El presidente de Colbún y vicepresidente de Icare, Bernardo Larraín Matte, critica el legado de Piñera y llama al empresariado a participar más activamente en el debate. Sobre HidroAysén, advierte: «No vamos a avanzar contra viento y marea; no vamos a avanzar mientras el país no haga suya su importancia estratégica».

– «En esta materia (la tributaria), es fundamental considerar la visión de quienes, como las empresas, conocen de primera fuente las dinámicas de inversión y ahorro»
– «El desafío es compatibilizar una conversación franca con la ciudadanía con mantener puentes de confianza con las autoridades. La sociedad apreciaría un actuar más público del empresariado»
– «Como accionistas seguimos creyendo que éste es un proyecto cuyo desarrollo es compatible con el entorno de Aysén y del turismo. Pero lo relevante no es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensa el país»

A una semana de haber asumido el gobierno de Michelle Bachelet, éste le subió el voltaje a la discusión energética. A primera hora del miércoles pasado, se reunió el Comité de Ministros para analizar un tema sensible: el proyecto HidroAysén, de propiedad de Endesa y Colbún. La instancia ya había sesionado a fines de enero, cuando Sebastián Piñera todavía estaba en el poder y los ministros eran otros. En esa ocasión se resolvió solicitar, después de dos años y medio de análisis, la presentación de dos nuevos informes, decisión que fue calificada por los gestores del proyecto como una medida “extemporánea y dilatoria”.

La reunión del miércoles tuvo otro tenor. En ella se resolvió empezar un proceso que invalide la resolución anterior, lo que le da a la nueva administración un plazo de 60 días para analizar los recursos de reclamación presentados tanto por la empresa como por los opositores al proyecto.

Bernardo Larraín Matte (47), presidente de Colbún, se refiere con cautela a lo ocurrido. “Lo responsable es esperar conocer el texto de la resolución para luego emitir opiniones”, plantea. En todo caso, más allá del proyecto en específico, lo que a Larraín le preocupa es el fortalecimiento y la legitimidad de la institucionalidad vigente. Cercano a Andrés Allamand y a Felipe Kast, el también vicepresidente de Icare cuestiona el legado político que dejó el gobierno saliente y llama al empresariado a tener un rol más activo a la hora de defender sus intereses ante la autoridad.

– El 28 de marzo es el primer encuentro de Icare, titulado “Cómo viene 2014”. ¿Qué espera Ud. para este año?
Hay ciertas cosas que son una realidad. No hay duda de que hay una desaceleración económica, que ha bajado la tasa de inversión y de que existen altas expectativas. Lo interesante va a ser cómo responde la autoridad política y económica ante un contexto social complejo.

– Esos tres ingredientes han marcado la discusión. Respecto a la desaceleración, ¿a qué la atribuye?
Se ha discutido mucho si las reformas que se plantean, que son relevantes, serían parte de la explicación de una desaceleración. Esa discusión es inútil: por definición, cuando hay grandes cambios se produce incertidumbre, que puede provocar la postergación de inversiones. Es una realidad ineludible, pero no porque generen incertidumbre las reformas son necesariamente inconvenientes para el país. En el detalle va a estar la sustancia, por lo que lo prudente es conocer su contenido para evaluar el impacto que tendrán en el desarrollo de Chile en los próximos 20 años.

-¿Cree imprescindibles las reformas tributaria, educacional y constitucional para cambiar el rumbo?
-Es innegable que se requieren cambios. Hay consenso de que se debe profundizar la reforma educacional ya iniciada. Si uno piensa en cómo enfrentar el problema de la desigualdad en el largo plazo, la educación y el capital humano son un pilar fundamental. También creo que algunas reformas al sistema político y a la Constitución son necesarias, y lo más importante es contar con un procedimiento que garantice legitimidad, consensos y estabilidad.

– ¿Y en cuanto a la reforma tributaria?
Ésa es una materia del ámbito político, tanto en cuanto al monto de la recaudación como el destino de esos recursos. El gobierno plantea una reforma educacional relevante, que va a representar gastos permanentes y que requiere ingresos estables. Me hubiera gustado más, eso sí, que la discusión hubiese sido a la inversa: que primero se profundizara el contenido de la reforma educacional y las otras prioridades que requiere el país, para luego enfrentar la discusión tributaria.

– ¿No se opone a ésta?
No. Toda regulación, estructura o institución es perfectible y puede evolucionar. Sí creo conveniente que las reformas tributarias o constitucionales no sean frecuentes. Ahora, hay un programa de gobierno que se planteó con toda visibilidad y que fue apoyado por una amplia mayoría. El desafío es que las reformas se hagan de manera razonable y que respondan a la palabra evolución más que a la palabra refundación.

– ¿Qué impacto piensa que puedan tener?
Cuando pienso en el crecimiento, pienso en el crecimiento potencial del país, en el de largo plazo. En ese horizonte, una mejor educación puede tener un impacto superior que los efectos que en el corto plazo pueda tener una reforma tributaria. Para ello es fundamental que se invierta bien la mayor recaudación, y que la forma de lograr esa mayor recaudación no sacrifique un aspecto fundamental de toda estructura tributaria que nunca pierde vigencia: el que mantenga fuertes incentivos a la inversión y el ahorro. En esta materia, es fundamental considerar la visión de quienes, como las empresas, conocen de primera fuente las dinámicas de inversión y ahorro.

– ¿Qué tan importante es la capacidad de diálogo que pueda tener el empresariado con el gobierno?
Es importante rearticular un diálogo público-privado.

– ¿Hoy está roto?
Se ha debilitado. Antes veíamos mucho diálogo entre las instituciones empresariales y las autoridades económicas. Ahí hay un desafío. Ahora, la rearticulación no va a ser igual a como fue hace 20 años, porque el contexto social amerita una nueva forma de diálogo público-privado. Tan importantes como los contenidos que se traten y los resultados que se obtengan, son los procesos, que sean transparentes, abiertos e incorporando a la sociedad civil. Muchas veces se piensa que públicamente se debe ser condescendiente con el gobierno, porque sólo así se puede mantener un diálogo directo y en confianza con las autoridades. Eso no es así. Cuando el empresariado es demasiado elogioso con el gobierno, eso provoca más problemas de credibilidad que generación de confianza. El desafío es compatibilizar una conversación franca con la ciudadanía con mantener puentes de confianza con las autoridades. La sociedad apreciaría un actuar más público del empresariado.

SOBREDIMENSIONAR EL CRECIMIENTO

– ¿Le preocupa que se cuestione la institucionalidad?
Sí, por supuesto. El factor distintivo entre aquellos países que progresan y los que fracasan es la fortaleza, la inclusividad y la legitimidad de sus instituciones. Aumentar los grados de prestigio de nuestra institucionalidad económica, social y política es un desafío tremendo. Un tema relevante es pensar conforme a qué se debe evaluar a un gobierno cuando deja el poder y en dónde anclar las expectativas de uno entrante. Les asigno mucho valor a las tasas de crecimiento o a la generación de empleo que tuvo el gobierno saliente. Sin embargo, pienso que no se pueden sobredimensionar las cifras de crecimiento porque pueden tener un componente cíclico.

– ¿El gobierno de Piñera sobredimensionó las cifras?
Quizás legítimamente intentó llenar muchos espacios con los muy buenos indicadores económicos y su capacidad de gestión. En mi opinión, hay tres factores que son relevantes al evaluar un gobierno: uno es la fortaleza y la legitimidad de las instituciones y del estado de derecho; el segundo es el legado o herencia política; y el tercero es cómo se responde a las demandas de los ciudadanos y los movimientos sociales.

– ¿A qué apunta con fortalecer las instituciones?
Un gobierno, para fortalecer y legitimar las instituciones, debe actuar dentro de ellas. Y si éstas requieren un mayor grado de legitimidad y de credibilidad, debe proponer reformas para lograr eso. Lo que no debe hacer un gobierno es soslayarlas, menospreciarlas o debilitarlas con su accionar.

– En ese tema, el gobierno de Piñera tuvo uno de sus puntos más cuestionados: Barrancones…
Eso es un hecho y hay consenso en que la forma como se resolvió el destino de Barrancones debilitó la institucionalidad medioambiental, porque lo hizo fuera de ella. Un proyecto que estaba aprobado por diversas instancias técnicas, legales y reglamentarias se suspendió de la forma como todos conocen. Creo también, y aquí lo comento no para referirme a un proyecto en específico, sino que para hablar de la institucionalidad, que la forma como se resolvieron durante el gobierno pasado las reclamaciones frente al Consejo de Ministros en el caso de HidroAysén, también da cuenta de un debilitamiento institucional.

– ¿Por qué?
Porque el Consejo de Ministros que se realizó a fines del gobierno anterior se reunió después de dos años y medio, excediendo en más de 10 veces el plazo fatal que establece la ley, que debía ser de 60 días. Y cuando resuelve, lo hace argumentando que se requerirían estudios adicionales: una vez más, sólo dilata esa decisión. Lo anterior en circunstancias que el proyecto tenía su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada y que fue reafirmada por un fallo de la Corte Suprema. Claramente, la del Consejo de Ministros fue una resolución extemporánea y dilatoria, lo que también contribuyó a debilitar la institucionalidad medioambiental.
Respecto de ésa institucionalidad, se ha debatido mucho sobre la conveniencia de introducir modificaciones, como algún mecanismo de ordenamiento territorial, o establecer aportes de los proyectos a las comunidades locales. También se ha hablado de agregar una instancia de participación ciudadana temprana antes del ingreso del Estudio de Impacto Ambiental. Pero en esas áreas no se avanzó.

– ¿Lo que plantea es que no se respetó la institucionalidad y que no se hicieron reformas?
Durante el gobierno anterior, en algunos casos se actuó debilitando la institucionalidad y no se avanzó en reformas relevantes que podrían haber aumentado la credibilidad y la confianza de los organismos ambientales. En otros casos, hubo grandes logros, como en la institucionalidad de libre competencia y en la de protección al consumidor. Mi punto es que ojalá el debate se concentrara en estas consideraciones. Más relevantes que el crecimiento de los últimos cuatro años, que por supuesto que es muy importante, son las condiciones institucionales que determinan el desarrollo de largo plazo del país.

– Sobre el legado político, Allamand planteó que si bien el gobierno avanzó en las cifras, quedó al debe en cuanto al legado político…
Algunos intentan diferenciar o separar lo que sería un legado importante, como el crecimiento o el empleo, del legado político, que sería sólo de interés de los partidos. Eso es un error. El legado político es extremadamente relevante porque se traduce en dos cosas fundamentales: en la capacidad con que queda un sector para influir en los debates y en la posibilidad de reconstruir su proyecto para ofrecérselo al país en la siguiente elección. Esas dos cosas combinadas son las que permiten una oposición robusta y constructiva, que mantenga una capacidad de acordar propuestas con un futuro gobierno. Por razones de interés por Chile y no de un sector específico, es muy relevante el legado político que se deja, entre otras cosas, para proyectar sus propios logros, de manera que no se reviertan. Para ello es importante ser protagonista de los debates que cruzan la sociedad, tener una representación parlamentaria sólida y un proyecto político con el cual competir para volver a ser gobierno.

– ¿Cómo evalúa el legado político del gobierno anterior?
Objetivamente el legado político del gobierno saliente y de su alianza política es débil: bajó la representación parlamentaria y es innegable que el protagonismo que hoy tiene la centroderecha en los debates ha disminuido. Por ejemplo, hay quienes sostienen que el nuevo contexto demanda un mayor protagonismo del Estado. No lo comparto. Lo que ocurre es que la centroizquierda respondió a las demandas, de la ciudadanía en general y de los movimientos sociales en particular, con el concepto de un nuevo ciclo, donde el Estado tomaría mayor protagonismo. Y lo hizo con mucha eficacia. La centroderecha y el gobierno, por su parte, no tuvieron la capacidad de poner en el centro de su respuesta a la sociedad civil, de diferenciar lo público de lo estatal, y de defender con fuerza la provisión privada de bienes públicos debidamente regulada. Es bueno para el país un mayor equilibro entre estas dos posiciones.

– Hablaba de las demandas sociales. ¿Qué análisis hace de la presión que ejerció la calle en el gobierno pasado?
Hay luces y sombras. Frente a situaciones complejas, como el movimiento regional o el estudiantil, se aplica el dicho de que es distinto con guitarra y una opinión categórica resulta simplista. Pero, por ejemplo, casos como el del paro portuario se resolvieron mal. Se levantó una demanda por parte de dirigentes portuarios de una supuesta deuda histórica, que debía ser resuelta por nuestra institucionalidad y los tribunales de justicia. Los dirigentes se tomaron los puertos y el gobierno terminó ofreciendo un proyecto de ley para compensar dicha deuda, la que no fue determinada por tribunal alguno. ¿Qué precedente se deja?

– Entonces, ¿cuál es su balance de la gestión Piñera?
Lo relevante es que, tanto para evaluar el gobierno saliente como para anclar las expectativas del entrante, profundicemos más allá de las cifras en aspectos como la fortaleza de las instituciones y la forma como la política responde a las demandas de los movimientos sociales. Hay aspectos interesantes a analizar, como la renuncia de dos subsecretarias o lo expresado por el ministro Eyzaguirre en cuanto a que hay aspectos de la reforma educacional que no están claros, y que su claridad vendría de un diálogo ciudadano.

ENERGÍA DE ESTADO

– La nueva reunión del Comité de Ministros por HidroAysén ¿confirma la necesidad de una mayor institucionalidad y una política energética de Estado?
Lo indicado respecto de la importancia de que la institucionalidad ambiental adquiera mayores grados de legitimidad y sobre la importancia de una política energética de Estado, trasciende decisiones específicas sobre proyectos puntuales.

– ¿En qué pie queda el proyecto tras lo ocurrido el miércoles? ¿Qué esperan?
Sólo puedo decir que, como norma general, se pueden tomar mejores decisiones en base a resoluciones de la institucionalidad que a dilaciones.

– ¿Cómo explica que en el gobierno anterior, teniendo el Comité de Ministros 60 días para reunirse, hayan pasado dos años y medio antes de que lo hicieran?
Esto va más allá de HidroAysén, estas son cuestiones que debilitan la institucionalidad y la confianza de los inversores. Sobre el proyecto, dos cosas: la primera es que como accionistas seguimos creyendo que éste es un proyecto cuyo desarrollo es compatible con el entorno de Aysén y del turismo. Pero lo relevante no es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensa el país sobre la importancia estratégica que tendría el desarrollo del potencial hidroeléctrico de Chile, más allá de un proyecto específico. Eso se logra a través de una política energética.
Creo que todos van a estar de acuerdo en que bajo el liderazgo del Poder Ejecutivo, con la participación del Parlamento, de actores sociales y medioambientales se debata sobre una política energética que dé los lineamientos de la matriz energética que quiere Chile para los próximos 20 años. En eso estoy con el ministro Pacheco: es importante “deshidroaysenizar” la discusión, porque el potencial hidroeléctrico de los ríos del sur va mucho más allá de un proyecto específico.
Lo otro importante sobre HidroAysén es que seguimos sosteniendo que no vamos a avanzar contra viento y marea, no vamos a avanzar mientras el país no haga suya su importancia estratégica.
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