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Marco Riveros, de Cochilco: “Codelco es la empresa más importante del país y es la más obligada a cumplir estándares de probidad y transparencia”

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Marco Riveros reconoce que hay preocupación por los casos de falta de probidad y transparencia de Codelco en divisiones como Salvador, pero enfatiza también que la cuprera está realizando mejoras. Adelanta que en 2021 vienen más fiscalizaciones para la minera, las que incluirán investigar la ejecución de su millonaria cartera de proyectos.

Marco Riveros no le teme a los procesos polémicos. En su cargo como fiscal de Corfo le tocó analizar el contrato que SQM tenía con el Estado por las pertenencias mineras que la privada en manos de Julio Ponce tiene en el salar de Atacama y fue el primero en calificar de “deficitario” el compromiso que la minera no metálica firmó con el Fisco, abriendo con eso un largo conflicto entre Corfo y SQM, y que tuvo a las partes en un arbitraje que se extendió por más de cuatro años.

Hoy tiene a la principal productora de cobre del mundo en la mira y está realizando mayores y profundas auditorías y fiscalizaciones a la cuprera, principal mandato que le entregó el ministro de Minería, Baldo Prokurica, cuando asumió la vicepresidencia ejecutiva de Cochilco, en enero pasado. Solo por el tema Salvador, el organismo ya ha iniciado más de cinco procesos, algunos aún en marcha, labores que se suman a la investigación que realizaron en el marco del caso Seguros y que han hecho que varios de esos procesos hoy estén en manos del Ministerio Público para ver las responsabilidades ante potenciales delitos y faltas de probidad de algunos ejecutivos y trabajadores de Codelco.

Para Riveros, Codelco es una empresa “íntegramente pública” y, por lo tanto, debe ser fiscalizada con el mismo estándar que el resto de los organismos públicos; contrario a la tesis que Codelco ha manifestado en el proceso judicial que tiene la minera con la Contraloría. “En nuestras fiscalizaciones y auditorías aplicamos los estándares que la Contraloría establece para todos los organismos públicos y lo vamos a seguir haciendo, porque eso es lo que nos obliga la ley”, dice el vicepresidente ejecutivo de Cochilco.

¿Está preocupado con lo que está descubriendo en las investigaciones que han realizado en la División Salvador?

-Por supuesto que nos preocupa. Es nuestro deber que nos preocupemos de eso. Es nuestro deber que a través de las auditorías que realicemos, las empresas mejoren los estándares en estas materias. Nuestro propósito es que las empresas públicas funcionen bien y que mejoren sus resultados y mejoren el respeto a sus normas.

¿Hay un acento especial del organismo en Salvador, dado el proceso judicial que Codelco y el Consejo de Defensa del Estado tiene contra el expresidente ejecutivo de la compañía?

-A veces las situaciones específicas o casos puntuales concitan la atención de todos sobre una determinada actuación. Nosotros somos un organismo técnico, y lo técnico exige profundidad en las investigaciones. Por mandato legal no nos quedamos en la superficie ni en las apariencia de las cosas, tratamos de llegar al fondo y determinar dónde están las eventuales responsabilidades si es que hay alguna infracción. El mandato ha sido el mismo y creo que la comisión siempre ha realizado su trabajo con esa premisa, que hoy resulte ser un tema relevante sobre el cual se pone el acento, es porque hay una exigencia general, un estándar que hace que esto tenga mayor importancia. Ahora, no todos los procesos tienen la misma repercusión; obviamente, en este caso se da porque las personas que son eventualmente responsables, son de distintas jerarquías y las jerarquías de las personas involucradas pueden determinar una diferencia.

¿Es preocupante, porque estamos hablando del propio expresidente ejecutivo, ejecutivos de la minera e incluso directores?

-Hay varios factores que inciden. También la naturaleza de la conducta. Es distinto un descuido a un favorecimiento. Lo que evacuamos son informes de auditoría o de fiscalización, pero la eventual comisión de un delito es competencia de órganos distintos. Sin embargo, nuestros informes y fiscalizaciones en varias ocasiones sirven de antecedentes para que el Ministerio Público inicie investigaciones.

¿Es relevante para Cochilco que sus informes sean requeridos por la Fiscalía?

-Para nosotros el reconocimiento proviene de que cumplamos lo que nos dice la ley y el uso que puede ser el Ministerio Público o la Fiscalía de nuestros informes, es un índice que muestra que estamos cumpliendo con lo que nos obliga la ley, pero no nos suma ningún reconocimiento adicional. No fija metas ni propósitos y tampoco valida nuestro trabajo que la Fiscalía haga uso de nuestros informes.

¿Siente que la compañía está corrigiendo las malas prácticas?

-Por supuesto, y lo vemos en las corrección que ellos mismos informan a la comisión. En nuestros informes de auditorías hacemos sugerencias e informamos a los órganos competentes de las empresas que tienen que corregir o mejorar algunos aspectos y la respuesta que hemos tenido y las verificaciones que hemos realizado demuestran que las empresas corrigen esas cosas. Percibimos que hay bastante receptividad, tanto en Codelco como en Enami sobre esas materias.

¿Tomaron el guante de la crítica que recibieron por la falta de fiscalización cuando comenzó el conflicto de Codelco con la Contraloría?

-Por supuesto. Ningún organismo público puede quedar impávido frente a una crítica que tiene algo de sustento y eso determinó que el Ministerio (de Minería) impusiera un lineamiento de mayor atención y de mayor fiscalización y nosotros creemos que estamos respondiendo bien a esa demanda. Tenemos un balance preliminar que es bastante positivo en su resultado.

¿Van en línea con lo que hace la Contraloría respecto a Codelco?

-En nuestras fiscalizaciones y auditorias aplicamos los estándares de probidad y transparencia que la contraloría establece para todos los organismos públicos y lo vamos a seguir haciendo, porque eso es lo que nos obliga la ley. Por lo tanto, no es una discusión (conflicto judicial) que determine el nivel de nuestra fiscalización. En eso no tenemos dudas, Codelco es la empresa más importante del país y es la más obligada a cumplir estándares de probidad y transparencia.

¿Ve un riesgo en la competitividad internacional de Codelco si es tratada como una empresa pública?

-Estimamos que no. Estos estándares que se exige a Codelco no repercuten en la variable empresarial de Codelco. Además, cuando auditamos o fiscalizamos, estamos sujetos a obligaciones de reserva y confidencialidad de los antecedentes que las empresas nos entregan y eso lo respetamos al pie de la letra. Ahora, cuando decimos que no se puede contratar a parientes si no median ciertas exigencias y obligaciones, sentimos que no estamos afectando la operación comercial de la empresa. Pese a eso, nosotros comprendemos que tiene sustanciales diferencias la acción de un servicio público o de un ministerio de las que tiene una empresa. Pero no se puede olvidar que todas esas instituciones, finalmente, son públicas. Codelco no es una empresa pública privada, es una empresa íntegramente pública, y que se haya determinado que su forma de operar sea una forma empresarial y que se someta a su directorio a las reglas de una sociedad anónima, no hace que deje de ser pública.

Plan de trabajo
¿Cuál es el balance que hace de 2020 en cuanto a auditorías?

-En 2020, aproximadamente, realizamos cuatro o cinco auditorías más de las planificadas que el año anterior. Lo que hacemos durante el año es ejecutar un plan de trabajo que es aprobado por el Consejo de Cochilco que integra el ministro de Minería (Baldo Prokurica) y donde están además, dos representantes del Banco Central y dos representantes que son designados por el Presidente de la República.Y el mandato del 2020 fue enfatizar, reforzar e intensificar las acciones de fiscalización por lo tanto, que este año hayamos tenido un incremento tanto en su cantidad como en su profundidad responde a ese mandato.

¿Terminan el año satisfechos?

-Estamos tranquilos y conformes de haber cumplido todo nuestro plan de trabajo y nos alegramos que se haya evidenciado que hemos puesto un mayor énfasis en los temas de fiscalización. Las fiscalizaciones persiguen que las empresas públicas, en este caso mineras, sean de vanguardia no solo en su rendimiento y producción, sino también en el sentido público.

¿Cuál será el plan de trabajo que tendrá Cochilco el 2021?

-Para 2021 tenemos muchas fiscalizaciones en el plan de trabajo que nos va a aprobar el Consejo de Cochilco a fines de este mes, por ejemplo, en la ejecución de los proyectos, licitaciones y adjudicaciones de contratos de servicios.

¿El 2021 será el año del proyecto de ley que busca centrar el rol de Cochilco en la fiscalización?

-Esto está en período prelegislativo aún. Hemos tenido reuniones con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y también hay una participación del Ministerio de Energía, porque una de las cosas que se ha comentado es la incorporación de Enap a una fiscalización por parte de Cochilco. Esperamos que 2021 sea el año que se inicie la tramitación legislativa propiamente tal.


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Royalty minero recaudó más de US$1.550 millones en su primer año de vigencia y tres mineras concentran el 90% de los pagos

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La cifra global de 2024 arrojó una recaudación mayor a la proyectada por el propio Ejecutivo. Las operaciones de Escondida, Collahuasi y Los Pelambres explicaron por sí solas US$1.398 millones en pagos de acuerdo a la nueva legislación, reafirmando la dependencia fiscal del Estado en un grupo reducido de faenas mineras, altamente rentables.


Una recaudación mayor a la proyectada consiguió durante 2024 la aplicación del nuevo royalty minero, en su primer año de vigencia. Si el Ejecutivo estimaba que el cobro tributario específico, aprobado en agosto de 2023, recaudaría en torno a US$1.350 millones en régimen, lo cierto es que la cifra del primer año de aplicación arrojó un número superior a ese. Al menos así lo revela un análisis realizado por la consultora 1st Quartil Mining, a los balances de la mineras que informaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en sus estados de resultados los pagos relacionados con este y otros impuestos.

Así, de acuerdo con sus cálculos, el royalty minero generó una recaudación superior a los US$1.550 millones, considerando las trece principales operaciones mineras del país (ver gráfico), de un total de 34 sociedades afectas al régimen específico. Las cifras revisadas por la consultora no consideran el impuesto ad valorem correspondiente al 1% de los ingresos por ventas de cobre. El ejercicio fue liderado por el director ejecutivo de la entidad, Claudio Valencia.

Del total contabilizado, sólo tres operaciones concentran el 90% de los pagos: Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo operado por BHP -que cuenta con el 57,5% de la propiedad-, aportó con US$839 millones, siendo el mayor de los pagos en toda la industria minera del cobre y explicando el 54% del total. La cifra, neta de otros beneficios de los impuestos a las ganancias, es sólo una parte de los tributos totales que pagó la minera en el ejercicio pasado, que alcanzaron los US$ 2.371 millones, incluyendo los impuestos a la renta, donde las mineras pagan el mismo 27% corporativo que el resto de la industria.

Sin embargo, la reconciliación de la tasa de impuesto efectivamente pagada por Escondida arroja una cifra aún mayor: US$969 millones por concepto de royalty minero. Según detallan los propios balances de la compañía, el monto se compara con el pago por US$226 millones realizado durante 2023 por concepto del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), que regía en ese entonces.

La aplicación del nuevo royalty minero hizo que para la principal operación productiva de cobre del país la tasa aplicada en gravámenes específicos saltara desde el 5,75% en 2023, al 17,11% en 2024.

Cabe recordar que el nuevo esquema tributario del sector pasó de gravar el resultado operacional de las mineras en una escala de tasas que rondaba entre 5% y 14%, a aplicar una escala de impuesto sobre el nivel de la producción de cada firma. De esta forma, aquellas firmas que producen menos de 50 mil toneladas anuales pagan entre un 0,4% y un 4,4%, mientras que aquellos productores que superen dicho nivel y más de la mitad de ella corresponda a cobre, pagarán un componente ad valorem de 1%, y además una tasa progresiva que va de 8% a 26% del margen operacional minero.

Escondida produjo en el ejercicio pasado un total de 1.241 mil toneladas de cobre fino, un 16% superior a lo visto en 2023. En dicho período, las utilidades de la minera alcanzaron los US$3.290 millones, El nuevo esquema tributario hizo que la minera anotara un aumento de 61% en el pago de impuestos, en comparación al mismo periodo de 2023.

El segundo actor que más contribuyó con los pagos contabilizados por 1st Quartil Mining fue Collahuasi, con aportes por US$363 millones. La operación, controlada por el joint venture entre Anglo American y Glencore, donde cada una cuenta con el 44% de la propiedad, y consorcio Japan Collahuasi Resources, el 12% restante, informó en sus balances que la tasa impositiva en 2024 alcanzó el 14,4%, versus el 6,7% visto en 2023, año en que pagó US$152 millones por el IEAM.

El resultado pasó por las 558 mil toneladas en producción de cobre que reportó la operación durante el ejercicio, lo que le permitió obtener utilidades por US$1.542,9 millones, y un reconocimiento por concepto de impuestos de US$969,9 millones.

En los documentos enviados por la minera a la CMF, habla de US$383,3 millones por concepto del royalty minero, calculado sobre la renta imponible operacional. A ello suma US$44,1 millones correspondientes al componente ad valorem calculado sobre las ventas.

El total, dice la propia compañía, asciende a los US$427,4 millones en reconocimientos por concepto de royalty minero.

El tercer actor que completa el listado de mineras que más pagan royalty es Los Pelambres, donde el grupo Luksic tiene el 60% de la propiedad, y un consorcio japonés, el 40% restante. Según la consultora, los aportes por royalty minero de Pelambres fue de US$196 millones en 2024. El cargo se compara con los US$86 millones pagados por la minera en 2023 por concepto del IEAM.

Según detallan los estados de resultados de Pelambres, la tasa aplicada para el cálculo del gravamen de la minera fue de un 12,73%, versus el 6,3% que se le aplicó con la legislación tributaria anterior.

Impacto en la competitividad

La mayor parte del resto de las operaciones mineras de cobre privadas realizaron aportes significativamente menores, incluso con montos inferiores a los US$ 70 millones. Además, varias de ellas no registraron pagos, como Spence, de BHP, dada la invariabilidad tributaria con la que cuenta dicha operación hasta 2032. En el grupo de las mineras que tampoco registraron pagos de royalty minero, también se encuentra Quebrada Blanca, controlada en un 60% por la canadiense Teck, un 30% de Sumitomo y el 10% que Codelco compró a Enami en 2024. La minera informó pérdidas por US$779 millones en 2024.

En el análisis de Valencia, los resultados muestran además de la concentración del 90% de los pagos en tres actores, un impacto en la competitividad del sector.

“Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, el impacto del royalty en la competitividad de la industria minera nacional y el atractivo para la inversión debe ser siempre monitoreado y comparado frente a otros distritos mineros. Es fundamental para resguardar la competitividad, sostenibilidad y atractivo del país como destino de inversión minera”, indicó.

También, apuntó a la preocupación que sus clientes le han expresado por el correcto uso de los recursos.

”Un uso adecuado de estos fondos permite mejorar la calidad de vida de las comunidades y fomentar un desarrollo económico más diversificado y sostenible. Cuando la ciudadanía percibe beneficios concretos en su entorno, se fortalece la legitimidad social de la minería y se reduce la conflictividad. Por el contrario, la falta de planificación, control o transparencia en la asignación de estos recursos puede traducirse en malgasto, clientelismo o pérdida de confianza en las instituciones. Por ello, una gestión eficaz y estratégica del royalty no solo es una obligación ética, sino también una condición para asegurar el desarrollo armónico de los territorios mineros y la continuidad de la actividad extractiva con respaldo social”, agregó.

 



Fuente/Pulso/LaTercera
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Una mujer liderará directorio de SQM

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De forma sorpresiva para el mercado, SQM informo la renuncia sorpresiva del presidente y vicepresidente de su directorio, Gonzalo Guerrero y Patricio Contesse F., respectivamente.

Asimismo, por primera vez en su historia, el mayor productor de litio del mundo pasará a ser liderado por una mujer


A través de un hecho esencial la compañía comunicó la renuncia del actual presidente y vicepresidente de su directorio y el nombre de quien presidirá la instancia.

SQM informó este martes la renuncia del presidente y vicepresidente de su directorio, Gonzalo Guerrero y Patricio Contesse, respectivamente. Asimismo, por primera vez en su historia el mayor productor de litio del mundo pasará a ser liderado por una mujer, Gina Ocqueteau.

Según reportó la compañía a través de un hecho esencial presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, ambos ejecutivos presentaron su dimisión a los cargos pero mantendrán otros roles dentro del mismo directorio.

El directorio reunido en sesión ordinaria, eligió a la directora Gina Ocqueteau como presidenta, mientras que Gonzalo Guerrero pasó al cargo de vicepresidente. Por su parte, Patricio Contesse, se mantendrá como director de la minera.

El cambio del gobierno corporativo de la firma respondería a una política interna que ha llevado adelante SQM desde la salida de su histórico presidente Julio Ponce Lerou tras 28 años y que contempla la renovación de los altos mandos del directorio cada tres años.

La primera mujer presidenta

Enfermera de la Universidad de Chile con un MBA de ESADE Bussiness School, Gina Ocqueteau se desempeñaba desde abril de 2022 como directora independiente de SQM por la serie A, tras ser postulada por el Grupo Pampa Çalichera (que elige 3 de los 8 integrantes del directorio).

A lo largo de su carrera se ha destacado por ocupar distintas gerencias de la ACHS, asi como su participación en una serie de directorios de distintas compañías. En la vereda pública, integró el Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en 2021.

De acuerdo a la página web de SQM, actualmente es la Directora de la Cámara de Comercio Asia Pacífico y Fundación Marca Chile, consejera de Chile Mujeres, docente de BOW Mujeres Empresarias, cofundadora de Unión Emprendedora, socia fundadora de CrossCheck y gerenta general de Waygroup Chile. También es directora de Enel Chile desde abril de este año.

 



Fuente/Diario Financiero
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Gobierno cierra misión en Bruselas con acuerdos estratégicos para fortalecer estrategia de minerales críticos

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Ministra Aurora Williams encabeza misión sobre minerales críticos en Bruselas para fortalecer alianza estratégica con la Unión Europea

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Codelco acuerda términos y condiciones con BHP para la exploración de su pertenencia “Anillo”

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