Entrevistas
LOS CAMBIOS QUE AFINA EL GOBIERNO A LA CONSULTA INDÍGENA
Modificar el reglamento que rige las consultas por el convenio 169 en el análisis de proyectos sería una propuesta de Economía para destrabar las inversiones. Se estudia separar el mecanismo del sistema de evaluación ambiental y realizar un “mapeo” de pueblos originarios.
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ERA parte de los temas que la entonces candidata a la presidencia Michelle Bachelet conversó con las comunidades indígenas y lo incluyó en el programa de gobierno. Pero no se había vuelto a tocar. Sin embargo, el fallo adverso de la Corte Suprema de inicios de octubre pasado, que paralizó el proyecto minero El Morro, agilizó la discusión. De hecho, esta semana, como parte del paquete de medidas que la mandataria dará a conocer para reactivar las inversiones, se incluirá una fórmula para mejorar el proceso de consulta indígena.
La idea que se planteará será que este procedimiento, clave para la aprobación de proyectos de inversión, no sea realizado por el Servicio de Impacto Ambiental (SEA), sino que se desarrolle a través de una nueva institución de consulta nacional. Esto permitirá, estiman en el Ejecutivo, entregar más certezas a los inversionistas y descomprimir las labores del SEA. La visión del Ejecutivo es que la entidad no está cumpliendo bien su labor y está sobrecargada con la realización de la consulta, lo que no ha sido fácil de coordinar, pese a la existencia del reglamento Decreto Supremo 40 que regula este proceso dentro del análisis ambiental de los proyectos de inversión.
“El decreto 40 ha sido observado por las comunidades indígenas en distintos momentos. Su perfeccionamiento lo hemos conversado con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, y también a nivel de las subsecretarías para revisar lo que existe. Esto, porque hoy está resultando ineficiente, pues terminan judicializándose buena parte de las iniciativas”, explica la ministra de Desarrollo Social (MDS), María Fernanda Villegas.
Agrega que el decreto, firmado en diciembre de 2013 y que comenzó a operar en marzo pasado, no cumple una condición importante: que la consulta a los pueblos originarios se haga de manera previa a la etapa de participación ciudadana.
Villegas indica que han existido varias conversaciones al interior del gobierno para ver la forma en que este proceso se puede realizar de manera más eficiente. “Lo concreto es distinguir las consultas de participación ciudadana que tienen los procesos de inversión, de las consultas indígenas. Son dos cosas totalmente distintas”, dice.
PREOCUPACIÓN GREMIAL
El tema se comenzó a tratar con fuerza en las carteras económicas y sectoriales desde septiembre pasado, cuenta una fuente de gobierno. El proceso, que está siendo liderado por Economía, también ha reunido las visiones de Hacienda, Minería, Energía y Agricultura.
Hoy, el 44,7% de los proyectos energéticos y el 18,4% de los mineros tramitados en el SEA están relacionados con el convenio 169 y 35,6% de las iniciativas de energía y 26,7% de las mineras están judicializadas por este proceso (ver infografía), según un estudio que hizo el ex asesor especial de Asuntos Indígenas del gobierno de Sebastián Piñera, Matías Abogabir, a solicitud de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
En el gremio hay preocupación por el impacto de la consulta indígena. Por eso han realizado reuniones directamente con Hacienda. De hecho, el miércoles último las seis ramas de la CPC más el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, René Muga, y el gerente de estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, se reunieron con el equipo económico para analizar la llamada agenda “anti trabas”. Cada gremio entregó su visión sobre las barreras existentes y una de las conclusiones fue que el convenio 169 es el gran tema que está impidiendo la ejecución de proyectos, cuenta un asistente a la cita.
La semana pasada la mesa de ministros económicos también se reunió para avanzar en las propuestas que se presentarán en los próximos días. Uno de los puntos que se trató fue el convenio 169, señala un integrante de la mesa. “Se revisó documentación y se conversó sobre el 169. Existen varias opiniones, pero la más lógica es sacar el proceso de consulta del SEA. Es un trabajo muy complejo y hoy el SEA está sobrecargado”, dice.
Que exista mayor claridad sobre el alcance del convenio también es una de las peticiones de la Sofofa. El presidente de la entidad, Hermann von Mühlenbrock, señaló que al final lo que importa es tener un buen reglamento, “porque cuando las cosas no están claras y precisas generan incertidumbre. Se generan interpretaciones que dos personas la pueden leer de manera distinta y eso fue lo que pasó en este caso (El Morro)”.
Los gremios mineros -Sonami y Consejo Minero- también han manifestado su preocupación al Ministerio de Minería. “El fallo de El Morro generó mucho ruido en la industria y produjo una incertidumbre innecesaria”, indican fuentes del sector. De hecho, recientemente el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que el sector precisa criterios claros sobre el estándar de la consulta indígena para dar certezas, tanto a comunidades como a inversionistas. En 2012, Villarino ya había enviado una señal de alerta sobre el impacto del convenio en el marco de la cena anual de las grandes mineras. En la oportunidad, dijo que “los derechos de estos pueblos no pueden estar por sobre la legislación vigente que rige a todos los chilenos”.
NUEVA ORGANIZACIÓN
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, establece un marco de reconocimiento y protección a los pueblos originarios. En el caso de Chile, su tramitación parlamentaria se inició en 1991 y en marzo de 2008 el Congreso lo aprobó, entrando en vigencia en septiembre de 2009.
En marzo de 2013 se comenzó a trabajar la forma en que se aplicaría en Chile. Para eso se conformó una mesa de trabajo donde estaban presentes el gobierno, liderado por Abogabir y el MDS, y representantes de los pueblos originarios. La discusión no estuvo exenta de controversias. En el transcurso de las conversaciones varios representantes de las comunidades indígenas se bajaron de la instancia.
En esa mesa se estableció que la consulta enfocada a la afectación que pudieran tener los proyectos de inversión en las comunidades originarias debía ser desarrollada por el SEA. “El reglamento fue fruto de un trabajo de mucho tiempo, fue muy difícil llegar a acuerdo. En ese momento hubo que decidir cómo se hacía la consulta y esta fue la forma de hacerla (a través del SEA) y se decidió que era lo mejor, porque es el organismo que tiene más experiencia en el desarrollo de participaciones ciudadanas”, recuerda la ex ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
La idea de crear un organismo nacional de consulta para el 169 nació de la comunidad indígena. Así lo explican en el ministerio de Energía, donde indican que “como tal, es una inquietud que ha sido recogida para su análisis, tal como otras. Pero, por ahora, el gobierno no ha definido nada en la materia”.
Este nuevo organismo, explica una fuente de gobierno, permitiría organizar el proceso de participación de las comunidades, identificarlas, convocarlas y también consensuar los posibles acuerdos que se tomen entre ellos y el sector privado. “Lo que se necesita es dar garantía jurídica y para eso es necesario crear una estructura específica que se haga cargo de las consultas”, afirman cercanos a La Moneda.
Para poder materializarlo, cuenta una fuente del Ejecutivo, será necesario presentar un proyecto de ley en el Congreso. Sin embargo, estima que la tramitación no debería extenderse, pues en el Parlamento hay conciencia de la urgencia que requeriría. La meta del gobierno es que con todas las medidas propuestas esta semana, las inversiones comiencen a reactivarse durante 2015.
ZONA DE INFLUENCIA
Otro tema que será propuesto es la realización de una especie de “mapeo” de las comunidades indígenas, de tal manera que cuando la empresa llegue a un territorio sepa con antelación el número de comunidades que existe en la zona donde planea desarrollar su proyecto. “Esta es una petición que nos han hecho los gremios. La idea es establecer un mapa formal de comunidades. Con este levantamiento de comunidades se le dará más certeza jurídica a los inversionistas, porque conocerán su área de influencia”, explica un integrante de la mesa económica.
A nivel nacional se han realizado 29 procesos de consulta indígena desde 2009 hasta hoy. Esas inversiones suman US$ 15 mil millones, según el estudio de Abogabir. A la fecha sólo seis han iniciado la fase de construcción. Las 23 restantes, que suman desembolsos por US$ 13.067 millones, están enfrentando procesos de consulta, trámites administrativos o derechamente judicializadas.
En la actualidad, uno de los procesos más complejos que se está desarrollando es la consulta con la comunidad mapuche en la Región de Los Ríos para la central Neltume de Endesa. Hoy el proceso suma más de 500 días.
En Minería, el yacimiento de BHP Billiton, Cerro Colorado, en la I Región, también está en proceso. Las conversaciones se podrían extender, pues las comunidades aymaras están reacias a llegar a acuerdo con la empresa.
VISIÓN DE LOS PUEBLOS
Para los pueblos originarios, la consulta indígena no cumple con el estándar internacional, explica José Aylwin, del Observatorio Ciudadano. “Las organizaciones de pueblos indígenas y de derechos humanos, de la sociedad civil, miembros del Congreso e incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuestionaron este reglamento por sus vicios de forma, en particular por no involucrar a las instituciones representativas de estos pueblos”, señala.
Agrega que el reglamento limita el proceso sólo a estudios de impacto ambiental (EIA), dejando fuera a las declaraciones (DIA). Además, indica que el reglamento sostiene que el no alcanzar un acuerdo o consentimiento con los pueblos indígenas no implica la afectación de la consulta. “Ello es contrario a la interpretación que hacen los órganos de la OIT”, dice.
Aylwin opina que el reglamento debe ser reelaborado: “Es importante que a través de los procesos de consulta, los pueblos indígenas puedan incidir en las medidas, en este caso ambientales, susceptibles de afectarles directamente”.
Para Benítez hay que darle tiempo al reglamento antes de modificarlo. “En este proceso siempre alguien no quedará conforme, entonces, más que cambiar el reglamento, hay que pensar ¿qué significa el convenio 169? Significa que uno tiene el deber de consultar de buena fe, llegar a un acuerdo, pero este punto no es mandatorio, porque a veces no se llega nunca a acuerdo. Acá se está llevando al extremo que hay que lograr acuerdos, pero como para ciertos grupos el único acuerdo es lo que ellos quieren, ese acuerdo es imposible”, reflexiona la ex ministra Benítez.
Fuente:La Tercera
Crecimiento
Codelco expone ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara sus desafíos estratégicos y los resultados de la auditoría a la producción 2025
El presidente del directorio presentó los cuatro pilares estratégicos definidos por la mesa que encabeza, situando la seguridad como la principal prioridad. Asimismo, detalló las medidas adoptadas para fortalecer la transparencia, el control y la integridad de la gestión, a partir de las conclusiones del proceso de auditoría a la producción del año pasado.
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, presentó ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados los cuatro focos prioritarios definidos por la Corporación para maximizar sus aportes al Estado, con responsabilidad, austeridad y una visión de largo plazo. Estos son la seguridad de las personas como prioridad; maximizar los excedentes para el Estado, lo que implica rentabilizar las operaciones, buscando al mismo tiempo no aumentar los niveles de endeudamiento; ordenar la casa con mano firme y transparencia, fortaleciendo los mecanismos de control y los estándares en la gestión, y la sostenibilidad de manera integral, en lo operacional, económico, ambiental y social.
“Estamos trabajando con todos para fortalecer Codelco y recuperar la confianza. Nuestro propósito es que la empresa vuelva a desplegar todo su potencial, recuperando el vínculo y el orgullo que los chilenos sienten por Codelco”, describió ante los diputados.
Fontaine fue acompañado a la instancia por el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado; el auditor general, Raúl Puerto; y la directora y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), Tamara Agnic Martínez.
Precisamente la presidenta del CACE y el auditor general relataron los detalles del proceso de auditoría respecto del reporte de producción de 2025. La investigación concluyó que, en las divisiones Chuquicamata y ministro Hales, se clasificaron como productos terminados materiales que no cumplían las condiciones establecidas en la normativa interna para dicha categoría. Como consecuencia, se identificaron incumplimientos normativos, la aplicación improcedente de criterios de excepción y deficiencias en los mecanismos de aprobación, lo que incidió en los indicadores de producción y en el cálculo de los incentivos variables.
Agnic indicó que el directorio instruyó la aplicación de un conjunto de medidas entre las que se encuentran una auditoría externa para la revisión de los reportes de producción de los años 2024 y 2025, el recálculo de incentivos variables asociados a indicadores de producción del 2025 y la implementación de procesos de recuperación que correspondan de los bonos asociados a ejecutivos, supervisores y trabajadores.
Respecto de este punto, Rubén Alvarado explicó a los parlamentarios que ya se ejecutó la gestión de devolución entre los ejecutivos involucrados y se han realizado reuniones con las federaciones de trabajadores y supervisores para buscar los mejores caminos para concretar esta devolución respecto de esos estamentos.
Respecto al futuro de Codelco, Bernardo Fontaine comentó a la Comisión que con el inicio de su gestión se está realizando una revisión exhaustiva de la compañía, con foco en los procesos y estándares de gestión. Además, anunció que, en los próximos meses, la compañía llevará adelante el proceso de definición de su Plan Estratégico instancia en la que se evaluarán de manera integral distintos aspectos de su gestión y desarrollo futuro, incluyendo su estructura operacional y de costos, su cartera de proyectos y eventual venta de activos, alternativas de financiamiento y otras materias relevantes para el cumplimiento de sus objetivos de largo plazo. “Es un trabajo riguroso que nos permitirá, contar con un plan claro de mejoras para consolidar una operación más robusta, transparente y alineada con fortalecer la sostenibilidad operacional y financiera de la Corporación”.
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Crecimiento
BIMINISTRO DANIEL MAS PRESENTA EN EL CONGRESO PRIMER PROYECTO MINERO DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE KAST
Ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, autoridad entregó los alcances y beneficios de la iniciativa que busca simplificar y aportar certeza al régimen de patentes mineras con foco en impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana minería nacional.
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de los pequeños y medianos mineros, simplificando el sistema de postulación y pago de patente minera rebajada para concesiones de explotación, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto al subsecretario Álvaro González, presentó en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el primer proyecto de ley minero de la administración del Presidente José Antonio Kast.
“Este es el primer proyecto de ley en materia minera que presenta la administración del Presidente Kast, y es una iniciativa que está en el corazón del plan de gobierno porque está alineada con nuestro objetivo de pasar a ser un Estado facilitador de la iniciativa privada, dejando en el pasado los años de obstrucción y retraso que han impedido el despliegue del potencial minero”, afirmó el secretario de Estado.
Enfatizó que el proyecto busca otorgar mayor certeza y facilitar la inversión en el sector.
La medida, ampliamente esperada por los pequeños y medianos productores mineros, propone modificaciones al régimen de patentes mineras establecido en el Código de Minería, con el propósito de hacer más simple el sistema mediante la eliminación del aumento progresivo de las patentes y los requisitos de 500 hectáreas, parentescos y tipos societarios para la pequeña minería.
Además, la iniciativa incorpora una nueva causal de rebaja por exploración minera para que el productor no tenga que postular todos los años a la rebaja, entre otros aspectos considerados en el proyecto de ley.
El biministro Mas explicó que los ejes del proyecto son claros: “Primero, facilitamos el acceso a la patente rebajada. Vamos a eliminar los requisitos burocráticos de parentesco y tipos societarios que impedían a muchos pequeños mineros acceder a este beneficio. Segundo, eliminamos la patente progresiva para quienes no han podido desarrollar actividad. Y como tercer punto, ampliamos los beneficios. No sólo el concesionario podrá postular, sino también arrendatarios y quienes exploten legítimamente la mina”.
El subsecretario de Minería, Álvaro González, señaló que la propuesta legislativa contribuye a mejorar la situación de los pequeños mineros porque “elimina el parentesco que les era exigido para una patente rebajada, saca el límite de las 500 hectáreas y los tipos societarios que les eran requeridos, lo que da más certeza al momento de postular a estas patentes rebajadas”, destacó.
La iniciativa legal ingresada recientemente al Congreso inició de esta manera, su trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Una vez materializados los ajustes que propone el proyecto, la actividad minera dispondrá de reglas más claras y un régimen general de patente más beneficioso, con causales de rebaja bien delimitadas, alineando el sistema de patentes con los objetivos de desarrollo minero del país.
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DIRECTORIO NOMBRA A JORGE GÓMEZ NUEVO PRESIDENTE EJECUTIVO DE CODELCO
El directorio de Codelco, luego de una sesión extraordinaria, acordó la designación de Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la compañía.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado Vigar, presentó su renuncia al cargo luego de haber ejercido estas funciones desde septiembre de 2023, conduciendo a la Corporación en los distintos desafíos que ha debido enfrentar en este período. El directorio agradece el trabajo realizado durante su gestión.
En consecuencia, el directorio de Codelco, luego de una sesión extraordinaria, acordó la designación de Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la compañía. Gómez asumirá el cargo a partir del próximo 13 de julio, mientras Rubén Alvarado continuará desempeñando dichas funciones hasta esa fecha.
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, señaló que “Jorge Gómez es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena. Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco. Estamos muy satisfechos de que haya aceptado asumir este desafío”.
Fontaine agregó que “los focos del nuevo presidente ejecutivo serán la seguridad de las personas como prioridad, generar rentabilidad y maximizar los aportes al Estado, el control de la gestión y la sostenibilidad operacional, ambiental y social”.
Ingeniero civil en Minas de la Universidad de Atacama, Jorge Gómez cuenta con más de 30 años de destacada trayectoria en la minería. Asumirá en Codelco tras liderar durante los últimos 14 años Minera Doña Inés de Collahuasi, período en el que, como presidente ejecutivo, impulsó una profunda transformación de la compañía, posicionándola entre las operaciones más relevantes, eficientes y seguras de la industria a nivel mundial. Bajo su mandato, la empresa alcanzó resultados sobresalientes en desempeño operacional, creación de valor y seguridad.
Previamente se desempeñó como vicepresidente de Operaciones Centro-Sur de Codelco, teniendo bajo su responsabilidad las divisiones Andina, El Teniente, Ventanas y Salvador. También fue vicepresidente de Operaciones de Antofagasta Minerals entre 2006 y 2010, gerente general y gerente de Operaciones de Minera Los Pelambres entre 1997 y 2006, además de ocupar diversos cargos de responsabilidad en Compañía Minera Mantos de Oro.
Su trayectoria incluye también una activa participación gremial e institucional. Fue presidente del Consejo Minero entre 2018 y 2022 y director de Sonami durante dos períodos. En 2025 fue distinguido por EY Chile y El Mercurio con el premio Ejecutivo del Año, reconocimiento a su liderazgo y aporte al desarrollo de la industria minera chilena.
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Cochilco y sobreestimación de producción de Codelco: “EL RIESGO QUE NOSOTROS VIMOS ES QUE EFECTIVAMENTE HABÍAN DESVIACIONES”
«El riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones en la producción. Ese es el riesgo que se observó y eso es lo que lleva a que amerite que se haga una auditoría», dijo Claudia Rodríguez.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Chilena de Cobre (Cochilco), Claudia Rodríguez, abordó este viernes el escándalo en Codelco a raíz de la sobreestimación de la producción de la estatal, lo que motivó el despido de un alto ejecutivo y obligando incluso a presentar una denuncia ante la Fiscalía.
La cuprífera reconoció que 26.875 de las toneladas, alrededor del 2% de su producción, que se reportaron como “producidas” el año pasado aún no se encontraban tratadas, por lo que “debieron mantenerse registrados como productos en proceso”.
El anuncio de la estatal generó irritación en el gobierno y el propio ministro Daniel Mas (un crítico de la gestión de Máximo Pacheco) reaccionó a través de redes sociales y una declaración pública, condenando los hechos.
En conversación con radio Pauta, Rodríguez fue consultada específicamente si es que Cochilco estaba enterada y había alertado sobre estos niveles de sobreproducción, a lo que respondió:
“Para ser bien honesta, el riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones en la producción. Ese es el riesgo que se observó y eso es lo que lleva a que amerite que se haga una auditoría al respecto”, afirmó la funcionaria.
Rodríguez explicó que, en base al seguimiento que hacen, todos los años Codelco estima cuánto va a producir.
“Nosotros revisamos que efectivamente ese presupuesto que ellos hacen de lo que van a producir, se cumpla o no se cumpla. Y si no se cumple vemos si los controles asociados fueron los correctos. Esto puede ser a la baja o al alza. Y en este caso al ponerlo en, por decirlo de alguna forma coloquial, en la juguera de todos los antecedentes que consideramos, salió como un riesgo alto”, dijo Rodríguez.
Consultada particularmente de si la alerta advertida por Cochilco fue lo que motivó la auditoría de Codelco, Rodríguez dijo que, hasta donde sabía, esta nació de una denuncia y de manera específica para las 20 mil toneladas.
“Independiente de que nosotros en febrero de este año remitimos a la compañía y a la administración de Codelco, el oficio donde dábamos cuenta del inicio de esta auditoría también. Ellos estaban en conocimiento, pero no quiero atribuirme que es Cochilco el que dio lugar a esto, porque efectivamente es a través de una denuncia que se hizo interna en Codelco”, comentó.
Sin embargo, Rodríguez afirmó que si no hubiera existido esa esa denuncia, de igual modo “en nuestra auditoría habría salido el tema”
En esta línea, la vicepresidenta del órgano fue consultada sobre la necesidad de aumentar las facultades sancionatorias de Cochilco, ante lo cual aseguró que “independiente de este caso en particular, nosotros hace bastante tiempo ya hemos venido trabajando y revisando una modernización de la legislación de la Comisión”.
La regulación actual de Cochilco data de 1976, y su misión es la “fiscalización, evaluación de proyectos, la asesoría técnica al Gobierno y la elaboración de información confiable y oportuna”. Sin embargo, ha sido tema de debate la falta de atribuciones para sancionar irregularidades.
“Codelco está fuera de control”
Tras la publicación de la sobreestimación de producción en Codelco, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró en un mensaje difundido a través de su cuenta de X que “Codelco está fuera de control”.
Al respecto, Rodríguez aseguró que si bien en Cochilco “comparten la preocupación del ministro” no se puede “por un hecho aislado que involucra alrededor de siete personas poner a toda la compañía en el mismo saco”.
Además, aseguró que Cochilco es un organismo técnico, por lo que “no les corresponde determinar si una empresa está o no fuera de control”.
En cambio, apuntó a la necesidad de robustecer los controles, dotar a instituciones como Cochilco de mayores recursos y mejores herramientas, al igual que en el propio gobierno corporativo de Codelco.
Fuente/Pulso/La Tercera
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LA INDUSTRIA MINERÍA EN LATAM LIDERA LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA MÁS SOSTENIBLE Y COMPETITIVA
El papel estratégico de la minería en la transición energética y el desarrollo global, destacando que la región de América Latina cuenta con un estatus privilegiado gracias a su abundancia de minerales críticos y su matriz energética basada en energías renovables.
Leonardo Lima, Global Mining Director de Arcadis, empresa líder mundial en ingeniería y consultoría, comparte su visión sobre el papel estratégico de la minería en la transición energética y el desarrollo global, destacando que la región de América Latina cuenta con un estatus privilegiado gracias a su abundancia de minerales críticos y su matriz energética basada en energías renovables. «Latinoamérica tiene una cantidad y calidad de minerales que son esenciales para todo el mundo, además de contar con una matriz energética con más del 70% de generación renovable, lo que nos coloca en una posición única para liderar la minería responsable y sostenible», afirma el experto.
Con una trayectoria que abarca proyectos complejos en varias regiones del mundo, Leonardo Lima resalta que la madurez del sector minero en la región está en auge, con un compromiso creciente por parte de las grandes empresas en temas sociales, ambientales y regulatorios. «La industria minera en Latinoamérica está incrementando mucho su responsabilidad y eso es una diferencia clave respecto a otros sectores», señala. Además, destaca que países como Chile están promoviendo el concepto de «minería verde», que no solo es una tendencia, sino una necesidad imperante para consolidar la competitividad regional en el escenario global.
El ejecutivo explica que, para consolidar lo anterior, es fundamental fortalecer las condiciones de inversión a largo plazo mediante legislaciones claras, infraestructura adecuada y estabilidad política. «Latinoamérica ya recibe una gran parte de las inversiones en minería verde, pero aún podemos mejorar en aspectos como costos, infraestructura y plazos, para atraer más capital internacional», indica. Asimismo, el experto enfatiza en que la visión integral y la experiencia en múltiples mercados, es esencial para ofrecer soluciones diferenciadas y confiables, facilitando la toma de decisiones de inversión más seguras y sostenibles.
Cero emisiones e impacto social positivo
En cuanto a sostenibilidad, Lima detalla que, en el caso de Arcadis, su estrategia se basa en tres pilares fundamentales: descarbonización, impacto social positivo y protección ambiental. «El objetivo es lograr cero emisiones para 2050, dejar un legado en las comunidades y minimizar el impacto en el medio ambiente», explica. Además, destaca que energías renovables como la solar y eólica, permiten no solo reducir costos, sino también acelerar los permisos y procesos regulatorios, generando beneficios económicos y sociales. «La sostenibilidad y la eficiencia van de la mano; no solo es una estrategia de imagen, sino una necesidad para la competitividad del negocio», comenta.
En toda operación también resulta fundamental la atención y compromiso que se les entrega a las comunidades locales, trabajando desde etapas tempranas para crear legados duraderos. «Proyectos como Itabira Sostenible en Brasil, ejemplifican cómo la minería puede dejar un impacto positivo a largo plazo, promoviendo la transición de comunidades incluso tras el cierre de minas», señala. Además, resalta el papel de la inteligencia artificial como aliada en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del sector minero, asegurando que sin minería no hay avances tecnológicos como la inteligencia artificial y que su aplicación ayuda a hacer las operaciones más seguras, eficientes y responsables.
Mirando hacia el futuro, Leonardo Lima reafirma el compromiso de Arcadis de ser un socio preferencial en los desafíos que enfrenta la minería en la región, promoviendo un equilibrio entre crecimiento, innovación y sostenibilidad. «Queremos ser reconocidos como un referente en soluciones integradas que aporten valor para las sociedades, el medio ambiente y nuestros clientes», enfatiza.
Finalmente, el experto señala “que la región tiene un gran potencial para consolidarse como un actor competitivo y responsable en la minería mundial, siempre estando alineada con las exigencias de un mundo en transición hacia una economía más sostenible”.
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