Carta de /Anita Marambio, Presidente de Compromiso Minero
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Fuente/ Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO/CESCO
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Patricio Toledo, Technical & Execution Director, Arcadis.

La industria minera se encuentra en un proceso de transformación progresiva, impulsado por desafíos operacionales, ambientales y sociales cada vez más complejos. A la necesidad de mantener altos niveles de productividad y seguridad, hoy se suman exigencias crecientes en materia de sostenibilidad, resiliencia y eficiencia en el uso de los recursos. En este contexto, la ingeniería cumple un rol fundamental como articuladora de soluciones que permitan a la minería adaptarse y evolucionar, enfrentando los distintos desafíos y manteniendo la competitividad en los mercados.

Históricamente, la ingeniería aplicada en la minería se enfocó en asegurar la factibilidad técnica y económica de los proyectos. Sin embargo, la complejidad actual de las operaciones ha permitido avanzar hacia una ingeniería más integrada, no sólo con una visión de la solución técnica particular, sino actualmente es capaz de incorporar desde las etapas tempranas variables como comunidades, enfoque territorial, eficiencia energética, gestión del agua, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Esta evolución no busca reemplazar los enfoques tradicionales, sino complementarlos con una mirada de largo plazo.

El avance de las herramientas digitales ha sido un apoyo relevante en este proceso. Tecnologías como el modelado 3D, gemelos digitales, el manejo de los datos,  la inteligencia artificial y la automatización de sus procesos, permiten evaluar escenarios, optimizar diseños y mejorar la toma de decisiones en escenarios cambiantes. En minería, estas capacidades sin duda también contribuyen a fortalecer la seguridad, mejorar el desempeño operacional y reducir incertidumbres.

Ámbitos como la gestión de relaves y del manejo del agua y la infraestructura energética que permitan una operación más “amigable con el medio ambiente” muestran con claridad cómo la ingeniería está incorporando criterios de sostenibilidad de forma cada vez más transversal. Más que un cambio abrupto, se trata de una evolución gradual de hace algunos años que busca fortalecer la confiabilidad de las operaciones y su relación con el entorno, anticipando riesgos y respondiendo a escenarios futuros.

En este contexto, junto a la incorporación de nuevas herramientas, la experiencia técnica, el conocimiento del contexto local y la colaboración en los proyectos siguen siendo esenciales para el éxito de los mismos. Una ingeniería efectiva es aquella que combina innovación con criterio técnico, entendimiento territorial y diálogo con los distintos actores involucrados en los proyectos.

Chile cuenta con condiciones favorables para seguir avanzando en esta dirección. La trayectoria minera del país, junto con marcos regulatorios más exigentes y la necesidad de avanzar en la transición energética, han impulsado una reflexión profunda sobre cómo diseñar y operar infraestructura minera de manera más sostenible y resiliente.

Desde Arcadis, con 45 años de presencia en Chile y más de 136 años de experiencia a nivel global, hemos acompañado esta evolución poniendo énfasis en una ingeniería que agrega valor real a los proyectos, integrando estándares internacionales y criterios de sostenibilidad en el largo plazo con la realidad específica de cada operación. Esta combinación permite desarrollar soluciones técnicas sólidas en el ámbito de la ingeniería, alineadas con los desafíos actuales de la industria.

La minería continúa siendo un pilar clave para el desarrollo del país. Acompañar su evolución mediante una ingeniería sostenible, rigurosa y progresiva es fundamental para fortalecer su competitividad, su relación con el entorno y su proyección de largo plazo.

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Por: Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN/Abogado, Ex Fiscal de Enami

Análisis técnico sobre los avances en gobernanza corporativa y las brechas pendientes en la definición de la política pública de fomento minero 

La reciente aprobación en general, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) constituye un hito relevante en la discusión sobre el rol del Estado en la minería chilena. Existe consenso en que la empresa requiere una actualización institucional profunda: profesionalizar su directorio, fortalecer los mecanismos de control, elevar los estándares fiduciarios y reducir espacios de discrecionalidad.

Ese diagnóstico es correcto y compartido. Sin embargo, precisamente porque el momento legislativo es relevante, resulta indispensable distinguir entre una reforma necesaria y una reforma suficiente. Y en ese punto, el proyecto deja abiertas más preguntas de las que resuelve.

ENAMI frente al desafío de una minería 2050

La minería chilena enfrenta un cambio estructural. La agenda de minería 2050 no se limita a mayor producción o eficiencia operativa; incorpora exigencias crecientes en sostenibilidad ambiental, trazabilidad, innovación tecnológica, productividad, economía circular y agregación de valor. 

En ese contexto, ENAMI no puede seguir siendo pensada únicamente desde su rol histórico del Siglo XX (ver DFL N°153 de 1960). El debate de fondo es si la empresa ante los nuevos desafíos de la minería 2050 está llamada a:

• apoyar activamente a todos los segmentos de la minería artesanal, mediana minería y proveedores mineros, más allá del ámbito tradicional de la pequeña minería;
• traccionar capacidades en proveedores mineros, innovación y servicios tecnológicos, como espacio privilegiado para pilotar proyectos y escalar a nivel industrial; 
• desempeñar un rol en etapas tempranas de exploración, donde el mercado presenta fallas evidentes;

• abrirse a nuevos minerales, en un enfoque polimetálico, como el litio u otros críticos para la transición energética;
• liderar proyectos de minería secundaria, reprocesamiento de relaves y economía circular;

• asumir, si así se decide, un mandato explícito en fundición y refinación, como parte de una política industrial y estratégica.

Ninguna de estas definiciones aparece resuelta en el proyecto de ley ni en el marco normativo vigente. Y sin ellas, es difícil evaluar con propiedad qué tipo de ENAMI necesita el país hacia las próximas décadas.

Una reforma correcta en la forma y en los instrumentos

Dicho con claridad, el proyecto acierta en el plano instrumental. La nueva composición del directorio, la incorporación del sistema de Alta Dirección Pública, la creación de comités especializados, la separación contable entre fomento y operaciones, y la aproximación a estándares de la OCDE representan avances reales y necesarios.

Desde la perspectiva del gobierno corporativo, se fortalece la rendición de cuentas, se profesionaliza la toma de decisiones y se dota a la empresa de una arquitectura institucional más robusta. No se trata de una reforma meramente cosmética.

Sin embargo, una buena arquitectura de gobernanza no puede suplir la ausencia de un mandato claro. La forma, por sí sola, no resuelve el fondo. El principal nudo crítico del proyecto radica precisamente en este déficit estructural: gobernanza sin política pública explícita.

Sostenemos que la modernización del gobierno corporativo de ENAMI se impulsa sin que exista una política pública vinculante y explícita para la pequeña y mediana minería, idealmente contenida en una ley marco que defina con precisión objetivos, beneficiarios, instrumentos, alcances y fuentes de financiamiento.

En términos simples —y muy propios de nuestra tradición institucional—, se vuelve a poner la carreta delante de los bueyes.

Una ley marco de fomento productivo debe definir materias tales como: las funciones concretas del fomento productivo minero, los beneficiarios efectivos de ese fomento, el alcance de la intervención estatal en la cadena de valor minera, los instrumentos habilitados y el financiamiento explícito y sostenible de esos mandatos.

Sin todo lo anterior, ENAMI seguirá operando con un mandato difuso, tensionada entre exigencias de desempeño empresarial, expectativas sectoriales y objetivos de política pública que no siempre son compatibles entre sí.

En ese escenario, incluso un directorio profesionalizado queda expuesto, no por falta de capacidades técnicas, sino por la inexistencia de un marco normativo que ordene y jerarquice sus decisiones estratégicas.”

El rol del Ministerio y el límite de lo programático

Durante los últimos años, el Ministerio de Minería ha avanzado en la definición de una política de fomento a la pequeña minería, principalmente mediante la revisión y sistematización de instrumentos vigentes (ver Documento de Política de Fomento, 2025). Ese esfuerzo es valioso y contribuye a ordenar la discusión.

No obstante, es importante ser precisos: se trata de un marco programático no vinculante, que no reemplaza —ni puede reemplazar— una definición legal de política pública. Pretender que ese instrumento administrativo habilite, por sí solo, una reforma estructural de ENAMI, es pedirle más de lo que institucionalmente puede entregar.

Una invitación a completar la reforma

Esta reflexión no busca cuestionar la necesidad de modernizar el gobierno corporativo de ENAMI. Por el contrario, reconoce ese avance como imprescindible. Pero advierte que no puede ser el punto de llegada.

Si el país aspira a una ENAMI coherente con los desafíos de la minería 2050, el paso siguiente es ineludible: definir explícitamente la política pública que la empresa debe ejecutar. Solo a partir de ese mandato será posible evaluar, con rigor y responsabilidad, si la estructura de gobernanza propuesta es la adecuada. 

Modernizar la forma es necesario, definir el fondo es impostergable.

 Columna de Opinión/Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y 
Mediación Minero, CAMMIN/Abogado, Ex Fiscal de Enami
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