Noticia País
Minería ve lenta recuperación y menor presencia en PIB
En la industria hay consenso de que el mayor ajuste por la crisis del precio del cobre ya se concretó, pero prevén que la recuperación será lenta. Uno de los principales impactos ha sido la fuerte caída en el aporte a la economía nacional, donde el sector redujo a más de la mitad su contribución a las arcas fiscales en una década. El mercado recién ve un repunte del precio hacia 2019.
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La crisis minera en Chile se ha convertido para el gobierno en un invitado de piedra que aún no se quiere ir. Es que la desaceleración del sector, con la reducción del 50% en su cartera de inversiones en tres años, y la fuerte caída que ha registrado el precio en el mercado internacional, han sido más intensas de lo esperado.
Y su impacto se ha sentido. En una década, el sector redujo en más de la mitad su aporte al crecimiento económico del país. El año 2006, en pleno superciclo del metal, el sector representó el 20,7% del PIB chileno, y el año pasado llegó a representar sólo el 9% de la economía de país. Y su descenso continúa, pues en el primer trimestre de este año el aporte de la minería llegó a sólo 8,3% (ver infografía).
En los ingresos fiscales también se ha sentido su efecto, pues la industria bajó en 78% su aporte al Fisco en casi una década. Pasó de provisionar US$ 14.114 millones el año 2007, a sólo US$ 3.044 millones el año 2015, según datos de la Sonami. Y en el último año la situación no repunta. De acuerdo con la Dirección de Presupuestos (Dipres), el primer semestre de este año el aporte del sector al Estado fue de US$ 570 millones, cifra que implica una caída de 68,1%, comparado con los US$ 1.790 millones que aportó en el mismo período del año pasado. Para el cierre de año se espera un aporte del sector de sólo US$ 914 millones.
¿Qué pasará más adelante? La industria es cauta al respecto. El consenso en el sector es que “lo más crítico de la crisis ya se vivió”, pero se prevé que su recuperación será lenta, sobre todo ahora, que se tiene una nueva perspectiva respecto de la recuperación del precio del cobre.
“Lo que estamos viendo hoy es que la recuperación del precio del cobre estaría ocurriendo a la altura de 2018 y 2019, es decir, un poco más tarde de lo previsto. Y ahora lo que estamos estimando es que el año 2020 ya deberíamos tener un repunte más consolidado del precio”, adelanta el presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada, al ser consultado.
La visión coincide con la entregada por el actual candidato a la presidencia de la Sonami, Diego Hernández, quien en una reciente entrevista a este medio reconoció que la recuperación de la industria se podría producir a mediados de la próxima década. “En dos o tres años más va a empezar a subir el precio del cobre, y ahí vamos a tener unos cinco, seis o siete años de precios más atractivos y después veremos qué es lo que pasa”, dijo en la oportunidad.
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Pese a este nuevo escenario respecto de la cotización del metal, Hernández asegura que el aporte del sector a la economía nacional “no debería seguir bajando” y afirma que “la industria volverá a recuperar el protagonismo”, pero lo más probable es que sea a una menor tasa.
“En un país que se hace llamar minero, la presencia de la minería pesa por lo menos un 10%. Este ciclo a la baja se va a recuperar, y si llegamos a tasas de 14% o 15% en los próximos cinco o seis años, sería un resultado bastante bueno”, explica.
La visión es compartida por el director ejecutivo de la consultora local Plusmining, Juan Carlos Guajardo, quien indica que “será difícil que el sector vuelva a aportar por sobre el 15% del PIB en la próxima década”.
La duda que pone sobre la mesa el director de proyectos de Cieplan, Patricio Meller, es si dada la fuerte caída que ha registrado la minería al PIB nacional, habrá otro sector productivo que lo reemplace. “La minería pagó en su período de auge el equivalente a la suma que entregan los cinco sectores productivos que le siguen. Debe compartirse esa responsabilidad fiscal, pero lamentablemente eso no lo estamos viendo”, indica.
En tanto, para el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, que la minería tenga o no una mayor presencia en las arcas fiscales no es un tema que preocupe al gremio. Pese a esto, indica que hace cuatro años que el sector ha estado trabajando junto al gobierno para resolver las trabas y despejar los “nubarrones” que hoy impiden que el sector retome la senda del crecimiento.
“Todos los esfuerzos de la industria están puestos en que se consoliden los cambios necesarios tanto en temas de productividad y costos como también de sustentabilidad, con el objetivo de volver a transformarse en un aportante del 15% o 20% de los ingresos fiscales”, afirma.
Ahora, dice, “si no se hace nada y el sector sigue con los mismos problemas de hoy, es probable que no representemos más del 5% u 8% de los ingresos fiscales en el largo plazo”.
Otro impacto que ha sentido el gobierno es la fuerte caída en la inversión minera, lo que se ha reflejado en las proyecciones de la tasa de inversión como porcentaje del PIB de parte del Banco Central.
De hecho, en el último IPoM, el BC nuevamente ajustó a la baja esta variable, proyectando que tendría una caída de un 2,4% este año y un modesto crecimiento de 0,9% para el 2017.
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Pero la tasa viene a la baja desde el año 2014, cuando tuvo una disminución de 4,2% y al año siguiente siguió la tendencia, al caer un 1,5%. Lejos del crecimiento de 11,6% que estimó el año 2012.
El peso de la minería en este ítem también ha sido relevante (ver infografía). De hecho, el año 2013 el sector representó el 34% de la inversión total del país, porcentaje récord en la industria que el año siguiente bajó al 30% (última fecha informada por el BC).
Por eso, en junio pasado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no dejó de mostrar su asombro con la extensión del ajuste del ritmo de inversiones del sector minero y reconoció que en el gobierno “se pensaba que el ajuste de la minería había terminado, pero eso no ocurrió”, situación que recalcó “es una mala noticia”.
En la industria miran con preocupación la caída en más del 50% que ha tenido la millonaria cartera de inversiones, la que el año 2013 Cochilco estimaba en US$ 112.000 millones.
Hoy, la entidad pública prevé inversiones por US$ 50.000 millones para la próxima década, cifra que no es compartida por el Consejo Minero, pues el gremio que reúne a las grandes mineras del país y a Codelco estima que la cartera actual de proyectos que hoy están en etapa de evaluación suma US$ 35.879 millones.
Sin embargo, esa cifra podría sufrir un nuevo ajuste, dada la revisión del millonario plan de inversiones que está haciendo Codelco. “La situación de Codelco es ciertamente el factor de mayor incertidumbre actualmente. El destino de los proyectos estructurales no está completamente definido y siendo estos la parte de la inversión minera que ha seguido adelante en este período de ajuste, cualquier detención sería significativa”, reconoce Juan Carlos Guajardo.
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Fuente:La Tercera www.chilemineria.cl
La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) informa el nombramiento de Ari Bermann, Vicepresidente Comercial y de Desarrollo de Negocios LATAM de Aramark, como Presidente de la asociación para el período 2026.
Este nuevo período dará continuidad al trabajo institucional de APRIMIN, fortaleciendo el rol estratégico de los proveedores y la colaboración del ecosistema minero con una mirada de largo plazo.
Al asumir, el nuevo Presidente destacó: “Agradezco al directorio saliente y, en especial, a la presidenta Dominique Viera por su liderazgo y gestión, que dejan una base sólida para esta nueva etapa”.
Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo de APRIMIN 2026 quedó conformado por:
Ari Bermann, Presidente – Aramark
Ricardo Garib, Vicepresidente – Weir
Macarena Vallejo, Vicepresidenta – Metso
José Pablo Domínguez, Vicepresidente – ME Elecmetal
Evelyn Galaz, Tesorera – Deloitte
Luciano López, Secretario Comité Ejecutivo – Enaex Servicios
Directorio
El Directorio de APRIMIN para 2026 estará integrado además por:
Sergio Hernández – OmniLogistics
Juan Pablo Amar – Finning Sudamérica
Darko Louit – Komatsu
Macarena Andrade – Syncore
Dominique Viera, Past President APRIMIN – MetaProject
APRIMIN reafirma su compromiso con el trabajo colaborativo y el desarrollo sostenible de la industria minera.
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Por: Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN/Abogado, Ex Fiscal de Enami
Análisis técnico sobre los avances en gobernanza corporativa y las brechas pendientes en la definición de la política pública de fomento minero
La reciente aprobación en general, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) constituye un hito relevante en la discusión sobre el rol del Estado en la minería chilena. Existe consenso en que la empresa requiere una actualización institucional profunda: profesionalizar su directorio, fortalecer los mecanismos de control, elevar los estándares fiduciarios y reducir espacios de discrecionalidad.
Ese diagnóstico es correcto y compartido. Sin embargo, precisamente porque el momento legislativo es relevante, resulta indispensable distinguir entre una reforma necesaria y una reforma suficiente. Y en ese punto, el proyecto deja abiertas más preguntas de las que resuelve.
ENAMI frente al desafío de una minería 2050
La minería chilena enfrenta un cambio estructural. La agenda de minería 2050 no se limita a mayor producción o eficiencia operativa; incorpora exigencias crecientes en sostenibilidad ambiental, trazabilidad, innovación tecnológica, productividad, economía circular y agregación de valor.
En ese contexto, ENAMI no puede seguir siendo pensada únicamente desde su rol histórico del Siglo XX (ver DFL N°153 de 1960). El debate de fondo es si la empresa ante los nuevos desafíos de la minería 2050 está llamada a:
- apoyar activamente a todos los segmentos de la minería artesanal, mediana minería y proveedores mineros, más allá del ámbito tradicional de la pequeña minería;
- traccionar capacidades en proveedores mineros, innovación y servicios tecnológicos, como espacio privilegiado para pilotar proyectos y escalar a nivel industrial;
- desempeñar un rol en etapas tempranas de exploración, donde el mercado presenta fallas evidentes;
- abrirse a nuevos minerales, en un enfoque polimetálico, como el litio u otros críticos para la transición energética;
- liderar proyectos de minería secundaria, reprocesamiento de relaves y economía circular;
- asumir, si así se decide, un mandato explícito en fundición y refinación, como parte de una política industrial y estratégica.
Ninguna de estas definiciones aparece resuelta en el proyecto de ley ni en el marco normativo vigente. Y sin ellas, es difícil evaluar con propiedad qué tipo de ENAMI necesita el país hacia las próximas décadas.
Una reforma correcta en la forma y en los instrumentos
Dicho con claridad, el proyecto acierta en el plano instrumental. La nueva composición del directorio, la incorporación del sistema de Alta Dirección Pública, la creación de comités especializados, la separación contable entre fomento y operaciones, y la aproximación a estándares de la OCDE representan avances reales y necesarios.
Desde la perspectiva del gobierno corporativo, se fortalece la rendición de cuentas, se profesionaliza la toma de decisiones y se dota a la empresa de una arquitectura institucional más robusta. No se trata de una reforma meramente cosmética.
Sin embargo, una buena arquitectura de gobernanza no puede suplir la ausencia de un mandato claro. La forma, por sí sola, no resuelve el fondo. El principal nudo crítico del proyecto radica precisamente en este déficit estructural: gobernanza sin política pública explícita.
Sostenemos que la modernización del gobierno corporativo de ENAMI se impulsa sin que exista una política pública vinculante y explícita para la pequeña y mediana minería, idealmente contenida en una ley marco que defina con precisión objetivos, beneficiarios, instrumentos, alcances y fuentes de financiamiento.
En términos simples —y muy propios de nuestra tradición institucional—, se vuelve a poner la carreta delante de los bueyes.
Una ley marco de fomento productivo debe definir materias tales como: las funciones concretas del fomento productivo minero, los beneficiarios efectivos de ese fomento, el alcance de la intervención estatal en la cadena de valor minera, los instrumentos habilitados y el financiamiento explícito y sostenible de esos mandatos.
Sin todo lo anterior, ENAMI seguirá operando con un mandato difuso, tensionada entre exigencias de desempeño empresarial, expectativas sectoriales y objetivos de política pública que no siempre son compatibles entre sí.
En ese escenario, incluso un directorio profesionalizado queda expuesto, no por falta de capacidades técnicas, sino por la inexistencia de un marco normativo que ordene y jerarquice sus decisiones estratégicas.”
El rol del Ministerio y el límite de lo programático
Durante los últimos años, el Ministerio de Minería ha avanzado en la definición de una política de fomento a la pequeña minería, principalmente mediante la revisión y sistematización de instrumentos vigentes (ver Documento de Política de Fomento, 2025). Ese esfuerzo es valioso y contribuye a ordenar la discusión.
No obstante, es importante ser precisos: se trata de un marco programático no vinculante, que no reemplaza —ni puede reemplazar— una definición legal de política pública. Pretender que ese instrumento administrativo habilite, por sí solo, una reforma estructural de ENAMI, es pedirle más de lo que institucionalmente puede entregar.
Una invitación a completar la reforma
Esta reflexión no busca cuestionar la necesidad de modernizar el gobierno corporativo de ENAMI. Por el contrario, reconoce ese avance como imprescindible. Pero advierte que no puede ser el punto de llegada.
Si el país aspira a una ENAMI coherente con los desafíos de la minería 2050, el paso siguiente es ineludible: definir explícitamente la política pública que la empresa debe ejecutar. Solo a partir de ese mandato será posible evaluar, con rigor y responsabilidad, si la estructura de gobernanza propuesta es la adecuada.
Modernizar la forma es necesario, definir el fondo es impostergable.
Columna de Opinión/Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN/Abogado, Ex Fiscal de Enami Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
Cristián Cifuentes, analista senior de CESCO
En los últimos meses, la conversación sobre el futuro minero de Sudamérica ha estado marcada por una inquietud recurrente: ¿está Argentina creando las condiciones para desplazar a Chile en la carrera por el capital global del cobre? El RIGI, la simplificacPor ión regulatoria y la promesa de estabilidad por tres décadas han encendido alarmas y titulares. Sin embargo, cuando se mira el cuadro completo, lo que surge no es una disputa frontal entre vecinos, sino la posibilidad de transformar la Cordillera de los Andes en la plataforma minera integrada más relevante del hemisferio.
Es cierto que Argentina ha dado un paso que durante años parecía impensado. La garantía de horizontes tributarios y cambiarios estables por 30 años es un giro estructural. A esa promesa se suma una cartera mineral que ya no puede calificarse de potencial abstracto: al menos siete proyectos cupríferos de talla mundial y un estimado de 116 millones de toneladas de cobre fino aún subexplotadas. Frente a eso, es válido preguntar si Chile, Perú o incluso Canadá deberían percibir esto como un factor de preocupación o simplemente como un cambio que requiere mayor atención estratégica.La respuesta, al menos desde la evidencia, debiese ser más matizada. Si bien Argentina está acortando distancias, Chile sigue ofreciendo algo que en minería pesa muchas veces más que un incentivo puntual que es la estabilidad institucional, logística consolidada, proveedores experimentados y un grado importante de inversión. En una industria donde una mina vive tres décadas, esa estabilidad es una moneda que no se devalúa.
En este contexto, el error sería caer en la metáfora del juego de suma cero. Que parte de la inversión marginal, sobre todo en exploración greenfield, mire con más atención a San Juan, Salta o Jujuy no significa que esos recursos se “pierdan” para Chile. El país enfrenta hoy costos en ascenso, mayor complejidad en permisos y restricciones hídricas, por lo que es lógico que los inversionistas diversifiquen sus decisiones. Pero diversificar no es reemplazar. De hecho, la propia estructura de los proyectos binacionales en la frontera entre San Juan y las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso muestra una realidad distinta: si ambos países coordinaran marcos e instrumentos, tal como lo destacamos recientemente en el trabajo desarrollado con Fundar “Una cordillera compartida: oportunidades de integración minera Argentina-Chile en la transición energética”, la cordillera podría aportar más de un millón de toneladas adicionales de cobre al año, equivalente a la brecha de oferta proyectada hacia 2040. Esa cifra no surge de la competencia, sino de la complementariedad.
Incluso cuando el mineral se extrae del lado argentino, una parte significativa del valor agregado —servicios especializados, logística, puertos, ingeniería e incluso fundiciones— puede generarse en Chile. Es lo que ya empieza a ocurrir en proyectos como Filo del Sol, Josemaría o Los Helados/Lunahuasi, donde los encadenamientos productivos cruzan la frontera con naturalidad. La cordillera, lejos de ser un muro, es un sistema de vasos comunicantes.
Esta lógica también aparece cuando se examina qué pesa realmente en la toma de decisiones inversionales. Los incentivos fiscales ayudan, sí, pero no reemplazan lo esencial: estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y relaciones predecibles con comunidades. En ese plano, Chile importa más por su trayectoria que por cualquier reforma coyuntural. Mantener calificaciones soberanas en rango A/A2 y registros institucionales sólidos es un activo que los inversionistas conocen bien y valoran más de lo que reconocen públicamente. Argentina ha impulsado el RIGI para reforzar la estabilidad requerida por los proyectos estratégicos, complementando los avances que ya viene realizando en materia institucional. Y ese diseño, lejos de ser un desafío para Chile, puede convertirse en un complemento eficaz.
El mensaje es claro. Una cordillera integrada es más poderosa que una fragmentada. Pensar en términos de competencia entre Chile y Argentina es una mirada simplista, frente a la magnitud de la transición energética global. La verdadera oportunidad yace en asumir que ambos países tienen ventajas que, en conjunto, pueden convertirlos en un bloque minero estratégico.
Esto requiere actualizar los instrumentos de integración existentes, planificar infraestructura compartida hacia el Pacífico y desarrollar cadenas de proveedores que funcionen como un corredor andino de valor. Si la región avanza en esa dirección, el flujo de capital no se desplazará: se ampliará. El empleo no se redistribuirá, sino que crecerá. El riesgo no aumentará, se diluirá.
Al final, la pregunta no es si Argentina puede superar a Chile, sino si ambas naciones serán capaces de abandonar la lógica del espejo y pensar la minería como un proyecto común. Porque, en esta carrera global, el futuro del cobre no se define país contra país. Se define región contra región. Y en ese escenario, si Chile y Argentina actúan como socios y no como rivales, no compiten. Lideran.
Columna de Opinión/Cristián Cifuentes, analista senior de CESCO Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
A octubre de este año, Escondida, de BHP, ha producido 1.139.194 toneladas, 12 mil toneladas más que todo Codelco, incluída la producción atribuible de sus coligadas. La estatal recordó que realizó un ajuste de sus proyecciones para El Teniente, tras el accidente de fines de julio. A futuro, la producción de Escondida bajará, por lo que Codelco podría regresar al primer lugar.
Escondida superó a Codelco. entre enero y octubre de este año, la minera privada controlada por BHP produjo 1.139.194 toneladas métricas de cobre fino, mientras la estatal sumó 1.127.250 toneladas del metal rojo, una diferencia de casi 12 mil toneladas.
La producción acumulada a octubre fue actualizada el miércoles pasado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) e incorpora, en la producción de Codelco, las cifras de todas sus divisiones y la producción atribuible en tres empresas coligadas: El Abra (donde tiene el 49% de la propiedad), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%).
En igual período comparable de 2024, a Escondida estuvo 83 mil toneladas más abajo que Codelco, pues produjo 1.035.000 toneladas enero-octubre, versus 1.118.000 elaboradas por la estatal.
Entre otras razones, la producción de metal rojo de Codelco se vio resentida este año por el accidente en El Teniente, a fines de julio. En agosto la producción total de Codelco fue de 93 mil toneladas y El Teniente aportó con solo 11 mil toneladas: hasta junio tenía un promedio mensual de 28 mil toneladas.
Consultada por Pulso, la empresa aludió al accidente de El Teniente. “Durante 2025, Codelco ha enfrentado un escenario especialmente desafiante, marcado, entre otros factores, por el accidente ocurrido en la División El Teniente, que implicó la detención preventiva de distintos sectores de la mina. Tal como se informó oportunamente, esta situación llevó a ajustar nuestras proyecciones de producción divisional para los años 2025, 2026 y 2027″, afirmó la compañía, que recordó que al presentar sus resultados al tercer trimestre, ajustó su proyección de producción de cobre para 2025 a un rango entre 1.310 mil y 1.340 mil toneladas métricras.
“Este ajuste coyuntural no modifica nuestra estrategia ni nuestras metas de largo plazo. Mantenemos el objetivo de alcanzar una producción cercana a 1,7 millones de toneladas hacia el final de la década, apoyados en la recuperación operacional, el fortalecimiento de la gestión productiva y el avance de nuestros proyectos estructurales”, respondió la compañía.
Escondida a la baja
El analista senior de Cesco, Cristián Cifuentes, dijo que la diferencia de producción entre Escondida y Codelco se explica gracias a un mejor desempeño operacional neto de la minera privada durante 2025.
“Esto se sostiene en drivers típicos de un upgrade de performance de planta: récord de alimentación de concentradora, mejores recuperaciones y, en parte relevante, mejor ley de alimentación en su ciclo reciente; además, mayor aporte de cátodos por el ramp-up del proyecto Full SaL. También pesa mucho la estabilidad: menos interrupciones relevantes y alta disponibilidad de equipos críticos. En resumen, si una operación grande mantiene su ritmo, la cifra se dispara. Y este año Escondida ha tenido ese tipo de combinación favorable“, apuntó el experto.
Cifuentes dice que “la comparación de Escondida con la producción propia de la estatal refleja en esta última un sistema productivo más complejo y expuesto a fricciones. Opera varias divisiones con realidades geológicas y operacionales distintas, varias en transición estructural, lo cual aumenta la probabilidad de cuellos de botella, mantenimientos mayores y desviaciones de plan minero”.
El liderazgo alcanzado por Escondida este año, sin embargo, puede ser transitorio. El analista de Cesco planteó que, en el mediano plazo, BHP proyecta una menor ley promedio (unos 0,85%) y tiene un pronóstico de entre 1.150 mil y 1.250 para el año fiscal 2026, inferior al año fiscal recórd de de 2025, terminado en junio pasado, cuando la compañía produjo 1.305 miles de toneladas, su mayor cifra en 17 años.
Aquello, agrega Cifuentes, “sugiere una producción a la baja si no se compensa con más mineral, mejores recuperaciones o expansiones”.
El pronóstico es menor aún a futuro: BHP prevé que la producción promedio de los años fiscales 2027 a 2031 será de entre 900 mil y 1 millón de tonelades.
Producción de Codelco
Pese a lo anterior, la producción de Codelco aumentó 0,7% a octubre de este año, pasando de 1.118 mil toneladas en 2024 a 1.127 mil toneladas de cobre ahora.
Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales aumentaron su producción 5,8%; Salvador reportó un crecimiento de 1.727%, influido por el rump up que comenzó la estatal en diciembre de 2024; Andina bajó 8,2%; El Teniente también disminuyó 8,7% y Gaby cayó 23,6%. La baja de esta última, explicó Codelco en su análisis razonado de septiembre, se debe al empeoramiento de las leyes y el impacto en su recuperación.
Específicamente, en octubre, la producción de Codelco bajó 14% versus el mismo mes de 2024, elaborando 111 mil toneladas en el periodo de este año.
Cifuentes indicó que las expectativas productivas de las coligadas de la estatal -El Abra, Anglo American Sur y QB- “no son tan auspiciosas para los próximos años, sobre todo las dos primeras, debido particularmente a caídas de leyes en el caso de Anglo Sur, como a temas más operacionales, como ha sucedido con Quebrada Blanca”.
“Claramente una vez recuperada la producción de Quebrada Blanca y que entre en operación Los Bronces Integrado, más el desarrollo conjunto entre Los Bronces y Andina, los aumentos productivos podrían ser importantes. Pero este escenario necesita de mejoras en las operaciones con más complicaciones productivas de Codelco, como lo son Teniente, Salvador y Gabriela Mistral”, concluyó el exCochilco.
Las ganancias de Escondida
Escondida dio a conocer este martes sus resultados financieros correspondientes a septiembre. La minera obtuvo ganancias por US$3.777 millones entre enero y septiembre de 2025, un 45% más que los US$ 2.606 millones del mismo lapso de 2024.
Los ingresos de la minera alcanzaron a US$10.587 millones, un alza de 22%, mientras los costos (excluidos los costos financieros netos) totalizaron US$4.111 millones, un 2% más.
Escondida pagó US$ 2.569 millones en impuesto a la renta e impuesto específico minero, 49% por sobre 2024.
A septiembre, Escondida había producido 990 mil toneladas, 10% más que en 2024 “debido principalmente a una mayor producción de concentrado de cobre por un aumento esperado en la ley de mineral y mayor cantidad de mineral alimentado a las plantas concentradoras”.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Noticia Destacada
Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”
La evaluación de la agencia subraya que ciertas características estructurales de Chile, como la estabilidad institucional del país, continuarán siendo pilares de su fortaleza.
El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile marca un cambio que, según la perspectiva de la agencia de calificación de riesgo Moody’s Ratings, podría ser positivo para la economía.
Kathrin Muehlbronner, senior vice president de Moody’s Ratings, proyectó que el futuro gobierno se enfocará en medidas que “respaldarían las perspectivas de crecimiento económico de Chile”.
De acuerdo con Muehlbronner, la próxima administración “probablemente aumente el enfoque en la desregulación y el fortalecimiento de las condiciones para la inversión local y extranjera”, elementos que, a juicio de la analista, son clave para impulsar el crecimiento.
A esto se suma, además, un énfasis en “los esfuerzos por mejorar la seguridad”.
La evaluación de la agencia subraya que ciertas características estructurales de Chile continuarán siendo pilares de su fortaleza.
“La estabilidad institucional del país, la formulación de políticas basada en normas y la apertura al capital extranjero seguirán siendo fortalezas clave”, afirmó.
Un punto crucial del análisis de Moody’s se centra en la aplicación de las promesas de campaña más ambiciosas, especialmente en el ámbito fiscal.
Muehlbronner advirtió que algunas de las propuestas “más controvertidas” del programa de Kast, como la intención de financiar recortes al impuesto sobre la renta corporativa mediante “reducciones significativas, aún no especificadas, del gasto en los primeros 18 meses”, probablemente se verán moderadas.
La razón principal de esta moderación radica en la composición del Poder Legislativo. La experta de Moody’s destacó la fragmentación del Congreso que resultó de las elecciones del mes pasado, lo que obligará al nuevo gobierno a negociar y atenuar las iniciativas que requieran aprobación parlamentaria.
Compromiso fiscal
En paralelo con las promesas de recortes, Moody’s Ratings espera que el nuevo gobierno mantenga el compromiso con la tradición de política fiscal prudente de Chile.
Esto implica un enfoque en reducir el déficit presupuestario, estabilizar la deuda pública y restablecer los colchones fiscales.
Finalmente, la agencia puso la mirada en un plazo específico que será clave para entender la estrategia fiscal definitiva del gobierno de Kast.
“El nuevo gobierno debe presentar sus planes fiscales a mediano plazo dentro de los 90 días posteriores a la toma de posesión, lo que proporcionará una mayor comprensión de su estrategia de política fiscal”, indicó Muehlbronner.
Fuente/Pulso/LaTercera
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