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EL LUGAR CON MÁS LITIO ESTÁ ARRUINANDO LA REVOLUCIÓN DE LOS AUTOS ELÉCTRICOS

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Un trozo de Sudamérica del tamaño de California está ahogando la producción del metal en un momento en que los fabricantes de baterías lo necesitan desesperadamente.


Aclamado como la Arabia Saudita del litio, este pedazo de terreno del tamaño de California representa alrededor del 55% de los depósitos conocidos del mundo del metal, un componente clave en las baterías de los autos eléctricos.

Como aprendió recientemente el gigante chino de los autos eléctricos BYD Co., aprovechar ese recurso puede ser un reto. A principios de este año, después de que la empresa obtuviera un contrato gubernamental para la extracción de litio, los habitantes de la zona salieron a la calle para exigir la anulación de la licitación por su impacto en el suministro de agua local. En junio, la Corte Suprema de Chile anuló la adjudicación, alegando que el gobierno no había consultado primero a los indígenas.

“Quieren producir más y más litio, pero nosotros somos los que pagamos el precio”, explicó Lady Sandón, presidenta de uno de los dos pueblos indígenas atacameños que presentaron una demanda contra la subasta. Una representante de BYD no hizo comentarios al respecto.

En el llamado Triángulo del Litio, que abarca partes de Chile, Bolivia y Argentina, se están produciendo retrocesos similares. La producción se ha visto afectada por los gobiernos de izquierda que buscan un mayor control del mineral y una mayor participación en los beneficios, así como por las preocupaciones medioambientales y el mayor activismo de las comunidades andinas locales, que temen ser dejadas de lado mientras los extranjeros se enriquecen.

En un momento de explosión de la demanda que ha hecho subir los precios del litio un 750% desde principios de 2021, los analistas del sector temen que Sudamérica pueda convertirse en un importante estancamiento para el crecimiento de los vehículos eléctricos.

“Hoy, todos los principales fabricantes de automóviles están completamente interesados en vehículos eléctricos”, dijo Brian Jaskula, un experto en litio en el Servicio Geológico de Estados Unidos. “Pero el litio puede no ser suficiente”, agregó.

En Bolivia, el gobierno nacionalizó su industria del litio hace años y aún no ha producido cantidades significativas del metal. México, un actor menor, también nacionalizó recientemente el litio. En Argentina, la producción está empezando a despegar.

En Chile, donde el litio ya está fuertemente controlado, el nuevo gobierno de izquierda del Presidente Gabriel Boric planea crear una empresa estatal de litio tras criticar las privatizaciones de materias primas realizadas en el pasado como un error. Una nueva constitución, si se aprueba en un plebiscito de salida en septiembre, reforzaría las normas medioambientales y los derechos de los indígenas sobre la minería.

“Se trata de un recurso estratégico para la transición energética”, aseguró la Ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando. Recientemente, Hernando declaró ante el Congreso que, aunque el Gobierno no dispone de los conocimientos técnicos necesarios para extraer litio por sí mismo, insistirá en el control mayoritario de cualquier empresa conjunta con aquellas privadas.

Hace unos años, Chile era el mayor productor de litio del mundo, con una producción ligeramente superior a la de Australia. Mientras que el país latinoamericano ha ampliado la producción en sus operaciones existentes en un 80% desde 2016 a unas 140.000 toneladas anuales, no ha abierto una nueva mina en unos 30 años. Ahora produce aproximadamente la mitad que Australia, que ha cuadruplicado su producción en los últimos cinco años, según el USGS.

A diferencia del petróleo, que se produce en todo el mundo, el litio es menos común. América del Sur, Australia y China son los lugares clave. Fuera de Sudamérica, se extrae de la roca dura. En la región, el litio se encuentra en aguas subterráneas saladas que se evaporan con el sol tras ser bombeadas a grandes estanques artificiales. El litio de Sudamérica es menos costoso de producir, pero los mineros dicen que el inconveniente es que se tarda mucho más en construir una mina: unos ocho años.

A su vez, las autoridades chilenas y los ecologistas se preocupan por el impacto en el suministro de agua. Willy Kracht, subsecretario de minería de Chile, comentó recientemente que se necesitan hasta 2.800 metros cúbicos de agua para producir una tonelada de litio en Chile, frente a los 70 metros cúbicos de una tonelada de cobre.

Los ecologistas creen que la minería ha provocado que algunas lagunas cercanas se sequen, perjudicando a la población de flamencos salvajes que dependen de ellas para alimentarse de camarones y construir sus nidos. “El daño es irreversible”, afirma Cristina Dorador, bióloga que formó parte de la asamblea especial que redactó el borrador de la nueva Constitución de Chile.

Los mineros del litio niegan que sus operaciones hayan afectado a las lagunas, las cuales supervisan junto con las comunidades locales.

En 2017, Tim Fernback se mostró optimista sobre su proyecto de litio en Chile, un líder del libre mercado en la región que normalmente ha dado la bienvenida a los mineros extranjeros que extraen cobre y otros metales. Su empresa con sede en Vancouver, LiCo Energy Metals, adquirió una propiedad en el Salar de Atacama, un vasto salar rodeado de volcanes nevados.

Fernback, que fue director de operaciones de LiCo, dijo que se reunió con la población local para explicar los planes de la empresa y ofreció construir una planta para suministrar agua potable. Pensó que las reuniones habían ido bien. Cuando llegó el momento de perforar la superficie cubierta de sal, los residentes bloquearon las carreteras en señal de protesta, alegando problemas medioambientales. Creyendo que el proyecto era inútil, LiCo abandonó Chile en 2019.

“Se sentía como una puñalada por la espalda”, aseguró Fernback. “Entramos allí, nos gastamos un montón de dinero en la propiedad, de la que tuvimos que salir. ¿Quién más va a querer hacer eso?”.

Chile perdió su liderazgo mundial en litio en parte porque el Estado ha mantenido un estricto control desde la década de 1970, cuando la dictadura militar del general Augusto Pinochet lo declaró recurso estratégico por ser un componente de las bombas nucleares.

Las dos mineras de litio que operan aquí alquilan sus tierras a un organismo estatal, que limita la cantidad que pueden producir. La exportación también requiere un permiso especial de la agencia nuclear del gobierno.

Para ampliar su producción, la empresa estadounidense Albemarle Corp. firmó en 2016 un nuevo contrato que le obliga a pagar cánones de hasta el 40%, un nivel máximo en el sector. Con la esperanza de añadir valor a nivel nacional en lugar de limitarse a exportar la materia prima, el gobierno exigió a Albemarle que proporcionara hasta el 25% de su producción de litio a un bajo precio de mercado a las empresas que lo procesan localmente. La empresa también entrega parte de sus ventas a las comunidades indígenas.

“Si la regulación del litio en Chile fuera como la del cobre, puedo asegurar que habría muchas más minas”, señaló el country manager de Albemarle en Chile, Ignacio Mehech. “Tenemos que ser capaces de producir el litio que el mundo necesita”, agregó.

El entorno operativo para los mineros del litio se va a complicar aún más con el ascenso de un nuevo grupo de líderes de izquierdas en América Latina, una región cuya historia está marcada por las batallas sobre el papel del Estado en el desarrollo de sus riquezas naturales.

Con las economías golpeadas por la pandemia y la gente lidiando con una inflación galopante, las autoridades de algunos países latinoamericanos afirman que un control estatal sólido sobre el litio ayudará a impulsar el desarrollo local y a llenar las arcas públicas.

Sin embargo, es una apuesta que corre el riesgo de estropear la producción de litio si las exigencias del gobierno hacen que sea demasiado costoso y difícil para los inversores extranjeros con la experiencia y el capital para construir minas, dicen los analistas de la industria. Las empresas públicas, por su parte, corren el riesgo de gestionar mal el recurso en una región donde las compañías estatales llevan mucho tiempo inmersas en la corrupción y el nepotismo.

“Latinoamérica es especialista en matar gansos de oro y una de las formas más rápidas de hacerlo es a través del nacionalismo de los recursos”, declaró Benjamin Gedan, un experto en Woodrow Wilson Center de América Latina, con sede en Washington, que sigue de cerca la industria del litio de la región. “Este boom podría convertirse muy rápidamente en una quiebra si se presentan malas políticas”, explicó.

Gedan califica a Bolivia como el último ejemplo de precaución. El país vecino a Chile, una de las naciones más pobres del mundo, nacionalizó el litio en 2008 bajo el mandato del ex presidente Evo Morales, que prometió convertir el país en una potencia minera que fabricara baterías y autos eléctricos. El gobierno creó una empresa estatal de litio, Yacimiento de Litio Bolivianos, o YLB. Bolivia gastó unos US$ 900 millones en una fábrica y otras infraestructuras para extraer litio del ventoso salar de Uyuni, en Potosí, el estado más pobre de Bolivia y donde el imperio español saqueó la plata.

Años después de la inauguración de la fábrica en 2013, la producción es prácticamente inexistente. En 2021, Bolivia produjo apenas 540 toneladas de carbonato de litio, según YLB, o lo que produce Chile en un día y medio.

Juan Carlos Zuleta, un economista que dirigió brevemente YLB en 2020, dijo que debido a la falta de conocimientos y tecnología, la empresa sólo pudo recuperar alrededor del 9% del litio que extrajo de las salmueras, lo que la hace comercialmente inviable. Las dos grandes minas de litio existentes en Chile tienen una tasa de recuperación de alrededor del 50% o más.

“El gobierno ha pasado casi 14 años tratando de desarrollar el litio en el país y ha fracasado”, comentó Zuleta. “Estoy seguro de que estamos perdiendo una oportunidad de oro”.

En Río Grande, un pueblo al borde del salar, los residentes esperaban que el litio trajera empleo y modernidad. Pero las carreteras del pueblo siguen sin asfaltar. El hospital más cercano está a una hora y media de distancia. No hay policía, bancos ni Wi-Fi. Los jóvenes, incapaces de encontrar trabajo, emigran a Chile.

Donny Ali, oriundo de Río Grande, construyó el Hotel Lithium, previendo la afluencia de gente de negocios. Hoy, las ocho habitaciones del hotel están vacías. “Este lugar sigue olvidado”, dijo Ali.

Al igual que otros habitantes de Potosí, Alí desconfiaba de los extranjeros que querían explotar el litio de Bolivia, ya que creía que la población local no se beneficiaría. Ahora, cree que las empresas extranjeras son necesarias.

“La política de nacionalización no nos ha llevado por un buen camino”, afirmó Ali. “Han utilizado los recursos del Estado, pero no hay nada que mostrar”.

El Ministerio de Energía de Bolivia y YLB no hicieron comentarios al respecto.

El punto más brillante para la producción de litio en Sudamérica ha sido Argentina, que hasta ahora se ha mostrado más abierta a la inversión privada, una fuente de ingresos muy necesaria para el gobierno con problemas de liquidez. Las autoridades ofrecen a las empresas acuerdos de estabilidad fiscal y han suavizado algunos controles monetarios que asfixian a otros sectores, según las propias compañías que operan allí.

En consecuencia, el país ha recibido una fuerte llegada de inversores, como la minera anglo-australiana Rio Tinto PLC, el fabricante chino de baterías Ganfeng Lithium Co. y la multinacional francesa Eramet SA. Los gigantes mundiales del automóvil también apuestan cada vez más por Argentina, y Toyota tiene una participación en una mina local. Ford y BMW tienen acuerdos para recibir litio argentino.

Argentina podría tener 19 minas de litio en 2031, frente a las dos actuales, según Lukasz Bednarski, analista de litio de IHS Markit, una consultora con sede en Londres. La producción anual podría alcanzar las 230.000 toneladas a finales de la década, lo que supone multiplicar por seis la actual, según el Gobierno.

“Estamos viendo un boom de inversiones mineras y eso va a continuar”, advirtió Matías Kulfas, que fue ministro de Producción hasta junio.

Sin embargo, algunos observadores señalan el fracaso de Argentina a la hora de desarrollar otros recursos prometedores, incluido un enorme yacimiento de gas de esquisto en el extremo sur del país que suscitó un entusiasmo similar hace una década. El peronismo gobernante en el país tiene un historial de intervención en sectores económicos clave y de incumplimiento de acuerdos. Y algunos legisladores ya piden un mayor papel del Estado en el litio.

El país, que está lidiando con la escasez de combustible, está muy atrasado en la construcción de la infraestructura energética necesaria para alimentar sus nuevos proyectos de litio, explicó Emily Hersh, directora ejecutiva de Luna Lithium, una empresa de exploración.

Hersh, quien además es economista, señaló que la prolongada volatilidad económica del país también perjudicará el desarrollo del litio. “Espero que cualquiera que opere en Argentina haya calculado adecuadamente y se haya preparado para una catástrofe económica en cualquier momento”, advirtió.


Fuente/Pulso/Tercera
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Día Internacional del Sueño: dormir bien, el pilar olvidado de la salud mental

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Por Jacquelin Hormazábal, académica de Psicología UNAB.

Hablar de salud mental es cada vez más común, sin embargo, raramente mencionamos algo tan básico como el dormir bién. Vivimos en una época donde descansar pareciera ser un lujo, y quedarse despierto/a hasta tarde trabajando o mirando el celular se celebra como un signo de compromiso y productividad. Desde la Psicología sabemos que un sueño reparador es uno de los pilares fundamentales para el bienestar emocional y mental. 

En el marco del Día Internacional del Sueño, que se conmemora un 13 de marzo, es prudente señalar que dormir bien no es solo “no estar cansado”, es un proceso biológico esencial en el que el cerebro limpia información innecesaria, organiza recuerdos y regula nuestras emociones.

Durante el sueño profundo, especialmente en sus fases REM y no REM, se activan mecanismos que depuran la información acumulada durante el día. Este procesamiento nocturno actúa como una especie de “higiene mental”, permitiéndonos integrar aprendizajes, gestionar el estrés y estabilizar el estado de ánimo. Las personas que duermen mal presentan mayor irritabilidad, dificultad para concentrarse y una menor tolerancia a la frustración, síntomas que, sostenidos en el tiempo, pueden abrir la puerta a trastornos afectivos y ansiosos.

Desde la terapia psicológica, también observamos cómo el insomnio puede ser tanto un síntoma como una causa. Las preocupaciones, el exceso de pensamiento rumiativo o una hiperactivación emocional suelen alterar el ciclo circadiano, pero, a su vez, la falta de descanso agrava la vulnerabilidad emocional, generando un círculo difícil de romper. 

Por ello, intervenir en los hábitos de sueño —a través de la psicoeducación, la higiene del sueño y la regulación emocional— constituye una herramienta terapéutica de primer orden.

Dormir bien no es solo cerrar los ojos. Implica establecer una rutina estable, desconectarse de pantallas, respetar nuestros ritmos internos y concederse el derecho a descansar sin culpa. En tiempos donde el cansancio se normaliza y la ansiedad se multiplica, reivindicar el sueño como acto de autocuidado es, paradójicamente, una forma de resistencia psicológica. Quizás la próxima revolución por la salud mental comience, simplemente, por volver a dormir bien.

 


Columna de Opinión/Jacquelin Hormazábal, académica de Psicología UNAB.
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Una minería que transforma

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Por Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO

El inicio de un nuevo año siempre invita a mirar el futuro con perspectiva. En el caso de la minería chilena, esa mirada no puede ser neutra ni complaciente: estamos frente a una industria que sigue siendo estratégica para el desarrollo del país, pero que enfrenta desafíos estructurales que exigen decisiones oportunas, visión de largo plazo y una conversación pública mejor informada.

Chile llega a este nuevo ciclo con fortalezas indiscutidas. Lideramos la producción mundial de cobre, contamos con décadas de experiencia minera, capacidades técnicas reconocidas a nivel internacional y un rol insustituible en la transición energética global. Sin embargo, ese liderazgo no es automático ni garantizado. Competimos en un escenario global cada vez más exigente, donde la inversión es móvil, los estándares ambientales y sociales son más altos, y la certeza regulatoria se ha vuelto un factor decisivo.

En este contexto, desde CESCO hemos insistido en la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción. Las 21 Propuestas para una minería competitiva y sostenible, elaboradas a partir del diálogo con actores públicos y privados, buscan precisamente contribuir a ese tránsito. No se trata de un listado técnico ni de una agenda sectorial cerrada, sino de una hoja de ruta que aborda temas claves para el futuro de la minería chilena: el fortalecimiento institucional, una simplificación de los procesos de permisos, la atracción de inversión en exploración, el desarrollo de capital humano, la innovación tecnológica, la relación con los territorios y la inserción de Chile en las cadenas de valor globales.

Estas propuestas nacen de una convicción profunda. La minería puede y debe seguir siendo un motor de crecimiento económico, pero también un espacio de transformación productiva, social y ambiental. Una minería que genera valor no solo a partir de sus recursos naturales, sino también desde el conocimiento, la colaboración y la confianza.

El año que comienza se abre además bajo una nueva administración, lo que representa una oportunidad relevante para renovar acuerdos, alinear prioridades y avanzar en políticas públicas que otorguen señales claras al sector. El desafío es compartido, que es construir un marco que permita destrabar proyectos, acelerar inversiones y, al mismo tiempo, elevar los estándares de sostenibilidad y participación. La minería requiere reglas claras, instituciones sólidas y una visión país que entienda su rol estratégico en el desarrollo de Chile.

Desde CESCO seguiremos aportando evidencia, análisis y espacios de diálogo para enriquecer esta conversación. Nuestro compromiso es contribuir a una minería que no solo responda a las demandas del presente, sino que se prepare activamente para los desafíos del mañana.

Porque una minería que transforma es, en definitiva, una minería que piensa el futuro del país.

 


Fuente/ Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO/CESCO
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Pequeña y mediana minería: Una agenda legislativa viable para los primeros 100 días

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Por: Patricio Cartagena D.
Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
Abogado, Ex Director Nacional Sernageomin.

Los primeros 100 días de un nuevo gobierno no están llamados a agotar la acción pública, sino a ordenar prioridades, fijar rumbo e ingresar los proyectos de ley que estructurarán el ciclo político. La noción de los primeros 100 días no es una consigna comunicacional: es una tradición política consolidada desde la experiencia histórica del New Deal de 1933, entendida como la ventana inicial para demostrar conducción, control de agenda y capacidad real de impulsar reformas estructurales.

En esa lógica, la señal más relevante en esta etapa no es la ejecución inmediata, sino la decisión política de ingresar iniciativas legislativas bien diseñadas, con diagnóstico compartido y alta viabilidad de tramitación. La pequeña y mediana minería (PM y MM) cumplen plenamente con esos criterios. Se trata de un sector con legitimidad histórica, fuerte anclaje territorial y un consenso político transversal en el Congreso.

En ese contexto, esta columna busca aportar insumos técnicos y propuestas concretas para la construcción de una agenda minera del próximo ciclo de gobierno, un ámbito que hasta ahora ha tenido escasa explicitación pública, pese a su relevancia estratégica para el desarrollo productivo y territorial del país. 

Estas propuestas resultan particularmente oportunas en un escenario de precios del cobre y balance de mercado estructuralmente favorables para los próximos años, lo que abre una ventana concreta para mejorar la captura de valor de la PM y MM, aumentar producción efectiva, formalizar actividad y maximizar el retorno económico y fiscal del ciclo minero. No actuar a tiempo implica, simplemente, dejar pasar renta minera disponible por falta de adecuación institucional y normativa.

  1. Ley Marco de Fomento Productivo para la PM y MM

La primera iniciativa debiera ser el ingreso de una Ley Marco habilitante de Fomento Productivo para la Pequeña y Mediana Minería, orientada a rediseñar de manera estructural la relación del Estado con este sector.

No se trata de una ley de beneficios puntuales ni de subsidios coyunturales, sino de un marco jurídico que ordene y articule financiamiento, regulación proporcional (permisos y autorizaciones), sostenibilidad ambiental, desarrollo territorial y fomento productivo bajo una sola arquitectura normativa. En términos de política pública, supone transitar desde una aproximación fragmentada y asistencial hacia una relación estratégica, coherente y permanente entre el Estado y la PM y MM.

Por su carácter habilitante, esta Ley Marco debe preceder las reformas institucionales específicas, particularmente la reforma al gobierno corporativo de ENAMI actualmente en tramitación. Definir primero el modelo y luego ajustar las instituciones no es solo una opción técnica, sino una regla básica de buena gobernanza. 

  1. Modificar el régimen de patente rebajada por trabajo efectivo de la Ley N°21.420

Una segunda iniciativa legislativa prioritaria es perfeccionar el régimen de amparo y patente rebajada por trabajo efectivo introducido por la Ley N°21.420, con el objeto de ampliar su cobertura y simplificar sustantivamente su aplicación. Si bien el principio del amparo por actividad minera va en la dirección correcta, su diseño actual introduce exclusiones y sobrecargas injustificadas para actores que operan en la misma escala productiva, en gran medida por exigencias formales y por un nivel de discrecionalidad administrativa que no se condice con la naturaleza del instrumento.

La corrección propuesta es directa: transitar hacia un sistema de acreditación objetiva de la condición de productor de baja escala, basado en criterios simples y verificables —como la inscripción en los padrones de proveedores de ENAMI u otros registros equivalentes—, evitando la evaluación caso a caso de proyectos y faenas por parte de Sernageomin. Este ajuste permitiría alinear la norma con su finalidad original: incentivar la explotación efectiva de las concesiones, reducir la especulación, otorgar certeza regulatoria a la pequeña y mediana minería y favorecer la inversión productiva y el empleo local, sin alterar el equilibrio fiscal de la medida.

  1. Modificar la Ley N°19.719 para modernizar la patente minera especial

Como complemento inmediato, resulta necesario ingresar una modificación a la Ley N°19.719, que regula la patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, hoy claramente desalineada con la realidad productiva del sector.

La propuesta es directa y razonable: ampliar los límites de superficie (hoy limitada el beneficio a 50 y 100 hectáreas), actualizar los criterios de elegibilidad y extender el beneficio a las formas societarias efectivamente utilizadas por la PM y Minería Artesanal en la actualidad. Esta corrección normativa permitiría mejorar la formalización, reforzar el trabajo efectivo y devolverle sentido a un instrumento que hoy presenta un impacto marginal.

  1. Modernizar la Ley N°19.137 para liberar propiedad minera ociosa

Finalmente, una medida de alto impacto territorial y bajo costo fiscal es ingresar una modificación a la Ley N°19.137, con el objeto de simplificar y hacer efectiva la liberación de pertenencias mineras no explotadas de Codelco hacia ENAMI y, a través de esta, hacia la pequeña minería, en forma obligatoria y sujeta a indicadores de cumplimiento.

Reducir cargas administrativas innecesarias, radicar decisiones en los directorios de las empresas públicas y dotar a ENAMI de un mandato claro para facilitar el acceso real de la PM y MM a estos activos, incluso mediante esquemas de transferencia condicionada o asociatividad productiva, permitiría activar inversión local y exploración vía explotación utilizando recursos ya disponibles del Estado.

Liderazgo para convertir diagnóstico en acción

Estas cuatro iniciativas no parten de cero. Existen diagnósticos, análisis técnicos y propuestas desarrolladas desde el ámbito gremial y académico. El desafío ya no es conceptual ni regulatorio, sino político y estratégico: traccionar esta agenda con liderazgo, decisión y una adecuada secuencia legislativa.

Ingresar estos proyectos de ley en los primeros 100 días permitiría aprovechar un consenso transversal, capturar valor en un ciclo de precios favorable y ordenar la relación del Estado con un sector clave para el desarrollo territorial. 

La pequeña y mediana minería requieren decisiones oportunas, bien diseñadas y ejecutadas con sentido de Estado. El momento político ofrece esa oportunidad. 

 


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Crecimiento

Codelco ingresa al selecto grupo mundial de productores de plata Good Delivery

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Con la certificación entregada por la London Bullion Market Association (LBMA) a la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)— los lingotes de plata de Codelco son los únicos acreditados en Chile, lo que garantiza altos estándares en su producción y ventajas comerciales para alcanzar mejores precios.


Los lingotes de plata que Codelco obtiene como subproducto del cobre y que se producen en la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)—, obtuvieron la certificación Good Delivery que promueve la London Bullion Market Association (LBMA), el estándar más exigente para metales preciosos a nivel global.

Con esto, las barras de plata de Codelco son las primeras del país en acreditarse bajo este estándar y posicionan a la compañía dentro del club internacional de las productoras de plata más relevantes, junto a marcas como Peñoles (México), KGHM (Polonia) y Aurubis (Alemania).

En concreto, esta certificación garantiza que la plata que produce la Corporación, unas 200 toneladas anuales en la actualidad, cumple con los más altos estándares de pureza (99,99%), calidad física y trazabilidad responsable, permitiendo vender a bancos globales e inversionistas institucionales con ventajas comerciales significativas, incluyendo premios sobre el precio base frente a productos no certificados.

Lo que hace LBMA es publicar una lista de productores Good Delivery (o de “buenas entregas”) en oro y plata, que ahora alcanza las 84 plantas refinadoras en el caso de la plata y 66 en el caso del oro. Codelco no puede acceder a certificar su oro, dada su baja producción, ya que la LBMA sólo certifica empresas con producción mayor a 10 toneladas y Codelco produce cerca de dos toneladas anuales.

“Esta certificación para nuestra plata no sólo nos integra a un selecto grupo global, sino que también afianza nuestro compromiso con una producción de excelencia, con más transparencia en su operación y releva nuestro liderazgo en la industria minera consolidándonos como un actor líder en valor agregado y sustentabilidad”, destacó Braim Chiple, vicepresidente de Comercialización de Codelco. Recordó que los metales preciosos que Codelco comercializa los obtiene como subproducto de los barros anódicos o residuos que quedan tras el paso del mineral por las refinerías.

Describió que el contexto actual del mercado de la plata refuerza la relevancia de este hito: en 2025 el precio de la plata creció casi 150% a nivel internacional —hoy se cotiza en torno a los US$ 75 la onza troy— dado que es considerado un activo refugio ante la incertidumbre global y además ha crecido su demanda industrial, asociada a electromovilidad, energías renovables y tecnologías digitales. “Esta combinación ha convertido a la plata en un metal estratégico, y Codelco está preparado para atender esa demanda con un producto certificado y competitivo”, relevó el ejecutivo.

El proceso de acreditación

El joint venture PRM opera desde 2016 a través de una planta instalada en Mejillones. Allí se maquilan los barros anódicos provenientes de las refinerías Chuquicamata, Ventanas y Potrerillos (Salvador). En el caso del oro y la plata son devueltos a Codelco que los comercializa directamente, mientras que otros metales como paladio, platino y selenio, los vende PRM y luego transfiere a la compañía parte del valor.

Para obtener la certificación PRM debió esperar varios años debido a que la LBMA exige que las refinerías de metales preciosos operen por lo menos cuatro años antes de buscar la acreditación, tiempo que se cumplió justo en momentos en que surgió la pandemia, lo que hizo postergar el proceso, que se retomó hace poco más de dos años.

Angelo Rabagliati, gerente de Comercialización de Subproductos de Codelco, cuenta que el proceso de certificación consideró varias etapas con reiteradas visitas a las instalaciones y exhaustivos procedimientos de pruebas a cargo de especialistas de la LBMA. “Entre estos procedimientos se llevaron a cabo varias inspecciones en terreno, verificación de documentos de proveedores y pruebas físicas. Nuestras barras de plata fueron examinadas y evaluadas por árbitros independientes, que revisaron muchos detalles, como la dimensión, superficie, apilamiento y pruebas químicas de pureza”, describió.

 


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Crecimiento

Autoridad ambiental aprueba de manera unánime el proyecto que extiende la vida útil de la División Ministro Hales hasta 2054

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La iniciativa involucró la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Involucrará una inversión de US$2.800 millones y elevará la producción de la división a 200 mil toneladas anuales, desde las actuales 170 mil toneladas.


La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Antofagasta aprobó de manera unánime el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Desarrollo Futuro División Ministro Hales (DMH)”, que permitirá extender la operación de ese yacimiento desde 2026 hasta 2054, con una inversión de US$2.800 millones.

Entre los hitos más relevantes del proceso de evaluación destaca la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que involucró a 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI). Este proceso de diálogo permitió incorporar mejoras sustantivas en el diseño del proyecto y beneficios a la calidad de vida de los habitantes de Calama.

DMH es la más joven de las divisiones de Codelco. Comenzó a operar en 2013, produce actualmente cerca de 170 mil toneladas anuales de cobre fino y emplea a casi cuatro mil personas entre trabajadores propios y contratistas. Con la aprobación de este proyecto, la operación incrementará su capacidad de extracción desde 500 mil toneladas por día (ktpd) a 550 ktpd y el procesamiento se elevará desde 57 ktpd a 65 ktpd, para alcanzar una producción aproximada de 200 mil toneladas de cobre fino anuales. El proyecto utilizará exclusivamente agua desalada o de terceros autorizados, reforzando el compromiso de Codelco con la sustentabilidad.

“Esta aprobación es una señal clara del compromiso de Codelco con la minería responsable y con el desarrollo sustentable del país. Ministro Hales es una operación estratégica y su continuidad asegura empleo, inversión y valor para Chile”, comentó Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.

Mientras que el gerente general (I) de DMH, César Jiménez, destacó el trabajo desplegado desde que ingresó el proyecto al SEIA en agosto de 2023. “Hemos trabajado intensamente durante más de dos años en un proceso transparente y participativo, incorporando mejoras que responden a las inquietudes de la comunidad y a los más altos estándares ambientales”, reflexionó.

Medidas de mitigación

El EIA también considera medidas para mitigar impactos en agua, aire y paisaje. Por ejemplo, se implementarán barreras hidráulicas para proteger el río San Salvador y el acuífero Calama-Yalquincha, y se reforzarán los sistemas de control de emisiones de material particulado, reduciendo las emisiones en la mina desde 3.500 ton/año a 3.080 ton/año.

Además, el proyecto incluye más de 30 compromisos ambientales voluntarios y acciones concretas para la ciudad de Calama, como la pavimentación de más de 15 kilómetros de calles y pasajes, la construcción del parque Norponiente de 15 hectáreas, el barrido y aspirado de vías, y programas de fomento agrícola y de energías renovables, entre otros.

“Este proyecto marca un hito en la gestión ambiental de la minería chilena. Incluye medidas innovadoras para reducir emisiones, proteger recursos hídricos y garantizar un desarrollo armónico con el entorno”, destacó Humberto Rivas, gerente de Medio Ambiente de Codelco.

Con esta aprobación, Codelco reafirma su compromiso con la producción responsable, respaldado por el sello internacional The Copper Mark, y con el desarrollo sustentable de la Región de Antofagasta, asegurando la continuidad de una operación estratégica para el país y para la minería del cobre.

Consulta indígena con mayor participación de la historia

El EIA de DMH desarrolló un extenso proceso de Participación Ciudadana Anticipada desde fines de 2022, con más del 90% de las organizaciones territoriales de Calama y 46 organizaciones indígenas, con el fin de transparentar las características del proyecto, sus impactos y las medidas de control, mitigación y compensación.

Específicamente, la Consulta a Pueblos Indígenas se convirtió en la más grande de la historia del SEIA, con la participación de 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI), con los cuales se desarrollaron más de 200 reuniones de diálogo entre mayo de 2024 y diciembre de 2025, lo que refleja un proceso amplio, profundo y altamente participativo.

Los acuerdos alcanzados incluyen medidas de mitigación de impacto por MP10, obras urbanas y de infraestructura vial, programas de fomento agrícola, arborización, energías renovables y medicina ancestral, y mecanismos de seguimiento y trazabilidad.


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