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Entrevistas

LOS CAMBIOS QUE AFINA EL GOBIERNO A LA CONSULTA INDÍGENA

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Arauco1014
Modificar el reglamento que rige las consultas por el convenio 169 en el análisis de proyectos sería una propuesta de Economía para destrabar las inversiones. Se estudia separar el mecanismo del sistema de evaluación ambiental y realizar un “mapeo” de pueblos originarios.

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ERA parte de los temas que la entonces candidata a la presidencia Michelle Bachelet conversó con las comunidades indígenas y lo incluyó en el programa de gobierno. Pero no se había vuelto a tocar. Sin embargo, el fallo adverso de la Corte Suprema de inicios de octubre pasado, que paralizó el proyecto minero El Morro, agilizó la discusión. De hecho, esta semana, como parte del paquete de medidas que la mandataria dará a conocer para reactivar las inversiones, se incluirá una fórmula para mejorar el proceso de consulta indígena.

La idea que se planteará será que este procedimiento, clave para la aprobación de proyectos de inversión, no sea realizado por el Servicio de Impacto Ambiental (SEA), sino que se desarrolle a través de una nueva institución de consulta nacional. Esto permitirá, estiman en el Ejecutivo, entregar más certezas a los inversionistas y descomprimir las labores del SEA. La visión del Ejecutivo es que la entidad no está cumpliendo bien su labor y está sobrecargada con la realización de la consulta, lo que no ha sido fácil de coordinar, pese a la existencia del reglamento Decreto Supremo 40 que regula este proceso dentro del análisis ambiental de los proyectos de inversión.

“El decreto 40 ha sido observado por las comunidades indígenas en distintos momentos. Su perfeccionamiento lo hemos conversado con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, y también a nivel de las subsecretarías para revisar lo que existe. Esto, porque hoy está resultando ineficiente, pues terminan judicializándose buena parte de las iniciativas”, explica la ministra de Desarrollo Social (MDS), María Fernanda Villegas.

Agrega que el decreto, firmado en diciembre de 2013 y que comenzó a operar en marzo pasado, no cumple una condición importante: que la consulta a los pueblos originarios se haga de manera previa a la etapa de participación ciudadana.

Villegas indica que han existido varias conversaciones al interior del gobierno para ver la forma en que este proceso se puede realizar de manera más eficiente. “Lo concreto es distinguir las consultas de participación ciudadana que tienen los procesos de inversión, de las consultas indígenas. Son dos cosas totalmente distintas”, dice.

PREOCUPACIÓN GREMIAL

El tema se comenzó a tratar con fuerza en las carteras económicas y sectoriales desde septiembre pasado, cuenta una fuente de gobierno. El proceso, que está siendo liderado por Economía, también ha reunido las visiones de Hacienda, Minería, Energía y Agricultura.

Hoy, el 44,7% de los proyectos energéticos y el 18,4% de los mineros tramitados en el SEA están relacionados con el convenio 169 y 35,6% de las iniciativas de energía y 26,7% de las mineras están judicializadas por este proceso (ver infografía), según un estudio que hizo el ex asesor especial de Asuntos Indígenas del gobierno de Sebastián Piñera, Matías Abogabir, a solicitud de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

En el gremio hay preocupación por el impacto de la consulta indígena. Por eso han realizado reuniones directamente con Hacienda. De hecho, el miércoles último las seis ramas de la CPC más el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, René Muga, y el gerente de estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, se reunieron con el equipo económico para analizar la llamada agenda “anti trabas”. Cada gremio entregó su visión sobre las barreras existentes y una de las conclusiones fue que el convenio 169 es el gran tema que está impidiendo la ejecución de proyectos, cuenta un asistente a la cita.

La semana pasada la mesa de ministros económicos también se reunió para avanzar en las propuestas que se presentarán en los próximos días. Uno de los puntos que se trató fue el convenio 169, señala un integrante de la mesa. “Se revisó documentación y se conversó sobre el 169. Existen varias opiniones, pero la más lógica es sacar el proceso de consulta del SEA. Es un trabajo muy complejo y hoy el SEA está sobrecargado”, dice.

Que exista mayor claridad sobre el alcance del convenio también es una de las peticiones de la Sofofa. El presidente de la entidad, Hermann von Mühlenbrock, señaló que al final lo que importa es tener un buen reglamento, “porque cuando las cosas no están claras y precisas generan incertidumbre. Se generan interpretaciones que dos personas la pueden leer de manera distinta y eso fue lo que pasó en este caso (El Morro)”.

Los gremios mineros -Sonami y Consejo Minero- también han manifestado su preocupación al Ministerio de Minería. “El fallo de El Morro generó mucho ruido en la industria y produjo una incertidumbre innecesaria”, indican fuentes del sector.  De hecho, recientemente el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que el sector precisa criterios claros sobre el estándar de la consulta indígena para dar certezas, tanto a comunidades como a inversionistas. En 2012, Villarino ya había enviado una señal de alerta sobre el impacto del convenio en el marco de la cena anual de las grandes mineras. En la oportunidad, dijo que “los derechos de estos pueblos no pueden estar por sobre la legislación vigente que rige a todos los chilenos”.

NUEVA ORGANIZACIÓN

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, establece un marco de reconocimiento y protección a los pueblos originarios. En el caso de Chile, su tramitación parlamentaria se inició en 1991 y en marzo de 2008 el Congreso lo aprobó, entrando en vigencia en septiembre de 2009.

En marzo de 2013 se comenzó a trabajar la forma en que se aplicaría en Chile. Para eso se conformó una mesa de trabajo donde estaban presentes el gobierno, liderado por Abogabir y el MDS, y representantes de los pueblos originarios. La discusión no estuvo exenta de controversias. En el transcurso de las conversaciones varios representantes de las comunidades indígenas se bajaron de la instancia.

En esa mesa se estableció que la consulta enfocada a la afectación que pudieran tener los proyectos de inversión en las comunidades originarias debía ser desarrollada por el SEA. “El reglamento fue fruto de un trabajo de mucho tiempo,  fue muy difícil llegar a acuerdo. En ese momento hubo que decidir cómo se hacía la consulta y esta fue la forma de hacerla (a través del SEA) y se decidió que era lo mejor, porque es el organismo que tiene más experiencia en el desarrollo de participaciones ciudadanas”, recuerda la ex ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.

La idea de crear un organismo nacional de consulta para el 169 nació de la comunidad indígena. Así lo explican en el ministerio de Energía, donde indican que “como tal, es una inquietud que ha sido recogida para su análisis, tal como otras. Pero, por ahora, el gobierno no ha definido nada en la materia”.

Este nuevo organismo, explica una fuente de gobierno, permitiría organizar el proceso de participación de las comunidades, identificarlas, convocarlas y también consensuar los posibles acuerdos que se tomen entre ellos y el sector privado. “Lo que se necesita es dar garantía jurídica y para eso es necesario crear una estructura específica que se haga cargo de las consultas”, afirman cercanos a La Moneda.

Para poder materializarlo, cuenta una fuente del Ejecutivo, será necesario presentar un proyecto de ley en el Congreso. Sin embargo, estima que la tramitación no debería extenderse, pues en el Parlamento hay conciencia de la urgencia que requeriría. La meta del gobierno es que con todas las medidas propuestas esta semana, las inversiones comiencen a reactivarse durante 2015.

ZONA DE INFLUENCIA

Otro tema que será propuesto es la realización de una especie de “mapeo” de las comunidades indígenas, de tal manera que cuando la empresa llegue a un territorio sepa con antelación el número de comunidades que existe en la zona donde planea desarrollar su proyecto. “Esta es una petición que nos han hecho los gremios. La idea es establecer un mapa formal de comunidades. Con este levantamiento de comunidades se le dará más certeza jurídica a los inversionistas, porque conocerán su área de influencia”, explica un integrante de la mesa económica.

A nivel nacional se han realizado 29 procesos de consulta indígena desde 2009 hasta hoy. Esas inversiones suman US$ 15 mil millones, según el estudio de Abogabir. A la fecha sólo seis han iniciado la fase de construcción. Las 23 restantes, que suman desembolsos por US$ 13.067 millones, están enfrentando procesos de consulta, trámites administrativos o derechamente judicializadas.

En la actualidad, uno de los procesos más complejos que se está desarrollando es la consulta con la comunidad mapuche en la Región de Los Ríos para la central Neltume de Endesa. Hoy el proceso suma más de 500 días.

En Minería, el yacimiento de BHP Billiton, Cerro Colorado,  en la I Región, también está en proceso. Las conversaciones se podrían extender, pues las comunidades aymaras están reacias a llegar a acuerdo con la empresa.

VISIÓN DE LOS PUEBLOS

Para los pueblos originarios, la consulta indígena no cumple con el estándar internacional, explica José Aylwin, del Observatorio Ciudadano. “Las organizaciones de pueblos indígenas y de derechos humanos, de la sociedad civil, miembros del Congreso e incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuestionaron este reglamento por sus vicios de forma, en particular por no involucrar a las instituciones representativas de estos pueblos”, señala.

Agrega que el reglamento limita el proceso sólo a estudios de impacto ambiental (EIA), dejando fuera a las declaraciones (DIA). Además, indica que el reglamento sostiene que el no alcanzar un acuerdo o consentimiento con los pueblos indígenas no implica la afectación de la consulta. “Ello es contrario a la interpretación que hacen los órganos de la OIT”, dice.

Aylwin opina que el reglamento debe ser reelaborado: “Es importante que a través de los procesos de consulta, los pueblos indígenas puedan incidir en las medidas, en este caso ambientales, susceptibles de afectarles directamente”.

Para Benítez hay que darle tiempo al reglamento antes de modificarlo. “En este proceso siempre alguien no quedará conforme, entonces, más que cambiar el reglamento, hay que pensar ¿qué significa el convenio 169? Significa que uno tiene el deber de consultar de buena fe, llegar a un acuerdo, pero este punto no es mandatorio, porque a veces no se llega nunca a acuerdo. Acá se está llevando al extremo que hay que lograr acuerdos, pero como para ciertos grupos el único acuerdo es lo que ellos quieren, ese acuerdo es imposible”, reflexiona la ex ministra Benítez.

Fuente:La Tercera
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Crecimiento

Avanza Estrategia de Minerales Críticos para posicionar a Chile como actor clave en minerales críticos tras tercera sesión de trabajo

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De forma paralela, más de 120 personas, representantes de 80 instituciones del ámbito público, privado, académico y de la sociedad civil, participan en las mesas técnicas que dan sustento a esta política de Estado.


La Estrategia Nacional de Minerales Críticos, uno de los pilares del Gobierno para consolidar a Chile como actor estratégico en la transición energética global, continúa avanzando en su construcción. En su tercera sesión, realizada este martes 27 de mayo, el Comité Consultivo de Alto Nivel centró su trabajo en una de las decisiones más relevantes del proceso: la definición de qué minerales serán considerados críticos para el país.

La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que el proceso se sustenta en una construcción participativa con diversos niveles de trabajo: “Chile ha asumido su rol como actor global con una estrategia construida desde la diversidad de voces. Ya se han constituido las cuatro mesas técnicas, con más de 120 personas y 80 instituciones trabajando en propuestas clave para el desarrollo de minerales como el litio, el cobre y otros minerales críticos y estratégicos para el país. Además, el proceso se amplía a los territorios: los seremis de Minería liderarán encuentros regionales para incorporar la visión de las regiones en esta política nacional clave para el futuro de Chile y del mundo”.

El Comité Consultivo, de carácter intersectorial, ha sido uno de los espacios centrales del proceso, junto con el Comité Técnico —que en su primera sesión reunió a más de 120 personas de más de 80 instituciones del sector público, privado, académico y de la sociedad civil— y las futuras mesas regionales, que comenzarán a desplegarse durante los próximos meses. Esta modalidad busca asegurar una estrategia con legitimidad técnica y social, capaz de trascender los ciclos políticos y proyectarse en el largo plazo.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, subrayó la importancia geopolítica del tema: “El tema de los minerales críticos adquiere cada vez más relevancia a nivel global, y Chile tiene una ventaja significativa en este ámbito que debemos saber aprovechar. Nuestro país ha cobrado una importancia creciente frente a la demanda mundial de estos recursos. Hoy, este tema está muy presente en nuestras conversaciones con los principales socios internacionales, y por eso es fundamental contar con una estrategia clara, que permita priorizar y proyectar adecuadamente el potencial que tenemos como país”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, enfatizó que el país debe avanzar más allá de sus recursos más conocidos. “Esta estrategia representa una oportunidad clave para, en primer lugar, visibilizar la importancia de estos temas; en segundo, seguir posicionando a Chile en el escenario internacional de minerales más allá del cobre y el litio; y en tercer lugar, proyectar una visión de mediano y largo plazo que trascienda los ciclos de gobierno. Esto es fundamental, especialmente para el sector minero, que requiere políticas estables y sostenidas en el tiempo”, dijo.

En tanto, la directora de Cesco, Daniela Desormeaux, valoró el enfoque colaborativo del proceso. “Ya vamos en la tercera sesión y la discusión sobre la definición de minerales críticos y estratégicos, así como sobre las oportunidades que estos representan para el país, ha sido muy valiosa. Lo más destacable es la diversidad de miradas que confluyen con un objetivo común: que Chile siga aprovechando sus riquezas minerales generando mayor valor para los territorios”, señaló. También reconoció el trabajo del equipo del Ministerio de Minería y las mesas técnicas, que —según explicó— “han permitido preparar propuestas con información de calidad y aportar sustantivamente al proceso”.

La definición de los minerales críticos es solo el comienzo. Los próximos pasos —incluyendo el trabajo de las mesas regionales, la validación de propuestas y la implementación de medidas concretas— marcarán el rumbo de una política que busca compatibilizar desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y cohesión territorial. Un desafío país que, por su magnitud, exige altura de miras y compromiso colectivo.

Cabe recordar que el proceso contempla tres componentes: instancias consultivas a nivel nacional, participación técnica multisectorial y consultas en regiones. Con estos mecanismos, el ministerio de Minería espera consolidar una propuesta de estrategia durante 2025. Entre los próximos hitos se cuentan nuevas sesiones de los comités, el inicio de los encuentros regionales liderados por los seremis y la sistematización de propuestas para la futura política pública en torno a minerales críticos.



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Empresa & Sociedad

Clayton Walker, jefe de cobre de Rio Tinto: “BUSCAMOS SER UN PRODUCTOR SIGNIFICATIVO DE MÁS DE 200.000 TONELADAS DE COBRE AL AÑO”

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Business

Lundin Mining: “NUESTRA VISIÓN DE LARGO PLAZO NO CAMBIA CON LOS ACONTECIMIENTOS DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS EN MATERIA DE ARANCELES”

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Business

Kathleen Quirk, CEO de Freeport-McMoRan, reconoce preocupación porque guerra comercial pueda afectar la demanda por cobre

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La máxima ejecutiva de la minera estadounidense afirmó que como empresa no quiere “barreras para la colaboración”, y no dudó en tildar las medidas arancelarias como algo que “no es bueno para la inversión a largo plazo en nuestra industria”.


“Nos preocupa que lo que pasó la semana pasada en términos de este despliegue de aranceles podría tener un impacto y estamos empezando a ver que el mercado está esperando problemas potenciales con el crecimiento y de la demanda. Todos nosotros dependemos de un mercado, porque son inversiones a largo plazo, son inversiones de miles de millones de dólares que estamos haciendo. Y todos nosotros dependemos de un mercado que va a estar creciendo en demanda y que no va a estar sujeto a estas grandes recesiones que hemos visto con el tiempo”. Así comenzó el análisis que realizó este lunes la CEO de Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk, quien expuso en Santiago en el marco de la jornada inaugural de Cesco Week.

“Nos preocupa el crecimiento global. Yo creo que la demanda de cobre continuará siendo fuerte (…). Pero no podemos ignorar el hecho de que una guerra comercial podría provocar que la gente no invierta, o no compre, que cambie sus patrones y pueda afectar la demanda”, continuó Quirk, en uno de los primeros pronunciamientos de una representante de la industria minera norteamericana tras los anuncios de guerra comercial que han azotado los mercados internacionales, incluyendo la cotización del cobre.

Y aunque la ejecutiva mostró su esperanza de que “esto se resuelva de una manera que no interrumpa el crecimiento global”, también se enfocó en mostrar la disposición de la compañía a seguir invirtiendo en otros países y mantenerse como un socio confiable para la industria de cobre.

“No queremos poner barreras a la colaboración dentro de la industria. Como Freeport, queremos seguir siendo ese socio en el que se confía y que realmente busca lo mejor para la industria del cobre”, agregó.

Sin embargo, Quirk no rehuyó de la mirada de cautela que envuelve al sector minero. “Estamos preocupados como muchos de ustedes hoy. Vimos la semana pasada la caída del precio del cobre. Eso no es bueno para la inversión a largo plazo en nuestra industria. Pero esperaremos ver cómo se desarrolla esto. Trabajaremos juntos y tomaremos los pasos necesarios como industria para mantenernos fuertes”, indicó.

Colaboración

La máxima ejecutiva de Freeport-McMoRan, firma que busca invertir US$7.500 millones para expandir El Abra -donde cuenta con el 51%, y su socia Codelco, el 49% restante- abordó la necesidad de aumentar la colaboración en la industria.

“Necesitamos abrir nuestras fronteras para pensar sobre cómo podemos ser más eficientes como industria, y eso va a requerir aprendizaje constante, aprendizaje continuo y colaboración”, señaló.

En eso, recordó que en El Abra “tenemos una oportunidad muy grande para desarrollar una nueva concentradora, y vamos a obtener el trabajo completo en términos de agua y desalinización”, calificando como “un gran compañero” a Codelco.



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Entrevistas

EL PRECIO DEL COBRE SUFRE SU MAYOR CAÍDA DIARIA EN MÁS DE 5 AÑOS POR ESCALADA ARANCELARIA

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El metal rojo quedó al borde de perder la barrera de los US$ 4.


El precio de las materias primas y los metales en particular también se derrumba en este viernes negro tras la ofensiva China contra Estados Unidos en materia arancelaria. 

La temida guerra comercial subió a un nuevo nivel este viernes cuando Beijing anunció aranceles adicionales del 34% a todos los productos estadounidenses a partir del 10 de abril. Ello en represalia a las barreras comerciales que anunció el miércoles el presidente Donald Trump. 

El metal más relevante para Chile, el cobre, sufrió una caída que no se veía hace más de cinco años y quedó al borde de perder la barrera de los US$ 4. 

Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el precio de la libra en la Bolsa de Metales de Londres cerró en US$ US$4,005 la libra, su nivel más bajo desde el pasado 3 de enero. 

Se trata de su mayor retroceso diario desde el 18 de marzo de 2020.

La denominada guerra comercial es sensible para Chile y el cobre ya que China y Estados Unidos, en ese orden, son sus mayores socios comerciales.

La escalada arancelaria afectaría la salud de la economía global, la americana y la china, que es aún más relevante para Chile ya que el gigante asiático es el principal consumidor de cobre del planeta. 

China a su vez representa casi la mitad de la demanda mundial de cobre, y se espera que el aumento de los aranceles estadounidenses ralentice aún más la trayectoria de crecimiento del país, escribieron analistas de SP Angel citados por The Wall Street Journal.



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