Por: Manuel Viera F./ Presidente Cámara Minera de Chile

Por fin algun alivio para la mineria. Después de más de un año de tramitación valoramos el despacho de la Ley Marco de Permisos Sectoriales, pero a nuestro juicio no es suficiente para que sea ágil y expedita. Sin duda un hito y punto de partida relevante para solucionar el grave problema de permisología que está frenando la inversión y el crecimiento de nuestra economía. Queda ahora el trabajo de revisar y leer los reglamentos de las distintas instancias que hay que incorporar en este proceso, sobre todo por la gran cantidad de servicios públicos que deberán participar, sobre todo insistimos en modernizar y desburocratizar las instituciones del estado.

En términos de impacto en la economía, según el informe del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, la reducción del tiempo de tramitación de los proyectos de inversión tendrá impacto económico en dos niveles; en primer lugar, se estima un aumento directo en el PIB derivado de nuevos proyectos de inversión de un de 2,4% en 10 años; Además, se espera un aumento en la recaudación fiscal producto del avance de flujos futuros de proyectos en carpeta, equivalente a un 0,27% del PIB de 2023, mientras que la recaudación por la atracción de nuevas inversiones por una mayor rentabilidad esperada se estima en 0,32% del PIB. Es decir, si se hacen bien las cosas y rápido el impacto es significativo.

Respecto a los atrasos en los proyectos, según datos del Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones de la Universidad de Chile revelan que, desde 2006, los proyectos presentados al SEIA cayeron un 68% (de 1.536 a 491), mientras que los tiempos de tramitación aumentaron de 114 a 430 días.

Respecto a los proyectos mineros, cabe mencionar el caso de Dominga. La historia de este proyecto data de 2013, cuando fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La iniciativa contempla la construcción de dos minas para la extracción de concentrados de hierro y cobre, y un mega puerto para exportar su producción. Significa una inversión aproximada de US$ 3.000 millones.

En el caso de Desarrollo de Collahuasi, se encuentra en suspenso la RCA favorable que obtuvo en 2021 Collahuasi para extender la vida útil del proyecto minero y construir una planta desaladora con una inversión de US$ 3.200 millones. La iniciativa es clave -entre otras cosas- para la disminución del uso de agua continental.

En temas de puerto, puedo mencionar el Proyecto Puerto Exterior de San Antonio nacido en 2013 como respuesta a las tendencias de crecimiento de la población, economía y de las exportaciones e importaciones. Se estima que su construcción se concreta en unos 10 años más. La iniciativa significa una inversión de US$ 4.000 millones.

El Puerto Valparaíso, que es el segundo más importante de Chile, ha tenido que enfrentar los obstáculos de la denominada permisología para concretar una inversión de más de US$ 850 millones, la que permitiría mejorar su capacidad y eficiencia. El proyecto, llamado Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), lleva más de 10 años de tradición ambiental.

El caso Cardones-Polpaico, a pesar de que la línea de transmisión eléctrica ya fue construida y se encuentra operando, aún no culmina su tramitación ambiental. El proyecto -que significó una inversión de US$ 1.000 millones- se encuentra bajo un nuevo proceso de participación ciudadana luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema -encabezada por el ministro Sergio Muñoz- invalidara la RCA aprobada en 2015, entre otros.

En el ámbito de la “Permisología”, es importante indicar que los hallazgos arqueológicos que han trabado la desalinizadora de US$ 1.000 millones que abastecerá a Codelco.

También la permisología junto con factores globales y de ejecución, sigue siendo el principal obstáculo para que los proyectos mineros se concreten a tiempo, según Minería Local.

Técnicas habilitantes alternativas

Una de las principales novedades del proyecto de ley sobre autorizaciones sectoriales es la posibilidad de reemplazar ciertos permisos por una declaración jurada o un aviso, lo que se conoce como Técnicas Habilitantes Alternativas (THA).

Inicialmente restringidas a permisos de inicio o funcionamiento de proyecto, pero el Senado amplió su uso a todos los tipos de permisos, permitiendo simplificar trámites en más casos. Eso sí, solo podrán aplicarse en contextos de bajo riesgo, definidos en reglamentos sectoriales que también fijarán los criterios y condiciones para su uso.

Las técnicas habilitantes alternativas, en cambio, serán permisos que se entregarán sin necesidad de un pronunciamiento previo formal de la autoridad. Estas técnicas alternativas serán la declaración jurada y el aviso. En la declaración jurada, el titular del proyecto simplemente consignará que cumple con los requisitos legales, y aportará los antecedentes correspondientes en la plataforma SUPER. En el aviso, el titular simplemente informará a la autoridad del desarrollo de su proyecto.

Los titulares de proyectos podrán postular para que su proyecto sea considerado como estratégico y, en ese caso, los tiempos de tramitación se acortan a la mitad.

A través de la plataforma SUPER, el titular podrá obtener un certificado que lo habilita explícitamente en esa circunstancia. Cuando el silencio administrativo sea negativo, se podrá determinar con precisión el plazo a partir del cual se podrán llevar adelante las acciones correspondientes para obtener el permiso.

El incumplimiento injustificado de los plazos de tramitación de permisos implicará sanciones a las autoridades, las cuales pueden llegar al 20% o 30% de su sueldo. Además, podría haber otras consecuencias administrativas, civiles o penales.

Debemos indicar que dentro de los factores que influyen en la obtención de permisos es la complejidad de los proyectos, algunos, requieren hasta 108 meses para obtener todos los permisos necesarios, involucrando a numerosas entidades. La escasez de capacidad en constructoras y empresas de montaje; controversias y reclamos; evaluación de impacto ambiental.

En cuanto a las inversiones y cómo impactan, se estima que las inversiones mineras en Chile podrían superar los US$ 7.700 millones en 2025, e incluso llegar a los US$ 10.000 millones si se consideran todos los proyectos; Sin embargo, la obtención de permisos sigue siendo un factor clave para que estas inversiones se materialicen, la paralización de proyectos por falta de permisos puede generar pérdidas económicas significativas para el país.

Desde la Cámara Minera de Chile valoramos positivamente esta ley, sin embargo, aún existen aspectos que requieren solución como es el caso de Ley de Monumentos. No resulta suficiente para enfrentar los cuellos de botella y nudos críticos que actualmente traban la inversión, como las demoras en la obtención de autorizaciones y los cambios de criterios por parte de la autoridad en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, no se contempla ninguna medida concreta para abordar la incertidumbre derivada de la creciente judicialización que afecta a los proyectos de inversión, fenómeno que se observa con mayor frecuencia, tampoco lo hace con la demora excesiva en el otorgamiento de concesiones marítimas, o los pronunciamientos del Consejo de Monumentos Nacionales.

Es lógico que para atraer inversiones a nuestro país es fundamental crear un entorno que promueva el desarrollo mediante la certeza jurídica, estabilidad fiscal y seguridad para la ejecución de actividades y proyectos. Tanto el Gobierno como el Congreso deben evitar impulsar reformas que generen incertidumbre o desincentiven la inversión, como aumentos de impuestos, restricciones al mercado de capitales, mayores rigideces laborales o cambios que introduzcan arbitrariedad en los procesos de evaluación ambiental, de otorgamiento de permisos sectoriales o municipales. Ya con la carga tributaria es más que suficiente el daño generado a la industria minera.

Por otra parte, se estima un aumento en la recaudación fiscal producto del avance de flujos futuros de proyectos en carpeta, equivalente a un 0,27% del PIB de 2023, mientras que la recaudación por la atracción de nuevas inversiones por una mayor rentabilidad esperada se estima en 0,32% del PIB).

Estas estimaciones se realizaron bajo el supuesto de una reducción promedio del tiempo total de tramitación de proyectos de inversión del 33% (de 66 a 44 meses en promedio).

La maldita permisología llegó para quedarse con un excesivo celo regulador, sin considerar el daño no solo a la minería, nuestro principal sector económico, sino también al crecimiento y desarrollo de nuestra economía. Los inversionistas van donde existe certeza jurídica, certeza tributaria y menos burocracia estatal.

No obstante, como Cámara Minera de Chile, lamentamos, que no se incluyera lo relativo a la institucionalidad medioambiental y lo del Consejo de Monumentos Nacionales, que son los que más demoras causan en la tramitación de proyectos mineros en la actualidad.

En resumen, valoramos esta iniciativa, pero no es suficiente pues falta mucho para que se haga realidad, el enemigo es la burocracia y debemos desterrarla para siempre. Todo avance es positivo, sin embargo, lo más importante para el país es el desarrollo de su economía a través del desarrollo de proyectos, de todo índole, pero principalmente mineros, que en definitiva son los que más aportes hacen a las arcas fiscales. Bajo la ley imperante, necesitamos más y mejor minería.

La minería es la mejor marca país!!

Columna Opinión/Manuel Viera F./ Presidente Cámara Minera de Chile
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