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Gobierno elabora guía para relacionamiento comunitario en proyectos eléctricos

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Material, por ahora en versión preliminar, busca cumplir con el compromiso de la Agenda de Energía de establecer estándares de convivencia. ¿Reemplazará al proyecto de ley de Asociatividad? No. Por ahora.

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Es uno de los temas prioritarios para la industria energética nacional. La fuerte -y creciente- oposición a los proyectos de generación eléctrica es para distintos actores la verdadera causa de que en Chile las tarifas de la luz se hayan disparado en los últimos años, la competencia no aumente y que, en algunos episodios, aparezca el fantasma del déficit de energía.

Conscientes de esta situación, en el Gobierno plantearon en la Agenda de Energía, que en mayo cumplió un año desde su lanzamiento, la necesidad de reformar por la vía legal la forma en que las empresas se relacionan con las comunidades aledañas, estableciendo parámetros de participación tanto en la evaluación ambiental de las iniciativas como también en el período de operación de las centrales. Hasta hace poco se hablaba de compartir ganancias, mediante la entrega de un porcentaje de las ventas a fundaciones integradas por las comunidades y las empresas.

Esa idea, que en principio iba a ser presentada al Congreso a fines del año pasado, ha sido aplazada ya dos veces, quedando, como explicó a PULSO el propio ministro de Energía, Máximo Pacheco, rezagada en el calendario de proyectos a enviarse al Parlamento para su discusión. La nueva fecha es antes de fin de año, pues hay otra serie de proyectos en cola que deben ser discutidos antes de que se envíe este proyecto.

Pero eso no significa que no se esté trabajando en el tema. Recientemente, el Ministerio de Energía presentó una guía de Estándares de Participación para el Desarrollo de Proyectos Energéticos, documento por ahora en etapa preliminar que busca, como se señala en el texto al que tuvo acceso PULSO, que incorpora elementos como la participación temprana y en todas las etapas del proyecto, transparencia de información, prevención y solución de conflictos, grados de incidencia de la participación, representatividad y diversidad de los participantes, diálogo constructivo y deliberativo, entre otras cosas.

Para su elaboración se decidió sumar la asesoría de la Fundación Casa de la Paz, cuyo rol ha sido clave en la elaboración de este documento que, por ahora, está en etapa preliminar.

“La Agenda energética, elaborada por el Ministerio de Energía a comienzos del 2014, establece la participación ciudadana y el ordenamiento territorial como uno de sus ejes. Pues, los conflictos territoriales, ambientales y sociales que están enfrentando los proyectos energéticos hoy día, se deben a un creciente empoderamiento de los ciudadanos y requieren entonces, desarrollar un diálogo más profundo con la sociedad en relación a lo que se haga en los territorios”, señala el texto.

“El Ministerio de Energía está convencido que para un desarrollo energético inclusivo los proyectos de energía deben realizarse en forma alineada con las comunidades receptoras. Para esto se deben generar espacios de participación que involucren a las comunidades en el desarrollo de los proyectos energéticos, e impulsar las mejores prácticas de trabajo asociativo y participativo entre las empresas y comunidad” se añade.

Uno de los puntos más relevantes del documento es el Convenio 169, que establece un reglamento para la incorporación de las comunidades indígenas a la evaluación ambiental y demás etapas del proceso. Según la guía del Ministerio de Energía, se trata de un trámite que debe hacerse con mucha antelación a la tramitación del estudio de impacto ambiental, lo que implica su realización de manera voluntaria por parte del titular del proyecto.

“La consulta indígena de acuerdo al Convenio 169 se debe realizar para toda medida legislativa o administrativa susceptible de afectar a los pueblos indígenas. El estándar promueve la realización de procesos participativos mucho antes de concretarse una medida administrativa como es la RCA, por lo que todas las actividades sugeridas por el estándar para las etapas previas al SEIA, corresponden a procesos participativos que enriquecen o complementan el desarrollo de la debida consulta previa de la RCA de un proyecto, que se realiza dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental”, plantea el documento.

Eso sí, el titular debe cerciorarse que los representantes de la comunidad, sea o no indígena, cuenten con capacidad, legitimidad y el mandato necesario para representar eficazmente los intereses de sus representados.

Otro aspecto clave es la transparencia de la información, entendiendo que los representantes de la comunidad tienen el derecho a conocer toda la información relativa a los proyectos, cuyo acceso debe ser garantizado por el titular.

Que esto se realice de manera temprana también es clave, de acuerdo con la guía preliminar.

De la misma manera, se sostiene que el diseño de los mecanismos de participación debe realizarse de manera conjunta entre la comunidad y el titular, de manera que no se sienta como una imposición por parte de la empresa.

También es relevante que una vez obtenidos los permisos y sorteadas las barreras de la etapa de construcción, la relación no se abandone. “Una vez que la planta comienza su operación existe el riesgo de descuidar la participación, pues las etapas más intensas del proceso han sido superadas. Para evitar esto, el titular debe ser proactivo promoviendo la permanencia de los espacios de comunicación, información y articulación con la comunidad, evaluándolos de manera permanente e implementando ajustes de acuerdo a necesidades y criterios compartidos con la comunidad”, explica la guía.

¿Cómo hacerlo?

Se plantea que, entre otros mecanismos, se generen instancias de asociatividad que respeten el derecho al desarrollo de las comunidades, la protección de los ecosistemas y la voluntad libre e informada de los actores locales. Entre los temas a tratar debe evaluarse la entrega de fondos de desarrollo o inversión social estratégica; además de evaluar compartir propiedad o beneficios (utilidades) de la operación privilegiando las personas y comunidades afectadas a través de corporaciones o fundaciones con amplia representación local.  Esta idea, si bien ha estado presente en el borrador del proyecto de ley de Asociatividad, no ha sido ratificada aún por el Gobierno como algo que se va a plasmar en una ley, por lo que hace sentido que se deje como una recomendación y no como una orden de carácter legal.

 

Fuente:Pulso 
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Crecimiento

Siete de cada 10 chilenos creen que el acuerdo Codelco-SQM es positivo para el país

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Según la última medición del estudio Ómnibus de Cadem, 70% promedio de las personas informadas sobre el acuerdo lo evalúa positivamente durante los últimos tres meses, destacando su potencial económico y estratégico para el país.


El acuerdo para la producción de litio en el Salar de Atacama continúa generando apoyo transversal. Según la última medición del estudio Ómnibus de Cadem (junio 2025), 67% de quienes están informados sobre el acuerdo considera que éste es positivo para Chile, principalmente por su impacto en la economía, la creación de empleos y la consolidación de una posición de liderazgo global.

Las razones más mencionadas por las personas encuestadas incluyen la capacidad del acuerdo para reactivar o mejorar la economía (45%), generar nuevas oportunidades laborales (28%) y facilitar la explotación sustentable de un recurso estratégico como el litio (17%).

Además, 55% de la ciudadanía considera que el próximo gobierno debería concretar este acuerdo para asegurar el liderazgo de Chile en el mercado mundial del litio, frente a 36% que prefiere su reevaluación.

“Este acuerdo marca un antes y un después para Chile. Por primera vez, una empresa estatal, a través de una potente asociación público-privada liderará la producción de litio en el Salar de Atacama, con el expertise privado acumulado durante 30 años, una gobernanza pública robusta, con criterios de sostenibilidad y un modelo que asegura que el valor de este recurso estratégico se quede en el país. Estamos muy orgullosos de este paso histórico y, también, profundamente felices de que los chilenos y las chilenas lo reconozcan y lo sientan como un logro propio”, resaltó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

Estos resultados refuerzan el respaldo ciudadano a una alianza que representa no sólo una decisión empresarial, sino una apuesta por el desarrollo sostenible, la soberanía sobre los recursos naturales y el bienestar de las futuras generaciones. Chile no puede seguir esperando: la ventana de oportunidad del litio es ahora para transformarnos en líderes en la producción de los minerales críticos de la transición energética global.



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Business

Royalty minero recaudó más de US$1.550 millones en su primer año de vigencia y tres mineras concentran el 90% de los pagos

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La cifra global de 2024 arrojó una recaudación mayor a la proyectada por el propio Ejecutivo. Las operaciones de Escondida, Collahuasi y Los Pelambres explicaron por sí solas US$1.398 millones en pagos de acuerdo a la nueva legislación, reafirmando la dependencia fiscal del Estado en un grupo reducido de faenas mineras, altamente rentables.


Una recaudación mayor a la proyectada consiguió durante 2024 la aplicación del nuevo royalty minero, en su primer año de vigencia. Si el Ejecutivo estimaba que el cobro tributario específico, aprobado en agosto de 2023, recaudaría en torno a US$1.350 millones en régimen, lo cierto es que la cifra del primer año de aplicación arrojó un número superior a ese. Al menos así lo revela un análisis realizado por la consultora 1st Quartil Mining, a los balances de la mineras que informaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en sus estados de resultados los pagos relacionados con este y otros impuestos.

Así, de acuerdo con sus cálculos, el royalty minero generó una recaudación superior a los US$1.550 millones, considerando las trece principales operaciones mineras del país (ver gráfico), de un total de 34 sociedades afectas al régimen específico. Las cifras revisadas por la consultora no consideran el impuesto ad valorem correspondiente al 1% de los ingresos por ventas de cobre. El ejercicio fue liderado por el director ejecutivo de la entidad, Claudio Valencia.

Del total contabilizado, sólo tres operaciones concentran el 90% de los pagos: Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo operado por BHP -que cuenta con el 57,5% de la propiedad-, aportó con US$839 millones, siendo el mayor de los pagos en toda la industria minera del cobre y explicando el 54% del total. La cifra, neta de otros beneficios de los impuestos a las ganancias, es sólo una parte de los tributos totales que pagó la minera en el ejercicio pasado, que alcanzaron los US$ 2.371 millones, incluyendo los impuestos a la renta, donde las mineras pagan el mismo 27% corporativo que el resto de la industria.

Sin embargo, la reconciliación de la tasa de impuesto efectivamente pagada por Escondida arroja una cifra aún mayor: US$969 millones por concepto de royalty minero. Según detallan los propios balances de la compañía, el monto se compara con el pago por US$226 millones realizado durante 2023 por concepto del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), que regía en ese entonces.

La aplicación del nuevo royalty minero hizo que para la principal operación productiva de cobre del país la tasa aplicada en gravámenes específicos saltara desde el 5,75% en 2023, al 17,11% en 2024.

Cabe recordar que el nuevo esquema tributario del sector pasó de gravar el resultado operacional de las mineras en una escala de tasas que rondaba entre 5% y 14%, a aplicar una escala de impuesto sobre el nivel de la producción de cada firma. De esta forma, aquellas firmas que producen menos de 50 mil toneladas anuales pagan entre un 0,4% y un 4,4%, mientras que aquellos productores que superen dicho nivel y más de la mitad de ella corresponda a cobre, pagarán un componente ad valorem de 1%, y además una tasa progresiva que va de 8% a 26% del margen operacional minero.

Escondida produjo en el ejercicio pasado un total de 1.241 mil toneladas de cobre fino, un 16% superior a lo visto en 2023. En dicho período, las utilidades de la minera alcanzaron los US$3.290 millones, El nuevo esquema tributario hizo que la minera anotara un aumento de 61% en el pago de impuestos, en comparación al mismo periodo de 2023.

El segundo actor que más contribuyó con los pagos contabilizados por 1st Quartil Mining fue Collahuasi, con aportes por US$363 millones. La operación, controlada por el joint venture entre Anglo American y Glencore, donde cada una cuenta con el 44% de la propiedad, y consorcio Japan Collahuasi Resources, el 12% restante, informó en sus balances que la tasa impositiva en 2024 alcanzó el 14,4%, versus el 6,7% visto en 2023, año en que pagó US$152 millones por el IEAM.

El resultado pasó por las 558 mil toneladas en producción de cobre que reportó la operación durante el ejercicio, lo que le permitió obtener utilidades por US$1.542,9 millones, y un reconocimiento por concepto de impuestos de US$969,9 millones.

En los documentos enviados por la minera a la CMF, habla de US$383,3 millones por concepto del royalty minero, calculado sobre la renta imponible operacional. A ello suma US$44,1 millones correspondientes al componente ad valorem calculado sobre las ventas.

El total, dice la propia compañía, asciende a los US$427,4 millones en reconocimientos por concepto de royalty minero.

El tercer actor que completa el listado de mineras que más pagan royalty es Los Pelambres, donde el grupo Luksic tiene el 60% de la propiedad, y un consorcio japonés, el 40% restante. Según la consultora, los aportes por royalty minero de Pelambres fue de US$196 millones en 2024. El cargo se compara con los US$86 millones pagados por la minera en 2023 por concepto del IEAM.

Según detallan los estados de resultados de Pelambres, la tasa aplicada para el cálculo del gravamen de la minera fue de un 12,73%, versus el 6,3% que se le aplicó con la legislación tributaria anterior.

Impacto en la competitividad

La mayor parte del resto de las operaciones mineras de cobre privadas realizaron aportes significativamente menores, incluso con montos inferiores a los US$ 70 millones. Además, varias de ellas no registraron pagos, como Spence, de BHP, dada la invariabilidad tributaria con la que cuenta dicha operación hasta 2032. En el grupo de las mineras que tampoco registraron pagos de royalty minero, también se encuentra Quebrada Blanca, controlada en un 60% por la canadiense Teck, un 30% de Sumitomo y el 10% que Codelco compró a Enami en 2024. La minera informó pérdidas por US$779 millones en 2024.

En el análisis de Valencia, los resultados muestran además de la concentración del 90% de los pagos en tres actores, un impacto en la competitividad del sector.

“Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, el impacto del royalty en la competitividad de la industria minera nacional y el atractivo para la inversión debe ser siempre monitoreado y comparado frente a otros distritos mineros. Es fundamental para resguardar la competitividad, sostenibilidad y atractivo del país como destino de inversión minera”, indicó.

También, apuntó a la preocupación que sus clientes le han expresado por el correcto uso de los recursos.

”Un uso adecuado de estos fondos permite mejorar la calidad de vida de las comunidades y fomentar un desarrollo económico más diversificado y sostenible. Cuando la ciudadanía percibe beneficios concretos en su entorno, se fortalece la legitimidad social de la minería y se reduce la conflictividad. Por el contrario, la falta de planificación, control o transparencia en la asignación de estos recursos puede traducirse en malgasto, clientelismo o pérdida de confianza en las instituciones. Por ello, una gestión eficaz y estratégica del royalty no solo es una obligación ética, sino también una condición para asegurar el desarrollo armónico de los territorios mineros y la continuidad de la actividad extractiva con respaldo social”, agregó.

 



Fuente/Pulso/LaTercera
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Una mujer liderará directorio de SQM

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De forma sorpresiva para el mercado, SQM informo la renuncia sorpresiva del presidente y vicepresidente de su directorio, Gonzalo Guerrero y Patricio Contesse F., respectivamente.

Asimismo, por primera vez en su historia, el mayor productor de litio del mundo pasará a ser liderado por una mujer


A través de un hecho esencial la compañía comunicó la renuncia del actual presidente y vicepresidente de su directorio y el nombre de quien presidirá la instancia.

SQM informó este martes la renuncia del presidente y vicepresidente de su directorio, Gonzalo Guerrero y Patricio Contesse, respectivamente. Asimismo, por primera vez en su historia el mayor productor de litio del mundo pasará a ser liderado por una mujer, Gina Ocqueteau.

Según reportó la compañía a través de un hecho esencial presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, ambos ejecutivos presentaron su dimisión a los cargos pero mantendrán otros roles dentro del mismo directorio.

El directorio reunido en sesión ordinaria, eligió a la directora Gina Ocqueteau como presidenta, mientras que Gonzalo Guerrero pasó al cargo de vicepresidente. Por su parte, Patricio Contesse, se mantendrá como director de la minera.

El cambio del gobierno corporativo de la firma respondería a una política interna que ha llevado adelante SQM desde la salida de su histórico presidente Julio Ponce Lerou tras 28 años y que contempla la renovación de los altos mandos del directorio cada tres años.

La primera mujer presidenta

Enfermera de la Universidad de Chile con un MBA de ESADE Bussiness School, Gina Ocqueteau se desempeñaba desde abril de 2022 como directora independiente de SQM por la serie A, tras ser postulada por el Grupo Pampa Çalichera (que elige 3 de los 8 integrantes del directorio).

A lo largo de su carrera se ha destacado por ocupar distintas gerencias de la ACHS, asi como su participación en una serie de directorios de distintas compañías. En la vereda pública, integró el Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en 2021.

De acuerdo a la página web de SQM, actualmente es la Directora de la Cámara de Comercio Asia Pacífico y Fundación Marca Chile, consejera de Chile Mujeres, docente de BOW Mujeres Empresarias, cofundadora de Unión Emprendedora, socia fundadora de CrossCheck y gerenta general de Waygroup Chile. También es directora de Enel Chile desde abril de este año.

 



Fuente/Diario Financiero
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Gobierno cierra misión en Bruselas con acuerdos estratégicos para fortalecer estrategia de minerales críticos

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Ministra Aurora Williams encabeza misión sobre minerales críticos en Bruselas para fortalecer alianza estratégica con la Unión Europea

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