La siderúrgica, según el ministro de Economía, presentaría nuevos antecedentes a la Comisión Antidistorsiones para cambiar la determinación de esta respecto a las sobretasas arancelarias, y ante eso, aseguró que el Gobierno «no se puede comprometer a un resultado», pero sí actuar con la «máxima rapidez posible».
El ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo esta semana -en el marco de la crisis que vive la Siderúrgica Huachipato ubicada en la región del Biobío- que las mineras no deberían ser indiferentes, sino que, por el contrario, “deberían ser parte de la solución”.
Este domingo, el secretario de Estado reiteró aquello y ahondó en las razones. “Esto es algo que tienen que acordar ellos de forma privada (las mineras y Huachipato), son ellos los que tienen las estructuras de costo y el conocimiento para saber si lo que yo voy a decir ahora es cierto”, pero “mi convicción es que hay una posibilidad de un acuerdo de largo plazo, en que, en promedio, no necesariamente paguen más, sino que a veces paguen más, a veces paguen menos, y tengan una cierta estabilidad de los precios de largo plazo, contratos que hacen las empresas todo el tiempo en materia de proveedores”, afirmó.
Además, dijo que sería un contrato que le da “certeza logística a las mineras” y que también les permite, probablemente, acordar “una transición hacia una reducción sustantiva de las huellas de carbono”.
Entonces, remarcó que está “convencido que es un buen negocio para las mineras hacer esto, pero es un buen negocio cuando uno no piensa en los próximos tres meses, sino que cuando uno piensa en los próximos diez o quince años”.
Ahora, respecto a cómo han respondido las mineras, sostuvo que han tenido varias reuniones y en una de ellas, de hace unos tres meses -específicamente cuanto empezó el proceso en la Comisión Antidistorsión- les consultó por qué no buscaban la solución entre privados, a lo que le respondieron, en principio, que les hacían sentido algunos de los argumentos y que lo iban a estudiar.
Lo cierto, reconoció, es que “ahora estamos en una situación de mucha más urgencia”, por lo que espera que “exista una actitud que dé cuenta de la urgencia en la que estamos” en las próximas citas que tiene programadas. “Yo tengo reuniones durante toda esta semana con ellos, de manera individual con cada una de las empresas, para ir conversando cómo resolver esto”, comentó.
Por otro lado, se le consultó al secretario de Estado si es una alternativa -ante el eventual cierre de la compañía de CAP- nacionalizar Huachipato, a lo que señaló: “No es una solución al problema”, pues “ese sería un conflicto que tendría tanto una empresa pública, como una empresa privada”.
Cabe recordar que el pasado miércoles 20 de marzo la principal industria productora de acero en Chile informó la suspensión -de forma indefinida- de sus operaciones, tras considerar “insuficientes” las medidas adoptadas para revertir “el impacto de la competencia desleal” de empresas que operan en China.
La compañía había solicitado a la Comisión Antidistorsiones investigar la existencia de “dumping” en artículos de acero chino y, en caso de acreditarlo, aplicar sobretasas arancelarias. Tras tres meses de investigación, la entidad aseguró que existe “evidencia suficiente” para sostener la existencia de “dumping” -que los productos se estaban vendiendo a precios inferiores al costo- y recomendó al Gobierno sobretasas arancelarias transitorias -por tres meses mientras que se extiende la investigación- con un promedio de 15,3% a tres empresas que operan en China.
Esto, sin embargo, no dejó conforme a la acerera, pues pedía un 25% para las barras de acero para la molienda, y de un 33% a las bolas, y para todas las empresas que traen acero desde el gigante asiático.
La estrategia que tomó entonces la compañía, según mencionó esta misma jornada Grau, es presentar nuevos antecedentes a la Comisión Antidistorsiones, a fin de convencerla respecto a lo que no habría visto en el diseño inicial. En esa línea, Grau dijo que el compromiso del Gobierno con los sindicaros 1 y 2 “es que una vez que se presenten los antecedentes por parte de las empresas haciendo la reclamación, que es un derecho que tienen las empresas (…) nosotros solucionarlo a la brevedad”.
“Es el compromiso que nosotros hemos hecho con ellos. El Gobierno, por supuesto, no se puede comprometer a un resultado, porque el resultado depende de los antecedentes y de cada una de las personas que es parte de esa Comisión que tiene que resolver de acuerdo a esos antecedentes, es una evaluación de dumping, es decir, cuál es la diferencia entre los precios y los costos con los que se vende, pero lo que sí podemos hacer es, dada la urgencia, actuar con la máxima rapidez posible y ese es el compromiso que hemos hecho”.
