Durante décadas, el debate sobre la minería en Chile ha girado en torno a una pregunta esencial: cómo asegurar que la riqueza generada por esta actividad estratégica se traduzca en desarrollo real para los territorios donde se produce.

Se debe construir un modelo de minería responsable, capaz de generar valor económico y, al mismo tiempo, traducir ese valor en bienestar tangible para las regiones y comunas del país.

Patricio Cartagena D./Presidente de CAMMIN, Abogado, Ex VPE Cochilco

En ese contexto, la implementación de la Ley N°21.591 de 2023 (“Ley sobre Royalty a la Minería”) constituye probablemente el cambio institucional más relevante en la política minera chilena de los últimos años. Su importancia no radica únicamente en haber establecido un nuevo esquema de tributación para la gran minería del cobre, sino también en haber incorporado de manera explícita una dimensión territorial en la distribución de los recursos que genera la actividad minera.

La lógica es simple, pero estructuralmente significativa: una parte relevante de la renta minera se redistribuye hacia regiones y municipios, fortaleciendo su capacidad de inversión pública y desarrollo local. 

Un nuevo ciclo en la política minera

Los primeros resultados comienzan a evidenciarse. En 2024 se concretó la primera transferencia de recursos a los municipios mediante un mecanismo transitorio, distribuyéndose más de $93 mil millones a 307 comunas del país, lo que constituyó una de las mayores inyecciones de recursos directos al sistema municipal en los últimos años.

A partir de 2025 el sistema comienza a operar plenamente. Ese año se proyectó una distribución superior a $218 mil millones entre más de 300 comunas, beneficiando a cerca del 90% de los municipios del país y a millones de personas a lo largo del territorio nacional.

En términos estructurales, el sistema contempla distintos instrumentos de distribución territorial, entre ellos el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras. En conjunto, estos mecanismos canalizan aproximadamente US$450 millones anuales hacia regiones y gobiernos locales, fortaleciendo su capacidad de inversión pública y planificación territorial. Las estimaciones fiscales indican que el sistema podría generar del orden de US$2.000 millones anuales de recaudación, dependiendo del ciclo del cobre.

Gobernanza territorial del royalty

Este rediseño institucional introduce un elemento particularmente relevante en la política minera chilena: avanzar hacia una gobernanza territorial de la minería. Durante décadas, uno de los principales cuestionamientos al desarrollo extractivo en diversas partes del mundo ha sido la distancia entre el valor económico generado por los recursos naturales y la percepción de beneficios en las comunidades cercanas a las operaciones productivas.

El royalty avanza precisamente en cerrar esa brecha. Permite vincular de manera más directa el desarrollo de la minería con el financiamiento de infraestructura pública, desarrollo urbano, equipamiento social y proyectos de inversión que impacten de manera concreta en la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, como ocurre con toda política pública relevante, el verdadero desafío no se encuentra únicamente en el diseño de la norma, sino en la calidad de su implementación.

El verdadero desafío: gestión y transparencia

En este escenario, el paso siguiente consiste en optimizar la forma en que estos recursos se gestionan en los territorios. La experiencia comparada muestra que los mecanismos de redistribución de rentas provenientes de recursos naturales logran consolidarse cuando se orientan hacia proyectos bien diseñados, con impacto real en el desarrollo local y ejecutados bajo altos estándares de gestión pública.

En primer lugar, será fundamental que los gobiernos regionales y los municipios orienten estos recursos hacia iniciativas con efectos estructurales en los territorios. Infraestructura habilitante, conectividad, recuperación de espacios públicos, infraestructura hídrica, equipamiento urbano, desarrollo productivo local o innovación territorial son ejemplos de proyectos capaces de generar beneficios sostenibles para las comunidades. 

En este esfuerzo, los esquemas de colaboración público-privada pueden transformarse en herramientas relevantes para fortalecer la capacidad de ejecución local. Un ejemplo es el acuerdo de cooperación suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda y la Cámara Minera de Chile, que establece un marco de colaboración técnica e institucional para impulsar el desarrollo económico, social, educativo y cultural de la comuna, aprovechando de manera eficiente los recursos del royalty que recibe la comuna.

En segundo término, resulta indispensable consolidar altos estándares de transparencia y rendición de cuentas en el uso de estos recursos públicos. La legitimidad de este instrumento —y, en parte, del propio desarrollo minero— dependerá de que la ciudadanía pueda conocer con claridad cómo se asignan y ejecutan los fondos provenientes del royalty. En esta materia, el rol del Consejo para la Transparencia será particularmente relevante para asegurar que la información sobre el destino de estos recursos sea pública, accesible y verificable.

Precisamente allí se juega una parte importante del éxito de esta política pública. Si los recursos del royalty se traducen en proyectos bien concebidos, ejecutados con eficiencia y gestionados con plena transparencia, el país habrá dado un paso significativo hacia un modelo de minería responsable, en el que el desarrollo del sector se vincule de manera directa con el bienestar de los territorios.

Las buenas políticas públicas en minería —aquellas que logran equilibrar crecimiento económico, desarrollo territorial y legitimidad social— deben, además, trascender los ciclos políticos. 

El sistema de royalty abre una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección: financiar proyectos que generen impacto real en los territorios y hacerlo bajo estándares exigentes de transparencia y rendición de cuentas. Si esos principios se consolidan, Chile no solo habrá incorporado un nuevo instrumento fiscal, sino que habrá dado un paso sustantivo hacia una verdadera gobernanza territorial de la minería, donde el valor generado por la actividad minera se traduzca de manera visible en desarrollo para las comunidades.

Por Luis Santamaría, líder del área Cloud & Service Provider de Schneider Electric

Durante años, los data centers fueron parte del paisaje invisible que sostiene la economía digital. Hoy dejaron de ser un soporte silencioso y se transformaron en un factor que incide directamente en la planificación energética del país y en su estrategia de desarrollo.

Luis Santamaría, líder del área Cloud & Service Provider de Schneider Electric

En esta línea, el Coordinador Eléctrico Nacional proyecta que la demanda eléctrica de estos centros crecerá cerca de 270% hacia 2030, pasando de 325 MW en 2025 a 1.207 MW. Solo en 2026 ingresarían cuatro nuevos proyectos que sumarán 83,1 MW adicionales, elevando la capacidad instalada en la Región Metropolitana a 341,6 MW. En menos de una década, Santiago habrá prácticamente cuadruplicado su capacidad respecto de 2021, una señal clara de la velocidad con que se está expandiendo la infraestructura digital.

Sin embargo, el punto crítico no está en la superficie construida, sino en la densidad energética. La expansión de la inteligencia artificial está incrementando la carga por rack y la generación de calor al interior de los centros de datos, lo que implica mayor concentración de energía por unidad instalada y exigencias operativas continuas, sin margen para interrupciones. El crecimiento, por tanto, no es solo físico, es intensivo en consumo.

Chile, en este sentido, avanza en paralelo en la transformación de su matriz. En 2024, el 68% de la generación eléctrica provino de fuentes renovables, de acuerdo con el Coordinador Eléctrico Nacional, posicionando al país como referente regional en penetración de energías limpias. No obstante, una matriz más verde no significa disponibilidad ilimitada. Persisten desafíos de transmisión, integración de energías variables y necesidad de potencia firme, variables que se vuelven más sensibles cuando se incorporan cargas intensivas que operan 24/7.

El fenómeno además trasciende las fronteras. Un estudio de Deloitte anticipa que hacia 2035 la demanda eléctrica de data centers vinculados a inteligencia artificial podría multiplicarse por 30 a nivel global. La tendencia sugiere que la presión sobre los sistemas eléctricos será creciente y estructural, no coyuntural. En este escenario, la eficiencia energética deja de ser un atributo comunicacional y se convierte en una condición de viabilidad. Tecnologías como el enfriamiento líquido y los sistemas avanzados de gestión energética permiten manejar mayores cargas térmicas, optimizar consumos y anticipar fallas, integrando inteligencia operativa a la infraestructura física. Incorporarlas desde el diseño puede marcar la diferencia entre una expansión armónica y una red tensionada.

Los 1.200 MW proyectados no son solo una cifra que habla de crecimiento digital, sino un recordatorio de que el desarrollo tecnológico y la planificación energética están hoy profundamente entrelazados. Chile tiene la oportunidad de consolidarse como hub digital regional, pero ese liderazgo dependerá de su capacidad para crecer con coherencia, asegurando que la ambición digital no supere la resiliencia del sistema que la sostiene.