Noticia País
Proyectos afectados por Convenio 169 superan US$9.000 millones en primer año de Bachelet
El nuevo reglamento que hoy se encuentra en revisión por parte de Contraloría tiene una visión de evaluación estratégica y no de proyecto, lo que permite poner énfasis en una evaluación integral, de largo plazo que incorpore las consideraciones ambientales de manera temprana y participativa, destaca el Ministerio del Medio Ambiente.
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El nuevo reglamento que hoy se encuentra en revisión por parte de Contraloría tiene una visión de evaluación estratégica y no de proyecto, lo que permite poner énfasis en una evaluación integral, de largo plazo que incorpore las consideraciones ambientales de manera temprana y participativa, destaca el Ministerio del Medio Ambiente.
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El desarrollo de grandes proyectos de inversión privada es una de los objetivos del Gobierno para levantar la alicaída economía nacional. Pero, como ha dicho la Presidenta Bachelet, la idea es que toda nueva obra cumpla al pie de la letra la legislación. Y aquí se entra a un terreno que ha sido calificado por algunos como hostil, y que ha entrampado el inicio de iniciativas millonarias, que generan cientos de empleos: el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obliga a los Estados que lo ratifiquen, como Chile, a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, entre otras cosas, por lo tanto les da voz a las comunidades indígenas en el desarrollo de un proyecto que los involucre de alguna manera.
A través de una solicitud de información pública realizada por PULSO, el Ministerio de Medio Ambiente accedió a entregar las cifras respecto a los proyectos que mantienen procesos de consulta indígena.
Así es como durante el periodo 2014 y 2015 se abrieron 10 Procesos de Consulta Indígena (PCI) a nivel nacional y se finalizaron siete. Actualmente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se encuentra desarrollando quince PCI, distribuidos en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Biobío, Araucanía, Los Ríos, y Los Lagos.
Las comunidades que han participado en estos procesos pertenecen a los pueblos Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Aimara, y Mapuche.
“De esto podemos señalar que el monto para los proyectos con procesos de consulta indígena en desarrollo es de US$9.024 millones; para los proyectos con procesos de consulta indígena proyectada es de US$1.806 millones y para los proyectos con procesos de consulta indígena concluida fue de US$10.223 millones”, destaca el Ministerio de Medio Ambiente.
Pautas a seguir
Casi 20 años tomó al Estado de Chile ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Chile fue el último país en Latinoamérica en respaldar la normativa que alude a los derechos de los pueblos indígenas.
El convenio obliga a Chile a realizar un proceso de consulta previo a los proyectos de inversión, pero el problema es la ambigüedad de la reglamentación.
Conceptos como afectación directa y a quién se le pregunta se han convertido en verdaderos dolores de cabeza para inversionistas y abogados.
El espíritu del Convenio 169 es que exista un acuerdo de buena fe entre las empresas que busquen desarrollar una iniciativa con las comunidades indígenas aledañas a la misma. Eso significa que para hacer un proyecto de inversión debe existir un entendimiento o consentimiento de las agrupaciones ancestrales.
El Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que fue elaborado por el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera y que Contraloría tomó razón, no fue publicado por decisión del Ministro del Medio Ambiente actual, básicamente por las debilidades técnicas del mismo en la evaluación ambiental aplicada a políticas y planes, cuestión que se pretende resolver con una propuesta más robusta, destaca la secretaría de Estado liderada por Pablo Badenier.
“En la actualidad, la versión de Reglamento que se ha trabajado en esta administración, 2014-2018, está en revisión por Contraloría General de la República, con quien el Ministerio del Medio Ambiente ha trabajado arduamente para lograr tomar acuerdos”, destaca la actual autoridad, la cual hace hincapié en la nueva estrategia que se busca desarrollar para la aplicación en territorio nacional del Convenio 169. “El reglamento que hoy se encuentra en revisión por parte del órgano contralor tiene una visión de evaluación estratégica y no de proyecto, lo que permite poner énfasis en una evaluación integral, de largo plazo que incorpore las consideraciones ambientales de manera temprana y participativa”, señala el ministro Pablo Badenier. Con esto, y otros aspectos más técnicos de la EAE, añade el secretario de Estado, se quiere potenciar la incorporación de los temas ambientales en las tomas de decisión de instrumentos tan importantes como las Políticas Públicas y los Instrumentos de Planificación Territorial.
La visión de los expertos
Mientras no se dicta el nuevo reglamento, la relación entre inversionistas privados y comunidades indígenas se torna aún más compleja. Frente a esto, los abogados vinculados a esta área, plantean las mejoras que podrían introducirse a la normativa vigente con el fin de armonizar de mejor manera los intereses de todos los involucrados.
“Los liderazgos son muy difusos y eso complejiza cualquier consulta indígena. Si no sabes a quién consultarle o quién es la voz autorizada dificulta todo proceso”, destaca Eugenio Evans, abogado socio de Cubillos & Evans. Y agrega: “Dado que los procesos de consulta indígena se les ha dado una gran relevancia en la tramitación de los proyectos en Chile, hoy asomar como indígena o sostener una pretensión indígena es gratis aun cuando no se tenga. Esto se transforma en una traba, porque se centra exclusivamente en la medida que hayan pagos destinados a mitigar o a compensar daños que no están claros que efectivamente se produzcan. En buen chileno han aparecido más indígenas de los que hay”.
Frente a esto, el experto propone generar una instancia en que se defina con claridad las comunidades afectadas por un proyecto. “Es difícil adelantarse, pero sí se debe buscar algún tipo de instancia administrativa que con eficacia defina -para siempre- si un proyecto se puede desarrollar en una zona indígena y cuáles son las mitigaciones que tienen que entregarse permanentemente a los indígenas”, sostiene Evans.
Paulina Riquelme, socia fundadora de EeLaw Medio Ambiente y Energía Asesorías Legales Ltda., sostiene que el SEA no cuenta con el personal y la infraestructura para hacerse cargo de la consulta indígena. “Si uno analiza el tema, los profesionales que se dedican a esto son los mismos los que se dedican a la consulta ciudadana.
En general, el tema indígena es un tema bastante forzado porque el Estado no se hace cargo de su obligación (…). El Estado no ha asumido íntegramente sus obligaciones. Aquellas regiones con más presencia indígena debieran contar con personal acorde a este requerimiento”, afirma la abogada.
Para Mario Galindo, socio de Vergara, Galindo y Correa Abogados, la solución pasa por sacar la consulta indígena del Sistema de Evaluación Ambiental. “No me parece que esos dos procesos sean conciliables. La consulta tiene tiempos y requerimientos propios; en el SEIA se generan tiempos estrechos y acotados. Creo que eso ha sido muy difícil de manejar”, explica el abogado, quien no comparte la visión de que exista un aprovechamiento de personas o comunidades en la aplicación del Convenio 169. “No me atrevería a decir que en el tema de la consulta hay un aprovechamiento de las comunidades ni nada semejante; es un instrumento nuevo que hay que aplicar”, afirma.
Pese a todo, el experto dice que aún hay muchas cosas por mejorar y aplicar en los procesos de consulta, lo que -afirma- tornaría todavía más la compleja situación actual.
“El convenio tiene muchas y múltiples regulaciones que por ahora no se han aplicado en Chile, salvo algunas cosas en materia penal. Si se aplicaran en su integridad, ahí sí que otro gallo nos cantaría y no para bien. En el Convenio 169 hay reglas sobre participación de los beneficios, tierras, relocalizaciones, educación, idioma y otros temas”, recuerda Mario Galindo.
Alvaro Toro, abogado de la junta de vecinos de Totoral y del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, plantea la compleja relación que existe entre la aplicación del Convenio 169 y otras leyes del país. “Tendría que haber un cambio radical y en general de nuestra normativa, desde la Constitución para abajo, porque en realidad lo que dice el Convenio claramente es que los pueblos originarios tienen ciertos derechos. Esos derechos se contraponen a algunas garantías privadas que establece nuestra normativa en el Código Minero, Código de Aguas la Constitución con su artículo 19 N° 24. Por eso, permanentemente, hay un tira y afloja”, afirma el experto. Y remata: “La gran discusión es cuál norma predomina y cuál prevalece o tiene mayor relevancia. Esa es la discusión que les encanta a los abogados de las empresas poner en el tapete. Aquí en Chile, varios jueces ya han ido resolviendo y han establecido una categoría de pueblos sociales que tienen otro estándar”.
Fuente:Pulso www.chilemineria.cl
La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) anuncia el nombramiento de Paula Frigerio como su nueva Gerenta General.
Con una destacada trayectoria profesional y una sólida formación académica, Paula asume este rol clave con el desafío de impulsar la innovación, la sostenibilidad y la transformación tecnológica en el sector minero, fortaleciendo el papel de los proveedores en el desarrollo de la industria.
“Asumir la gerencia general de APRIMIN es un honor y una gran responsabilidad. Creo firmemente en el rol estratégico de los proveedores para el futuro de la minería, no solo como actores clave en la eficiencia y competitividad, sino también como motores de innovación, sustentabilidad y desarrollo de talento. Mi compromiso es trabajar codo a codo con nuestras empresas socias, autoridades y comunidades para que la minería chilena siga siendo referente a nivel global”, señaló Paula Frigerio, nueva Gerenta General de APRIMIN.
Paula es Ingeniera Civil Industrial, con MBA del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y certificación en Dirección de Empresas del Institute of Directors (IoD). Posee una amplia trayectoria en los sectores energético, minero y de la construcción, liderando áreas de innovación, desarrollo y gestión de proyectos. Además, ha integrado directorios de asociaciones gremiales nacionales e internacionales como World Energy Council Chile, WLPGA, AIGLP y Women in LPG (WINLPG), donde fue la primera presidenta latinoamericana de esta red global.
«En APRIMIN estamos muy contentos de dar la bienvenida a Paula Frigerio como nuestra nueva Gerenta General. Su sólida trayectoria y experiencia en el sector serán un gran aporte para esta nueva etapa que vivimos como gremio. Como directorio, hemos definido trabajar bajo cuatro pilares estratégicos: nuestros socios, las comunicaciones, las alianzas estratégicas y el desarrollo sostenible de la industria. Estamos seguros de que, con su liderazgo, podremos consolidar estos ejes para seguir apoyando a nuestros asociados y fortaleciendo a toda la industria minera», aseguró Dominique Viera, presidenta de la asociación.
Desde APRIMIN le desean el mayor de los éxitos en este nuevo desafío y confían en que su liderazgo y visión estratégica contribuirán significativamente al fortalecimiento de la misión gremial y al desarrollo sostenible de la minería en Chile y la región.
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Minería Verde y Minería Secundaria: Hacia una Nueva Arquitectura de Sostenibilidad Minera
Por: Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
En este escenario, conceptos como Minería Verde, Cobre Verde, Economía Circular y Minería Secundaria han dejado de ser meras tendencias para convertirse en pilares estructurales de una nueva narrativa minera, alineada con los compromisos internacionales de Chile frente al cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Minería Verde ya no puede entenderse únicamente como una industria con menor impacto ambiental. Hoy implica un cambio estructural en los estándares operacionales, tecnológicos, comerciales y regulatorios, desde el diseño de faenas hasta la comercialización de productos mineros. La descarbonización de las operaciones, el uso intensivo de energías limpias, la trazabilidad del cobre y litio, la certificación de productos sostenibles y el relacionamiento comunitario con enfoque de derechos, son condiciones habilitantes para sostener la legitimidad del sector.
En tanto, la Economía Circular ha evolucionado desde una política sectorial a una exigencia transversal. En el ámbito minero, implica no solo reducir residuos, sino también valorar lo que históricamente se desechó como pasivo ambiental: relaves, desmontes, escorias y otras fuentes de metales secundarios.
La Minería Secundaria representa una oportunidad única para reimaginar el ciclo de vida de los recursos mineros. A través del reprocesamiento de materiales históricamente considerados pasivos ambientales —como relaves, desmontes y escorias—, esta actividad no solo reduce la presión sobre nuevos yacimientos, sino que también contribuye a la remediación activa de territorios degradados. La Minería Secundaria es la expresión operativa más concreta del vínculo virtuoso entre minería verde y economía circular.
Un círculo virtuoso: Minería Verde + Minería Secundaria
La relación entre Minería Verde y Minería Secundaria no es solo conceptual, sino estratégica. Ambas se refuerzan mutuamente:
- Desde la sostenibilidad, porque la reutilización de pasivos reduce la huella ambiental, disminuye la presión sobre nuevos yacimientos y mejora la gestión de riesgos geotécnicos y sociales.
- Desde la competitividad, porque permite recuperar metales valiosos sin necesidad de nuevas exploraciones ni permisos ambientales complejos.
- Desde la legitimidad social, porque da una segunda vida a territorios degradados, permite integrar a comunidades en procesos de remediación activa y abre espacio para modelos de negocios inclusivos.
- Desde lo normativo, porque se alinea con la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455), la Ley REP (20.920), los instrumentos del SEIA y los compromisos NDC asumidos por Chile ante la ONU.
- Modificaciones legales, al Código de Minería y la Ley de Cierre de Faenas para facilitar la reapertura y reconversión de antiguos depósitos, al D.S. N°248 sobre Depósitos de Relaves, en sintonía con el Reglamento de Seguridad Minera.
- Incentivos tributarios específicos para proyectos de recuperación secundaria con beneficios ambientales cuantificables.
- Un marco de permisología diferenciada para procesos de bajo impacto.
- Fondos regionales de innovación para proyectos piloto de minería secundaria comunitaria.
Nuevos negocios, nueva gobernanza
El cobre verde, el litio sostenible y los metales secundarios no solo deben cumplir con estándares ambientales, sino integrarse a cadenas de valor globales con trazabilidad climática, ética y social. En este sentido, Chile tiene una ventana de oportunidad para posicionarse como hub de producción responsable de minerales estratégicos, bajo tres pilares:
- Minería primaria descarbonizada y trazable
- Minería secundaria y circular, con foco en recuperación y valorización
- Certificación y comercialización ética, con transparencia y estándares ESG
El desafío no es solo técnico: es político, jurídico, cultural. Requiere una narrativa país que reconozca el rol histórico de la minería, pero que al mismo tiempo se atreva a imaginar una minería regenerativa, que no solo extraiga, sino que restaure; que no solo compense, sino que anticipe; que no solo aporte al PIB, sino al bienestar integral del territorio.
Chile tiene el capital geológico, el know-how técnico, el marco normativo en expansión y el contexto internacional a favor. Lo que se requiere ahora es voluntad política, coordinación público-privada y liderazgo institucional para que la Minería Verde y la Minería Secundaria se conviertan en ejes estructurales de una nueva sostenibilidad minera.
Columna de Opinión/Patricio Cartagena D./Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
A partir del 1 de agosto, la operación Los Bronces será liderada por Carlos Espinoza, quien tendrá la tarea de liderar la operación hacia un desempeño seguro, de excelencia y sustentable, alineado con las expectativas del negocio.
Carlos es Ingeniero Civil en Minas de la Universidad de Santiago de Chile, cuenta con un diplomado en Innovación Tecnológica para la Industria Minera con mención en Geomecánica y Geotecnia, y un MBA con especialización en Industria Minera de la Universidad de Chile. Posee más de 30 años de trayectoria en el sector minero, desempeñándose en diversas posiciones en compañías como Codelco, BHP y Antofagasta Minerals.
Su rol más reciente fue como Gerente General de Minera Centinela, posición que ocupó por cinco años. Durante ese período, su gestión se destacó por alcanzar resultados operacionales de excelencia y mantener sólidos indicadores de seguridad, sin registrar accidentes fatales. Además, impulsó activamente la inclusión y la diversidad, logrando que la participación femenina en la dotación alcanzara un 27%, cifra superior al promedio de la industria.
A partir de esta fecha, Carlos Espinoza iniciará un proceso de traspaso de funciones con Felipe Rau, quien se ha desempeñado de manera interina en el rol de Gerente General de Los Bronces.
“Estoy muy contento de que Carlos se una a nuestro equipo ejecutivo. Estoy seguro de que su liderazgo y experiencia nos permitirá continuar posicionando a nuestro negocio en Chile como líder en sustentabilidad, seguridad, reputación y excelencia operacional. Aprovecho la oportunidad de agradecer a Felipe Rau por su gran liderazgo en el rol de manera interina”, afirmó el Presidente Ejecutivo de Anglo American en Chile, Patricio Hidalgo.
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A través de la Plataforma Social el Consejo Minero da a conocer 170 iniciativas desarrolladas por la gran minería, que abarcan temáticas claves para la sociedad: educación y empleo, el desarrollo productivo, calidad de vida, diálogo, y cuidado del medio ambiente. También existen acciones asociadas a diversidad e inclusión, innovación y tecnología, desarrollo integral y patrimonio.
Con el propósito de visibilizar y poner en valor el compromiso del sector minero con el desarrollo sostenible de los territorios, el Consejo Minero lanzó su Plataforma Social, un portal en línea que se actualiza todos los años y que agrupa casi 170 iniciativas impulsadas por sus empresas socias.
Los proyectos abarcan una diversa gama de áreas, que van desde el Cuidado del Medio Ambiente (43), Desarrollo Productivo (21) y Calidad de Vida (20), Educación (15), Diversidad e Inclusión (13), y Empleo y Formación Laboral (11). Otros proyectos se orientan a la Innovación y Tecnología (11), así como a la preservación del Patrimonio Cultural y Natural (10), Desarrollo Integral de los Trabajadores (9) y al fortalecimiento del Relacionamiento, y el Diálogo (14).
«Las empresas socias del Consejo Minero tienen un gran compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas; lo anterior se manifiesta en una diversidad de proyectos que la gran minería desarrolla en las regiones mineras. Por medio de la Plataforma Social del CM se pueden conocer más de cien iniciativas en áreas clave para los habitantes de las comunidades donde se ubican nuestras empresas socias, con un enfoque transversal y sostenido en beneficio de la sociedad”, explica el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.
En cuanto a los proyectos, en el área de medio ambiente, existen iniciativas que van desde la reforestación y recuperación de áreas degradadas, hasta programas de educación ambiental, gestión hídrica y conservación de la biodiversidad.
Anglo American, por ejemplo, impulsa el Programa de Fortalecimiento para la Sostenibilidad de los Sistemas Sanitarios Rurales (SSR), entregando herramientas a comunidades rurales para operar y gestionar servicios de agua potable de manera eficiente. En tanto, SQM Yodo Nutrición Vegetal apoya la recuperación y puesta en valor de las oficinas salitreras Pedro de Valdivia, Chacabuco, Humberstone y las Ruinas de Huanchaca, rescatando la memoria histórica del norte del país.
En el ámbito de la innovación, Codelco destaca con la implementación del primer cargador subterráneo 100% eléctrico en la industria minera, reduciendo emisiones en faenas bajo tierra. Por su parte, Antofagasta Minerals avanza en su estrategia de descarbonización, incorporando autobuses eléctricos para el transporte de trabajadores en sus operaciones, mientras que otra de sus iniciativas, apunta a una mayor incorporación de electromovilidad en faenas.
En cuanto a diversidad, Candelaria logró la certificación en el estándar chileno 3262, que considera la implementación de un Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal (SGIGC). Mientras que Teck Quebrada Blanca, inauguró el Centro de Género e Inclusión, cuyo objetivo es visibilizar, prevenir y educar sobre posibles conductas relacionadas con la violencia de género, además de brindar orientación a las víctimas.
A estos se suman proyectos orientados a fortalecer las competencias y oportunidades formativas de niños, jóvenes y adultos; mejoramiento del acceso a servicios básicos, infraestructura comunitaria y entornos saludables; participación de personas con discapacidad y la integración; fomento del acceso a herramientas digitales; promoción de capacitación, bienestar y crecimiento personal; y otros que buscan proteger la identidad local y preservar los recursos para las futuras generaciones.
Ante estas estrategias, Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo del Consejo Minero señala que “sabemos que la minería enfrenta grandes desafíos en diversos ámbitos, y por eso nos enorgullece mostrar cómo nuestras empresas socias están abordando estos temas con soluciones innovadoras, colaborativas y de largo plazo. Esta plataforma es una muestra viva de ese esfuerzo”.
Todo esto y más detalles de los proyectos de la Plataforma Social, disponible en: https://consejominero.cl/plataforma-social
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Business
MINISTRO PARDOW DESTACÓ POTENCIAL DEL HIDRÓGENO VERDE PARA DESCARBONIZAR LA INDUSTRIA EN BIOBÍO
El ministro de Energía participó en el Green Hydrogen Summit Chile LAC 2025 en Concepción, donde presentó avances del plan de acción para esta industria y destacó oportunidades para la región.
La Región del Biobío fue el epicentro del desarrollo energético regional y latinoamericano con la realización del Green Hydrogen Summit Chile LAC 2025.
En este encuentro, el ministro de Energía, Diego Pardow, destacó el rol estratégico de la industria penquista como oportunidad de demanda local: “El hidrógeno verde se va a desplegar particularmente en cuatro regiones de nuestro país: en Antofagasta y en Magallanes, como polos de generación, pero también en la región de Valparaíso y la Región del Biobío. En el caso del Biobío, como polo industrial – particularmente de acero y celulosa – tiene más que ver con la demanda local, con acompañar y descarbonizar sus procesos productivos”.
En su intervención, el ministro también relevó el carácter transversal del Plan de Acción de Hidrógeno Verde y cómo las energías limpias se han constituido en una política de Estado: “Las energías limpias representan un espacio de encuentro entre los distintos liderazgos políticos, porque nos dan la oportunidad de reindustrializar y aprovechar el salto que ha faltado al desarrollo en nuestro país”.
El ministro Pardow también recibió perfiles ocupacionales para la industria del Hidrógeno Verde, elaborados por el Instituto Alemán FIBS RILLL y la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile), con el apoyo de Fraunhofer Chile y ocho institutos alemanes, en un trabajo colaborativo que convocó a más de 300 actores del ecosistema energético en todo el país. Los perfiles entregados permitirán fortalecer el Marco de Cualificaciones del Ministerio de Energía, y servirán como hoja de ruta para la formación y especialización de técnicos y profesionales en este nuevo sector económico.
Además, el ministro entregó a la organización de este encuentro el Sello “Las Mujeres Suman” por su compromiso con la participación y visibilidad de mujeres en encuentros de energía.
Mirada local a la industria del Hidrógeno Verde
Por su parte, el seremi de Energía del Biobío, Jorge Cáceres, destacó que la realización del Green Hydrogen Summit Chile LAC 2025 en Concepción, consolida a la región como un actor clave en la transición energética nacional: “Nos llena de orgullo que este evento de relevancia internacional se realice en Concepción. Aquí no solo estamos promoviendo inversiones, sino también reconociendo el rol de las mujeres en el sector energético y avanzando en la planificación estratégica del capital humano que requerirá el hidrógeno verde, con especial atención a las capacidades regionales”.
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Ministra Aurora Williams reafirma liderazgo minero de Chile en Conferencia Mundial del Cobre Asia 2025
ENGIE Chile avanza en la construcción de proyectos eólicos en Antofagasta y Ñuble
Diego Hernández expone ante socios de Minnovex sobre la minería en México y las oportunidades para proveedores chilenos.
PRODUCCIÓN DE UN ÁNODO DE COBRE
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