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ACUERDO TRIBUTARIO: QUÉ TAN BUENOS SON LOS INCENTIVOS AL AHORRO DE LAS PERSONAS

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REF-SII-14
Detalles de los mecanismos que reemplazarán al actual 57 bis comenzarán a perfilarse desde la próxima semana.

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Benjamín Franklin lo dijo. Hay dos cosas seguras: «la muerte y los impuestos». Y por muy aplaudido que sea el ahorro, a la hora de pagar tributos, no es una excepción.

Los intereses o ganancias de cuentas de ahorro, depósitos a plazo, fondos mutuos o cualquier otro instrumento se van adicionando en el impuesto único global complementario, el que pagan las personas y que tiene ese nombre justamente porque, como un saco, engloba todo lo que el contribuyente percibe como rentas. Y éstas pagarán impuestos de acuerdo al tramo en que quede el total en el global complementario: hoy considera una escala que parte en 5% y llega hasta 40%; la reforma lo limita a 35%. Tan así es esto que en el famoso formulario 22 para la Operación Renta se va sumando todo, línea tras línea.

Las personas que ahorraban tenían la posibilidad de escapar -por lo menos mientras mantenían el ahorro- a la larga mano del fisco a través del artículo 57 bis de la Ley de Impuesto a la Renta. Pero dicho artículo desaparece a partir de 2017 y entra en escena otro bis, el 54.

Para quienes pueden

«Los beneficios para el ahorro de las personas tienen que estar dirigidos a quienes tienen capacidad para ahorrar y, nos guste o no, aquellas son quienes perciben más altos ingresos», afirma el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la U. de Chile, Gonzalo Polanco.

El resto, casi siempre, consume todos sus ingresos e, inclusive, muchas veces desahorra, es decir gasta más de lo que gana. De ahí que en la promoción del ahorro de las personas siempre exista algún grado de inequidad en los beneficios, de lo cual no se escapa el 57 bis. «Este beneficio así como otros implican algún grado de inequidad, pues las personas que ganan muy poco no están acogidas al 57 bis dado que no pueden ahorrar», admite Polanco.

Señala, no obstante, que tal como está redactado, el nuevo artículo 54 bis, podría favorecer a personas de menores ingresos, pero con alguna capacidad de ahorro, que sacrifican parte de su consumo actual para hacer en el futuro una compra importante, como un automóvil o una vivienda.

«Los instrumentos que se van a acoger a este beneficio son determinados por el Ministerio de Hacienda, a través de un decreto supremo y, en consecuencia, en este momento no sabemos cuáles van a ser los beneficios o los instrumentos beneficiados», dice el experto.

Lo que sí precisa Sebastián Guerrero, experto tributario que participó en la discusión técnica del acuerdo por RN, es que «el artículo 54 bis, que ya estaba creado en el proyecto de ley, beneficia a todas aquellas personas que ahorren hasta $50 millones anuales, y en el protocolo de acuerdo se aclaró que se trataba de esta cantidad, porque no quedaba claro, y se amplió el número de instrumentos respecto de los cuales se puede invertir, pues en el proyecto original se podía invertir sólo en depósitos a plazos y en cuentas de ahorro».

La idea es que los instrumentos que determinará Hacienda corresponden a aquellos emitidos por entidades sometidas a la fiscalización de alguna superintendencia, lo que da pie para derivar que la gama que se podría acoger es mayor.

¿Da para celebrar?

No obstante, para algunos el nuevo escenario no da para celebrar. La razón es que el 54 bis establece que los intereses de las inversiones hechas por personas naturales en depósitos a plazo y cuentas de ahorro de hasta 100 UTA ($50 millones al año) no se considerarán percibidos para efectos del Impuesto Global Complementario, en tanto no sean retirados por el contribuyente. Es decir, se establece un límite.

Además, instrumentos como los fondos mutuos no son mencionados en la norma, por lo que habrá que esperar el decreto de Hacienda para saber si incluye esta opción y otras.

La clave del 57 bis

Otra diferencia entre ambos artículos es que «la clave» del 57 bis no está considerada en el 54 bis.

La «papa» del 57 bis está en el número 4, explica Polanco. Ahí se dice que si el contribuyente tiene un ahorro neto positivo (lo que se mantiene ahorrado es mayor de lo que se retiró en un año), puede gozar de un crédito (rebaja) de su impuesto personal. La diferencia entre lo que se mantiene como ahorro y lo retirado es multiplicado por 15%. La cifra resultante es utilizada como crédito contra el global complementario, es decir como rebaja del impuesto a pagar. «Eso obviamente resulta más interesante en la medida que la persona esté sujeto a una mayor carga de impuesto global complementario o impuesto único de segunda categoría (el que pagan los trabajadores dependientes)», agrega Polanco.

Otra diferencia entre ambas normas está en los montos límites contemplados. En el 57 bis el ahorro neto del año para considerar el crédito no puede exceder de la cantidad menor que resulte de comparar el 30% de la renta imponible de la persona o de 65 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a $32 millones.

«Si bien el 57 bis tiene topes, de todas formas es muy buen incentivo para las personas que tienen altos ingresos», dice Polanco.

Con todo, para Alejandro Alarcón, académico de la U. de Chile y ex gerente de la Asociación de Bancos, «el protocolo fue un avance que cambió las expectativas respecto de la reforma tributaria, pues es un acuerdo bastante amplio e incluyó aspectos que faltaban, como los incentivos al ahorro de personas y empresas».

Sobre su impacto, dice que habrá que evaluarlos en la práctica, porque depende básicamente de cómo reaccionen los ahorrantes e inversionistas.

Castigo versus premio

El sistema actual también considera un desincentivo a que la persona desahorre. En el número 5 del 57 bis dice que si la cifra de ahorro neto fuera negativa -se retira más de lo que se mantiene como ahorro en un año y ese ahorro estuvo menos de cuatro años acogido a este mecanismo-, se multiplica por 15% y la cantidad resultante constituirá un débito; es decir, se suma a lo que el contribuyente tiene que pagar como global complementario.

Un ejemplo: Si una persona tenía $10 millones y lo retiró todo, tendrá un ahorro negativo, por lo que se multiplican los $10 millones por 15% y resulta $1,5 millones, cantidad que se suma a lo que el contribuyente tiene que pagar en el global complementario… Pésimo negocio.

En cambio, si la persona tiene ahorros y no está bajo el régimen del 57 bis, al retirar sus fondos pagará impuestos solamente sobre la ganancia obtenida.

El experto tributario dice que este «castigo», en todo caso, no opaca el «premio» del 57 bis. Otros, no obstante, sostienen que la derogación de este mecanismo acarrea desincentivos para ahorrar a quienes perciben rentas altas.

Por el momento, las platas que están acogidas al 57 bis se van a seguir rigiendo por las mismas normas, pero a partir de 2017 los ahorrantes ya no se van a poder acoger a este régimen y durante 2015 y 2016 van a tener alguna limitación.

Nuevos oferentes

El protocolo de acuerdo sobre la reforma tributaria también dice que «adicionalmente se incorporarán en la ley los nuevos oferentes e instrumentos de ahorro que pueden acogerse al beneficio y la movilidad entre los mismos, equiparándolo al tratamiento que hoy tiene el Ahorro Previsional Voluntario (APV).

Desde el Ministerio de Hacienda se señaló que «en el diálogo que se produjo con diferentes actores se pudo apreciar que se producía una asimetría en el tratamiento tributario entre diferentes instrumentos de inversión. Lo que se busca en el protocolo es recoger estos aportes. El ejecutivo ha evaluado alternativas que propondrá desde la próxima semana a los firmantes del acuerdo para traducirlas en indicaciones al proyecto».

 Más estímulos y 33 bis «recargado»

En el caso de las empresas, el ahorro es la parte de los ingresos que no se consume, que se guarda, mientras que la inversión es el destino que se le da a esos recursos, siendo uno de los más relevantes el gasto en capacidad productiva. Por tanto, el ahorro permite tener capacidad de inversión.

El texto del acuerdo dice que las empresas que lleven contabilidad completa y que tengan ventas hasta 100.000 UF podrán reducir de su base imponible un monto equivalente al 20% de las utilidades que reinviertan, con un límite de 4.000 UF anuales ($96 millones aproximadamente), cuando opten por el régimen de renta atribuida.

En el caso de opten por el régimen parcialmente integrado, la reducción podrá ser de hasta 50% de las utilidades que reinviertan, también con un límite de 4.000 UF anuales. En este caso, los dividendos o retiros por la parte ahorrada no tendrán derecho al crédito de primera categoría, deducible de los impuestos global complementario o adicional, en la proporción correspondiente.

¿Qué empresas se verían favorecidas? Las micro, pequeñas y medianas empresas.

Según el estatuto de empresas de menor tamaño, las microempresas son las que facturan hasta 2.400 UTM; las pequeñas, hasta 25.000 UTM y las medianas, hasta 100.000 UTM o cerca de $ 2.331 millones. La cifra considerada en el protocolo es de 100 mil UF, unos $ 2.406 millones.

«El proyecto de reforma tributaria contiene incentivos importantes al ahorro. La discusión que dio lugar al protocolo de acuerdo giró en torno a la necesidad de fortalecer la reforma en lo que respecta al ahorro y la inversión. Este es uno de los mecanismos que contribuyen a ese objetivo, como los hay otros para las empresas bajo el régimen del 14 ter. O la incorporación del régimen opcional parcialmente integrado de tributación», se explicó en Hacienda.

Un artículo que sí está presente en la actual normativa es el 33 bis, pero que con la reforma llega «recargado».

El 33 bis es un incentivo tributario a la compra de ciertos activos, es decir a la inversión. Su operatoria, en la actualidad, considera que los contribuyentes que llevan contabilidad completa tienen derecho a un crédito de 4% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, es decir, aquellos bienes que están en la empresa pero que no están destinados a la venta. ¿Ejemplos? Los hornos en el caso de una panadería, las maquinarias en una constructora, los equipos en el caso de un laboratorio.

Hoy este incentivo está muy vinculado al activo inmovilizado y dirigido a la compra de bienes nuevos (hay algunas excepciones para bienes usados), pero este artículo 33 bis se va a potenciar otorgando más crédito especialmente a las pequeñas empresas y se aplicará una fórmula que, básicamente, sube el crédito del 4% al 6% para algunas empresas y para otras va entre 4% y 6%.

¿Cuál será el nuevo nombre del FUT?

El sistema tributario actual es integrado: lo que las personas pagan -a través de las empresas- en el impuesto de primera categoría es crédito contra lo que se paga por el impuesto final (global complementario). Y ese sistema integrado implica que se tiene que llevar un registro de lo que pagaron las empresas, porque, explica Polanco, cuando vayan retirando las platas tienen que saber que determinados montos corresponden a lo ganado, por ejemplo, hace cinco años y que eso pagó un impuesto de 17%. «Hay que recordar que las tasas de primera categoría han variado y que los créditos asociados van cambiando», dice.

Dado que el FUT es un libro extracontable, que lleva el control de los créditos asociados y las utilidades pendientes con impuestos finales, afirma que «ese libro seguirá existiendo en la medida que tengamos un sistema integrado, porque deberá llevarse un control de los créditos asociados a las rentas y eso existe tanto en el sistema atribuido como en el parcialmente integrado». Por ende, señala, «el FUT en los términos en que lo conocemos hoy se termina a partir del 2017», pero «sigue existiendo la necesidad de llevar un control de los créditos que pagaron las empresas».

En definitiva, lo que de verdad falta es el rebautizo del FUT; en el proyecto original de la reforma tributaria se le llamaba registro de las rentas atribuidas.

Fuente:lasegunda.com  
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Cochilco y sobreestimación de producción de Codelco: “EL RIESGO QUE NOSOTROS VIMOS ES QUE EFECTIVAMENTE HABÍAN DESVIACIONES”

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«El riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones en la producción. Ese es el riesgo que se observó y eso es lo que lleva a que amerite que se haga una auditoría», dijo Claudia Rodríguez.


La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Chilena de Cobre (Cochilco), Claudia Rodríguez, abordó este viernes el escándalo en Codelco a raíz de la sobreestimación de la producción de la estatal, lo que motivó el despido de un alto ejecutivo y obligando incluso a presentar una denuncia ante la Fiscalía.

La cuprífera reconoció que 26.875 de las toneladas, alrededor del 2% de su producción, que se reportaron como “producidas” el año pasado aún no se encontraban tratadas, por lo que “debieron mantenerse registrados como productos en proceso”.

El anuncio de la estatal generó irritación en el gobierno y el propio ministro Daniel Mas (un crítico de la gestión de Máximo Pacheco) reaccionó a través de redes sociales y una declaración pública, condenando los hechos.

En conversación con radio Pauta, Rodríguez fue consultada específicamente si es que Cochilco estaba enterada y había alertado sobre estos niveles de sobreproducción, a lo que respondió:

“Para ser bien honesta, el riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones en la producción. Ese es el riesgo que se observó y eso es lo que lleva a que amerite que se haga una auditoría al respecto”, afirmó la funcionaria.

Rodríguez explicó que, en base al seguimiento que hacen, todos los años Codelco estima cuánto va a producir.

“Nosotros revisamos que efectivamente ese presupuesto que ellos hacen de lo que van a producir, se cumpla o no se cumpla. Y si no se cumple vemos si los controles asociados fueron los correctos. Esto puede ser a la baja o al alza. Y en este caso al ponerlo en, por decirlo de alguna forma coloquial, en la juguera de todos los antecedentes que consideramos, salió como un riesgo alto”, dijo Rodríguez.

Consultada particularmente de si la alerta advertida por Cochilco fue lo que motivó la auditoría de Codelco, Rodríguez dijo que, hasta donde sabía, esta nació de una denuncia y de manera específica para las 20 mil toneladas.

“Independiente de que nosotros en febrero de este año remitimos a la compañía y a la administración de Codelco, el oficio donde dábamos cuenta del inicio de esta auditoría también. Ellos estaban en conocimiento, pero no quiero atribuirme que es Cochilco el que dio lugar a esto, porque efectivamente es a través de una denuncia que se hizo interna en Codelco”, comentó.

Sin embargo, Rodríguez afirmó que si no hubiera existido esa esa denuncia, de igual modo “en nuestra auditoría habría salido el tema”

En esta línea, la vicepresidenta del órgano fue consultada sobre la necesidad de aumentar las facultades sancionatorias de Cochilco, ante lo cual aseguró que “independiente de este caso en particular, nosotros hace bastante tiempo ya hemos venido trabajando y revisando una modernización de la legislación de la Comisión”.

La regulación actual de Cochilco data de 1976, y su misión es la “fiscalización, evaluación de proyectos, la asesoría técnica al Gobierno y la elaboración de información confiable y oportuna”. Sin embargo, ha sido tema de debate la falta de atribuciones para sancionar irregularidades.

“Codelco está fuera de control”

Tras la publicación de la sobreestimación de producción en Codelco, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró en un mensaje difundido a través de su cuenta de X que “Codelco está fuera de control”.

Al respecto, Rodríguez aseguró que si bien en Cochilco “comparten la preocupación del ministro” no se puede “por un hecho aislado que involucra alrededor de siete personas poner a toda la compañía en el mismo saco”.

Además, aseguró que Cochilco es un organismo técnico, por lo que “no les corresponde determinar si una empresa está o no fuera de control”.

En cambio, apuntó a la necesidad de robustecer los controles, dotar a instituciones como Cochilco de mayores recursos y mejores herramientas, al igual que en el propio gobierno corporativo de Codelco.

 


Fuente/Pulso/La Tercera
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LA INDUSTRIA MINERÍA EN LATAM LIDERA LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA MÁS SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

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El papel estratégico de la minería en la transición energética y el desarrollo global, destacando que la región de América Latina cuenta con un estatus privilegiado gracias a su abundancia de minerales críticos y su matriz energética basada en energías renovables.  

Leonardo Lima – Arcadis Brasil

Leonardo Lima, Global Mining Director de Arcadis, empresa líder mundial en ingeniería y consultoría, comparte su visión sobre el papel estratégico de la minería en la transición energética y el desarrollo global, destacando que la región de América Latina cuenta con un estatus privilegiado gracias a su abundancia de minerales críticos y su matriz energética basada en energías renovables. «Latinoamérica tiene una cantidad y calidad de minerales que son esenciales para todo el mundo, además de contar con una matriz energética con más del 70% de generación renovable, lo que nos coloca en una posición única para liderar la minería responsable y sostenible», afirma el experto.

Con una trayectoria que abarca proyectos complejos en varias regiones del mundo, Leonardo Lima resalta que la madurez del sector minero en la región está en auge, con un compromiso creciente por parte de las grandes empresas en temas sociales, ambientales y regulatorios. «La industria minera en Latinoamérica está incrementando mucho su responsabilidad y eso es una diferencia clave respecto a otros sectores», señala. Además, destaca que países como Chile están promoviendo el concepto de «minería verde», que no solo es una tendencia, sino una necesidad imperante para consolidar la competitividad regional en el escenario global.

El ejecutivo explica que, para consolidar lo anterior, es fundamental fortalecer las condiciones de inversión a largo plazo mediante legislaciones claras, infraestructura adecuada y estabilidad política. «Latinoamérica ya recibe una gran parte de las inversiones en minería verde, pero aún podemos mejorar en aspectos como costos, infraestructura y plazos, para atraer más capital internacional», indica. Asimismo, el experto enfatiza en que la visión integral y la experiencia en múltiples mercados, es esencial para ofrecer soluciones diferenciadas y confiables, facilitando la toma de decisiones de inversión más seguras y sostenibles.

Cero emisiones e impacto social positivo

En cuanto a sostenibilidad, Lima detalla que, en el caso de Arcadis, su estrategia se basa en tres pilares fundamentales: descarbonización, impacto social positivo y protección ambiental. «El objetivo es lograr cero emisiones para 2050, dejar un legado en las comunidades y minimizar el impacto en el medio ambiente», explica. Además, destaca que energías renovables como la solar y eólica, permiten no solo reducir costos, sino también acelerar los permisos y procesos regulatorios, generando beneficios económicos y sociales. «La sostenibilidad y la eficiencia van de la mano; no solo es una estrategia de imagen, sino una necesidad para la competitividad del negocio», comenta.

En toda operación también resulta fundamental la atención y compromiso que se les entrega a las comunidades locales, trabajando desde etapas tempranas para crear legados duraderos. «Proyectos como Itabira Sostenible en Brasil, ejemplifican cómo la minería puede dejar un impacto positivo a largo plazo, promoviendo la transición de comunidades incluso tras el cierre de minas», señala. Además, resalta el papel de la inteligencia artificial como aliada en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del sector minero, asegurando que sin minería no hay avances tecnológicos como la inteligencia artificial y que su aplicación ayuda a hacer las operaciones más seguras, eficientes y responsables.

Mirando hacia el futuro, Leonardo Lima reafirma el compromiso de Arcadis de ser un socio preferencial en los desafíos que enfrenta la minería en la región, promoviendo un equilibrio entre crecimiento, innovación y sostenibilidad. «Queremos ser reconocidos como un referente en soluciones integradas que aporten valor para las sociedades, el medio ambiente y nuestros clientes», enfatiza.

Finalmente, el experto señala “que la región tiene un gran potencial para consolidarse como un actor competitivo y responsable en la minería mundial, siempre estando alineada con las exigencias de un mundo en transición hacia una economía más sostenible”.

 


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Crecimiento

SUBSECRETARIO DE MINERÍA DESTACA MEDIDAS PRO-INVERSIÓN MINERA EN CHILE DAY TORONTO 2026

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Autoridad abordó el programa minero del gobierno y subrayó el potencial minero del país, relevando que para Chile, al igual que Canadá, la minería no es sólo una industria, sino que una vocación sobre la que se ha construido el desarrollo del país.


Ante autoridades, inversionistas y actores del mercado financiero canadiense, uno de los principales emisores de capital extranjero en Chile, el subsecretario de Minería, Álvaro González, expuso durante su última jornada en Toronto, los principales lineamientos que está impulsando el gobierno del Presidente José Antonio Kast para fortalecer el liderazgo de la industria minera nacional y consolidar a Chile como potencia minera global.

“Creemos que en Chile se está generando un muy buen ambiente para invertir en minería, sector donde ya hemos visto señales concretas en los dos primeros meses del gobierno, con un máximo histórico de inversiones ingresadas a tramitación ambiental. Además, las medidas pro-inversión que hemos anunciado están despertando mucho interés porque fortalecen la posición de Chile, que ya es un país sumamente sólido para desarrollar inversiones en la región”, comenta la autoridad que esta semana inició su participación en el Chile Day Toronto 2026.

Con el propósito de relevar el atractivo del país para capturar inversiones que impulsen el crecimiento, el empleo y el progreso social, el subsecretario expuso los alcances y proyecciones del plan minero del gobierno que contempla los ejes de fomento a la inversión, modernización regulatoria para la agilización de proyectos y el fortalecimiento de la institucionalidad minera. Asimismo, abordó los desafíos y prioridades del sector en productividad, innovación y gestión hídrica para los próximos años.

“El concepto de Chile, potencia minera no es un eslogan; es una hoja de ruta y para ello estamos transitando hacia un Estado facilitador, con el objetivo de convertirnos en un aliado que pavimenta el camino de la inversión bajo estándares de excelencia técnica”, subrayó González al profundizar en el rol que debe tener el Estado en el desarrollo de proyectos mineros, con el fin de que Chile alcance su potencial en términos de crecimiento, productividad e inversión.

En esa línea, destacó las medidas del proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional presentado al Congreso, que apuntan a otorgar certeza jurídica e impulsar la invariabilidad tributaria para proyectos estratégicos; además  del fin de la permisología con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley MAS), que establece plazos máximos, ventanillas únicas y la eliminación de duplicidades. “El tiempo de los inversionistas es valioso, y el Estado chileno ahora lo respetará… Si buscan un destino donde se respete la propiedad privada, donde exista certeza jurídica y donde el Gobierno sea un facilitador del crecimiento, ese destino es Chile”, puntualizó.

La participación del subsecretario González inició este lunes en Toronto, junto a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, en el panel “¿Por qué invertir en Chile?”, donde ambas autoridades profundizaron en la importancia de avanzar hacia una regulación más eficiente y una tramitación más ágil de permisos, con el objetivo de facilitar inversiones que impulsen el crecimiento, el empleo y el desarrollo del país.

 


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Asuntos Corporativos

GOBIERNO PRESENTA AGENDA PARA REACTIVAR PEQUEÑA MINERÍA CON FOCO EN PERMISOS Y PRODUCTIVIDAD

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Ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, el biministro Daniel Mas expuso la urgencia de avanzar en simplificación de trámites, el fortalecimiento de instrumentos de fomento y la modernización de la Empresa Nacional de Minería con el propósito de destrabar el estancamiento productivo del sector.


Una hoja de ruta estructurada en cuatro ejes con foco en reactivar y fortalecer el desarrollo de la pequeña minería presentaron esta mañana a la Comisión de Minería y Energía del Senado, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; y el subsecretario de la cartera, Álvaro González, como parte del compromiso del gobierno del Presidente Kast para impulsar un sector clave para las economías y encadenamientos productivos locales, con más de 3.400 faenas mineras y sobre 21 mil empleos directos.

Durante su intervención, el secretario de Estado subrayó que la baja en las leyes de mineral, la distancia entre faenas y plantas de procesamiento y el aumento de costos operacionales asociados a trámites complejos, están entre los principales factores que explican el estancamiento que actualmente vive el sector. A ello se suma una brecha en capital humano, con trabajadores sobre los 55 años promedio, y limitaciones estructurales en la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), cuya situación financiera y operativa, reconoció, requiere ajustes profundos. “Hemos advertido que es necesaria una modernización de ENAMI centrada en la gestión y operación, y una renovación de su infraestructura”, afirmó.

Agenda para la pequeña minería

Frente a este escenario, el Ejecutivo delineó una agenda estructurada en cuatro ejes. En primer lugar, se busca fortalecer la productividad de la pequeña minería junto con simplificar los permisos, mediante ajustes a los instrumentos de fomento y modificaciones al régimen de patentes mineras. “Nuestra pequeña minería necesita reglas claras y trámites simples para poder desplegarse”, comentó Mas.

En esa línea, el subsecretario de Minería, Álvaro González, abordó el sistema de permisos y amparo minero, enfatizando la necesidad de simplificar los procesos de postulación para aliviar la carga regulatoria que enfrenta la pequeña minería. “Estamos trabajando en una propuesta para ajustar los requisitos asociados a la patente rebajada, con el objetivo de avanzar hacia un sistema más simple y eficiente, que permita a los mineros concentrarse en su actividad en terreno y no en trámites que en los últimos años se han vuelto especialmente engorrosos”, señaló.

Como segundo término, la propuesta de gobierno apunta a potenciar los encadenamientos productivos promoviendo la asociatividad, la integración con la mediana minería y una mayor incorporación tecnológica, con el objetivo de mejorar el acceso a mercado.

En tercer lugar, la agenda considera una modernización de la Empresa Nacional de Minería, con medidas que incluyen la liquidación de activos minerales (oro y cobre), inversión en plantas, definición del futuro de proyectos estratégicos y cambios en su gobierno corporativo. Todo ello con miras a alcanzar el equilibrio financiero de la empresa. “ENAMI es fundamental para desatar el potencial de los pequeños mineros, pero eso requiere un uso eficiente de los recursos y una estrategia clara”, sostuvo Mas.

Finalmente, el cuarto eje se centra en la seguridad y sostenibilidad operativa. La propuesta busca reforzar los estándares de seguridad minera, con énfasis en la prevención de accidentes y el control de riesgos críticos.

La autoridad concluyó que las medidas que conforman el programa se enmarcan en la meta de consolidar a Chile como potencia minera, destacando el rol de la pequeña minería por su impacto directo en las comunidades. “Necesitamos un Estado facilitador que no asfixie al pequeño minero, sino que le despeje el camino para crecer”, aseveró.

 


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Invariabilidad tributaria a 25 años: INVERSIONISTAS EXTRANJEROS PODRÁN RENUNCIAR POR UNA VEZ A CONTRATOS Y MEDIDA PARTIRÍA EN ENERO DE 2027

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El texto legal reconoce a las inversiones mineras derechos especiales de invariabilidad respecto del royalty a la minería, de nuevos tributos específicos para la actividad minera y de modificaciones más gravosas a las patentes de explotación y exploración.

Uno de los puntos relevantes para las inversiones en el país será el denominado estatuto de invariabilidad tributaria, el que esta vez incluye a gestores chilenos, a diferencia del Decreto Ley 600 creado en décadas pasadas que era solo para extranjeros.

Según el proyecto de ley enviado este miércoles al Congreso por el gobierno, el estatuto de invariabilidad será un contrato con el Estado, el que durará por 25 años a partir de su firma y será aplicable para inversionistas tanto locales como extranjeros que inviertan montos superiores a US$ 50 millones.

 Con esta medida, que partiría en enero de 2027, Chile volverá a ser un polo atractivo de inversión según el Ejecutivo, “fomentando el ingreso de capitales al país y generando empleo para chilenos en todo el territorio nacional”, sostiene el texto ingresado al Parlamento.

“El artículo 33 establece un mecanismo de invariabilidad tributaria para inversionistas locales y extranjeros que desarrollen en el país proyectos mineros, industriales, forestales, energéticos, de infraestructura, telecomunicaciones, investigación, desarrollo tecnológico, médicos o científicos, entre otros (…) En virtud de este régimen, se garantiza a los inversionistas extranjeros una carga tributaria efectiva total a la renta de 35%, así como la estabilidad de los elementos esenciales del sistema tributario vigente a la fecha del contrato”, afirma el proyecto.

El texto también hace mención a materias tales como regímenes de depreciación de activos, arrastre de pérdidas y gastos de organización y puesta en marcha, lo que es clave para la valorización de los proyectos a futuro.

También contempla la mantención sin variaciones, por el período que demore realizar la inversión pactada, del régimen tributario del impuesto sobre las ventas y servicios y del régimen arancelario aplicable a la importación de máquinas y equipos que constituyen bienes de capital.

“En el caso de proyectos mineros, se reconocen además derechos especiales de invariabilidad respecto del royalty a la minería, de nuevos tributos específicos para la actividad minera y de modificaciones más gravosas a las patentes de explotación y exploración”, consigna.

Además, el proyecto establece que, si con posterioridad se produjeran cambios normativos o de interpretación administrativa que resulten más favorables para el inversionista extranjero, estos podrán aplicarse en reemplazo de la invariabilidad.

“El inversionista extranjero que haya optado por solicitar la invariabilidad anterior tendrá el derecho, por una sola vez, a renunciar a ella e integrarse al régimen impositivo común, caso en el cual quedará sometido a las alternativas de la legislación impositiva general, con los mismos derechos, opciones y obligaciones que rijan para los inversionistas nacionales, perdiendo, por tanto, en forma definitiva la invariabilidad convenida. Sin perjuicio de lo señalado en este inciso, en caso de que exista un cambio en la normativa tributaria o, en su caso, en materia de interpretación administrativa, que beneficie al inversionista, ésta aplicará en reemplazo de la invariabilidad, sin necesidad de renuncia”, concluye.

 


Fuente/Pulso/La Tercera
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