El vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jaime Pérez de Arce, detalla que una de las condiciones es que el desembolso debe venir completamente de un socio privado y que la mayor parte de los beneficios sean para el Estado.
Junto con Codelco, Enami será el vehículo del Estado para entrar de lleno a la industria del litio, tarea que la firma estatal ya venía preparando y que se materializará en el proyecto Salares Altoandinos, iniciativa que considera la explotación de cinco depósitos en la zona de Siete Salares y que ya cuenta con una exploración básica.
Se trata de los salares La Isla, Aguilar, Las Parinas, Infieles y Grande, con una superficie estimada de unos 152 kilómetros cuadrados y con recursos potenciales de 1.662 kilo toneladas (kt) de litio, ubicados en Diego de Almagro, Región de Atacama.
Las cifras que maneja la estatal respecto del proyecto son que este requerirá de una inversión superior a los US$ 1.500 millones, con un valor actual neto (VAN) de US$ 2.500 millones y que en pleno régimen se estima que sus niveles de producción puedan superar las 60 mil toneladas al año.
“Somos conscientes de la situación financiera de la Enami, por lo que hemos sido transparentes planteando que nuestras condiciones básicas son, primero, que la inversión debe ser totalmente privada; Enami no va a invertir en proyectos de litio. Segundo, que cualquier proyecto que desarrollemos tiene que ser con tecnología de altos estándares medioambientales”, dice el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jaime Pérez de Arce.
En esta línea, el histórico ejecutivo de la estatal destaca que la asociación con privados es fundamental, ante el desconocimiento que tienen sobre la industria del litio, situación que, a su juicio, es generalizada en Chile. Por lo anterior, indica que dentro de las condiciones se incluye que el socio tiene que traer tecnología, operar ese proceso y administrar de manera preponderante el negocio, pero además, el Estado es quien se quedará con la mayor parte de los beneficios a obtener.
“Estas condiciones no generan ninguna dificultad para los interesados, porque se trata de un negocio muy rentable. Hay jugadores de la industria para los que el carbonato de litio es un insumo básico en un proceso con montones de etapas posteriores; para llegar a un celular o un vehículo eléctrico los pasos son gigantescos, y en esos pasos las rentabilidades pueden ser muy altas también. Ellos conocen mejor que nosotros la industria y están disponibles a invertir y asumir el riesgo bajo estas condiciones. Tenemos el caso de Eramet, con quien tenemos acuerdos, lo mismo con Tianqi o Tsingshang, que están interesados en participar en el proyecto nuestro, o con tecnología y ser nuestros socios”, explica Pérez de Arce.
Los planes de la estatal apuntan a desarrollar este año la exploración básica de estas instalaciones, con el objetivo de disponer de salmuera para iniciar el proceso de búsqueda de tecnologías. Una vez obtenido el Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), se iniciará la búsqueda de socios, donde surge la opción de una licitación y la creación de una filial que será la encargada de llevar este negocio, con la idea de poner en marcha las obras en un plazo de entre tres y cuatro años.
En paralelo, Enami busca comenzar al menos otras tres iniciativas, en las que privados cuentan con propiedades o proyectos en algunos salares, que podrían desarrollarse en los próximos años. En este escenario se encuentra Wealth Minerals, en el salar de Ollagüe, iniciativa en etapa de exploración básica, mismo estadio en el que figura Cleantech Lithium, en los salares Laguna Verde y Negro Francisco. En el caso del grupo Errázuriz, se trabaja en el salar de Coipasa, que también muestra un estado de exploración básica.
“En todas esas negociaciones hemos planteado que esperamos que los beneficios mayoritarios sean para el Estado y ninguno de los actores con los que tenemos relaciones formales ha puesto reparos. La idea de que no hay actores privados interesados en asociarse con el Estado en condición mayoritaria puede ser una realidad de la actividad empresarial chilena, pero las empresas interesadas, prácticamente todas extranjeras, francesas, chinas, alemanas, y muchos innovadores, no tienen problema en tener al Estado como socio mayoritario. Cómo se constituya el beneficio mayoritario, es parte de cada caso que debe ser estudiado”, sostiene Pérez de Arce.
Las novedades respecto del litio se dan en medio de los malos resultados presentados por la Enami, con pérdidas por US$ 78 millones en 2022, lo que, según explican desde la compañía, requiere de cambios estructurales para ser revertido.
“Una parte importante del fomento de Enami es transformar las piedras de pequeños mineros en cátodos que se venden en la Bolsa de Metales de Londres, donde a ese minero se le paga el precio y se le cobra por todos los servicios, a un valor de mercado. Para obtener rentabilidad, debiéramos tener una fundición que opere a bajos costos, pero tenemos la fundición más pequeña del país, de las más antiguas y que está obsoleta ambiental y económicamente hace tiempo”, dice Pérez de Arce.
El ejecutivo recuerda que en su anterior administración dejaron prácticamente listo el proyecto de una nueva fundición. “Lamentablemente, el gobierno anterior lo detuvo. La situación de Enami seguirá siendo complicada, porque a Enami le sale más caro que lo que cobramos a los mineros fundir una libra de cobre”, reconoce En cuanto al proyecto de nueva fundición, que requiere de desembolsos por más de US$ 1.000 millones, Cochilco aprobó el estudio preinversional y se está desarrollando el Estudio de Impacto Ambiental que debiera estar terminado el segundo semestre e iniciar su tramitación.
