín Villarino.
Para Javier Irarrázaval, de la CPC, la ventanilla única para la tramitación de los permisos ambientales sectoriales en el marco del SEIA “parecer ser una buena apuesta”, y en ese sentido, indica, “es interesante reforzarla”.
“Se esperaría que ayude a descongestionar el sistema en la medida en que se trate de permisos cuyos contenidos sean compatibles con el conocimiento técnico del SEIA. El desafío que enfrentaría la implementación de esta ventanilla única es la modernización de los servicios sectoriales y su necesaria coordinación”, señala.
Macrozonas
El documento también detalla cómo estarán conformadas macrozonas, instancias que reemplazarán a la Comisión de Evaluación Ambiental Regional y también al Comité de Ministros.
La idea ya había sido adelantada por la cartera, pero en el documento se indica que existirán tres macrozonas: Antofagasta, Santiago y Concepción, y detalla también que la instancia será presidida por el director macrozonal correspondiente e integrada por el intendente regional respectivo, el secretario regional ministerial de Medio Ambiente y también de Economía de la región donde se ejecutará el proyecto. Además, lo integrará un profesional del área de las ciencias y un abogado, ambos nombrados por Alta Dirección Pública, y también contará con un integrante nombrado por el Presidente de la República.
En el proyecto de ley, además, se especifica que cada miembro deberá “motivar adecuadamente su voto”, el que debe estar basado en “consideraciones técnicas y ambientales relacionadas con las causales establecidas en los artículos 16 y 19 de la ley, esto es relacionado con las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido del Estudio de Impacto Ambiental que se estimen necesarias.
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Noticia Internacional
Una minería que transforma
Por Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO
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Noticia País
Pequeña y mediana minería: Una agenda legislativa viable para los primeros 100 días
Por: Patricio Cartagena D.
Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
Abogado, Ex Director Nacional Sernageomin.
Los primeros 100 días de un nuevo gobierno no están llamados a agotar la acción pública, sino a ordenar prioridades, fijar rumbo e ingresar los proyectos de ley que estructurarán el ciclo político. La noción de los primeros 100 días no es una consigna comunicacional: es una tradición política consolidada desde la experiencia histórica del New Deal de 1933, entendida como la ventana inicial para demostrar conducción, control de agenda y capacidad real de impulsar reformas estructurales.
En esa lógica, la señal más relevante en esta etapa no es la ejecución inmediata, sino la decisión política de ingresar iniciativas legislativas bien diseñadas, con diagnóstico compartido y alta viabilidad de tramitación. La pequeña y mediana minería (PM y MM) cumplen plenamente con esos criterios. Se trata de un sector con legitimidad histórica, fuerte anclaje territorial y un consenso político transversal en el Congreso.
En ese contexto, esta columna busca aportar insumos técnicos y propuestas concretas para la construcción de una agenda minera del próximo ciclo de gobierno, un ámbito que hasta ahora ha tenido escasa explicitación pública, pese a su relevancia estratégica para el desarrollo productivo y territorial del país.
Estas propuestas resultan particularmente oportunas en un escenario de precios del cobre y balance de mercado estructuralmente favorables para los próximos años, lo que abre una ventana concreta para mejorar la captura de valor de la PM y MM, aumentar producción efectiva, formalizar actividad y maximizar el retorno económico y fiscal del ciclo minero. No actuar a tiempo implica, simplemente, dejar pasar renta minera disponible por falta de adecuación institucional y normativa.
- Ley Marco de Fomento Productivo para la PM y MM
La primera iniciativa debiera ser el ingreso de una Ley Marco habilitante de Fomento Productivo para la Pequeña y Mediana Minería, orientada a rediseñar de manera estructural la relación del Estado con este sector.
No se trata de una ley de beneficios puntuales ni de subsidios coyunturales, sino de un marco jurídico que ordene y articule financiamiento, regulación proporcional (permisos y autorizaciones), sostenibilidad ambiental, desarrollo territorial y fomento productivo bajo una sola arquitectura normativa. En términos de política pública, supone transitar desde una aproximación fragmentada y asistencial hacia una relación estratégica, coherente y permanente entre el Estado y la PM y MM.
Por su carácter habilitante, esta Ley Marco debe preceder las reformas institucionales específicas, particularmente la reforma al gobierno corporativo de ENAMI actualmente en tramitación. Definir primero el modelo y luego ajustar las instituciones no es solo una opción técnica, sino una regla básica de buena gobernanza.
- Modificar el régimen de patente rebajada por trabajo efectivo de la Ley N°21.420
Una segunda iniciativa legislativa prioritaria es perfeccionar el régimen de amparo y patente rebajada por trabajo efectivo introducido por la Ley N°21.420, con el objeto de ampliar su cobertura y simplificar sustantivamente su aplicación. Si bien el principio del amparo por actividad minera va en la dirección correcta, su diseño actual introduce exclusiones y sobrecargas injustificadas para actores que operan en la misma escala productiva, en gran medida por exigencias formales y por un nivel de discrecionalidad administrativa que no se condice con la naturaleza del instrumento.
La corrección propuesta es directa: transitar hacia un sistema de acreditación objetiva de la condición de productor de baja escala, basado en criterios simples y verificables —como la inscripción en los padrones de proveedores de ENAMI u otros registros equivalentes—, evitando la evaluación caso a caso de proyectos y faenas por parte de Sernageomin. Este ajuste permitiría alinear la norma con su finalidad original: incentivar la explotación efectiva de las concesiones, reducir la especulación, otorgar certeza regulatoria a la pequeña y mediana minería y favorecer la inversión productiva y el empleo local, sin alterar el equilibrio fiscal de la medida.
- Modificar la Ley N°19.719 para modernizar la patente minera especial
Como complemento inmediato, resulta necesario ingresar una modificación a la Ley N°19.719, que regula la patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, hoy claramente desalineada con la realidad productiva del sector.
La propuesta es directa y razonable: ampliar los límites de superficie (hoy limitada el beneficio a 50 y 100 hectáreas), actualizar los criterios de elegibilidad y extender el beneficio a las formas societarias efectivamente utilizadas por la PM y Minería Artesanal en la actualidad. Esta corrección normativa permitiría mejorar la formalización, reforzar el trabajo efectivo y devolverle sentido a un instrumento que hoy presenta un impacto marginal.
- Modernizar la Ley N°19.137 para liberar propiedad minera ociosa
Finalmente, una medida de alto impacto territorial y bajo costo fiscal es ingresar una modificación a la Ley N°19.137, con el objeto de simplificar y hacer efectiva la liberación de pertenencias mineras no explotadas de Codelco hacia ENAMI y, a través de esta, hacia la pequeña minería, en forma obligatoria y sujeta a indicadores de cumplimiento.
Reducir cargas administrativas innecesarias, radicar decisiones en los directorios de las empresas públicas y dotar a ENAMI de un mandato claro para facilitar el acceso real de la PM y MM a estos activos, incluso mediante esquemas de transferencia condicionada o asociatividad productiva, permitiría activar inversión local y exploración vía explotación utilizando recursos ya disponibles del Estado.
Liderazgo para convertir diagnóstico en acción
Estas cuatro iniciativas no parten de cero. Existen diagnósticos, análisis técnicos y propuestas desarrolladas desde el ámbito gremial y académico. El desafío ya no es conceptual ni regulatorio, sino político y estratégico: traccionar esta agenda con liderazgo, decisión y una adecuada secuencia legislativa.
Ingresar estos proyectos de ley en los primeros 100 días permitiría aprovechar un consenso transversal, capturar valor en un ciclo de precios favorable y ordenar la relación del Estado con un sector clave para el desarrollo territorial.
La pequeña y mediana minería requieren decisiones oportunas, bien diseñadas y ejecutadas con sentido de Estado. El momento político ofrece esa oportunidad.
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Crecimiento
Codelco ingresa al selecto grupo mundial de productores de plata Good Delivery
Con la certificación entregada por la London Bullion Market Association (LBMA) a la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)— los lingotes de plata de Codelco son los únicos acreditados en Chile, lo que garantiza altos estándares en su producción y ventajas comerciales para alcanzar mejores precios.
Los lingotes de plata que Codelco obtiene como subproducto del cobre y que se producen en la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)—, obtuvieron la certificación Good Delivery que promueve la London Bullion Market Association (LBMA), el estándar más exigente para metales preciosos a nivel global.
Con esto, las barras de plata de Codelco son las primeras del país en acreditarse bajo este estándar y posicionan a la compañía dentro del club internacional de las productoras de plata más relevantes, junto a marcas como Peñoles (México), KGHM (Polonia) y Aurubis (Alemania).
En concreto, esta certificación garantiza que la plata que produce la Corporación, unas 200 toneladas anuales en la actualidad, cumple con los más altos estándares de pureza (99,99%), calidad física y trazabilidad responsable, permitiendo vender a bancos globales e inversionistas institucionales con ventajas comerciales significativas, incluyendo premios sobre el precio base frente a productos no certificados.
Lo que hace LBMA es publicar una lista de productores Good Delivery (o de “buenas entregas”) en oro y plata, que ahora alcanza las 84 plantas refinadoras en el caso de la plata y 66 en el caso del oro. Codelco no puede acceder a certificar su oro, dada su baja producción, ya que la LBMA sólo certifica empresas con producción mayor a 10 toneladas y Codelco produce cerca de dos toneladas anuales.
“Esta certificación para nuestra plata no sólo nos integra a un selecto grupo global, sino que también afianza nuestro compromiso con una producción de excelencia, con más transparencia en su operación y releva nuestro liderazgo en la industria minera consolidándonos como un actor líder en valor agregado y sustentabilidad”, destacó Braim Chiple, vicepresidente de Comercialización de Codelco. Recordó que los metales preciosos que Codelco comercializa los obtiene como subproducto de los barros anódicos o residuos que quedan tras el paso del mineral por las refinerías.
Describió que el contexto actual del mercado de la plata refuerza la relevancia de este hito: en 2025 el precio de la plata creció casi 150% a nivel internacional —hoy se cotiza en torno a los US$ 75 la onza troy— dado que es considerado un activo refugio ante la incertidumbre global y además ha crecido su demanda industrial, asociada a electromovilidad, energías renovables y tecnologías digitales. “Esta combinación ha convertido a la plata en un metal estratégico, y Codelco está preparado para atender esa demanda con un producto certificado y competitivo”, relevó el ejecutivo.
El proceso de acreditación
El joint venture PRM opera desde 2016 a través de una planta instalada en Mejillones. Allí se maquilan los barros anódicos provenientes de las refinerías Chuquicamata, Ventanas y Potrerillos (Salvador). En el caso del oro y la plata son devueltos a Codelco que los comercializa directamente, mientras que otros metales como paladio, platino y selenio, los vende PRM y luego transfiere a la compañía parte del valor.
Para obtener la certificación PRM debió esperar varios años debido a que la LBMA exige que las refinerías de metales preciosos operen por lo menos cuatro años antes de buscar la acreditación, tiempo que se cumplió justo en momentos en que surgió la pandemia, lo que hizo postergar el proceso, que se retomó hace poco más de dos años.
Angelo Rabagliati, gerente de Comercialización de Subproductos de Codelco, cuenta que el proceso de certificación consideró varias etapas con reiteradas visitas a las instalaciones y exhaustivos procedimientos de pruebas a cargo de especialistas de la LBMA. “Entre estos procedimientos se llevaron a cabo varias inspecciones en terreno, verificación de documentos de proveedores y pruebas físicas. Nuestras barras de plata fueron examinadas y evaluadas por árbitros independientes, que revisaron muchos detalles, como la dimensión, superficie, apilamiento y pruebas químicas de pureza”, describió.
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Crecimiento
Autoridad ambiental aprueba de manera unánime el proyecto que extiende la vida útil de la División Ministro Hales hasta 2054
La iniciativa involucró la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Involucrará una inversión de US$2.800 millones y elevará la producción de la división a 200 mil toneladas anuales, desde las actuales 170 mil toneladas.
La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Antofagasta aprobó de manera unánime el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Desarrollo Futuro División Ministro Hales (DMH)”, que permitirá extender la operación de ese yacimiento desde 2026 hasta 2054, con una inversión de US$2.800 millones.
Entre los hitos más relevantes del proceso de evaluación destaca la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que involucró a 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI). Este proceso de diálogo permitió incorporar mejoras sustantivas en el diseño del proyecto y beneficios a la calidad de vida de los habitantes de Calama.
DMH es la más joven de las divisiones de Codelco. Comenzó a operar en 2013, produce actualmente cerca de 170 mil toneladas anuales de cobre fino y emplea a casi cuatro mil personas entre trabajadores propios y contratistas. Con la aprobación de este proyecto, la operación incrementará su capacidad de extracción desde 500 mil toneladas por día (ktpd) a 550 ktpd y el procesamiento se elevará desde 57 ktpd a 65 ktpd, para alcanzar una producción aproximada de 200 mil toneladas de cobre fino anuales. El proyecto utilizará exclusivamente agua desalada o de terceros autorizados, reforzando el compromiso de Codelco con la sustentabilidad.
“Esta aprobación es una señal clara del compromiso de Codelco con la minería responsable y con el desarrollo sustentable del país. Ministro Hales es una operación estratégica y su continuidad asegura empleo, inversión y valor para Chile”, comentó Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.
Mientras que el gerente general (I) de DMH, César Jiménez, destacó el trabajo desplegado desde que ingresó el proyecto al SEIA en agosto de 2023. “Hemos trabajado intensamente durante más de dos años en un proceso transparente y participativo, incorporando mejoras que responden a las inquietudes de la comunidad y a los más altos estándares ambientales”, reflexionó.
Medidas de mitigación
El EIA también considera medidas para mitigar impactos en agua, aire y paisaje. Por ejemplo, se implementarán barreras hidráulicas para proteger el río San Salvador y el acuífero Calama-Yalquincha, y se reforzarán los sistemas de control de emisiones de material particulado, reduciendo las emisiones en la mina desde 3.500 ton/año a 3.080 ton/año.
Además, el proyecto incluye más de 30 compromisos ambientales voluntarios y acciones concretas para la ciudad de Calama, como la pavimentación de más de 15 kilómetros de calles y pasajes, la construcción del parque Norponiente de 15 hectáreas, el barrido y aspirado de vías, y programas de fomento agrícola y de energías renovables, entre otros.
“Este proyecto marca un hito en la gestión ambiental de la minería chilena. Incluye medidas innovadoras para reducir emisiones, proteger recursos hídricos y garantizar un desarrollo armónico con el entorno”, destacó Humberto Rivas, gerente de Medio Ambiente de Codelco.
Con esta aprobación, Codelco reafirma su compromiso con la producción responsable, respaldado por el sello internacional The Copper Mark, y con el desarrollo sustentable de la Región de Antofagasta, asegurando la continuidad de una operación estratégica para el país y para la minería del cobre.
| Consulta indígena con mayor participación de la historia
El EIA de DMH desarrolló un extenso proceso de Participación Ciudadana Anticipada desde fines de 2022, con más del 90% de las organizaciones territoriales de Calama y 46 organizaciones indígenas, con el fin de transparentar las características del proyecto, sus impactos y las medidas de control, mitigación y compensación. Específicamente, la Consulta a Pueblos Indígenas se convirtió en la más grande de la historia del SEIA, con la participación de 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI), con los cuales se desarrollaron más de 200 reuniones de diálogo entre mayo de 2024 y diciembre de 2025, lo que refleja un proceso amplio, profundo y altamente participativo. Los acuerdos alcanzados incluyen medidas de mitigación de impacto por MP10, obras urbanas y de infraestructura vial, programas de fomento agrícola, arborización, energías renovables y medicina ancestral, y mecanismos de seguimiento y trazabilidad. |
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Ingeniería sostenible: Una evolución clave para la minería actual
Patricio Toledo, Technical & Execution Director, Arcadis.
La industria minera se encuentra en un proceso de transformación progresiva, impulsado por desafíos operacionales, ambientales y sociales cada vez más complejos. A la necesidad de mantener altos niveles de productividad y seguridad, hoy se suman exigencias crecientes en materia de sostenibilidad, resiliencia y eficiencia en el uso de los recursos. En este contexto, la ingeniería cumple un rol fundamental como articuladora de soluciones que permitan a la minería adaptarse y evolucionar, enfrentando los distintos desafíos y manteniendo la competitividad en los mercados.
Históricamente, la ingeniería aplicada en la minería se enfocó en asegurar la factibilidad técnica y económica de los proyectos. Sin embargo, la complejidad actual de las operaciones ha permitido avanzar hacia una ingeniería más integrada, no sólo con una visión de la solución técnica particular, sino actualmente es capaz de incorporar desde las etapas tempranas variables como comunidades, enfoque territorial, eficiencia energética, gestión del agua, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Esta evolución no busca reemplazar los enfoques tradicionales, sino complementarlos con una mirada de largo plazo.
El avance de las herramientas digitales ha sido un apoyo relevante en este proceso. Tecnologías como el modelado 3D, gemelos digitales, el manejo de los datos, la inteligencia artificial y la automatización de sus procesos, permiten evaluar escenarios, optimizar diseños y mejorar la toma de decisiones en escenarios cambiantes. En minería, estas capacidades sin duda también contribuyen a fortalecer la seguridad, mejorar el desempeño operacional y reducir incertidumbres.
Ámbitos como la gestión de relaves y del manejo del agua y la infraestructura energética que permitan una operación más “amigable con el medio ambiente” muestran con claridad cómo la ingeniería está incorporando criterios de sostenibilidad de forma cada vez más transversal. Más que un cambio abrupto, se trata de una evolución gradual de hace algunos años que busca fortalecer la confiabilidad de las operaciones y su relación con el entorno, anticipando riesgos y respondiendo a escenarios futuros.
En este contexto, junto a la incorporación de nuevas herramientas, la experiencia técnica, el conocimiento del contexto local y la colaboración en los proyectos siguen siendo esenciales para el éxito de los mismos. Una ingeniería efectiva es aquella que combina innovación con criterio técnico, entendimiento territorial y diálogo con los distintos actores involucrados en los proyectos.
Chile cuenta con condiciones favorables para seguir avanzando en esta dirección. La trayectoria minera del país, junto con marcos regulatorios más exigentes y la necesidad de avanzar en la transición energética, han impulsado una reflexión profunda sobre cómo diseñar y operar infraestructura minera de manera más sostenible y resiliente.
Desde Arcadis, con 45 años de presencia en Chile y más de 136 años de experiencia a nivel global, hemos acompañado esta evolución poniendo énfasis en una ingeniería que agrega valor real a los proyectos, integrando estándares internacionales y criterios de sostenibilidad en el largo plazo con la realidad específica de cada operación. Esta combinación permite desarrollar soluciones técnicas sólidas en el ámbito de la ingeniería, alineadas con los desafíos actuales de la industria.
La minería continúa siendo un pilar clave para el desarrollo del país. Acompañar su evolución mediante una ingeniería sostenible, rigurosa y progresiva es fundamental para fortalecer su competitividad, su relación con el entorno y su proyección de largo plazo.
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