Noticia País
«LA CLAVE ESTÁ EN AUMENTAR LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
El mantra del presidente de Telefónica Chile es la colaboración tanto para su empresa como para la sociedad.
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Claudio Muñoz todavía se pone nervioso ante el fotógrafo. «No logro acostumbrarme», mientras cruza los brazos en señal de defensa. Tampoco se acostumbra a los comentarios agresivos que se leen por Twitter, lo que lo ha hecho tuitear lo justo y necesario.
Poco se sabe del presidente de Telefónica Chile, quien ingresó a la compañía en 1986 como becario y de ahí en adelante se ha mantenido bajo el alero de esta empresa de telecomunicaciones de capitales españoles. En 2005 dejó la gerencia general y se embarcó a España, donde trabajó como Presidente Ejecutivo de Empresas América, a cargo de clientes corporativos que se ubicaban desde Estados Unidos a Chile. Allí le tocó vivir un país en auge y luego en debacle financiera. En 2010 regresó, primero como director y luego como presidente de la compañía.
Fue vicepresidente de la Sofofa por corto tiempo. Hasta que se hizo a un lado con el fin de dejar en libertad de acción a Hermann Von Mühlenbrock para reestructurar el directorio del gremio industrial, aunque sigue a cargo del área educacional. Casi de inmediato asumió el liderazgo del Círculo de Marketing de Icare, luego de que fuera invitado a participar en el directorio de dieciséis miembros.
-¿Quién era Claudio Muñoz antes de Telefónica?
-Un ciudadano común y corriente. Vengo de una familia de clase media, mi madre era profesora y mi padre, un empleado de una empresa automotriz que ya no existe.
-¿Cuál?
-Fiat. La planta estaba en las afueras de Rancagua. Mi familia es de allá y yo estudié en esa ciudad, pero me transformé en santiaguino.
Se confiesa como «un producto de la educación chilena». Ingeniero industrial de la Universidad de Chile, casado con una compañera de universidad y tres hijos, es un ejemplo de quien se hizo a sí mismo. «La vida me ha permitido tener oportunidades que honestamente no estaban en mi plan de vida y poder trabajar con personas que me han marcado muchísimo».
-Rodrigo Peñailillo se presenta como un ministro del Interior que viene de provincia. Que eso sorprenda, nos habla de lo poco abiertos que somos. ¿Para usted es relevante ser un presidente de Telefónica que viene de Rancagua?
-Se ríe- En Chile pensamos que el mundo inmediato que nos rodea es el relevante y eso no está bien. Yo nací en regiones y buena parte de mi vida la viví allí. Pero una vez en Santiago, muchas veces nos olvidamos que existen otras realidades y que el mundo es diverso.
-¿Qué es para usted la inclusión?
-Primero entender que todos somos distintos. Aprovechar todos los talentos y no desperdiciar ninguno. Abrir oportunidades. No hay nadie tan inteligente como la inteligencia colectiva, esa inteligencia que logramos cuando trabajamos en equipo y en torno a metas que queremos alcanzar. Ese es el país que me llamó a volver desde España.
Por eso, justamente en el Círculo de Marketing de Icare queremos invitar a que se presenten las buenas experiencias que hay en regiones o a empresarios que hacen cosas importantes en el resto del país y que en Santiago se ignoran.
-¿Y no se verá como el «huasito» invitado?
-Si alguien tiene ese estereotipo de una persona de provincia, quiere decir que no conoce las regiones.
-Siempre estuvo en el tema de innovación ¿por qué ahora está a cargo del Círculo de Marketing? ¿No me diga que era lo único que había en Icare?
-Se ríe y pasa a argumentar- Creo que el desarrollo de esta sociedad tiene que ver con la confianza de los consumidores. Estamos preocupados de la desaceleración del país en términos económicos, pero la clave está en incrementar la confianza de los consumidores. Esto se traduce en personas que consumen, que ejercen sus derechos de compra y en empresas que tienen que invertir y, al final del día, eso es desarrollo y crecimiento.
«Eramos un elefante y aprendimos a competir»
-Hace 10 años Telefónica era la responsable del 10% del volumen transado de la Bolsa de Comercio de Santiago y hoy prácticamente no se transa. Además, dependía fuertemente de los procesos tarifarios. ¿Qué queda de esa compañía?
-Queda muy poco. Si algo ha cambiado en la sociedad es el rol que juegan las telecomunicaciones y la tecnología. Cuesta encontrar algo más democrático que un celular. Hoy lo tienen todas las personas y está masificado.
-¿En qué se traduce eso dentro de la compañía?
-Antes telecomunicaciones era sinónimo de un teléfono negro, residencial, que estaba en la entrada de las casas de los consumidores. Ahora somos una compañía multiproducto que tiene un abanico amplio de posibilidades: internet, telefonía fija y móvil, televisión… y, por lo tanto, nos reinventamos. Éramos un elefante y aprendimos a bailar.
-La reinvención tuvo costos bien fuertes. Cuando dejó la gerencia general de Telefónica, uno de sus logros fue reducir la dotación de 7.720 a 3.910 personas y había pisos completos del edificio corporativo vacíos…
-Si uno pudiera elegir en qué trabajar, evidentemente esa parte no la escogería. Pero aquí hubo un cambio tecnológico: éramos una compañía que prestaba un solo servicio y enfrentamos la revolución que significó el celular e internet, lo que nos obligó a transformar nuestro modelo de operación y de negocios. A eso hay que sumarle una tercera fase que se dio cuando las compañías de telecomunicaciones comenzaron a estar en el mundo de la distribución de contenidos de televisión.
-La revolución del móvil difícilmente se hubiera dado sin la implementación del principio de «quien llama paga». ¿Cuánto de ese cambio fue forzado por la autoridad y cuánto por voluntad propia?
-El modelo regulatorio en Chile ha sido acertado, ya que el fondo de las regulaciones han apuntado a entregarle competitividad a los mercados. En telecomunicaciones, esa competitividad no existía y tuvimos que aprender a competir.
-El negocio móvil cambió drásticamente tras la portabilidad numérica y el ingreso de nuevos actores, lo que les ha significado una fuga de números a ustedes y a Entel. En el caso de Telefónica, se han ido 200.000 entre enero y julio, sin embargo los resultados no reflejan un deterioro, lo que sorprende porque además les bajaron los cargos de acceso.
-La portabilidad nos obliga como empresa a ser mejores ante un consumidor que tiene la opción de elegir. Chile tiene 24 millones de números móviles y hay un grupo de unas 2 millones de personas que desde que partió la portabilidad hasta hoy han cambiado de compañía. Eso es fantástico. Pero también las cifras están diciendo que los clientes no se cambian.
Por otra parte, una baja de 75% en los cargos de acceso es relevante y la clave ha sido reinventarse. No se saca nada con ponerse a llorar y quejarse, lo importante es cómo vamos por más.
-Chile tiene una alta penetración celular, ¿cómo usamos esa conectividad para pasar del entretenimiento a temas de educación?
-Es real que la primera reacción de los consumidores fue el entretenimiento, pero también hay un cambio importante en torno a innovación y emprendimiento asociado a las redes. Por ejemplo, hemos recibido en nuestros programas de emprendimiento cerca de 8.000 ideas y de ellas hay 30 compañías que ya están facturando y proveyendo servicios. Esta tasa de compañías transformadas es alta.
-¿Hay algún ejemplo concreto?
-Sí, claro. «Modo Mundial» fue la aplicación que permitió ver por primera vez los partidos de fútbol durante el Mundial a través del celular y lo hicimos en conjunto con empresas locales.
Animo empresarial: «Tenemos un gran ministro de Hacienda y hay que apoyarlo»
-¿Cómo se zafa de la imagen de abuso que revelan las encuestas?
-Es un hecho que ha caído la confianza en las instituciones. Cuando eso sucede, nos transformamos en sociedades individualistas donde lo único que importa son quiénes te rodean y hay poca disposición a colaborar. Los casos de abusos son puntuales, identificables, con nombre y apellido. La mayoría de las empresas son manejadas por empresarios con ganas de crecer, de trabajar e innovar.
-También hay una sensación de mayor inseguridad, generada por las bombas, que no ayuda a la confianza…
-Condeno este tipo de hechos, pero el tema de fondo es la necesidad de recuperar la confianza en los demás. Si no, comenzamos a parapetarnos. Necesitamos un cambio y por eso me gusta cuando se llama a la colaboración entre Estado, empresas y ciudadanos. Estamos hablando de un modelo distinto de trabajo. Aunque creo que tenemos que pasar a la acción.
-¿Qué significa eso?
-Ya está bueno de discursos y vamos a los logros. Si una autoridad llama a una alianza público-privada y no es creíble, todo se quedará en el discurso. Esto no es cosa de sacarse una foto, hay que comprometerse con metas y ejecutar en el sentido empresarial, es decir, lo relevante es cómo se logran los objetivos trazados. Lo importante es el proceso que lleva al resultado.
-¿El ministro de Hacienda es creíble?
-Tenemos un gran ministro de Hacienda y todos tenemos que apoyarlo.
-Es una respuesta de salón…
-Tenemos que trabajar con la autoridad. Podemos tener matices con los jefes, pero son nuestros jefes. Trabajemos con él y hagamos que las cosas resulten porque eso nos hará bien a todos.
Banda ancha: «Invertimos casi US$ 3.000 millones en 4 años»
-En 2010 lanzaron un plan de inversión de US$2.500 millones en banda ancha para cuatro años. ¿Terminaron ese plan?
-Ese programa lo superamos, la cifra está más cercana a US$3.000 millones.
-¿Subieron los costos?
-No, vimos más demanda y oportunidades de desarrollo en la expansión de las redes móviles de 3G/4G; y en la fibra óptica impulsada por la TV. El desafío hoy es en qué usamos la conectividad.
-¿Dónde ven las oportunidades?
-Chile necesita aumentar el aporte de las personas al desarrollo. Esto se puede medir como productividad laboral, pero también como cuán eficientes somos en usar los recursos. Por ejemplo, la agricultura usa tecnología de riego, pero no hay ningún agricultor que pueda ver en su celular cómo opera su riego. No es un problema de tecnología, porque ya existe, el reto es cómo se incorpora a la actividad productiva.
Fuente:lasegunda.com
Por Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO
El inicio de un nuevo año siempre invita a mirar el futuro con perspectiva. En el caso de la minería chilena, esa mirada no puede ser neutra ni complaciente: estamos frente a una industria que sigue siendo estratégica para el desarrollo del país, pero que enfrenta desafíos estructurales que exigen decisiones oportunas, visión de largo plazo y una conversación pública mejor informada.
Chile llega a este nuevo ciclo con fortalezas indiscutidas. Lideramos la producción mundial de cobre, contamos con décadas de experiencia minera, capacidades técnicas reconocidas a nivel internacional y un rol insustituible en la transición energética global. Sin embargo, ese liderazgo no es automático ni garantizado. Competimos en un escenario global cada vez más exigente, donde la inversión es móvil, los estándares ambientales y sociales son más altos, y la certeza regulatoria se ha vuelto un factor decisivo.
En este contexto, desde CESCO hemos insistido en la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción. Las 21 Propuestas para una minería competitiva y sostenible, elaboradas a partir del diálogo con actores públicos y privados, buscan precisamente contribuir a ese tránsito. No se trata de un listado técnico ni de una agenda sectorial cerrada, sino de una hoja de ruta que aborda temas claves para el futuro de la minería chilena: el fortalecimiento institucional, una simplificación de los procesos de permisos, la atracción de inversión en exploración, el desarrollo de capital humano, la innovación tecnológica, la relación con los territorios y la inserción de Chile en las cadenas de valor globales.
Estas propuestas nacen de una convicción profunda. La minería puede y debe seguir siendo un motor de crecimiento económico, pero también un espacio de transformación productiva, social y ambiental. Una minería que genera valor no solo a partir de sus recursos naturales, sino también desde el conocimiento, la colaboración y la confianza.
El año que comienza se abre además bajo una nueva administración, lo que representa una oportunidad relevante para renovar acuerdos, alinear prioridades y avanzar en políticas públicas que otorguen señales claras al sector. El desafío es compartido, que es construir un marco que permita destrabar proyectos, acelerar inversiones y, al mismo tiempo, elevar los estándares de sostenibilidad y participación. La minería requiere reglas claras, instituciones sólidas y una visión país que entienda su rol estratégico en el desarrollo de Chile.
Desde CESCO seguiremos aportando evidencia, análisis y espacios de diálogo para enriquecer esta conversación. Nuestro compromiso es contribuir a una minería que no solo responda a las demandas del presente, sino que se prepare activamente para los desafíos del mañana.
Porque una minería que transforma es, en definitiva, una minería que piensa el futuro del país.
Fuente/ Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO/CESCO
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Por: Patricio Cartagena D.
Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
Abogado, Ex Director Nacional Sernageomin.
Los primeros 100 días de un nuevo gobierno no están llamados a agotar la acción pública, sino a ordenar prioridades, fijar rumbo e ingresar los proyectos de ley que estructurarán el ciclo político. La noción de los primeros 100 días no es una consigna comunicacional: es una tradición política consolidada desde la experiencia histórica del New Deal de 1933, entendida como la ventana inicial para demostrar conducción, control de agenda y capacidad real de impulsar reformas estructurales.
En esa lógica, la señal más relevante en esta etapa no es la ejecución inmediata, sino la decisión política de ingresar iniciativas legislativas bien diseñadas, con diagnóstico compartido y alta viabilidad de tramitación. La pequeña y mediana minería (PM y MM) cumplen plenamente con esos criterios. Se trata de un sector con legitimidad histórica, fuerte anclaje territorial y un consenso político transversal en el Congreso.
En ese contexto, esta columna busca aportar insumos técnicos y propuestas concretas para la construcción de una agenda minera del próximo ciclo de gobierno, un ámbito que hasta ahora ha tenido escasa explicitación pública, pese a su relevancia estratégica para el desarrollo productivo y territorial del país.
Estas propuestas resultan particularmente oportunas en un escenario de precios del cobre y balance de mercado estructuralmente favorables para los próximos años, lo que abre una ventana concreta para mejorar la captura de valor de la PM y MM, aumentar producción efectiva, formalizar actividad y maximizar el retorno económico y fiscal del ciclo minero. No actuar a tiempo implica, simplemente, dejar pasar renta minera disponible por falta de adecuación institucional y normativa.
- Ley Marco de Fomento Productivo para la PM y MM
La primera iniciativa debiera ser el ingreso de una Ley Marco habilitante de Fomento Productivo para la Pequeña y Mediana Minería, orientada a rediseñar de manera estructural la relación del Estado con este sector.
No se trata de una ley de beneficios puntuales ni de subsidios coyunturales, sino de un marco jurídico que ordene y articule financiamiento, regulación proporcional (permisos y autorizaciones), sostenibilidad ambiental, desarrollo territorial y fomento productivo bajo una sola arquitectura normativa. En términos de política pública, supone transitar desde una aproximación fragmentada y asistencial hacia una relación estratégica, coherente y permanente entre el Estado y la PM y MM.
Por su carácter habilitante, esta Ley Marco debe preceder las reformas institucionales específicas, particularmente la reforma al gobierno corporativo de ENAMI actualmente en tramitación. Definir primero el modelo y luego ajustar las instituciones no es solo una opción técnica, sino una regla básica de buena gobernanza.
- Modificar el régimen de patente rebajada por trabajo efectivo de la Ley N°21.420
Una segunda iniciativa legislativa prioritaria es perfeccionar el régimen de amparo y patente rebajada por trabajo efectivo introducido por la Ley N°21.420, con el objeto de ampliar su cobertura y simplificar sustantivamente su aplicación. Si bien el principio del amparo por actividad minera va en la dirección correcta, su diseño actual introduce exclusiones y sobrecargas injustificadas para actores que operan en la misma escala productiva, en gran medida por exigencias formales y por un nivel de discrecionalidad administrativa que no se condice con la naturaleza del instrumento.
La corrección propuesta es directa: transitar hacia un sistema de acreditación objetiva de la condición de productor de baja escala, basado en criterios simples y verificables —como la inscripción en los padrones de proveedores de ENAMI u otros registros equivalentes—, evitando la evaluación caso a caso de proyectos y faenas por parte de Sernageomin. Este ajuste permitiría alinear la norma con su finalidad original: incentivar la explotación efectiva de las concesiones, reducir la especulación, otorgar certeza regulatoria a la pequeña y mediana minería y favorecer la inversión productiva y el empleo local, sin alterar el equilibrio fiscal de la medida.
- Modificar la Ley N°19.719 para modernizar la patente minera especial
Como complemento inmediato, resulta necesario ingresar una modificación a la Ley N°19.719, que regula la patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, hoy claramente desalineada con la realidad productiva del sector.
La propuesta es directa y razonable: ampliar los límites de superficie (hoy limitada el beneficio a 50 y 100 hectáreas), actualizar los criterios de elegibilidad y extender el beneficio a las formas societarias efectivamente utilizadas por la PM y Minería Artesanal en la actualidad. Esta corrección normativa permitiría mejorar la formalización, reforzar el trabajo efectivo y devolverle sentido a un instrumento que hoy presenta un impacto marginal.
- Modernizar la Ley N°19.137 para liberar propiedad minera ociosa
Finalmente, una medida de alto impacto territorial y bajo costo fiscal es ingresar una modificación a la Ley N°19.137, con el objeto de simplificar y hacer efectiva la liberación de pertenencias mineras no explotadas de Codelco hacia ENAMI y, a través de esta, hacia la pequeña minería, en forma obligatoria y sujeta a indicadores de cumplimiento.
Reducir cargas administrativas innecesarias, radicar decisiones en los directorios de las empresas públicas y dotar a ENAMI de un mandato claro para facilitar el acceso real de la PM y MM a estos activos, incluso mediante esquemas de transferencia condicionada o asociatividad productiva, permitiría activar inversión local y exploración vía explotación utilizando recursos ya disponibles del Estado.
Liderazgo para convertir diagnóstico en acción
Estas cuatro iniciativas no parten de cero. Existen diagnósticos, análisis técnicos y propuestas desarrolladas desde el ámbito gremial y académico. El desafío ya no es conceptual ni regulatorio, sino político y estratégico: traccionar esta agenda con liderazgo, decisión y una adecuada secuencia legislativa.
Ingresar estos proyectos de ley en los primeros 100 días permitiría aprovechar un consenso transversal, capturar valor en un ciclo de precios favorable y ordenar la relación del Estado con un sector clave para el desarrollo territorial.
La pequeña y mediana minería requieren decisiones oportunas, bien diseñadas y ejecutadas con sentido de Estado. El momento político ofrece esa oportunidad.
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Con la certificación entregada por la London Bullion Market Association (LBMA) a la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)— los lingotes de plata de Codelco son los únicos acreditados en Chile, lo que garantiza altos estándares en su producción y ventajas comerciales para alcanzar mejores precios.
Los lingotes de plata que Codelco obtiene como subproducto del cobre y que se producen en la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)—, obtuvieron la certificación Good Delivery que promueve la London Bullion Market Association (LBMA), el estándar más exigente para metales preciosos a nivel global.
Con esto, las barras de plata de Codelco son las primeras del país en acreditarse bajo este estándar y posicionan a la compañía dentro del club internacional de las productoras de plata más relevantes, junto a marcas como Peñoles (México), KGHM (Polonia) y Aurubis (Alemania).
En concreto, esta certificación garantiza que la plata que produce la Corporación, unas 200 toneladas anuales en la actualidad, cumple con los más altos estándares de pureza (99,99%), calidad física y trazabilidad responsable, permitiendo vender a bancos globales e inversionistas institucionales con ventajas comerciales significativas, incluyendo premios sobre el precio base frente a productos no certificados.
Lo que hace LBMA es publicar una lista de productores Good Delivery (o de “buenas entregas”) en oro y plata, que ahora alcanza las 84 plantas refinadoras en el caso de la plata y 66 en el caso del oro. Codelco no puede acceder a certificar su oro, dada su baja producción, ya que la LBMA sólo certifica empresas con producción mayor a 10 toneladas y Codelco produce cerca de dos toneladas anuales.
“Esta certificación para nuestra plata no sólo nos integra a un selecto grupo global, sino que también afianza nuestro compromiso con una producción de excelencia, con más transparencia en su operación y releva nuestro liderazgo en la industria minera consolidándonos como un actor líder en valor agregado y sustentabilidad”, destacó Braim Chiple, vicepresidente de Comercialización de Codelco. Recordó que los metales preciosos que Codelco comercializa los obtiene como subproducto de los barros anódicos o residuos que quedan tras el paso del mineral por las refinerías.
Describió que el contexto actual del mercado de la plata refuerza la relevancia de este hito: en 2025 el precio de la plata creció casi 150% a nivel internacional —hoy se cotiza en torno a los US$ 75 la onza troy— dado que es considerado un activo refugio ante la incertidumbre global y además ha crecido su demanda industrial, asociada a electromovilidad, energías renovables y tecnologías digitales. “Esta combinación ha convertido a la plata en un metal estratégico, y Codelco está preparado para atender esa demanda con un producto certificado y competitivo”, relevó el ejecutivo.
El proceso de acreditación
El joint venture PRM opera desde 2016 a través de una planta instalada en Mejillones. Allí se maquilan los barros anódicos provenientes de las refinerías Chuquicamata, Ventanas y Potrerillos (Salvador). En el caso del oro y la plata son devueltos a Codelco que los comercializa directamente, mientras que otros metales como paladio, platino y selenio, los vende PRM y luego transfiere a la compañía parte del valor.
Para obtener la certificación PRM debió esperar varios años debido a que la LBMA exige que las refinerías de metales preciosos operen por lo menos cuatro años antes de buscar la acreditación, tiempo que se cumplió justo en momentos en que surgió la pandemia, lo que hizo postergar el proceso, que se retomó hace poco más de dos años.
Angelo Rabagliati, gerente de Comercialización de Subproductos de Codelco, cuenta que el proceso de certificación consideró varias etapas con reiteradas visitas a las instalaciones y exhaustivos procedimientos de pruebas a cargo de especialistas de la LBMA. “Entre estos procedimientos se llevaron a cabo varias inspecciones en terreno, verificación de documentos de proveedores y pruebas físicas. Nuestras barras de plata fueron examinadas y evaluadas por árbitros independientes, que revisaron muchos detalles, como la dimensión, superficie, apilamiento y pruebas químicas de pureza”, describió.
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Crecimiento
Autoridad ambiental aprueba de manera unánime el proyecto que extiende la vida útil de la División Ministro Hales hasta 2054
La iniciativa involucró la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Involucrará una inversión de US$2.800 millones y elevará la producción de la división a 200 mil toneladas anuales, desde las actuales 170 mil toneladas.
La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Antofagasta aprobó de manera unánime el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Desarrollo Futuro División Ministro Hales (DMH)”, que permitirá extender la operación de ese yacimiento desde 2026 hasta 2054, con una inversión de US$2.800 millones.
Entre los hitos más relevantes del proceso de evaluación destaca la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que involucró a 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI). Este proceso de diálogo permitió incorporar mejoras sustantivas en el diseño del proyecto y beneficios a la calidad de vida de los habitantes de Calama.
DMH es la más joven de las divisiones de Codelco. Comenzó a operar en 2013, produce actualmente cerca de 170 mil toneladas anuales de cobre fino y emplea a casi cuatro mil personas entre trabajadores propios y contratistas. Con la aprobación de este proyecto, la operación incrementará su capacidad de extracción desde 500 mil toneladas por día (ktpd) a 550 ktpd y el procesamiento se elevará desde 57 ktpd a 65 ktpd, para alcanzar una producción aproximada de 200 mil toneladas de cobre fino anuales. El proyecto utilizará exclusivamente agua desalada o de terceros autorizados, reforzando el compromiso de Codelco con la sustentabilidad.
“Esta aprobación es una señal clara del compromiso de Codelco con la minería responsable y con el desarrollo sustentable del país. Ministro Hales es una operación estratégica y su continuidad asegura empleo, inversión y valor para Chile”, comentó Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.
Mientras que el gerente general (I) de DMH, César Jiménez, destacó el trabajo desplegado desde que ingresó el proyecto al SEIA en agosto de 2023. “Hemos trabajado intensamente durante más de dos años en un proceso transparente y participativo, incorporando mejoras que responden a las inquietudes de la comunidad y a los más altos estándares ambientales”, reflexionó.
Medidas de mitigación
El EIA también considera medidas para mitigar impactos en agua, aire y paisaje. Por ejemplo, se implementarán barreras hidráulicas para proteger el río San Salvador y el acuífero Calama-Yalquincha, y se reforzarán los sistemas de control de emisiones de material particulado, reduciendo las emisiones en la mina desde 3.500 ton/año a 3.080 ton/año.
Además, el proyecto incluye más de 30 compromisos ambientales voluntarios y acciones concretas para la ciudad de Calama, como la pavimentación de más de 15 kilómetros de calles y pasajes, la construcción del parque Norponiente de 15 hectáreas, el barrido y aspirado de vías, y programas de fomento agrícola y de energías renovables, entre otros.
“Este proyecto marca un hito en la gestión ambiental de la minería chilena. Incluye medidas innovadoras para reducir emisiones, proteger recursos hídricos y garantizar un desarrollo armónico con el entorno”, destacó Humberto Rivas, gerente de Medio Ambiente de Codelco.
Con esta aprobación, Codelco reafirma su compromiso con la producción responsable, respaldado por el sello internacional The Copper Mark, y con el desarrollo sustentable de la Región de Antofagasta, asegurando la continuidad de una operación estratégica para el país y para la minería del cobre.
| Consulta indígena con mayor participación de la historia
El EIA de DMH desarrolló un extenso proceso de Participación Ciudadana Anticipada desde fines de 2022, con más del 90% de las organizaciones territoriales de Calama y 46 organizaciones indígenas, con el fin de transparentar las características del proyecto, sus impactos y las medidas de control, mitigación y compensación. Específicamente, la Consulta a Pueblos Indígenas se convirtió en la más grande de la historia del SEIA, con la participación de 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI), con los cuales se desarrollaron más de 200 reuniones de diálogo entre mayo de 2024 y diciembre de 2025, lo que refleja un proceso amplio, profundo y altamente participativo. Los acuerdos alcanzados incluyen medidas de mitigación de impacto por MP10, obras urbanas y de infraestructura vial, programas de fomento agrícola, arborización, energías renovables y medicina ancestral, y mecanismos de seguimiento y trazabilidad. |
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Patricio Toledo, Technical & Execution Director, Arcadis.
La industria minera se encuentra en un proceso de transformación progresiva, impulsado por desafíos operacionales, ambientales y sociales cada vez más complejos. A la necesidad de mantener altos niveles de productividad y seguridad, hoy se suman exigencias crecientes en materia de sostenibilidad, resiliencia y eficiencia en el uso de los recursos. En este contexto, la ingeniería cumple un rol fundamental como articuladora de soluciones que permitan a la minería adaptarse y evolucionar, enfrentando los distintos desafíos y manteniendo la competitividad en los mercados.
Históricamente, la ingeniería aplicada en la minería se enfocó en asegurar la factibilidad técnica y económica de los proyectos. Sin embargo, la complejidad actual de las operaciones ha permitido avanzar hacia una ingeniería más integrada, no sólo con una visión de la solución técnica particular, sino actualmente es capaz de incorporar desde las etapas tempranas variables como comunidades, enfoque territorial, eficiencia energética, gestión del agua, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Esta evolución no busca reemplazar los enfoques tradicionales, sino complementarlos con una mirada de largo plazo.
El avance de las herramientas digitales ha sido un apoyo relevante en este proceso. Tecnologías como el modelado 3D, gemelos digitales, el manejo de los datos, la inteligencia artificial y la automatización de sus procesos, permiten evaluar escenarios, optimizar diseños y mejorar la toma de decisiones en escenarios cambiantes. En minería, estas capacidades sin duda también contribuyen a fortalecer la seguridad, mejorar el desempeño operacional y reducir incertidumbres.
Ámbitos como la gestión de relaves y del manejo del agua y la infraestructura energética que permitan una operación más “amigable con el medio ambiente” muestran con claridad cómo la ingeniería está incorporando criterios de sostenibilidad de forma cada vez más transversal. Más que un cambio abrupto, se trata de una evolución gradual de hace algunos años que busca fortalecer la confiabilidad de las operaciones y su relación con el entorno, anticipando riesgos y respondiendo a escenarios futuros.
En este contexto, junto a la incorporación de nuevas herramientas, la experiencia técnica, el conocimiento del contexto local y la colaboración en los proyectos siguen siendo esenciales para el éxito de los mismos. Una ingeniería efectiva es aquella que combina innovación con criterio técnico, entendimiento territorial y diálogo con los distintos actores involucrados en los proyectos.
Chile cuenta con condiciones favorables para seguir avanzando en esta dirección. La trayectoria minera del país, junto con marcos regulatorios más exigentes y la necesidad de avanzar en la transición energética, han impulsado una reflexión profunda sobre cómo diseñar y operar infraestructura minera de manera más sostenible y resiliente.
Desde Arcadis, con 45 años de presencia en Chile y más de 136 años de experiencia a nivel global, hemos acompañado esta evolución poniendo énfasis en una ingeniería que agrega valor real a los proyectos, integrando estándares internacionales y criterios de sostenibilidad en el largo plazo con la realidad específica de cada operación. Esta combinación permite desarrollar soluciones técnicas sólidas en el ámbito de la ingeniería, alineadas con los desafíos actuales de la industria.
La minería continúa siendo un pilar clave para el desarrollo del país. Acompañar su evolución mediante una ingeniería sostenible, rigurosa y progresiva es fundamental para fortalecer su competitividad, su relación con el entorno y su proyección de largo plazo.
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