La operación fue distinguida en la categoría Gran Minería por su desempeño durante 2025. El reconocimiento destaca un trabajo sistemático que combina la gestión de riesgos fatales, el liderazgo visible en terreno y el aprendizaje organizacional.

 El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) reconoció a Lundin Mining Caserones por su gestión de seguridad durante 2025, en la categoría Gran Minería. La distinción releva el trabajo permanente de la operación por fortalecer una cultura preventiva, en la que el cuidado de las personas constituye un valor esencial y una responsabilidad compartida por toda la organización.

Este resultado refleja el compromiso cotidiano de trabajadores, dirigentes sindicales, empresas colaboradoras y líderes de la operación, quienes contribuyen desde sus distintos roles a identificar y controlar los riesgos, aprender de la experiencia y desarrollar cada tarea de manera segura.

“Este reconocimiento pertenece a todas las personas que forman parte de Caserones. Es el resultado de un trabajo sostenido, del compromiso de nuestros equipos y de una cultura que pone la seguridad en el centro de cada decisión. Distinciones como éstas nos impulsan a seguir aprendiendo, fortaleciendo nuestros controles y cuidándonos mutuamente para que todos regresemos sanos y seguros a nuestros hogares”, señaló Marcelo Maccioni, gerente general de Lundin Mining Caserones.

Por su parte, el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, se refirió al sentido del reconocimiento: “lo que queremos hacer es incentivar y premiar para que sean referentes para el resto de la industria, aquellos que en diferentes categorías abordan el tema de la seguridad de los trabajadores de la mejor forma posible”. Agregó que “es un honor ser quien determina, premia, señala y magnifica el impacto que tiene para aquellos que reciben este premio, tanto para su sector como para la industria en general”.

La gestión de Caserones se sustenta en el modelo de seguridad de Lundin Mining, que integra tres pilares fundamentales: la gestión de riesgos fatales, para asegurar la implementación de controles críticos; el liderazgo visible en terreno, que promueve una participación activa y cercana de los líderes; y el aprendizaje organizacional, orientado a compartir experiencias e incorporar mejoras de manera continua.

Este enfoque reconoce que la seguridad se construye diariamente y requiere la participación de toda la organización. Más allá del cumplimiento de estándares y procedimientos, implica mantener conversaciones abiertas, anticiparse a los riesgos y actuar con responsabilidad frente a cada tarea.

La distinción de Sernageomin se suma a al reconocimiento que entregó Coresemin Atacama a Caserones en 2025 como la “Empresa con Mejor Gestión de Seguridad 2024”, valorando el compromiso transversal de sus equipos y la incorporación sistemática de la prevención en la gestión operacional.

Estos reconocimientos refuerzan el compromiso de Lundin Mining Caserones con una minería segura, responsable y sostenible, y con una cultura en la que cada persona tiene un papel fundamental en el cuidado propio y de quienes la rodean.

Imagen : Manuel Lorca, director nacional (s) de Sernageomin; William Henott; director de Operaciones, y Flavia Rojas, directora de Seguridad y Salud Ocupacional, ambos de Lundin Mining Caserones; Juan Andrés Morel, vicepresidente ejecutivo y COO de Lundin Mining; y diputado Ignacio Urcullú.

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Durante la Cumbre de la Minería 2026 de SONAMI, que contó con la participación del Presidente de la República, José Antonio Kast, el biministro destacó medidas para simplificar permisos, impulsar la exploración y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

“Si no descubrimos nuevas reservas, la producción futura se ahogará”, advirtió el secretario de Estado e hizo una invitación al sector a “arriesgar, explorar y producir con la certeza de que este Gobierno estará a su lado desatando el potencial de nuestra minería”.

Acelerar la inversión, recuperar la exploración y aumentar la producción minera son los principales objetivos de la agenda que impulsa el Gobierno para fortalecer el liderazgo de Chile como potencia minera. Así lo planteó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante la inauguración de la Cumbre de la Minería 2026 de SONAMI, encuentro que contó con la participación del Presidente de la República, José Antonio Kast.

Ante representantes de la pequeña, mediana y gran minería, ejecutivos, autoridades y delegaciones internacionales, Mas señaló que el sector enfrenta enormes desafíos: “Nuestros yacimientos envejecen y sus leyes caen. Si no descubrimos nuevas reservas, la producción futura se ahogará”, dijo.

En este contexto, hizo una invitación al sector minero a “arriesgar, explorar y producir con la certeza de que este Gobierno estará a su lado desatando el potencial inagotable de nuestra minería”.

Mas afirmó que “tenemos todo para llegar a un nuevo récord de producción en este ciclo favorable para el cobre, y por eso queremos normas y un Estado que se haga cargo de la recuperación del ecosistema minero, que es un imperativo estratégico para el desarrollo económico de todo Chile”.

Medidas para impulsar la minería

Entre las medidas que lleva adelante el Ministerio de Minería para reducir trabas, entregar mayor certeza y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos mineros, mencionó la modificación del Reglamento de Seguridad Minera, que permitirá pasar de 55 autorizaciones a 13 permisos y 18 técnicas habilitantes, junto con ajustes al Reglamento de Cierre de Faenas, en el marco de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Estas medidas apuntan a reducir los tiempos de tramitación de proyectos entre 30% y 70%.

Asimismo, resaltó que la cartera trabaja junto al Ministerio del Medio Ambiente para modificar los umbrales de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para proyectos de extracción desde 5.000 a 40.000 toneladas, y para exploración desde 40 a 160 plataformas.

A lo anterior se suma la reforma al amparo minero, que busca eliminar la patente progresiva, simplificar los pagos y ampliar las causales de patente rebajada para aliviar la carga de los pequeños y medianos mineros e incentivar la exploración.

La autoridad destacó el papel de los pequeños y medianos productores en la apertura de nuevas fronteras geológicas y el desarrollo de nuevos yacimientos, junto con el aporte de la gran minería a la inversión y a los encadenamientos productivos regionales.

Mas abordó además el impulso a una mayor participación privada en el desarrollo del litio, mediante el perfeccionamiento de contratos y una regulación que facilite el desarrollo de depósitos.

Más empleo y mayor desarrollo para las regiones

El biministro sostuvo que el objetivo final de la agenda no se limita a incrementar las cifras de inversión o producción, sino a que el crecimiento de la minería se traduzca en empleo formal, mejores oportunidades y mayor desarrollo en las regiones.

Por ello, reiteró el llamado al sector a aprovechar las condiciones favorables del ciclo del cobre, recuperar la exploración y avanzar en nuevos proyectos que permitan ampliar la capacidad productiva del país.

“Queremos más exploración. Queremos más explotación. ¿Por qué? Porque no nos conformamos con administrar el estancamiento ni con crecer al 2%. Queremos más exploración y más explotación porque hay miles de familias chilenas que necesitan un trabajo formal, digno y estable”, afirmó Mas.

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A más de 4.000 metros de altitud, la iniciativa consolida un acuerdo pionero en la industria donde Teck renuncia al uso extractivo de sus derechos mineros y de agua, mientras la comunidad resguarda su patrimonio mediante el Derecho Real de Conservación.

En una ceremonia realizada en la comuna de Ollagüe, se certificó a los primeros guardaparques locales encargados de ejecutar el Plan de Manejo Adaptativo que abarca monitoreo hídrico, investigación de biodiversidad y turismo sustentable.

En una ceremonia realizada en la sede social de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe (CIQO), autoridades, representantes de Teck y la comunidad local formalizaron el inicio del Proyecto de Conservación del Salar de Alconcha. La iniciativa abarca más de 6.000 hectáreas entre el salar y la Quebrada de Coasa, combinando la protección ambiental con la preservación del patrimonio cultural indígena a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El evento marcó el hito de certificación de los primeros guardaparques pertenecientes a la propia comunidad, quienes tendrán la labor directa de resguardar el territorio. El proyecto, originado como medida de compensación ambiental para la expansión de la operación Quebrada Blanca y co-diseñado durante seis años, se respalda en la figura legal del Derecho Real de Conservación constituido por la CIQO sobre sus tierras. Por su parte, la compañía minera renunció de forma definitiva al uso extractivo, minero o comercial de sus derechos de agua y concesiones mineras en el sector, destinándolos exclusivamente a la conservación.

Sobre el alcance operacional y el diálogo comunitario tras el hito, el vicepresidente Senior de Operaciones Latinoamérica de Teck, Dale Webb, señaló:  «Este proyecto refleja una forma renovada de entender nuestra presencia en el territorio. La viabilidad y el éxito de nuestras operaciones dependen directamente del respeto por el entorno y del valor que le damos al conocimiento ancestral de las comunidades. Este hito es el resultado de un proceso de diálogo transparente que nos demuestra que la excelencia operacional solo es posible si caminamos de la mano con el desarrollo sostenible del territorio y sus habitantes.

Por su parte, Amparo Cornejo, Chief Sustainability Officer de Teck, destacó el impacto de este modelo de gestión participativa. “El Salar de Alconcha es la prueba tangible de que no nos conformamos con mitigar impactos, sino que buscamos generar un valor ambiental indiscutiblemente positivo y construido en alianza genuina con sus comunidades”, indicó.

La presidenta de la comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, Lidia Mendoza declaró que «el inicio del proyecto de conservación del Salar de Alconcha es el fruto de más de seis años de trabajo conjunto con Teck, impulsado por nuestro deseo de seguir protegiendo y resguardando nuestro territorio y patrimonio. Para nuestra comunidad es fundamental conservar un espacio que se mantiene libre de impactos y explotación, lo que nos permite dar continuidad a nuestras costumbres, ritos ancestrales y las actividades que desarrollamos”.

Reconocimiento internacional a la sostenibilidad

El modelo de gobernanza y co-creación alcanzado entre la comunidad y la empresa obtuvo este año un importante respaldo internacional al ser galardonado con el TSM Community Engagement Excellence Award, otorgado por la Asociación Minera de Canadá (MAC). El premio reconoce globalmente a las iniciativas que sobresalen por su aporte al relacionamiento transparente con las comunidades y la gestión responsable de los recursos naturales.

Mario Ortiz, gerente general Teck Quebrada Blanca; Lidia Mendoza, presidenta Comunidad Indígena Quechua de Ollague y Amparo Cornejo, Chief Sustainability Officer Teck

Tras la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, la iniciativa pone en marcha un Plan de Manejo Adaptativo enfocado en cuatro ejes: investigación y protección de biodiversidad (estudios en bofedales, vizcachas, aves en conservación y protección de la llareta), monitoreo hídrico continuo, educación ambiental mediante senderos interpretativos y el fomento del turismo sustentable con identidad local.

Con la gobernanza y la evaluación de alternativas de financiamiento a largo plazo, la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe y Teck inician las operaciones en terreno para la protección de la biodiversidad y el desarrollo del territorio en la Región de Antofagasta.

La ceremonia contó con la participación de Arturo Farias, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental e Ignacio Malig, director nacional de Conadi.

“El Proyecto de Conservación del Salar de Alconcha tiene su origen en una medida de compensación ambiental que incorporó la participación y el conocimiento territorial de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, incluyendo un proceso de consulta indígena que permitió recoger su visión respecto de un territorio que posee un profundo valor ambiental, cultural y ancestral. La evaluación ambiental tiene por propósito identificar adecuadamente los impactos ambientales de los proyectos, establecer las medidas necesarias para hacerse cargo de ellos y generar espacios efectivos de participación para las comunidades y los distintos actores del territorio”, indicó Arturo Farias, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

“El Proyecto de Conservación del Salar de Alconcha, desarrollado conjuntamente por la empresa Teck y la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, transforma una medida de compensación ambiental en una iniciativa de conservación de más de 6.000 hectáreas de ecosistemas altoandinos de alto valor ecológico y cultural. La ceremonia marcó el inicio oficial del proyecto tras la obtención de su RCA y certificará a los guardaparques de la comunidad que liderarán su implementación y protección, generando una conexión virtuosa entre los habitantes del lugar y la empresa. Este proyecto representa un ejemplo concreto de colaboración entre el sector privado y una comunidad indígena en favor de la conservación ambiental, combinando protección del patrimonio natural, resguardo cultural y participación comunitaria para la preservación de un ecosistema de alto valor para Chile”, señaló Ignacio Malig, director nacional de Conadi.

Foto Portada/Jhean Camilo Ramírez, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Ollague;
 Mario Ortiz, gte. gral. Teck Quebrada Blanca; Dale Webb, vicepresidente Senior 
Operaciones Latinoamérica Teck; Lidia Mendoza, presidenta Comunidad Indígena 
Quechua de Ollague; Amparo Cornejo, Chief Sustainability Officer Teck; Arturo Farias,
 director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental; Ignacio Malig, director 
nacional Conadi y Cristián Ramíerz, delegado Presidencial Provincial de El Loa

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Con una inversión estimada en US$ 70 millones, Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) con Quiborax permitirá el desarrollo de un proyecto pionero para producir hasta 20 mil toneladas de carbonato de litio a partir de la recuperación de residuos mineros bajo un modelo de economía circular.

“Necesitamos que los particulares tengan un marco normativo que dé garantías para que haya un interés por desarrollar esta industria” declaró el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante la suscripción del contrato en instalaciones de planta El Águila.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, firmó esta mañana en la Región de Arica y Parinacota, el primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que el Estado suscribe exclusivamente con privados. El convenio faculta a Quiborax S.A., para desarrollar un innovador proyecto de procesamiento y beneficio de litio que incorpora criterios de economía circular, a partir de la valorización y recuperación de mineral contenido en ripios históricos depositados en planta El Águila, donde la compañía procesa ulexita extraída del Salar de Surire.

La ceremonia, que habilitó el primer CEOL otorgado bajo la actual administración, contó con la presencia del delegado presidencial de Arica y Parinacota, Cristián Sayes; el delegado presidencial de Parinacota; Sebastián Huerta; el gobernador regional, Diego Paco Mamani; y el gerente general de Quiborax, Allan Fosk.

“Desde el gobierno hemos estado analizando diferentes alternativas para dinamizar el desarrollo de la industria del litio y atraer inversión privada para explorar y explotar este recurso clave para la transición energética, en beneficio de todos los chilenos. El gobierno del Presidente Kast en este asunto tiene una visión clara: Chile tiene que prepararse para aprovechar el siguiente ciclo del litio, porque el anterior no se aprovechó”, afirmó el biministro Mas al momento de la suscripción del acuerdo.

Y agregó que “las oportunidades no se traducen automáticas en progreso sin una institucionalidad sólida y predecible que entregue certezas jurídicas a los inversionistas. Necesitamos que los particulares tengan un marco normativo que dé garantías para que haya un interés por desarrollar esta industria”.

Asimismo, el secretario de Estado destacó que con foco en reforzar la certeza jurídica y los alcances de la extracción y comercialización a inversionistas que quieren impulsar proyectos de litio, el ministerio trabaja una agenda para agilizar el desarrollo de la industria. “Creemos que hay poca inversión, que ha sido engorroso el proceso y lo que diagnosticamos es que faltan certezas, por eso estamos trabajando con titulares de los CEOLes representados por Contraloría para que puedan corregirse y llegar a puerto. Lo que queremos es que se explote la mayor cantidad de salares posibles para que generen empleo y mejoren las condiciones de vida, precisamente a los chilenos”, subrayó el titular de la cartera.

Alcances del primer CEOL con privados

La firma del CEOL con Quiborax, una de las mayores productoras de ácido bórico del mundo, marca uno de los primeros avances regulatorios orientados a extraer litio desde pasivos industriales, ampliando la diversificación productiva más allá de la explotación convencional de salares a la recuperación de recursos desde fuentes secundarias y modelos de economía circular. De esta manera, permitió visibilizar el trabajo conjunto entre el Estado de Chile y la empresa privada en la promoción de iniciativas que integran criterios de sostenibilidad, innovación, eficiencia en el uso de los recursos y relacionamiento responsable con el territorio.

El contrato se extenderá hasta que se procese y comercialice un volumen cercano a 20.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), o hasta el 31 de diciembre de 2046, dependiendo de cuál condición ocurra primero. Asimismo, durante la etapa inicial, Quiborax deberá determinar reservas efectivas, factibilidad económica y técnica, además de gestionar permisos ambientales y sectoriales. El CEOL habilita exclusivamente el procesamiento de litio existente en pasivos históricos de la empresa y no contempla exploración ni explotación de litio en salares. Igualmente, excluye futuros descartes mineros generados tras el inicio del contrato y apertura de nuevas faenas extractivas.

Posterior a la suscripción del CEOL, el proyecto podrá entrar en fase de ingeniería, evaluación ambiental y construcción, en un plazo de cinco años, lo que implicaría un aumento de más del 20% de la dotación de mano de obra de Quiborax y una inversión estimada en US$ 70 millones.

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El Índice de Impacto Social Empresarial (IISE), que realiza BSponsor junto a la Universidad del Desarrollo, PwC y El Mercurio, situó a la Corporación en el 2° lugar de la industria minera, tras evaluar a 95 empresas de 18 industrias y más de 2.000 programas sociales en el país.

En su edición 2026, el Índice de Impacto Social Empresarial (IISE) —estudio de BSponsor en colaboración con la Universidad del Desarrollo (UDD), PwC y El Mercurio— situó a Codelco entre las empresas líderes en gestión social de la industria minera, tras evaluar 21 dimensiones de impacto social, entre ellas, educación, salud, innovación y sustentabilidad.

Como resultado, la medición situó a la Corporación en el 2° lugar de la industria minera, tras evaluar a nueve compañías del sector de un total de 95 empresas incluidas en el estudio, pertenecientes a 18 industrias y más de 2.000 programas sociales.

La gerente de Gestión Social de Codelco, Claudia Sandoval, valoró el reconocimiento e indicó que “obtener el segundo lugar significa la evolución de un proceso que hemos comenzado hace un par de años, de poder generar una minería responsable, comprometida con su entorno y con la sociedad donde están emplazadas nuestras operaciones. Creemos que si a nosotros nos va bien, a las comunidades también les tiene que ir bien”.

Mientras que el gerente general de BSponsor, José Luis Tapia, destacó que la minería es la industria que genera mayor impacto social a nivel país. “Las empresas mineras en Chile se han comprometido a ser buenos vecinos, generando iniciativas de impacto profundo en las comunidades. En la zona norte, casi el 90% del impacto generado por las empresas proviene de las mineras”, destacó. Agregó que se trata de una industria muy competitiva y que este reconocimiento «habla muy bien del trabajo de Codelco y de las personas que llevan a cabo cada una de estas iniciativas».

En Codelco, este trabajo se sustenta en tres estrategias impulsadas en los últimos años: una Estrategia Territorial con Valor Social, una de Pueblos Indígenas y una de Derechos Humanos. “No las entendemos como una exigencia externa al negocio, sino como parte esencial: una forma de operar y relacionarnos y construir las condiciones de confianza necesarias para desarrollar una minería sostenible en el tiempo”, enfatiza Claudia Sandoval.

De cara a futuros desafíos, identifica el empleo y la compra local como uno de los principales desafíos pendientes. “Fortalecer el empleo en los territorios donde operamos y el desarrollo de los proveedores locales nos permite dinamizar la economía local”, explicó.

El IISE evalúa las iniciativas sociales y comunitarias de las empresas líderes de cada sector, visibilizando el aporte social por industria, región y temática. Así, fortalece la transparencia al basarse en datos reales; revela brechas territoriales que no siempre se perciben desde cada compañía en particular, y conecta las estrategias empresariales con los desafíos sociales de Chile, permitiendo planificar con mayor sentido y precisión.

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