La cifra global de 2024 arrojó una recaudación mayor a la proyectada por el propio Ejecutivo. Las operaciones de Escondida, Collahuasi y Los Pelambres explicaron por sí solas US$1.398 millones en pagos de acuerdo a la nueva legislación, reafirmando la dependencia fiscal del Estado en un grupo reducido de faenas mineras, altamente rentables.

Una recaudación mayor a la proyectada consiguió durante 2024 la aplicación del nuevo royalty minero, en su primer año de vigencia. Si el Ejecutivo estimaba que el cobro tributario específico, aprobado en agosto de 2023, recaudaría en torno a US$1.350 millones en régimen, lo cierto es que la cifra del primer año de aplicación arrojó un número superior a ese. Al menos así lo revela un análisis realizado por la consultora 1st Quartil Mining, a los balances de la mineras que informaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en sus estados de resultados los pagos relacionados con este y otros impuestos.

Así, de acuerdo con sus cálculos, el royalty minero generó una recaudación superior a los US$1.550 millones, considerando las trece principales operaciones mineras del país (ver gráfico), de un total de 34 sociedades afectas al régimen específico. Las cifras revisadas por la consultora no consideran el impuesto ad valorem correspondiente al 1% de los ingresos por ventas de cobre. El ejercicio fue liderado por el director ejecutivo de la entidad, Claudio Valencia.

Del total contabilizado, sólo tres operaciones concentran el 90% de los pagos: Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo operado por BHP -que cuenta con el 57,5% de la propiedad-, aportó con US$839 millones, siendo el mayor de los pagos en toda la industria minera del cobre y explicando el 54% del total. La cifra, neta de otros beneficios de los impuestos a las ganancias, es sólo una parte de los tributos totales que pagó la minera en el ejercicio pasado, que alcanzaron los US$ 2.371 millones, incluyendo los impuestos a la renta, donde las mineras pagan el mismo 27% corporativo que el resto de la industria.

Sin embargo, la reconciliación de la tasa de impuesto efectivamente pagada por Escondida arroja una cifra aún mayor: US$969 millones por concepto de royalty minero. Según detallan los propios balances de la compañía, el monto se compara con el pago por US$226 millones realizado durante 2023 por concepto del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), que regía en ese entonces.

La aplicación del nuevo royalty minero hizo que para la principal operación productiva de cobre del país la tasa aplicada en gravámenes específicos saltara desde el 5,75% en 2023, al 17,11% en 2024.

Cabe recordar que el nuevo esquema tributario del sector pasó de gravar el resultado operacional de las mineras en una escala de tasas que rondaba entre 5% y 14%, a aplicar una escala de impuesto sobre el nivel de la producción de cada firma. De esta forma, aquellas firmas que producen menos de 50 mil toneladas anuales pagan entre un 0,4% y un 4,4%, mientras que aquellos productores que superen dicho nivel y más de la mitad de ella corresponda a cobre, pagarán un componente ad valorem de 1%, y además una tasa progresiva que va de 8% a 26% del margen operacional minero.

Escondida produjo en el ejercicio pasado un total de 1.241 mil toneladas de cobre fino, un 16% superior a lo visto en 2023. En dicho período, las utilidades de la minera alcanzaron los US$3.290 millones, El nuevo esquema tributario hizo que la minera anotara un aumento de 61% en el pago de impuestos, en comparación al mismo periodo de 2023.

El segundo actor que más contribuyó con los pagos contabilizados por 1st Quartil Mining fue Collahuasi, con aportes por US$363 millones. La operación, controlada por el joint venture entre Anglo American y Glencore, donde cada una cuenta con el 44% de la propiedad, y consorcio Japan Collahuasi Resources, el 12% restante, informó en sus balances que la tasa impositiva en 2024 alcanzó el 14,4%, versus el 6,7% visto en 2023, año en que pagó US$152 millones por el IEAM.

El resultado pasó por las 558 mil toneladas en producción de cobre que reportó la operación durante el ejercicio, lo que le permitió obtener utilidades por US$1.542,9 millones, y un reconocimiento por concepto de impuestos de US$969,9 millones.

En los documentos enviados por la minera a la CMF, habla de US$383,3 millones por concepto del royalty minero, calculado sobre la renta imponible operacional. A ello suma US$44,1 millones correspondientes al componente ad valorem calculado sobre las ventas.

El total, dice la propia compañía, asciende a los US$427,4 millones en reconocimientos por concepto de royalty minero.

El tercer actor que completa el listado de mineras que más pagan royalty es Los Pelambres, donde el grupo Luksic tiene el 60% de la propiedad, y un consorcio japonés, el 40% restante. Según la consultora, los aportes por royalty minero de Pelambres fue de US$196 millones en 2024. El cargo se compara con los US$86 millones pagados por la minera en 2023 por concepto del IEAM.

Según detallan los estados de resultados de Pelambres, la tasa aplicada para el cálculo del gravamen de la minera fue de un 12,73%, versus el 6,3% que se le aplicó con la legislación tributaria anterior.

Impacto en la competitividad

La mayor parte del resto de las operaciones mineras de cobre privadas realizaron aportes significativamente menores, incluso con montos inferiores a los US$ 70 millones. Además, varias de ellas no registraron pagos, como Spence, de BHP, dada la invariabilidad tributaria con la que cuenta dicha operación hasta 2032. En el grupo de las mineras que tampoco registraron pagos de royalty minero, también se encuentra Quebrada Blanca, controlada en un 60% por la canadiense Teck, un 30% de Sumitomo y el 10% que Codelco compró a Enami en 2024. La minera informó pérdidas por US$779 millones en 2024.

En el análisis de Valencia, los resultados muestran además de la concentración del 90% de los pagos en tres actores, un impacto en la competitividad del sector.

“Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, el impacto del royalty en la competitividad de la industria minera nacional y el atractivo para la inversión debe ser siempre monitoreado y comparado frente a otros distritos mineros. Es fundamental para resguardar la competitividad, sostenibilidad y atractivo del país como destino de inversión minera”, indicó.

También, apuntó a la preocupación que sus clientes le han expresado por el correcto uso de los recursos.

”Un uso adecuado de estos fondos permite mejorar la calidad de vida de las comunidades y fomentar un desarrollo económico más diversificado y sostenible. Cuando la ciudadanía percibe beneficios concretos en su entorno, se fortalece la legitimidad social de la minería y se reduce la conflictividad. Por el contrario, la falta de planificación, control o transparencia en la asignación de estos recursos puede traducirse en malgasto, clientelismo o pérdida de confianza en las instituciones. Por ello, una gestión eficaz y estratégica del royalty no solo es una obligación ética, sino también una condición para asegurar el desarrollo armónico de los territorios mineros y la continuidad de la actividad extractiva con respaldo social”, agregó.

Fuente/Pulso/LaTercera
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En su segunda edición, el informe elaborado por PwC Chile, en conjunto con la Universidad Diego Portales (UDP) y la colaboración de la Achs, revela las principales brechas de percepción de confianza entre directores y ejecutivos con sus clientes y colaboradores. Un dato del impacto que genera una mala experiencia es que el 81% de los consumidores afirmó que dejó de comprar en una empresa por desconfianza y un 41% dejó una opinión negativa en internet.

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“En la empresa de todos los chilenos y chilenas estamos activando permanentemente nuevas definiciones para ser cada vez más transparentes”, dice el vicepresidente Gabriel Méndez, quien destaca, además, otras iniciativas como poner a disposición pública el acuerdo con SQM y el memorándum de entendimiento con Anglo American, así como la transmisión online de la junta de accionistas de la estatal.

En la sesión realizada el 13 de mayo, el Consejo para la Transparencia (CPLT) valoró el cumplimiento de las normas de transparencia activa que rigen para las empresas estatales.

 “Tratándose de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), se fiscalizó el cumplimiento de las obligaciones aplicables, a partir de la revisión de los antecedentes dispuestos en la pestaña transparencia activa del sitio codelco.com, y cuya publicidad resultaba exigible al décimo día hábil de marzo de 2025”, explica el CPLT en su oficio de notificación.

La transparencia activa es la obligación que tienen los organismos públicos —incluyendo a las empresas en que el Estado tenga una participación accionaria sobre 50%—, de mantener a disposición permanente, a través de sus sitios electrónicos, la información requerida en los artículos séptimo y décimo de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, en forma completa, comprensible y actualizada mensualmente.​

​Entre otros datos, se exige, el marco normativo, como las leyes, reglamentos y estatutos que rigen a la empresa; el organigrama con la estructura orgánica interna y las funciones de cada unidad; los estados financieros trimestrales y anuales; las memorias anuales; la participación en otras entidades, esto es, la información sobre sus filiales y coligadas; la composición del directorio; el personal y las remuneraciones totales consolidadas; las remuneraciones de los directores, el presidente ejecutivo y los(as) vicepresidentes(as) ejecutivos(as) y miembros de alta administración, además de actas, resoluciones y otros documentos de interés.  

“En la empresa de todos los chilenos y chilenas estamos fortaleciendo de manera continua nuestros estándares de apertura y rendición de cuentas”, afirmó el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Gabriel Méndez. “Cumplir con la Ley de Transparencia es un piso necesario. Nuestro compromiso es ir más allá, impulsando iniciativas que anticipen buenas prácticas y fomenten una cultura de integridad”.

Entre esas iniciativas, Méndez destacó la publicación desde el primer día del acuerdo con SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama (https://acuerdocodelcosqm.cl/), así como el memorándum de entendimiento con Anglo American para un plan conjunto en el distrito Andina-Los Bronces (https://www.codelco.com/alianza-andina-los-bronces). “Ambos documentos han estado disponibles de forma pública, accesible y oportuna. Lo mismo ocurre con la transmisión en vivo de nuestra junta de accionistas, que este año se realizó por tercera vez consecutiva y nuestra Memoria y Reporte de Sustentabilidad anuales, que entregan información acabada sobre nuestras actividades e indicadores, acordes a los mejores estándares internacionales. Estas acciones no sólo responden a obligaciones legales, sino que reflejan una convicción profunda: ser una empresa estatal moderna, que se desempeña bajo altos estándares de transparencia a nivel global”.

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La empresa norteamericana tiene en carpeta una de las inversiones más relevantes  de la industria minera en Chile, con más de US$ 7.500 millones, para expandir la  faena de El Abra.  

La minera estadounidense Freeport-McMoRan fue una de las empresas que participó de la  nueva versión del Chile Day, realizado esta semana en Nueva York.  

Los ejecutivos de la compañía minera -que opera en Chile la faena de El Abra donde son  socios de la estatal Codelco-, asistieron a una cita realizada en pleno Manhattan, donde se  reunieron con la delegación oficial, encabezada por el ministro de Economía, Nicolás Grau.  

Se trató de una reunión de preguntas y respuestas, en la que se invitó a diferentes  inversionistas interesados en Chile a plantear sus inquietudes respecto a sus inversiones. 

Adicionalmente el country manager de Chile, Mario Larenas y el director de relaciones  gubernamentales de Freeport-McMoRan, Bill Rising, sostuvieron una reunión con el  Ministro Grau e Invest Chile para proporcionarle información acerca de uno de los  proyectos de mayor inversión en el país. Se trata de la expansión de Minera El Abra, que  considera desembolsos por más de US$ 7.500 millones, que la convierten en la iniciativa  más cuantiosa proveniente de la minera privada presente en el último catastro realizado  por Cochilco.  

La compañía, una de las tres productoras de cobre más grandes del mundo, anunció  recientemente la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto, en el que se considera la construcción y operación de una planta concentradora y una  desaladora, entre otras obras.  

Asimismo, y para hacer frente a las necesidades de corto plazo de la operación, la minera  inició la tramitación de los permisos de otro proyecto de gran relevancia, con el que se  busca ampliar la pila permanente de lixiviación y optimizar la recuperación de cobre en la  faena, iniciativa que considera una inversión estimada de US$750 millones y que  demuestra la mirada de largo plazo que tiene la empresa en Chile. 

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La asociación con Rio Tinto permite garantizar el financiamiento del proyecto hasta alcanzar la operación comercial. La oferta considera aportes adicionales, en dinero efectivo y otros activos valorizados, en torno a los US$ 425 millones.

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